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lunes, 12 de mayo de 2014

Gobierno garantiza dotación de servicios básicos y derecho propietario a juntas vecinales

PV (10-05-14).- En el acto de celebración del 30 aniversario de creación de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), desarrollado en el estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba, el Vicepresidente del Estado Álvaro García Linera ratificó el compromiso del Gobierno nacional de dotar de servicios básicos a los barrios de todo el país, además de acelerar los trámites de regularización del derecho propietario de su vivienda.

“No duden un solo instante que su Presidente Evo que es como ustedes va garantizar que cada familia que vive en la ciudad en los barrios no solamente tenga los servicios básicos, sino que tenga la garantía y seguridad del derecho propietario a su vivienda”, manifestó García Linera ante una multitud de vecinos que colmaron gran parte de las graderías del escenario deportivo.

El Vicemandatario recordó que hace 30 años, solo el 30 por ciento de la población boliviana vivía en las ciudades y el 70 por ciento en el área rural, situación que en la actualidad sería a la inversa, por lo que expresó la necesidad de atender todas las necesidades tanto de la gente del campo como de las ciudades.

Sin embargo manifestó que el principal trabajo es garantizar que personas que vienen del campo y que ahora viven en las ciudades tengan todas las garantías, todos los derechos y necesidades satisfechas. Es un trabajo muy grande, debido a que anteriores gestiones ediles y gubernamentales se atendían las necesidades solo del casco central y se olvidaban de los barrios, hoy no es así, con el Presidente Evo, los humildes y los trabajadores son los primeros, subrayó la autoridad.

Las juntas vecinales son la gran fuerza de movilización de resistencia y de lucha de las ciudades de nuestro país y hoy son Gobierno, fruto de esta luchas el Presidente promulgó tiempo atrás la Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario, dijo a tiempo de recordar que esta norma es para las familias que llegaron recientemente a las ciudades tengan su propiedad.

Desde el año 2013 hasta abril de esta gestión, tras promulgada la norma 118 mil personas se habrían acercado a los distintos ministerios para solicitar su regularización, de las cuales 27.800 corresponden a Cochabamba, 22.600 Santa Cruz, La Paz 13.100, Oruro 12.000, Tarija 7.800, El Alto 7.600, Potosí 6.600, Chuquisaca 5.700, Pando 2.500 y Beni 2.300 trámites.

De los 118.000 trámites a la fecha fueron atendidos y conciliados 42.000 que están resueltos en Derechos Reales, el restante 52.000 serán resueltos una vez las llamadas machas urbanas sean homologadas.

En este sentido el Vicepresidente comprometió acelerar el proceso de aprobación de las manchas urbanas pero cumpliendo un requisito, que es la preocupación de algunas comunidades campesinas, respeto al área productiva.

Finalmente anunció para los vecinos de Cochabamba la publicación para este domingo 11 de mayo de la licitación para contratar a la empresa que se encargará de la conexión de agua potable para los distritos 8 y 9, obra que beneficiará a 50 mil personas.

Fuente: Prensa Vicepresidencia

viernes, 11 de abril de 2014

Senado devuelve a Diputados enajenación de terreno para TSJ en Cochabamba

PS (10-04-14).- El pleno de la Cámara de Senadores, devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que aprueba la enajenación, a título gratuito, de un lote de terreno de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí a favor del Tribunal Supremo de Justicia, con una modificación en su extensión superficial.

“Se ha devuelto el proyecto de ley de enajenación de un espacio de terreno en el municipio de Tapacarí de Cochabamba con modificación de precisión en la extensión”, informó la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Zonia Guardia (MAS).

La propuesta normativa fue devuelta a la Cámara de Origen para aclarar que la Matrícula Computarizada Nº 3.11.1.01.0000124 registrada en Derechos Reales de la ciudad de Quillacollo, corresponde a un predio de más de 11 mil metros cuadrados, y es de este predio que se transferirá 1.050 metros cuadrados, con destino exclusivo a la construcción de oficinas para los juzgados que formarán parte del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

El lote de terreno se encuentra ubicado en el manzano N° 016, Lote N° 1, del Municipio de Villa Real de Tapacarí del departamento de Cochabamba; cuyas colindancias son: al norte con el Hospital; al sur con el Río Tapacarí; al este con el camino al Hospital; y al oeste con el terreno de la Policía Nacional.

Fuente: Prensa Senado

viernes, 14 de febrero de 2014

Senado aprueba modificaciones a la Ley Nº 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques

PS (13-02-14).- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la modificación de los artículos 8 y 2 de la “Ley Nº 337 de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques”. Las modificaciones de esta norma extienden a un plazo de 12 meses, para el caso de medianas propiedades y empresas agropecuarias en proceso de saneamiento que se encuentren en etapa de campo y no cuenten con resolución final de saneamiento emitido.

Asimismo esta Ley se aplicará a beneficiarios de predios titulados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, de predios en proceso de saneamiento o sin sanear en los que existan desmontes sin autorización; y que se encuentren en las siguientes situaciones:

Predios que no cuenten con proceso administrativo sancionatorio, predios que cuenten con proceso administrativo sancionatorio en curso o con resolución administrativa Sancionatoria emitida.

Predios que cuenten con Resolución Administrativa Sancionatoria Ejecutoriada cuyas sanciones económicas sean o hubieren sido cumplidas en las condiciones dispuestas por la indicada resolución, asumiendo por lo demás el régimen establecido en la presente Ley.

Predios que cuenten con Resolución Administrativa Sancionatoria en etapa de impugnación en la vía administrativa en los que el beneficiario se haya acogido voluntariamente a los alcances de la presente ley, acreditando ante la autoridad que conozca el recurso el Registro al Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, a fin de que ésta disponga la suspensión de la vía de impugnación administrativa, en tanto se cumplan los alcances del Programa.

Una vez aprobada la norma en sus estaciones grande y detalle fue remitida a la Cámara de Diputados para su posterior tratamiento.

Foto: David Ozkoidi

Fuente: Prensa Senado

martes, 11 de febrero de 2014

Lucha mundial por derecho a la tierra en punto de inflexión

Ips (6-02-14).- Las tendencias mundiales hacia el fortalecimiento de los derechos legales sobre la tierra para comunidades locales e indígenas parecen haberse enlentecido de modo significativo en los últimos años. Analistas advierten que la lucha por el control local de los bosques ha llegado a un punto de inflexión, con el peligro de dar marcha atrás en los avances.

En los últimos cinco años, menos de 20 por ciento de las tierras forestales mundiales quedaron bajo control comunitario, según una investigación divulgada el miércoles 5 en Londres por la Rights and Resources Initiative (RRI), una coalición de 140 organizaciones internacionales con sede en Washington.

Además, la organización señaló que en este último período se implementaron muchas menos salvaguardas legales, mientras que las leyes que se aprobaron son más débiles.

“Si las empresas privadas y los gobiernos de los países en desarrollo no intervienen, todo este avance se puede perder”, dijo Andy White, coordinador de RRI, en diálogo con IPS.

“Aunque ahora se habla mucho sobre este asunto, nadie está invirtiendo realmente, ni los donantes, ni las grandes empresas, ni los gobiernos de países industrializados. Nadie está poniendo dinero detrás de las palabras para ayudar a los países en desarrollo a hacer el mapeo, los registros, las consultas que se requerirán para que esto se haga”, añadió.

El enlentecimiento tiene lugar pese a un significativo aumento en el debate público sobre la tierra y los derechos indígenas, con corporaciones multinacionales, tribunales nacionales y donantes de Occidente, reconociendo cada vez más la importancia del asunto y comprometiéndose a fortalecer las salvaguardas para la gestión forestal.

“El panorama predominante en 2013 fue de continua apropiación de recursos por parte de elites locales y corporaciones, asistidas por gobiernos ansiosos de entregar tierra a inversores bajo prácticamente cualquier término”, señala RRI en su informe anual.

“Esto tiene que cambiar, y puede hacerlo. Si la presión política dentro de los países en desarrollo se conjuga con nuevos compromisos de los gobiernos y de empresas iluminadas con visión de futuro, las perspectivas de clarificar y respetar los derechos sobre la tierra pueden mejorar en 2014”, agrega.

Sin embargo, por ahora RRI dice que los últimos sucesos mundiales en esta materia han sido “funestos”.

Sesenta por ciento es propiedad del gobierno

Hasta el año pasado, comunidades indígenas y locales tenían cierto control sobre alrededor de 513 millones de hectáreas de bosques. Pero, particularmente en países de ingresos bajos y medianos, los gobiernos continúan administrando o atribuyéndose la propiedad sobre aproximadamente 60 por ciento de esas tierras.

Aunque el dominio gubernamental sobre los bosques comunitarios se redujo alrededor de 10 por ciento desde 2002, este avance está en gran medida limitado a ciertas regiones y a apenas unos pocos países.

En América Latina, por ejemplo, las comunidades controlan actualmente alrededor de 39 por ciento de los bosques, en comparación con solo seis por ciento en África subsahariana, y menos de uno por ciento en la cuenca del Congo.

Según RRI, entre 2002 y 2013 se implementaron 24 nuevas disposiciones para fortalecer alguna forma de control comunitario sobre los bosques. Seis de estas se aprobaron desde 2008, y las que entraron en vigor en los últimos tiempos han sido relativamente más débiles; ninguna es lo suficientemente fuerte para reconocer los derechos de propiedad.

Activistas sostienen que esto se debe en parte a que la tendencias mundiales obligaron a los países en desarrollo a explotar agresivamente sus recursos naturales disponibles.

“No es ninguna coincidencia que el enlentecimiento mundial en la reforma ocurriera en el preciso momento en que se disparó el valor de la tierra, el agua y el carbono”, dijo Raúl Silva Telles do Valle, coordinador del programa de políticas y derechos del Instituto Socioambiental, una organización no gubernamental brasileña.

“A consecuencia, las ‘apropiaciones de tierras’ han aumentado, y países pobres y desesperados por un impulso económico ven los bosques como una materia prima, no como el hogar de sus ciudadanos. Estos gobiernos necesitan ver al bosque como más que apenas tierra para la explotación y una colección de árboles”, añadió.

En los últimos años, empresas multinacionales como Nestlé y Unilever e instituciones multilaterales asumieron una serie de importantes nuevos compromisos para cumplir y fortalecer los derechos comunitarios e indígenas sobre la tierra. Pero estos compromisos no parecen haber marcado una gran diferencia, por lo menos por ahora.

De hecho, los nuevos datos sugieren que uno de los más significativos programas multilaterales contra la deforestación, el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), administrado por el Banco Mundial, todavía no ha logrado un impacto importante, pese a los objetivos declarados.

Estos compromisos van en línea con una creciente comprensión internacional sobre la importancia de la tenencia de la tierra para atender un amplio espectro de problemas en materia de desarrollo.

Sin embargo, en 2007 se dispararon repentinamente los precios de la tierra y de los alimentos, y esto, según analistas, parece haber frenado el proceso reformas agrarias que estaba en curso.

“En 2002, América Latina continuaba atravesando una serie de reformas democráticas que incluían el reconocimiento de los derechos indígenas como derechos humanos, pero la tragedia es que este relámpago democrático no ha ocurrido en África o Asia sudoriental”, dijo White, de RRI.

“En una coincidencia verdaderamente desafortunada, justo cuando estas regiones empezaban a asumir compromisos en materia de reformas, los precios de la tierra se fueron al techo. Varios gobiernos que habían implementado planes para promover reformas repentinamente lo reconsideraron, entre ellos Laos, Liberia y Camerún”, agregó.

Tensión versus inversiones

Media década después, los nuevos datos deberían preocupar a expertos en desarrollo y pobreza.

Ahora RRI considera que la situación de los derechos sobre la tierra se encuentra en un punto de inflexión mundial, varada entre la creciente comprensión sobre la importancia de la tenencia comunitaria, por un lado, y el estancamiento en la consagración legal y plena de estos derechos, por el otro.

Garantizar la tenencia de la tierra no es algo demasiado caro, particularmente si se compara con los costos de la violencia que ha crecido en torno a las disputas agrarias de los últimos años.

De hecho, esto podría servir de potente motivación económica para que los gobiernos de países industrializados vuelvan a priorizar las reformas a favor del control local de las tierras forestales.

“Aquí hay una oportunidad clara de aumentar las inversiones extranjeras y de fortalecer los ingresos y el alivio de la pobreza”, dijo White.

“Todos sabemos que los inversores con conciencia no ingresan a países donde las disputas por la tierra son un problema, y sabemos que hay billones de dólares chapoteando en el mundo en busca de un lugar al que ir, particularmente cuando se espera que la demanda mundial de alimentos se duplique para 2050. Este conflicto nos está saltando en el rostro, y no va a disminuir, pero uno puede atraer buenos capitales y buenos modelos empresariales si promueve estas reformas”, añadió.

Foto: Christian Defferrard

Fuente: Ips

miércoles, 29 de enero de 2014

Brigada Parlamentaria de Cochabamba difunde Ley contra Avasallamiento de Tierras

LT (29-01-14).- La Brigada Parlamentaria difundió ayer la Ley 744 contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras con organizaciones sociales, municipios OTBs y jueces agrarios.

La ley fue promulgada por el presidente Evo Morales en diciembre del 2013 y sanciona con cárcel a los loteadores, informó la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Carmen Peredo.

“Queremos difundir esta norma entre la población para que se conozca, respete y sobre todo se denuncie el tráfico y avasallamiento de tierras a la Fiscalía o Tribunal Departamental de Justicia”, dijo Peredo.

Afirmó que esta problemática está latente en todo el país y en el departamento donde las zonas que sufren más asentamientos ilegales son las orillas de los ríos, el Parque Tunari, áreas protegidas y otras áreas de Cercado. “El 2013 el municipio de Vinto ha sufrido varios asentamientos ilegales”, afirmó.

Peredo señaló que con esta norma el Estado pretende resguardar, proteger y defender la propiedad privada, individual, colectiva, la propiedad estatal y tierras fiscales de los asentamientos ilegales.

El exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Luis Arratia, afirmó que el Distrito 9 en Cercado es uno de los puntos más conflictivos del departamento donde se debe trabajar.

“Estas personas (loteadores) primero se asientan pensando que después van a regularizar su asentamiento y en muchos casos lo logran. Casi el 90 por ciento de las viviendas del Distrito 9 eran asentamientos ilegales”, dijo.

Fuente: Los Tiempos

jueves, 2 de enero de 2014

Senado prevé sancionar tres leyes más antes que concluya gestión 2013-2014

Abi (31-12-13).- El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Eugenio Rojas, anunció el martes que la Cámara de Senadores prevé retomar el debate de tres leyes más antes que concluya la gestión legislativa 2013-2014, entre ellas, la Ley del Notariado, Código, Niña y Adolescente y la Ley de Avasallamientos.

'Primero las normas que hemos postergado, Ley de Avasallamiento, Ley de Código Niño, Niña, Adolescente, otras leyes que hemos postergado, la Ley del Notariado, son trabajo de dos semanas, y con eso creo que concluimos la gestión 2013, 2014', indicó.

Explicó que posteriormente, la Cámara Alta conformará su Directiva y las comisiones para la siguiente gestión legislativa.

'Nos abocaremos posteriormente a la conformación de las directivas y las comisiones, de bancadas, eso va a ser al final, antes del 22, sería por el 16 ó 17 de enero', agregó.

Respecto a la conformación de las directivas camarales, aclaró que se hará de acuerdo al trabajo legislativo y no por regiones, porque una elección regional podría dividir al Legislativo.

'Para mi es malo que sea por regiones, que le toca a Cochabamba, Oruro, o al Sur, Norte, Oriente, Occidente, eso nos traería problemas, nunca hemos pensado así, sino que haya consenso, aceptación, para trabajar en 2014, como hemos trabajado en 2013', fundamentó.

Fuente: ABI

lunes, 23 de diciembre de 2013

Ley castiga con 8 años de cárcel el avasallamiento y tráfico de tierras

PS (20-12-13).- La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley contra Avasallamiento y Tráfico de Tierras, que permite al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales, y castiga a los infractores con hasta 8 años de cárcel.

La ley precautela el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evita asentamientos irregulares de poblaciones.

Los juzgados agroambientales y en material penal son instancias competentes para conocer y resolver los casos de avasallamiento.

El desalojo se realizará vía jurisdicción agroambiental de acuerdo a un procedimiento, en el que se promocionará, primero, el desalojo voluntario en un plazo no mayor de 96 horas sin acción penal y de no resultar este, el desalojo se hará con auxilio de la fuerza pública de ser necesario y con la sanción a los responsables del avasallamiento y tráfico de tierras.

Los responsables de los avasallamientos y de tráfico de tierras no podrán ser beneficiarios de la distribución de tierras por 10 años.

Además, la norma señala que ningún extranjero podrá adquirir tierras del Estado, los predios “que no tuvieran antecedentes agrarios” no serán reconocidas, pero las que sí y cumplan la función económica social serán reconocidas.

En el ámbito penal, el proyecto de ley incorpora al Código Penal los delitos de Tráfico de Tierras y Avasallamiento con pena de cárcel de 3 a 8 años, con la agravante en un tercio de pena cuando el que cometa los delitos sea servidor público o reincidente.

Fuente: Prensa Senado

viernes, 13 de diciembre de 2013

Avasalladores y traficantes de tierras irán a la cárcel

PS (12-12-13).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, dijo que aquellos que incurran en el avasallamiento y el tráfico de tierras estarán penados hasta con cuatro años de cárcel, aunque habrán agravantes. Además, la ley contra avasallamientos prevé brindar garantías al sector productivo que tenga sus tierras saneadas.

“Esta ley genera procedimientos ágiles si se produce un avasallamiento en una tierra productiva y que tiene título de propiedad saneado, se podrá desalojar inmediatamente al avasallador, habrá garantías para quien tiene una propiedad saneada y esté produciendo, que no se le paralice su producción por meses o semanas, por eso queremos procedimientos más agiles y eso es lo que está proponiendo esta norma”, anunció.

Asimismo, quienes infrinjan esta norma no podrán tener acceso por diez años a tierras que distribuya el Estado y se privará con cuatro años de cárcel a los traficantes y avasalladores de tierras.

“Aquella persona que haya avasallado tierras y se le haya comprobado el tráfico, no va a poder acceder al menos por 10 años a tierras que distribuya el Estado. No puede ser que aquel que entra a una propiedad privada, después pueda recibir tierras fiscales, eso no es correcto. Son temas que estamos terminado de trabajar y esperamos inmediatamente meter de manera formal a las Asamblea”, dijo.

Montaño indicó que esta ley prevé dar garantías y acabar con la preocupación de los productores, indicando que el castigo se aplicará de forma igualitaria sin distinción, para aquellos que pretenden esconder sus actos detrás una bandera o color político.

“Es una ley que va a solucionar la preocupación de los productores, sea quien sea el avasallador, será sancionado (…) vamos a castigar de manera ejemplarizadora a quien asuma estas actitudes”, enfatizó.

Fuente: Prensa Senado

lunes, 2 de diciembre de 2013

Senadora urge aprobación de ley contra avasallamientos para sancionar ese ilícito

Abi (29-11-13).- La vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes, urgió el viernes la aprobación de una ley contra avasallamientos, para sancionar a quienes practican ese ilícito, que va contra la Constitución Política del Estado (CPE).

'Esperamos que este año se apruebe esa ley junto a las otras 20 leyes que tenemos que aprobar. Yo creo que es necesario y urgente el poder aprobar esa norma porque va a continuar los avasallamientos sino hay una norma que le sancione, creo que tiene que haber cárcel para los avasalladores', manifestó.

Ayer, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que una ley contra avasallamientos será aprobada en un plazo no mayor a los dos meses en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

'Será (aprobada la ley) antes de fin de año o sino apenas comencemos el año que viene', dijo en una conferencia de prensa realizada en la ciudad oriental de Santa Cruz.

Sifuentes consideró 'importante y necesaria' la aprobación de Luna ley contra avasallamientos porque - a su juicio- 'alguna gente delincuente se ocupa de avasallar y (con eso) de violar la nueva Constitución Política del Estado'.

'La Constitución garantiza la propiedad privada, garantiza las tierras comunitarias y no hay ninguna norma que respalde y garantice al avasallador', agregó.

Consultada sobre las organizaciones sociales que avasallan tierras bajo la supuesta militancia del Movimiento al Socialismo (MAS), la legisladora aseguró que 'deben ser castigados' por usar el nombre de ese instrumento político para prácticas ilícitas.

'El Viceministerio de Tierras es quien distribuye los terrenos cuando es necesario, por tanto los avasalladores tiene que ser sancionados, más les guste o no, seguramente a algunos avasalladores no les va a gustar pero estamos en este país y tenemos que respetar las normas, no les faculta ninguna norma a ellos para que puedan avasallar', mencionó.

Fuente: ABI

lunes, 24 de junio de 2013

Cuestionan ampliación de la mancha urbana

LT (20-06-13).- Un grupo de legisladores plurinacionales y departamentales manifestó que la Ordenanza Municipal 28/13, mediante la cual se aprobó la ampliación de la mancha urbana, carece de validez, debido a que se aprobó vulnerando la Ley 3194, que protege la serranía de Cota, en el Calvario de Urkupiña.

“Pueden declarar que sea zona urbanizable, sin embargo, eso no es válido mientras no se consiga la aceptación expresa del Ministerio de Planificación”, dijo el senador por Cochabamba Adolfo Mendoza (MAS), al momento de explicar que “en la nueva ley de Regularización del Derecho Propietario se establece que después de la redacción de las ordenanzas, que contemplan la ampliación de la mancha urbana, se tiene que tramitar una ratificación del Ministerio de Planificación”.

Explicó que en la Ley de Regularización del Derecho Propietario se puso esta especie de candado para evitar precisamente que los municipios empiecen a actuar al margen de las leyes vigentes.

La asambleísta departamental Soledad Delgadillo (MAS) aseguró que la Ordenanza 28/13, emitida el martes por el Concejo Municipal de Quillacollo, “es un mal ejemplo, porque una ordenanza no se puede sobreponer a la jerarquía de una ley nacional, porque no es a través de una ordenanza que se van a contradecir los planteamientos de la normativa vigente”.

Delgadillo aclaró que se deben respetar los derechos de los propietarios, que merecen la búsqueda de soluciones a su situación, pero “siempre en el marco de la ley, porque el cerro de Cota es un patrimonio cultural de Bolivia”.

Fuente: Los Tiempos

lunes, 10 de junio de 2013

Investigador: Bolivia es el paradigma en reformas agrarias a favor de la tierra para indígenas y campesinos

Pieb (5-06-13).- Bolivia es uno de los pocos países del continente sudamericano que continúa con un proceso de reforma agraria a nivel normativo y constitucional a favor de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y originarias, afirma el abogado e investigador Esteban Sanjinés de la Fundación TIERRA.

A convocatoria del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), el investigador asistió recientemente a un encuentro internacional realizado en Asunción, al que asistieron la Fundación TIERRA de Bolivia, Agrosolidaria de Colombia, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) de Perú, la Red Social de Brasil, y Base de Investigaciones Sociales de Paraguay, con el propósito de encarar el proyecto “1.000 estudios de caso de acceso a la tierra”.

“Como ningún otro país, Bolivia ha generado una Constitución Política del Estado que reconoce de manera inequívoca los derechos de los pueblos indígenas, su derecho a la consulta previa, a la gestión del territorio, al acceso preferente a los recursos naturales, al reconocimiento como parte de la estructura política administrativa a partir de constituirse autonomías indígenas, y con una normativa que está promoviendo un proceso de reforma agraria”, dijo.

Según el investigador jurídico Bolivia quizás sea el único país en el hemisferio Sur que continúa con un proceso de reforma agraria, ya que después de 60 años de la Reforma Agraria de 1953, la agenda en torno a la reforma agraria está vigente en las organizaciones sociales, “por eso el debate en torno a tierras latifundistas, la reversión de propiedades que no cumplen una función social, y la extranjerización de la tierra son parte del diálogo en Bolivia”, dijo al Periódico Digital PIEB.

En los últimos años se aprobó la Ley de Modificación de la Ley Instituto de Reforma Agraria (INRA), la Ley Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, entre otras.

Esta permanente reforma agraria según Sanjinés, enfrenta hoy en día varios problemas y dificultades, así como la intromisión de varios factores que no permiten un proceso fluido. “Cuando se lo muestra en Paraguay ante los diferentes países es algo totalmente novedoso y difícil de creer, por tanto Bolivia se constituye en ese paradigma a seguir en la implementación del derecho de acceso a la tierra”, señaló.

En la línea del proyecto del IPDRS de generar 1.000 estudios de caso de tipo descriptivo sobre experiencias exitosas de campesinos, indígenas y originarios en el acceso y tenencia de la tierra, la Fundación Tierra compartió su análisis y evaluaciones de estudios sobre varios procesos largos de conquistas.

“Lo ideal es tener una mirada positiva del proceso, entiendo que la idea del IPDRS es tener esas miradas positivas con el fin de que otros países aprendan y entiendan que se puede aprender y replicar”, dijo.

Bolivia como pocos países de Sudamérica logró redefinir los derechos de propiedad a favor de las comunidades indígenas, destacó el investigador jurídico. De acuerdo a datos oficiales del INRA, la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia en el periodo 2006-2012 dio un importante giro, pues las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de tierras altas y bajas llegaron a concentrar un 16.90 por ciento (%) de toda la superficie; el 23% es tierra fiscal, el 12.40% es tierra para campesinos e interculturales, y sólo el 3,20% se encuentra en manos de los empresarios.

"Como en ningún otro país existe la apropiación de grandes extensiones de territorios a favor de indígenas, es indudable. Todo el altiplano y valles están en manos de campesinos, que organizados en comunidades accedieron a los títulos agrarios. Es imposible pensar que en el altiplano retorne el latifundio”, afirmó.

Por los aspectos mencionados además de la composición social fuertemente organizada, dijo Sanjinés, se logró posicionar al país en el contexto internacional, como el caso más emblemático a nivel regional en cuanto avances normativos, constitucionales y prácticos a favor del acceso a la tierra por poblaciones indígenas y campesinas.

A la Fundación TIERRA le compete contribuir durante cinco años con 40 estudios de caso, identificar las políticas públicas en torno a las normativas agrarias, y elaborar documentos cortos que ayuden a mirar la problemática tierra desde la visión positiva, además de generar sinergias con otras instituciones vinculadas en la temática.

"Bolivia cuenta con una normativa muy progresista que privilegia los derechos indígenas, Brasil presenta problemáticas muy profundas relacionadas con la población indígena, Paraguay tiene problemas serios en torno a la extranjerización de la tierra y la ausencia de políticas a favor de los derechos indígenas, Colombia enfrenta problemas relacionados a la guerrilla, paramilitares y narcotráfico. Con todas esas problemáticas tan dispersas se deberá pensar en procesos exitosos", explicó.

Fuente: PIEB

martes, 28 de mayo de 2013

El cónclave de los guardianes de la tierra y el mar

Ips (27-05-13).- “¿Usted es guardabosque?”, preguntó IPS. “No, yo soy dueño del territorio”, respondió con seguridad Ángel Durán, un líder indígena de Bolivia que llegó a esta norteña ciudad australiana junto a otros 1.200 delegados de pueblos originarios procedentes de más de 50 países.

Durán, quien manifiesta ser uno de los propietarios del territorio donde nació y vive, participa en la Conferencia Mundial de la Red Indígena (WIN, por sus siglas en inglés) en representación de ocho pueblos de la Amazonia boliviana, que suman más de 20.000 integrantes.

Aunque no aparece en el programa oficial como ponente y solo se puede comunicar en español, esto no lo detiene para intercambiar conocimientos con otros líderes que van de un auditorio a otro de la sede de la WIN en Darwin.

El encuentro, promovido por el gobierno de Australia, se inauguró el domingo 26 y se extenderá hasta este miércoles 29 con la presentación de experiencias sobre preservación de ecosistemas y biodiversidad, uso sostenible de áreas naturales protegidas, desarrollo y seguridad alimentaria de nativos de África, América Latina, Asia y otros países como Canadá y el propio Australia.

En ese marco, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, el estadounidense James Anaya, resaltó este lunes 27 la importancia de que los gobiernos reconozcan los instrumentos internacionales que protegen los derechos fundamentales de las poblaciones autóctonas.

Tras escuchar a Anaya, la indígena australiana Melissa George dijo a IPS que “esa es una forma de reconocer que fueron ellos, los pueblos originarios, los primeros en emplear sus conocimientos para proteger estos territorios”.

La conferencia es un aporte significativo del gobierno australiano, aunque aún falta mucho por avanzar, añadió esta indígena wulgurukaba que ha dedicado 20 años, casi la mitad de su vida, a desarrollar proyectos de gestión de recursos naturales en territorios de pueblos aborígenes y ahora es copresidenta del Grupo Asesor Nacional de la WIN.

Parte de los esfuerzos de reivindicar a estos pueblos y comunidades es la reciente incorporación de la red internacional indígena como parte de la Organización de las Naciones Unidas mediante la gestión de la Iniciativa Ecuatorial, que reúne a gobiernos, sociedad civil, empresas y organizaciones de base para promover soluciones locales de desarrollo sostenible.

La directora de la Iniciativa Ecuatorial, la estadounidense Eileen de Ravin, aseguró a IPS que esta conjunción de esfuerzos abre enormes posibilidades para que un pueblo de América del Sur, como Bolivia, pueda aprender de manera directa lo que pasa en Canadá o en Australia.

“Nuestra meta es influir en los gobiernos para que respeten y escuchen estas experiencias y soluciones valiosas”, indicó De Ravin.

En ese camino, la Iniciativa Ecuatorial realiza un concurso cada dos años para premiar tales esfuerzos. En la última década se han presentado 2.500 postulaciones y se han premiado 152 experiencias indígenas y locales.

Precisamente, uno de los temas que marcó las ponencias de este lunes en la WIN fue la presentación de casos de conservación de áreas protegidas en manos de pueblos originarios y comunidades locales de Canadá, Australia, Suecia y Brasil, bajo la figura del guardabosque, guardaparque o agente ambiental indígena.

“No importa el nombre, el objetivo es el mismo: aprovechar los conocimientos ancestrales para proteger la naturaleza y la cultura de las diversas amenazas”, dijo a IPS el activista Oswaldo Barassi, del Equipo de Conservación de la Amazonia, cuyo programa de formación va desde la enseñanza de normas y conceptos especializados hasta el uso de herramientas como el GPS (sistema satelital de posicionamiento global).

Esta organización brasileña ha capacitado desde 2005 a 190 indígenas de 30 etnias en el manejo y conservación de los bosques, lo cual les ha permitido desarrollar proyectos de vigilancia de la flora y fauna frente a la tala ilegal.

A pesar de la ayuda que implica para las autoridades, estos agentes ambientales indígenas no reciben ningún pago del Estado brasileño por su labor, a diferencia de lo que sucede en Australia, donde se desarrolla desde hace 15 años un plan de áreas protegidas que ha permitido el reconocimiento de 55 áreas a lo largo de 43 millones de hectáreas.

Como señaló a IPS la guardaparque Bernardette Angus, de la zona oeste de Australia: “Nosotros somos los que cuidamos las plantas, los animales, los que protegemos las tierras y el mar desde mucho tiempo atrás y los que enseñamos a los jóvenes para que lo sigan haciendo cuando ya no estemos”.

En Bolivia, la federación de pueblos indígenas del norte de La Paz liderada por Durán se propone ir un paso más allá en los esfuerzos de conservación.

Con ese fin, plantea que el gobierno de Evo Morales, indígena aymara, reconozca legalmente a los denominados “guardianes de tierras comunitarias de origen” para que puedan sancionar a quienes invadan y hagan un manejo ilegal de sus tierras y recursos naturales.

Para Durán, originario del pueblo Leko de Apolo, ninguna política gubernamental de protección a la biodiversidad puede excluir a las comunidades. “Ni el conocimiento científico se puede comparar a los saberes ancestrales de los pueblos. Nosotros cuidamos porque es nuestro plan de vida”, aseguró a IPS.

Barassi, aunque reconoce estos saberes indígenas, advierte que no siempre es una garantía por sí solos de un exitoso manejo de los recursos naturales. Para ello la capacitación es clave.

En cualquier caso, la mayoría coincide en la necesidad de unir esfuerzos para maximizar los resultados en estos tiempos de amenazas, tanto de actividades ilícitas y megaproyectos de inversión privada como de las derivadas del cambio climático.

“Nunca imaginé que los bosques podían acabarse, pero está pasando”, alertó Joao Evangelista, un guardabosque brasileño que no pudo ir a Darwin, pero que envió su mensaje en un video presentando por Barassi ante un auditorio deseoso por acortar distancias.

“Por eso es importante la capacitación, es una forma de liberación para nosotros y de prepararnos para afrontar la amenaza que viene de afuera”, sentenció.

Fuente: IPS

viernes, 7 de diciembre de 2012

Privados pierden control de 35 millones de has de tierra; indígenas y campesinos ocupan el 55% de la tierra disponible

LR (5-12-12).- De las 63,5 millones de hectáreas de tierra disponible en Bolivia, al menos el 55% (35,9 millones) está en manos de indígenas, originarios, campesinos e interculturales, mientras que el 6,7% (4,2 millones) queda bajo control de la pequeña y mediana empresa y representa 35 millones de has menos de las que detentaba hasta 1992. Esas cifras representan un cambio en la estructura de tenencia de la tierra.

Un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), al que tuvo acceso La Razón Digital, da cuenta de la distribución, saneamiento y titulación de tierras. El viceministro de Tierras, Jorge Barahona, explicó que el cambio en la estructura de la tenencia de la tierra a favor de los sectores antes desprotegidos permitirá disminuir la pobreza en el campo.

Los datos al 2012 revelan que entre los habitantes de tierras altas (occidente) están distribuidas 8,35 millones de hectáreas y 13,85 millones entre quienes viven en zonas bajas en el marco de la modalidad de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Los campesinos e interculturales (antes conocidos como colonizadores) detentan la propiedad de 13.77 millones de has.

Además, alrededor de 4,28 millones de hectáreas están en manos de la pequeña y mediana empresa. Esas cifras muestran un cambio en la estructura de la propiedad respecto al pasado, vinculada con la Reforma Agraria de la década del 50.

A diferencia de lo que ocurre hoy, entre 1953 – 1992 la tenencia de la tierra en el sector de la pequeña propiedad, solar campesino y propiedades comunitarias sólo alcanzaba las 17,16 millones de hectáreas de tierras, mientras que la pequeña y mediana empresa poseía 39,24 millones de has, según refieren los datos al que accedió este medio.

La disminución de la extensión de tierra de la pequeña y mediana propiedad se debe, principalmente, a que no cumplía la Función Económica y Social (FES). Aquellos predios que no cumplían con esta función fueron revertidos al Estado para su redistribución, explicó Borahona, quien añadió que el saneamiento permitió detectar la tierras improductivas.

Las tierras fiscales entre 1996 a 2005 alcanzaban a 106.886 has, pero entre las gestiones 2006 y 2012 se incrementaron a 23.161.102 has. Entre las tierras fiscales figuran las ‘disponibles’ para asentamientos humanos y las ‘fiscales no disponibles’ que se agrupan en las concesiones forestales, los parques nacionales, las reservas naturales y las zonas de dominio público.

Fuente: La Razon

viernes, 3 de agosto de 2012

Gobierno reglamenta Ley de regularización de viviendas urbanas

PS (2-08-12).- El presidente Evo Morales promulgó el jueves el Decreto Supremo que reglamenta la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano destinado a la Vivienda. La promulgación se realizó en un acto de celebración del Día de la Revolución Comunitaria y Productiva, efectuado en Sucre.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, fue la encargada de explicar las características del Decreto ante 30 mil asistentes al acto de festejo realizado en el Estadio Patria.

Montaño informó que el primer paso en la reglamentación, es la definición de un radio urbano de los municipios, que deberá ser homologada ante el Ministerio de Planificación. En esta instancia, el trámite no tardará más de 15 días. “No van a tener que esperar meses de meses, en 15 días el gobierno nacional va a homologar los radios urbanos”, dijo.

La legisladora dijo que la corrección de datos de identidad en los títulos de propiedad, que fueron un obstáculo para sanear los documentos, se solucionará en un proceso administrativo, ya no judicial, ante Derechos Reales, presentando dos documentos: certificado expedido por el SEGIP y una escritura ante un notario de fe pública.

Explicó que para solucionar errores de unos centímetros de la extensión de un bien inmueble, también se presentará dos requisitos ante la oficina de Derechos Reales: un certificado catastral con el plano del predio individual y una escritura pública de aclaración ante el notario de fe pública.

La titular del Senado destacó la creación del Programa de Regularización del Derecho Propietario que dará una asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a todos quienes necesiten hacer la regularización.

Dijo además que se creará un sistema informático que garantizará que una persona no haga más de una regularización de un bien inmueble, porque “esta ley es para los vecinos más pobres y más humildes de todas nuestras ciudades, quienes han trabajado años y años para hacer una casita”, aseguró.

Montaño informo que el programa mencionado será financiado con recursos del Tesoro General del Estado, “porque el gobierno de Evo Morales pone los recursos necesarios para que los vecinos y vecinas puedan regularizar su casa”.

El presidente Evo Morales Ayma promulgó, el 5 de junio de 2012, en un acto multitudinario realizado en el estadio “Félix Capriles” de Cochabamba, la Ley de Regularización del Derecho Propietario Urbano destinado a la Vivienda, que facilitará la legalización de propiedades.

“Hoy es una fiesta. Antes, esta fecha se celebraba con una mirada desde afuera hacia nosotros, hacia los pueblos indígenas, hacia nuestro continente americano. Hoy este día tiene otro sentido para nosotros, hoy celebramos la revolución productiva”, concluyó Montaño.

Fuente: Prensa Senado

jueves, 24 de mayo de 2012

Gabriela Montaño entrega a organizaciones de vecinos la Ley de Derecho Propietario sancionada por el Senado

PS (24-05-12).- En una sesión que duró seis horas, senadores sancionaron hoy en la madrugada, la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles urbanos destinados a Vivienda. Una vez terminado el tratamiento, la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, entregó la ley a las organizaciones sociales de vecinos, entre ellas la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (CONALJUVE), que estuvieron presentes durante toda la sesión.

“Las leyes que trabajamos y aprobamos en la Asamblea legislativa, las hacemos para el pueblo boliviano, por eso hago entrega de esta Ley a las organizaciones sociales”, afirmó emocionada, la presidenta Montaño.

Según el presidente de la CONALJUVE, Efraín Chambi, esta Ley sería promulgada el 5 de junio, en el estadio Félix Capriles, de la ciudad de Cochabamba, por el presidente Evo Morales y participación de organizaciones sociales.

Las senadoras y los senadores por el Movimiento Al Socialismo (MAS) respaldaron plenamente la aprobación de la Ley, por considerar que los más beneficiados serán los ciudadanos con bajos recursos y establecerá mecanismos para evitar que se ejerzan loteamientos o actos ilegales en desmedro de la propiedad privada y pública.

En ese sentido, la senadora Tania Melgar puso de ejemplo a las capitales de Beni, que fueron misiones jesuíticas, a excepción de Guayaramerín y Riberalta, donde es un “drama de la realidad urbana” para sus habitantes la documentación sobre la propiedad de inmuebles.

El senador René Martínez, entre otros legisladores, resaltaron el “contenido social” de la ley y el compromiso con el cumplimiento de la agenda trazada por el Encuentro Plurinacional, realizado el año pasado en Cochabamba.

En vista de que la norma está destinada a personas humildes y de bajos recursos, permitirá legalizar una sola propiedad, el artículo 12 dice: “prohíbe regularizar más de un bien inmueble urbano destinado a vivienda a nivel nacional…; caso contrario, el o los procesos instaurados por la actora o el actor serán pasibles a nulidad de trámite del proceso de regularización”.

Los legisladores por Convergencia Nacional (CN) respaldaron parcialmente la norma. Uno de los exponentes de esta posición fue el senador Germán Antelo, quien dijo que está de acuerdo con la regularización, porque “hay barrios enteros que están en 50, 60 y 70 por ciento sin el derecho propietario”, pero advirtió que esta norma vulneraría el proceso autonómico.

El artículo 10 de esta ley, señala que la regularización del bien inmueble urbano destinado a vivienda procede cuando los demandantes “demuestren el cumplimiento simultáneo” de tres requisitos: “Contar con construcciones habitadas de carácter permanente destinadas a vivienda, con una antigüedad no menor a cinco (5) años, antes de la promulgación de la presente Ley. Posesión pública de buena fe, pacífica y continua. Que se encuentren dentro de los radios urbanos o áreas urbanas homologadas”.

El mismo artículo señala que no procede la regularización en los siguientes casos: cuando “el detentador tenga un derecho real de uso, habitación, usufructo”; cuando “se detente el bien inmueble en calidad de prenda, arrendamiento, comodato, anticresis y otros similares”; y cuando “el detentador tenga la condición de guardia, vigilante, depositario, cuidador y otros similares”. Es decir, ni inquilinos ni porteros ni cuidadores podrán adueñarse de los inmuebles que ocupan.

Otro aspecto que detalla la norma para la regularización del derecho propietario, es que los Gobiernos Autónomos Municipales podrán delimitar sus radios o área urbanas en un plazo no mayor al de un año, a partir de la publicación de la presente Ley.

La norma generará una "revolución urbana" con la regularización de al menos el 60% de las viviendas en todo el país, según la presidenta de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías del Senado, Mirtha Da Costa.

La norma —que consta de 19 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias y dos finales—, crea el Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con el objetivo de facilitar los procesos técnicos, administrativos y judiciales de regularización del derecho propietario, así como la implementación de un Sistema Informático de Registro para el control del proceso de regularización.

Finalmente, ordena al Órgano Judicial disponer de Juzgados Públicos en Materia Civil y Comercial que garanticen en cada Distrito Judicial la oportuna y preferente tramitación de las causas derivadas de la regularización prevista en la presente Ley. A este fin, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas otorgará los recursos económicos.

Fuente: Prensa Senado

viernes, 18 de mayo de 2012

Ley de regularización de propiedad de viviendas lista para su revisión en el pleno del Senado

PS (18-05-12).- La Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías remitió al pleno de la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes e Inmuebles Urbanos destinados a Vivienda, para su revisión.

El proyecto de ley fue aprobado en grande y en detalle sin modificaciones en la sesión ordinaria de la mencionada Comisión en pasadas horas, toda vez que ya fue tratado en sus dos estaciones en la Cámara de Diputados.

La presidenta de la mencionada Comisión senatorial, Mirtha Da Costa, informó que en trabajo de esta instancia legislativa, estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez, el viceministro Bony Morales y el equipo técnico, quienes han absuelto todas las dudas de los senadores.

La senadora Da Costa informó que esta ley es de carácter social y regulará el derecho propietario de persona naturales sobre bienes e inmuebles destinados a vivienda, que estén ubicados dentro del radio urbano y que se encuentren en posición pacífica y continua.

Da Costa dijo, además, que la norma simplificará los trámites de muchos ciudadanos bolivianos que tienen problemas de titulación de sus casas, que beneficiará sobre todo a la gente pobre, que por falta de recursos económicos, no lograron sanear sus documentos de propiedad ante las instancias correspondientes.

“Hay un proceso sumario rápido para que pueda un juez dictar una sentencia y, una vez que esta sentencia esté ejecutoriada, puedan ya inscribirlo como título en Derechos Reales. Además de simplificar todos los trámites para las personas, el Colegio de Arquitectos, donde se debe pagar, debe atender de forma gratuita”, afirmó.

La asambleísta aclaró que la disposición legislativa sólo beneficiará a personas que tienen en su poder una sola vivienda y que no pudieron titular. “Ninguna persona podrá beneficiarse con esta ley teniendo más de un inmueble, porque esta ley tiene un fin social. Para ello, dentro de los requisitos está el de contar con un certificado emitido por Derechos Reales, de que no cuente con más viviendas”, concluyó.

Fuente: Prensa Senado

viernes, 11 de mayo de 2012

Los países adoptan directrices mundiales sobre la tenencia de la tierra

Fao (11-05-12).- En una decisión histórica el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) ha aprobado un conjunto de directrices mundiales de gran alcance destinadas a ayudar a los gobiernos a salvaguardar los derechos de las personas a la propiedad o acceso a la tierra, los bosques y la pesca.

Las nuevas Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional esbozan principios y prácticas a los que los gobiernos pueden referirse cuando formulan leyes y administran los derechos a la tierra, la pesca y los bosques.

Las directrices se basan en un proceso de consulta global iniciado por la FAO en 2009 y posteriormente se finalizaron con las negociaciones intergubernamentales lideradas por el CSA en las que participaron funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, organizaciones internacionales y académicos.

El objetivo de las directrices: promover la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible mediante la mejora de un acceso seguro a la tierra, la pesca y los bosques, y proteger los derechos de millones de personas a menudo muy pobres.

Histórico y de largo alcance

"Dar a las personas pobres y vulnerables derechos seguros y equitativos de acceso a la tierra y a otros recursos naturales es una condición clave en la lucha contra el hambre y la pobreza. Se trata de un avance histórico que los países han acordado en estas primeras directrices mundiales sobre la tenencia de la tierra. Ahora tenemos una visión compartida. Es un punto de partida que ayudará a mejorar la situación, a menudo desesperada, de las víctimas del hambre y la pobreza", dijo el Director General de FAO, José Graziano da Silva.

El debate público se ha centrado en el llamado fenómeno de "acaparamiento de tierras", uno de los temas abordados en estas directrices.

Si bien las directrices reconocen que las inversiones responsables de los sectores público y privado son esenciales para mejorar la seguridad, también recomiendan proteger los derechos de tenencia de la población local de aquellos riesgos que pudieran derivarse de la adquisición de tierras a gran escala, y también salvaguardar los derechos humanos, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

Existen modelos alternativos de inversión que no dan lugar a la adquisición de tierras a gran escala y que debieran ser promovidos. Las inversiones también deberán fomentar objetivos políticos como la mejora y promoción de la seguridad alimentaria local, la erradicación de la pobreza, la creación de empleo, y "la generación de beneficios para el país y sus habitantes, incluyendo a los pobres y más vulnerables".

Las directrices abordan una amplia gama de temas, entre los que se incluyen:
  • Reconocimiento y protección de los derechos de tenencia legítimos, incluso en los sistemas informales
  • Mejores prácticas para el registro y transferencia de los derechos de tenencia
  • Asegurarse de que los sistemas administrativos de tenencia sean accesibles y asequibles
  • Gestión de las expropiaciones y restitución de tierras a personas que fueron desalojadas a la fuerza en algún momento en el pasado
  • Derechos de las comunidades indígenas
  • Garantizar que la inversión en tierras agrícolas se realiza de forma responsable y transparente
  • Mecanismos para solucionar las disputas sobre los derechos de tenencia
  • Abordar la expansión de las ciudades a las zonas rurales
  • Cuestiones de valoración y tributación
"Algunos de los temas abordados por las Directrices Voluntarias se remontan incluso a siglos atrás. El hecho de que estas directrices traten estas cuestiones tan arraigadas, así como las nuevas preocupaciones, es lo que las hace tan significativas", dijo Graziano da Silva.

Fuente e información completa: FAO

miércoles, 9 de mayo de 2012

Diputados aprueban en grande el Proyecto de Ley de Regularización de Derecho Propietario

PD (8-05-12).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en su estación en grande, el proyecto de ley Nº 386/2012-2013 de Regularización de Derecho Propietario, el mismo saneará el derecho a la propiedad de personas que se encuentran en posesión pacifica y continúa de un bien inmueble, destinado a vivienda dentro el radio urbano.

A tiempo de la aprobación, la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, destaco el trabajo de socialización que realizo la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.

“Quiero felicitar a la Comisión de Autonomías, por el intenso trabajo de socialización, y más que eso, por el recojo de propuestas que derivaron en una segunda fase de modificaciones que benefician aun mas al pueblo, porque si hemos modificado una Constitución después de 180 años, por qué no vamos hacer una ley que sea beneficiosa para quienes necesitan regularizar su derecho propietario”, manifestó.

Por su parte, Betty Tejada, presidenta de dicha Comisión, agradeció a todos los asambleístas de oposición y oficialismo que participaron en la construcción de este proyecto de ley que fue socializado con todos los sectores.

“Nos preocupamos de atender todas las peticiones de audiencias públicas, para hacer una ley para el pueblo, para poder hacer una ley social, y eso demuestra la legitimidad de esta norma construida entre todos”, argumentó Tejada.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, afirmo que este proyecto fue trabajado por su ministerio, conjuntamente con CONALJUVE, y que es parte de los acuerdos que se tomaron en la Cumbre Social de Cochabamba, ademas que el mismo nace para resolver un problema que no solo se da en Bolivia, sino también en Latinoamérica.

“Este fenómeno al que pretendemos darle solución no es un fenómeno particular del Estado Plurinacional, sino de Latinoamérica que emerge del desarrollo desigual del capitalismo”, explicó el Ministro al pleno camaral.

Según la autoridad gubernamental, son varios los factores que han contribuido a que las personas de escasos recursos migren a las ciudades, y que “se vean imposibilitados de acceder al suelo urbano, y también a la construcción de una vivienda, debido a que son sujetos de la inseguridad jurídica”.

El documento también determina que no entrarán dentro el proceso de regularización, bienes e inmuebles que están en calidad de prenda, que han sido arrendadas, en alquiler o anticrético; tampoco aquellas que se hayan dejado a personas de guardias o vigilantes.

Según la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifique la vida familiar y comunitaria, recociendo también el derecho a la propiedad privada individual y colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.

El pleno ingresó en un cuarto intermedio, para retomar mañana, a partir de las 8.00, el tratamiento de esta norma en su estación en detalle.

Fuente: Prensa Diputados

martes, 8 de mayo de 2012

Cámara de Diputados inicia debate del proyecto de ley de Derecho Propietario

PD (8-05-12).- El pleno de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley Nº 386/2012-2013 de Regulación de Derecho Propietario, que tiene por objeto la regularización del derecho propietario de personas que se encuentran en posesión pacifica y continua de un bien inmueble destinado a vivienda, dentro el radio urbano.

Según el informe presentado por la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, de la Cámara Baja, esta normativa está basada en el principio de respeto a la propiedad privada, hábitat y vivienda.

Asimismo, establece que los bienes inmuebles que serán sujetos a la regularización, son las viviendas que fueron ocupadas al menos cinco años de forma pacífica y continua, por lo que no beneficiará a las que tengan demandas legales.

En ese marco, el documento también determina que no entrarán dentro el proceso de regularización, bienes e inmuebles que están en calidad de prenda, que han sido arrendadas, en alquiler o anticrético; tampoco aquellas viviendas que se hayan dejado a personas de guardias y vigilantes.

Esta propuesta también establece que las oficinas de Derechos Reales deben realizar la corrección de errores como los existentes en apellidos, es decir la corrección de identidad de los propietarios, la superficie, ubicación y la colindancia de los terrenos, en 20 días.

Cabe destacar que la norma no prohíbe que una persona tenga varias propiedades, en distintos lugares del país, aunque esto no significa que pueda regularizar más de una propiedad a la vez.

Fuente: Prensa Diputados

jueves, 29 de marzo de 2012

Asociación de Municipalidades apoya proyecto de Ley de Regularización de Derecho Propietario

PS (28-03-12).- Gabriela Niño de Guzmán, Vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y presidenta del Concejo Municipal de La Paz, en Audiencia Pública de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, hizo conocer su conformidad con el espíritu del proyecto de Ley de Regularización de derecho propietario.

Niño de Guzmán transmitió a los miembros de esta instancia legislativa ciertas recomendaciones respecto a la forma de la normativa en debate.

Por su parte, el senador Germán Antelo, valoró los aportes realizados por la directiva de la AMB, indicando que es importante que la Ley precautele las áreas verdes, las de equipamiento y las propiedades pertenecientes a las entidades territoriales autónomas. Asimismo, expresó su conformidad con la medida, que contempla el proyecto de ley, de desburocratizar y simplificar los procedimientos de la oficina de Derechos Reales.

Finalmente, el senador Isaac Ávalos, presidente en ejercicio de la Comisión, puntualizó que la aprobación y posterior promulgación de esta norma significará un gran avance en lo que respecta a la regularización del derecho propietario urbano que beneficiará fundamentalmente a los sectores más pobres de las ciudades que hasta ahora no han tenido la posibilidad ni oportunidad de titularizar su derecho propietario.

Fuente: Prensa Senado