Gaia (1-02-12).- La información proporcionada por la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Gardy Costas, señala que son cuatro los proyectos de Ley a favor de la población femenina que esperan su aprobación desde la pasada gestión, en algunos casos, y en otros, desde hace dos años. Las normas tienen que ver con la trata y tráfico; prevención y sanción del acoso político; Ley Integral contra la violencia y de modificaciones del Código Penal para la inclusión del ‘feminicidio’.
Además de esas propuestas normativas, existirían otros seis planes sin ejecutarse dentro del Ministerio de Justicia que tienen que ver con el enfoque de género, las modificaciones a los Códigos de Familia y Civil, iniciativas que deberían agilizarse durante esta gestión en el marco del Decreto Supremo que declara a esta gestión como el año en contra de la violencia.
“A quedado pendiente en la asamblea la Ley de trata y tráfico, la de acoso y violencia política, esta la Ley integral y el último proyecto que presentamos para la reforma del Código Penal, son cuatro, pero por cuerda separada el Ministerio de Justicia a trabajado otras seis propuestas más y en total existen diez iniciativas que quisiéramos aplicar este año”, afirmó Costas.
En el ámbito normativo, también deberían ser analizadas durante este año los proyectos como el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, derechos sexuales reproductivos, reformulación del Código penal y de familia. Para estos se conformó la pasada gestión tres mesas de debate entre las mujeres diputadas y senadoras, quienes tenían la responsabilidad de analizar su contenido.
Según Costas, existe la voluntad política de aprobar estas normas, pero la coyuntura social evitaría el análisis de estos textos, aún así se espera que esta gestión se pueda contar con esta normativa que beneficia a este sector de la población.
“No nos olvidemos que si bien ha sido declarado el año de la lucha en contra de la violencia hacia la mujer, eso amerita acciones que no solo tienen que ver con la reformas legal, sino acciones de difusión de material para mejorar la equidad de género, esperemos poder trabajar con todos los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM)”, acotó.
Actualmente, en el legislativo, existen 17 normas con el enfoque de género siendo socializadas en comisiones, entre las que destacan: Ley de Revalorización del Trabajo del Hogar, la Ley de Participación y Control Social, la Ley de Soberanía Alimentaria, la Ley del Seguro Universal de Salud, Ley Marco de Despatriarcalización y la Ley General del Trabajo, entre otros.
Tratamiento en la Asamblea Legislativa
Tanto la presidente de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, como la titular de diputados, Rebeca Delgado, se comprometieron, hace una semana, a dar viabilidad a la aprobación de proyectos de ley en el Asamblea Legislativa a favor de las mujeres.
Entre los textos considerados como ‘importantes’, ambas autoridades destacaron los proyectos referidos a la implementación obligatoria de los Servicios Integrales de la Mujer en los Municipios (SLIMS), la creación del Banco Solidario para la Mujer, la Ley de Participación y Alternancia Política, y la Ley de Lucha Contra la Violencia a la Mujer.
El texto próximo a ser aprobado, de acuerdo a la planificación legislativa, será la Ley Contra el Acoso y Violencia Política en Razón de Género, que se prevé será aprobada hasta febrero próximo.
Plan inconcluso
Desde la pasada gestión se implementaba en el país el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades "Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia, para vivir Bien", que contemplaba en seis ejes: salud, educación, violencia en razón de género, ciudadanía y participación política, económico productivo y fortalecimiento institucional; fortalecer el trabajo de las instituciones para que contemplen la equidad de género y reconozcan los derechos de la población femenina.
Sin embargo, esta iniciativa quedo truncada a mediados de año y no se volvió a reunir la mesa conformada por el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), la Comisión de Derechos Humanos de Diputados y la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (UMPABOL).
Fuente: GAIA