martes, 19 de julio de 2016

COMPROMISO POR LA EQUIDAD



Hace pocos días, políticos, académicos y diversos líderes de opinión chilenos llevaron adelante la siguiente iniciativa: no participar en debates o foros de discusión sobre sus especialidades y la realidad del vecino país que no incluyesen a mujeres entre sus participantes.

Hemos decidido hacernos eco de dicha iniciativa. Todos nosotros participamos con relativa frecuencia en diferentes mesas, foros de discusión o programas en medios de comunicación donde, lamentablemente, sigue resultando extraño compartir protagonismo con mujeres . 

Esto no se debe, desde luego, a que no existan ciudadanas bolivianas tanto y más capaces que nosotros para ocupar esos lugares, mostrar su conocimiento y compartir sus experiencias. No, esto se explica por la vigencia de la discriminación por motivos de género en nuestro país. Es por esto que queremos dejar de manifiesto que no participaremos en ninguno de estos espacios donde se excluya la participación de las mujeres. 

Sabemos que esta iniciativa se trata solamente de un gesto, uno que esperamos sea acompañado por muchos más hombres que los que firmamos hoy esta carta. Sin embargo, estamos convencidos que es un gesto en la dirección correcta y que, poco a poco y entre todos y todas, conseguiremos dejar atrás la discriminación de las mujeres en los espacios públicos.

Daniel Agramont (economista), Ricardo Aguilar (periodista), René Antezana (gestor cultural), Sebastián Antezana (novelista), Marcelo Arequipa (politólogo), Eduardo Calla (dramaturgo), Manuel Canelas (diputado), Ángel Careaga (periodista), Enrique Castañón (investigador), Martín Diaz (publicista), Juan Espinoza (gestor cultural), José Luis Exeni Rodríguez (politólogo), Santiago Farjat (economista), Eduardo López (cineasta), Rafael López (investigador), Adolfo Mendoza (sociólogo), Boris Miranda (periodista), Fernando Molina (periodista), José Manuel Ormachea (politólogo), Armando Ortuño (economista), Eduardo Paz (sociólogo), Raúl Peñaranda (periodista), Ernesto Pérez (economista), Juan Pablo Richter (cineasta), Claudio Rossell (periodista), Wilson Santamaría (diputado), Yuri Tórrez (sociólogo), Miguel Vargas (periodista), Amaru Villanueva (cientista social), Javier Zavaleta (diputado).

miércoles, 18 de febrero de 2015

Mendoza asesorará 2ª comisión legislativa que investiga privatización en Bolivia

Abi (18-2-15).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, anunció el miércoles que como ex miembro de la primera comisión legislativa que investigó el proceso de privatización y capitalización en Bolivia, asesorará el trabajo de la nueva comisión que se formará el viernes y trabajará esta gestión.

"Yo como ciudadano tengo la obligación de continuar con esta línea de investigación y por supuesto que voy a contribuir en todo lo que sea necesario, porque finalmente la comisión a mi cargo terminó la fase objetiva, científica de la investigación", dijo.

Mendoza detalló que la próxima comisión investigadora tiene la tarea fundamental de dar seguimiento y retomar las conclusiones a las que se llegó en 2014.

"Y hacer el análisis jurídico y financiero para ver las pérdidas que tuvo el país", agregó.

En 2013 la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó una comisión investigadora del proceso de privatización, que presentó los primeros resultados al final del período legislativo 2010-2014, el 13 de enero, con dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades, por los casos ENFE y FOCAS.

En esa ocasión, los ex parlamentarios recomendaron dar continuidad a las investigaciones que involucran a otras empresas estatales que fueron privatizadas o capitalizadas.

Según los legisladores, la nueva comisión tendrá dos tareas fundamentales: dar continuidad a la proposición acusatoria en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y del proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS), y continuar con la investigación de las privatizaciones.

Fuente: ABI

martes, 3 de febrero de 2015

Entrevista a Adolfo Mendoza sobre derechos culturales, despatriarcalización, inclusión y Constitución

(3-2-15).- Álvaro Rivero entrevista a Adolfo Mendoza buscando insumos conceptuales en el marco de las consultorías: (1) Políticas Públicas para la Promoción de Derechos Culturales en Cochabamba; (2) Políticas Públicas para la Promoción de la Despatriarcalización en Cochabamba y (3) Políticas Públicas para la Inclusión Cultural de Poblaciones Vulnerables en el departamento de Cochabamba; trabajos encargados y realizados por Rivero para la Dirección de Culturas e Interculturalidad de la Gobernación de Cochabamba, efectuados entre octubre y diciembre del 2014.

Álvaro Rivero Ostoic (ARO): La entrevista va a tener como telón de fondo, digamos, esta idea de que los derechos culturales deben ser promocionados, también quiero indagar un poco del tema de despatriarcalización, ¿cómo se puede impulsar el proceso de despatriarcalización? Finalmente como se puede incluir a las poblaciones vulnerables para que puedan ejercer sus derechos culturales de manera apropiada, digamos ¿no?, entonces esa es la idea. Comenzaríamos con una cuestión general, una gran parte del tema de derechos en Bolivia, se ha concretizado –si vale el término– a partir de la aprobación de la Constitución, sin embargo previamente a la aprobación de la Constitución hay una historia previa ¿no? Es un resultado y punto de partida de un proceso anterior. Entonces quisiera que nos puedas conversar las características del proceso político previo que ha llevado a, primero, a la instalación de la demanda de Asamblea Constituyente, el proceso constituyente propiamente dicho y el resultado, o sea la Constitución, ¿qué características tuvo este proceso político que culminó en la aprobación de la Constitución por el pueblo boliviano?

Adolfo Mendoza Leigue (AML): Ya, lo primero que hay que señalar es que a veces se cree que los derechos culturales se reducen nada más a una parte del catálogo de derechos en la Constitución Política del Estado y específicamente los art. 98 y 99, además de los referidos a educación superior y educación en general; pero el carácter de los derechos culturales vistos desde esta perspectiva, revela una óptica restringida, diría, precisamente por lo que estuvo en juego en la Asamblea Constituyente. Solamente para hablar de los art, 98 y 99, donde se hace mucha referencia al patrimonio, a las culturas, a las naciones y pueblos; en realidad a veces se toma solamente como un asunto de las naciones y pueblos en un sentido multiculturalista, antes que en una propuesta que parte del mundo indígena, pero para lo común, es decir, de un particular con pretensión universal de validez, para organizar el conjunto de las relaciones entre Estado y sociedad civil, eso es lo que se dio en el proceso constituyente, a diferencia de lo que acontecía antes, incluso con determinadas marchas indígenas.

Por ejemplo la del 90 –más allá de que se visibilizó lo indígena de tierras bajas y un conjunto de derechos culturales desde los pueblos indígenas–, la lógica era la de la integración, era la política del reconocimiento, era la política multiculturalista antes que otra cosa, es decir se intentaba respetar los derechos del indígena, incluirle en el Estado viejo, pero no tocar estructuras estatales. Esa es la diferencia entre la marcha del 90 y la marcha por la Asamblea Constituyente del 2002; porque la del 2002 genera una demanda de transformación del Estado en su conjunto, no solamente de inclusión indígena, por todas esas razones cualquier política cultural debe velar –además de la protección de los derechos y la sola promoción–, por la facilitación de estos derechos, o sea en el Estado antiguo primaba la política cultural de la promoción, en el Estado Plurinacional esa promoción, en realidad ,se transforma en facilitación, porque se trata de reorganizar el conjunto de las relaciones, no promover algo solamente.

ARO: Y qué papel cumple la cultura en esta reorganización de las relaciones entre el Estado y la sociedad en el proceso constituyente.

AML: Yo creo que hay una memoria que da cuenta de una acumulación histórica de luchas sociales que, en tanto también luchas culturales, luchas por determinados valores, determinada cosmovisión, determinada forma de hacer las cosas, determinada manera de pensar el Estado; viene de diversos procesos. Lo que Bolivia vivió y tal vez América Latina en su conjunto, durante la crisis del Estado Colonial de 1780 hasta 1830, es algo que creo que se vuelve a repetir –como diría René Zavaleta¬ como una suerte de segundo movimiento general de la época, ahora, con la reorganización de nuestros estados de América Latina; eso no se explicaría sin esta acumulación de fuerzas históricas, que son al mismo tiempo acumulación de experiencias y por tanto de construcciones culturales desde la subalternidad y desde lo indígena, desde las mujeres que hablan, ya no de lo particular para lo particular, sino para construir otras relaciones sociales.

ARO: En ese sentido la despatriarcalización sería una parte integral de este proceso o es una suerte de anexo que no tiene un papel central, ¿tú crees que si o que no?

AML: Hay varias interpretaciones al respecto, yo soy un firme defensor que la despatriarcalización, es uno de los núcleos de la construcción de la nueva estatalidad, es decir de la construcción del Estado Plurinacional, así como el Estado Plurinacional se enfrenta al Estado Burgués tradicional, confesional, colonial, se enfrenta al Estado patriarcal; por tanto es algo que explica la propia existencia, o debería explicar la propia existencia del Estado Plurinacional, la despatriarcalización. O sea frente a la economía capitalista, economía plural; frente a la estructura colonial del poder la descolonización; frente al Estado confesional, el Estado laico; frente al Estado patriarcal, la despatriarcalización. Creo que son pilares fundamentales de la construcción del Estado plurinacional, teniendo en cuenta sin embargo, que ya no se trata de promoción solamente de derechos, que ya no se trata de generar sentido de inclusión, sino de transformación de las relaciones, ese es el núcleo central también de la despatriarcalización, la transformación de las relaciones sociales y de los sentidos de dominación que tenían estas las relaciones sociales.

ARO: ¿Podrías redundar un poco sobre el tema de la descolonización en ese contexto que has mencionado?

AML: Ah sí, varios autores han hablado de un hecho que ya es algo más que aparente, o sea obviamente que todo esto está en construcción porque depende mucho de las relaciones de fuerza, eso no quiere decir que las fuerzas que defienden la estructura colonial hayan desaparecido o las que defienden las estructuras patriarcales hayan desaparecido, no. Es por eso que frecuentemente vemos que cuando se habla de lo colonial se reduce a un asunto indígena, o cuando se habla de despatriarcalización se reduce a un asunto de las mujeres, cuando no es así; la despatriarcalización no es un asunto de las mujeres pero sí es parte de la acumulación de fuerzas y de luchas del movimiento de mujeres; como planteamiento hacia el conjunto, con pretensión universal. Lo mismo en el caso indígena, por tanto la colonialidad del poder, según muchos autores, es paralela; por lo menos; a la modernidad, en cuanto organización del poder, es decir no se podría entender modernidad sin colonialidad del poder, es la otra cara de la modernidad, no existiría modernidad sin colonialidad, por tanto son 2 caras de la misma moneda.

ARO: Entonces en este sentido ¿el actual proyecto de construcción estatal trasciende a la modernidad?

AML: Trasciende a la modernidad, trasciende al Estado cívico social, trasciende a la construcción de los estados modernos basados en la idea de un Estado nación, porque la clave del proceso constituyente está en la construcción de la nueva estatalidad, pero a partir de lo nacional plural, no a partir de la victoria de un proyecto de nación como perspectiva homogeneizadora respecto de otros, que fue la apuesta liberal, igualar a todos los ciudadanos, ni la esperanza modernizante, occidental, del proyecto de nación victorioso de la Revolución Federal por ejemplo y lo mismo en el caso del proyecto nacionalista revolucionario, ahí fue victorioso otro proyecto de construcción del Estado nación. En el caso de la Independencia frente a la propuesta indígena de construcción de una nueva estatalidad, reivindicado incluso una república de indios, etc. Frente al proyecto de nación, de idea de nación, de los guerrilleros de la Independencia, frente incluso a la nueva construcción de la idea de nación que tenía la Constitución de Cádiz de 1812, que en su reconocimiento de la ciudadanía era mucho más bondadosa que la propia Constitución Francesa. En ese momento se da la victoria de un proyecto de nación, que luego se emparenta con el ideal francés, ¿no?, la revolución francesa, entonces continuamente hemos tenido luchas por construir una idea de Estado nación, eso se rompe en este nuevo movimiento general de la época, o por lo menos estamos en eso, en una relación de fuerzas que tiende a romper esa lógica y pensar a lo nacional desde una perspectiva plural.

ARO: A eso quería ir, la Constitución propone un diseño estatal que, posteriormente se plasma en toda una serie de acciones, sobre todo legislativas, de construcción de este nuevo diseño estatal. ¿Cómo evaluarías el avance que se ha dado en estos últimos 4 años en la construcción de una nueva estatalidad?

AML: Te voy a poner el ejemplo a partir de la despatriarcalización, antes se luchaba por cuotas de género, ahora ya no se lucha por cuotas de género, se lucha por el principio de la paridad, es un concepto totalmente distinto, el concepto de las cuotas estaba ligado a la incorporación de la mujer al viejo Estado, pero siempre en condición subalterna, de reconocimiento de sus derechos pero desde lo dominante, en cambio el concepto de paridad transforma ese juego de relaciones, entonces hay un salto de género hacia despatriarcalización.

ARO: ¿Y en el campo de la cultura?

AML: Esto es propio del campo de la cultura, si es que entendemos la cultura por un conjunto de acciones sociales que construyen perspectivas políticas y a partir de esas acciones colectivas, operan la memoria, la política de la memoria, la política del olvido y la construcción de nuevos imaginarios políticos, es decir de relaciones, de acuerdos y pactos, eso es propio de la cultura, si tenemos por concepto de la cultura este ¿no?, de un conjunto de acciones sociales que construyen identidades y también diferencias.

ARO: Se define que la Constitución boliviana es una constitución que pone mucho énfasis en el tema de los derechos, qué relación hay entre este énfasis en los derechos y lo que tradicionalmente se llamaba la acción afirmativa, es decir un marco legal que priorice a ciertos sujetos a ciertos colectivos de manera de poder favorecerlos, ¿existe en la Constitución boliviana esta idea de la acción afirmativa y cómo?

AML: En todos los sentidos, porque la Constitución es una visión de la organización de las propias relaciones sociales, pongo dos ejemplos de esta lectura restringida de la construcción estatal, lo indígena y los derechos de la mujer Desde la visión restringida, estos derechos aparecen como meras acciones afirmativas o si se quiere, algunos dicen discriminación positiva o políticas de acción afirmativa, pero desde la perspectiva del proceso constituyente, no solamente implica acción afirmativa para incluir, sino para modificar la relación, nuevamente, es lo indígena, es lo femenino, que le habla al conjunto de la sociedad y no solamente a lo indígena, a lo femenino. En todo caso hay una combinación lógica en el juego de relaciones que es necesario fortalecer, con políticas de acción afirmativa, esta modificación de las relaciones sociales. Por eso viene el criterio de paridad o por eso viene la interculturalidad, desde la propia comprensión, incluso de la democracia ¿no? Por eso también hay acción afirmativa que niega la visión multiculturalista previa. En el caso indígena, las políticas de acción afirmativa, estaban pensadas siempre para considerar lo indígena como minoritario, en el caso boliviano no es así, aunque políticamente lo indígena antes se expresó como minoría de efecto estatal, usando esta noción de Zavaleta a propósito del proletariado minero, que era una minoría pero que actuaban como una mayoría de efecto estatal, lo que sucede ahora es que estas “minorías” indígenas, minorías políticas actúan como mayoría del efecto estatal.

ARO: Complicando un poco el análisis, señalando lo que tú dices, se puede ver además desde un punto de vista desde las autonomías, tenemos 4 niveles autonómicos lo cual hace un chenco bastante grande del tema. Como evaluarías la construcción de estas nuevas relaciones sociales y estatales, en los niveles departamentales y municipales, si es que se puede hacer un análisis de una realidad tan diversa ¿no?

AML: El punto de partida es considerar que este Estado no es un Estado autonómico, es un Estado Plurinacional, que tiene como uno de sus ejes una organización territorial distinta y esta organización territorial se basa en las autonomías, o sea no es un Estado que funciona a partir de las autonomías, es un Estado que tiene a las autonomías como parte de una nueva organización del Estado, una nueva organización territorial. Obviamente en el caso de las autonomías hay diversas correlaciones de fuerza que todavía no ceden, conservan la experiencia de dominación previa, yo diría. Es decir por un lado hay una comprensión conservadora –le llamo– de las autonomías y por otro lado una comprensión revolucionaria de las autonomías; la visión conservadora de las autonomías, es una visión que se liga con la descentralización político administrativa y esto forma una tensión no superada en el momento actual en términos institucionales; por ejemplo las asambleas departamentales todavía funcionan como los viejos consejos departamentales, los concejos municipales funcionan en muchos casos, no en todos, –especialmente en las capitales departamentales– como los viejos concejos municipales y no desde la perspectiva del autogobierno, pero en otros casos ya han variado esas relaciones, por ejemplo, muchos indígenas originarios campesinos, se han tomado el poder municipal y la máxima autoridad ya no es el Concejo Municipal, es la organización social, entonces ahí tu puedes ver esta otra vena de la construcción autonómica que yo le llamo la comprensión revolucionaria de las autonomías con base en el autogobierno.

ARO: Si, es importante el tema porque en la práctica, los asuntos culturales, en el sentido tradicional –tal vez como tú dices conservador–, simplemente han pasado de ser, digamos, objeto de un ministerio a ser tuición, del ejecutivo departamental o del legislativo departamental o municipal, ¿no?, entonces en la práctica simplemente hay una transferencia de competencias pero no hay un nuevo funcionamiento del tema, digamos de la comprensión, de lo cultural.

AML: En algunos casos, pero en otros no y eso es mucho más visible en aquellos municipios que se han convertido en autonomías indígenas o aquellos territorios que pretenden adoptar un autogobierno indígena, nada más pongo el ejemplo de Raqaypampa, donde pese a todavía no haber conformado formalmente un autogobierno indígena originario campesino, ya funcionan como tal, bajo el diseño del Distrito indígena. Ahora su autogobierno lanza políticas educativas, políticas de manejo territorial, en relación a tierra-territorio, relación con los recursos naturales, incluso ahora Raqaypampa, están empezando a aportar el desayuno escolar al municipio al cual pertenecían, por así decirlo, esa es la lógica del autogobierno también.

ARO: Si la construcción del nuevo Estado es todavía objeto de disputas de posiciones conservadoras y revolucionarias, ¿cómo ves los posibles escenarios, obviamente en torno al tema cultural, en torno al tema de despatriarcalización?, ¿cuál es la agenda legislativa?, ¿cuales los posibles temas prioritarios que se pueden desarrollar en estos dos ámbitos?

AML: Todo depende del estado de la correlación de fuerzas, porque la nueva institucionalidad, está haciéndose en el camino, todavía no se ha terminado de construir, pero por extraño que parezca, hay lugares en estas relaciones de fuerza, el Estado como relaciones de fuerza, donde lo cultural puede emerger de manera novedosa y no solamente a partir de su vena indígena, a partir de su vena femenina, a partir de la vena de la subalternidad, sino que te marca sentidos culturales de dominio territorial que antes no existían.

Pongo un ejemplo, en Cochabamba se ha aprobado la Ley Canata, (de la región metropolitana); en el caso de la región metropolitana de Cochabamba, estamos suponiendo que existe un espacio de planificación porque, una cosa es la región como espacio de planificación y otra cosa es la región como autonomía, que es lo que existe en el Gran Chaco en Bolivia, sin embargo pese a que la región metropolitana de Cochabamba, es un espacio de planificación y no de autonomía regional metropolitana, permite combinar de distinta manera el gobierno local y el gobierno departamental, bajo el principio de problemas comunes, soluciones comunes. Esto puede tener inimaginables consecuencias de políticas culturales e institucionales, nada más pienso en una, si es que no existiría esta ley y la posibilidad de organizar la región metropolitana bajo el concepto del buen gobierno, pero no el buen gobierno entendido solamente como la elección de autoridades , sino del dominio territorial, metropolitano en este caso, si es que concebimos las cosas desde esta perspectiva podríamos estar ante la aparición de una nueva forma institucional que exprese una construcción identitaria distinta de Cochabamba como departamento, la vieja idea de la conformación de Cochabamba como región ya no existe más porque las identidades colectivas del trópico, del cono sur, de la zona andina, del valle alto, han empezado a emerger de manera distinta y en el eje metropolitano también emerge la necesidad de construir nuevos imaginarios y una identidad metropolitana que institucionalmente se podría plasmar, nada más pongo un ejemplo ahí, en la propuesta, yo estoy defendiendo esa propuesta, pero viene de una larga discusión en Cochabamba, del centro cultural metropolitano, convertir a la plaza principal en un lugar de encuentro, de la identidad metropolitana, pero también departamental y eso implica una modificación de la presencia del poder en la plaza, es decir en el centro colonial del poder alto, ¿qué hace la Gobernación, el Concejo Municipal, la Alcaldía, la Policía, en la plaza?, deberían estar fuera y allí montar el museo de la Guerra del agua , auditorios de Bartolina Sisa o de Alejo Calatayud, que hagan de ese espacio urbano un lugar de encuentro distinto.

ARO: Eso implicaría, una modificación de esta concepción que prioriza al Estado, en algunos casos, incluso sobre la misma sociedad civil, es decir hay una tendencia en esta construcción estatal, de darle demasiado poder al Estado ¿no?, en desmedro de lo que tú llamas, la propia autonomía o autogobierno local. ¿Lo que planteas significaría una nuevo planteamiento de relación entre la sociedad y Estado o no necesariamente?

AML: Si, por dos razones: uno que la fuerte presencia de la estatalidad es parte de la acumulación de fuerzas culturales y políticas, bajo la comprensión del Estado ético, es decir es tal la influencia de la sociedad civil sobre la propia institucionalidad estatal que a veces se confunden las políticas institucionales del estado, con las acciones propias de la sociedad civil y el Estado asume ahí un protagonismo que es normal que en proceso de transformación estatal, sin embargo esta figura no se podría completar si es que no echamos mano a la otra vertiente que también nace de la misma acumulación de fuerzas políticas y culturales, la movilización social, si es que no existe una movilización social, para hablar del ejemplo, sobre el centro cultural metropolitano, no bastarán las reformas que haga la Gobernación o lo que haga el municipio del Cercado o la manera en que se teja la región metropolitana desde la institucionalidad estatal, el contenido de esta propuesta, –Centro Cultural Metropolitano– solo es posible a partir de la movilización social de los actores, culturales y con actores culturales no me refiero solamente a artistas o a los sectores que clásicamente se llamaban cultural sino a las fuerzas sociales.

ARO: Siguiendo la misma línea de razonamiento pero con referencia al tema de derechos, de alguna manera la Constitución plantea que el Estado debe tener una actitud más proactiva, de iniciativa, para que los derechos humanos y entre ellos, los derechos culturales sean efectivamente cumplidos, en contraste con la tradicional forma de ver –liberal– de que se ocupe la sociedad, digamos, ¿no? Se trata de que el Estado debe promover y hacer cumplir los derechos que están signados en la Constitución. Puede darse una tensión entre este énfasis estatal, con él, –también derecho reconocido– que es el autogobierno y la propia diversidad, o sea si el Estado influye demasiado poderosamente en la aplicación de los derechos culturales, podría poner en peligro, el tema de la diversidad, de los actores, etc. ¿Tú crees que efectivamente puede haber esta tensión, como se podría resolver esta contradicción o aparente contradicción?

AML: No hay experiencia de construcción estatal en la historia de la humanidad que deje de lado el papel de la institucionalidad, del aparato estatal en la construcción de las nuevas relaciones, porque es el Estado que también pone las reglas de juego y las leyes son parte de esas reglas de juego, la clave de este asunto, sin embargo, es que eso se transforme en voluntad colectiva, o sea se transforme en un nuevo sentido común, se transforme ya no en un hecho particular, sino en un hecho universal, ese es el gran logro del Estado moderno y siempre el Estado tendió a promover ese tipo de vínculos, es decir, no es algo nuevo desde esa perspectiva, sin embargo yo te lo pongo en clave distinta, cuando se habla de la autonomía, desde la perspectiva del autogobierno y por tanto de la libre determinación de los pueblos, a veces recurrimos a un arsenal teórico que no es propio de la construcción de la nueva estatalidad. Estoy recordando en este momento la vieja discusión de Lenin y Rosa Luxemburgo, entre autonomía y autodeterminación, eso se ha desdibujado porque la autonomía, es al mismo tiempo, un sentido de autodeterminación de los pueblos, es decir la autonomía no se reduce, –si bien para el Estado plurinacional tiene sentido como parte de la organización territorial del Estado–, a los niveles indígena, municipal, regional o departamental; más bien esta nueva comprensión de las autonomías, implica una organización del Estado, del territorio que ocupa en su conjunto.

Donde tiene fuerza esta otra clave, es hacia afuera; Bolivia asume, desde la matriz indígena, el concepto de libre determinación de los pueblos, es decir, la defensa de la soberanía ya no es la que era antes, por eso se incluye la diplomacia de los pueblos. Porque estos sentidos de autonomía y de autogobierno, hacia afuera, implicaría decir –momento– no somos el patio trasero del Imperio; es decir, Bolivia como conjunto, se expresa en un autogobierno como afirmación de la soberanía; eso es parte también de la reflexión que debemos hacer sobre autonomía.

ARO: La idea de autodeterminación, tu mencionas que tiene una base territorial; sin embargo pueden haber colectivos, sobre todo en caso cultural, que quieran desarrollar su actividad al margen del Estado, entonces, en este sentido, yo te planteo que si la normatividad actual pone algún tipo de limitaciones a la actividad de estos grupos autónomos que no necesariamente tienen referente territorial.

AML: No, porque la Constitución les protege, pero en todo caso porque al mismo tiempo no se elimina la acción colectiva y menos en la construcción de una nueva estatalidad; es como si de repente el proceso constituyente no se hubiese cerrado y los discursos constituyen también a los actores…

ARO: Yendo al tema de los actores, hemos hablado de las mujeres, de los indígenas y de alguna manera –con el tema metropolitano¬ de las ciudades; en ese sentido que otros sujetos culturales, o sujetos sociales, están surgiendo, configurando o ya se han visibilizado, que sea interesante mencionar en esta conversación. ¿Desde el punto cultural que sujetos culturales o sociales nuevos, están surgiendo que merezcan la atención de las políticas públicas o, en general, del Estado?

AML: Desde una perspectiva teórica clásica, está la emergencia de una nueva clase media, por ejemplo; pero desde una perspectiva ampliada y no tradicional, esto también tiene que ver con una nueva construcción de ciudadanía y, por tanto, de un nuevo sujeto ciudadano, el ciudadano ya no como sujeto de derechos simplemente, sino como identidad política. La ciudadanía ya no como condición jurídica sino, como participación en las decisiones del gobierno, a distintos niveles; para mí hay dos buenos ejemplos, uno general, y uno especifico no?, tú lo puedes notar en las áreas metropolitanas, es el nacimiento de las clases medias en realidad entre comillas, pero, a nivel general, hay una ruptura y al mismo tiempo continuidad, en la construcción de ciudadanía, los ciudadanos no dejan de tener como base la defensa de sus derechos y la ciudadanía no deja de ser una condición jurídica, pero ahora la ciudadanía es algo más que defensa de derechos y de igualdad ante la ley, es construcción de identidades políticas que piensan, de una determinada manera, el gobierno de su ciudad, decían los antiguos ¿no?, los griegos.

ARO: Para acabar, hablando de derechos culturales de una forma genérica, ¿la Constitución y el proceso posterior como plantean la relación entre estos derechos culturales y el resto de los derechos humanos?, Por otro lado ¿qué concepción sobre la cultura está detrás de la acción del Estado? Son dos preguntas ¿no?

AML: Ya, las uniré de todas maneras; en el contenido clásico del Estado moderno, los derechos culturales son como una demanda de sectores específicos que requieren protección; desde la perspectiva del Estado plurinacional, aparece el concepto de interculturalidad y el concepto de interculturalidad, no se refiere solamente a una relación equilibrada, armónica, sino también a relaciones conflictivas, a relaciones de poder y eso mismo se relata en el artículo 98 de la Constitución que habla de los derechos culturales ¿no?, en el catálogo de derechos, de derechos de las culturas dice: la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario, la interculturalidad es el instrumento para la cohesión, convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones, la interculturalidad tendrá lugar con respeto a la diferencias en igualdad de condiciones , ah, además dice: el Estado asumirá como fortaleza la existencia de las culturas indígenas originarias campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores espirituales y cosmovisiones y será responsabilidad del Estado, preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país. Esto antes de entrar a la definición de patrimonio cultural en la Constitución, entonces qué encontramos aquí en los derechos culturales: lo mismo que en el caso de la ciudadanía, es decir, aceptar lo común que nos une sin negar la legitimidad del derecho a la diferencia, pero donde el derecho a la diferencia tampoco puede negar lo común que nos une; entonces eso cambia la propia visión tradicional de los derechos, de los derechos culturales, por eso es tan fuerte el concepto de interculturalidad, que ya está mencionado en la Constitución, pero que ahora se empieza a trabajar incluso en términos de institucionalidad democrática, por tanto no se trata del melting pot, no se trata de multiculturalismo, aunque esas tendencias también están presentes, se trata de la posibilidad de generar políticas que, transformando las relaciones de poder, encuentren un nuevo equilibrio entre lo común y la legitimidad del derecho a las diferencias. Entonces las culturas no se reducen a identidades cerradas, es decir, ya no es la vieja óptica donde el derecho de un grupo atañe solamente a un grupo, en este caso el derecho indígena está planteado, por ejemplo, para el conjunto, como valor, como cosmovisión.

ARO: Una cosa más, ¿no crees que como está planteado ese artículo pone demasiado énfasis en la cultura como algo dado y no en la cultura como algo que se construye y que se va transformando inevitablemente?

AML: Si y no, pone énfasis en la cultura como algo dado, cuando hace referencia a la existencia de las culturas indígenas originarias campesinas, pero pone énfasis en la construcción de la interculturalidad, cuando se señala que este es un instrumento para una nueva cohesión, entonces hay la vena anterior y también esta otra que está diseñada para la transformación de las relaciones de dominación, sin embargo eso no quiere decir que no exista una tensión, porque finalmente la interculturalidad es conflicto, también; y eso no quiere decir que venzan necesariamente los discursos que construyen ahora otros sujetos que no tengan una matriz conservadora, puede lo conservador también vencer, porque estamos en un momento de construcción institucional de nuevas relaciones.

ARO: Muchas gracias.

AML: A ti.

Fuente: Dirección de Culturas e Interculturalidad de la Gobernación de Cochabamba

miércoles, 28 de enero de 2015

Ex asambleístas declaran en caso privatizaciones

CS (28-01-15).- Cinco ex parlamentarios del oficialismo se presentaron ayer en la Fiscalía General para declarar dentro de la proposición acusatoria por la supuesta comisión de delitos en el proceso de privatización y capitalización que involucra a ex dignatarios de Estado como Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y otros.

Los ex asambleístas formaron parte de la comisión mixta que investigó los procesos de privatización y capitalización de ENFE Andina y la denominada Formación de Capital de Áreas Secundarias (FOCAS) y ayer se ratificaron en el contenido de las proposiciones acusatorias presentadas en diciembre de 2014. La próxima semana el turno será de los denunciados.

El ex senador del MAS Adolfo Mendoza explicó que en el caso de ENFE Andina, además de subvaluar el costo de la inversión del Estado para venderla, no tomaron en cuenta los intangibles, como el derecho de tránsito exclusivo en el país, la cantidad y equipamiento en estaciones de ferrocarriles y vendieron la empresa por menos del 50% de su valor en libros.

“Le bajaron al mínimo el precio, luego la venden por menos del 50%; el valor en libros estaba establecido en $us 50 millones y se la vendieron en 13 millones, contrario a la propia ley de privatización y capitalización y las reglas establecidas para la transferencia de empresas”, señaló Mendoza.

Su colega Tania Melgar, ex senadora por el Beni, dijo que se ratifica en el contenido de las proposiciones acusatorias sobre dos casos que abren la posibilidad de ingresar en varias de las “páginas oscuras” del proceso de privatizaciones y capitalizaciones entre los años 1989 hasta 2000.

Por su parte, el ex presidente de Diputados Marcelo Elío sostuvo que su declaración enfatizó en el supuesto tráfico de influencias entre los políticos de ese tiempo. Aseguró que Samuel Doria Medina favoreció a Gonzalo Sánchez de Lozada con yacimientos mineros en COMSUR y la mina Bolívar en Oruro, y cuando éste salió del Gobierno, benefició al primero con las cementeras de El Puente de Tarija y FANCESA en Chuquisaca.

En esa misma línea, el diputado Javier Zabaleta dijo que su declaración pretende respaldar al Ministerio Público con la mayor información para la investigación sobre este tema.

Plazo

De acuerdo a procedimiento, la Fiscalía General tiene diez días para emitir un pronunciamiento de imputación o rechazo de investigación en el caso de dos proposiciones acusatorias.

Fuente: Correo del Sur

lunes, 19 de enero de 2015

Adolfo Mendoza: proceso por capitalización y privatización podrá extenderse a otras ex autoridades

Abi (18-01-15).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, anunció el domingo que la Fiscalía podrá ampliar el proceso por capitalización y privatización a otras ex autoridades, si lo considera necesario.

"Si es que la Fiscalía ve por conveniente ampliar la investigación e incluir a otras personas ya es parte de su atribución, pero queda claro que no es que se excluyó a alguien, sino que el trabajo de la Comisión fue tan responsable que no se puede levantar nombres de personas sobre las cuales no pesa documentación legalizada", dijo.

Mendoza aclaró que la proposición acusatoria que presentó, el martes pasado, la Comisión Investigadora de la Privatización y la Capitalización tiene todas las pruebas certificadas de que las 13 ex autoridades acusadas fueron responsables de vender las empresas estratégicas del Estado "a precio de gallina muerta".

"La decisión de la Asamblea ha sido verdaderamente responsable, no se puede levantar el nombre de otras personas, mientras no exista documentación probatoria, entonces no se está actuando aquí con supuestos y en esa documentación aparecen los nombres de las proposiciones acusatorias", sostuvo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el martes dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades de Gobierno, la primera contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reinado Peter, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar.

La segunda proposición acusatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reinaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.

Las dos proposiciones acusatorias, que presentó la Comisión investigadora de la privatización, se refieren estrictamente a dos casos, la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

Fuente: Abi

miércoles, 14 de enero de 2015

Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba dos proposiciones acusatorias por delitos en la privatización

PV (13-01-15).- La Asamblea Legislativa Plurinacional, por más de dos tercios de votos, aprobó, esta tarde, las proposiciones acusatorias de los casos Funda-Pro y Enfe-Andina, como producto de la investigación realizada por la comisión especial mixta encargada de revisar el proceso de privatización en Bolivia.

La comisión realizó un relevamiento de la información, análisis del daño económico y preparó dos proposiciones acusatorias, la primera, en el caso de Enfe-Red Andina por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; los imputados son: Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Carlos Sánchez Berzain, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Fernando Candia Castillo, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya.

La segunda proposición acusatoria se refiere al caso Funda-Pro, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes; los imputados son: Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Carlos Sánchez Berzain, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Doria Medina Auza, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar Llanos.

Las proposiciones fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, la cual tiene 30 días para rechazar, complementar o aceptar las mismas. En caso de ser complementadas y/o aceptadas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por más de dos tercios de votos, autorizará el juicio de responsabilidades que deberá desarrollarse hasta obtenerse una sentencia en la justicia ordinaria.

El informe emitido por la comisión mixta, que se leyó inextenso, indica que se realizaron 16 investigaciones de caso, y por ello se determinó que el proceso de privatización se inició en 1985 y concluyó en 2002.

Los integrantes de la comisión especial mixta, por el MAS, fueron Adolfo Mendoza, Tania Melgar, Marcelo Elío, Javier Zabaleta, Héctor Arce y Emiliana Aiza; la oposición no designó a nadie para integrar la misma.

El presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, afirmó que este trabajo de investigación se ampliará en la próxima legislatura con la conformación de una comisión especial mixta para revisar los casos del LAB, Entel, Ende, entre otros.

“Cuando hablamos de la Patria, hablamos de cosas comunes, es un conjunto de bienes comunes y recursos comunes”, entre los que se encuentran las empresas públicas y los recursos naturales, explicó la autoridad.

“Pero cuando un gobierno toca las empresas públicas o los recursos naturales y los usa para entregarlos a manos extranjeras o privadas es un ataque a la patria, no es un tema de ideología, está afectando lo que es de todos, lo que es patrimonio de todos, y protegerlos es nuestra obligación”, señaló. La autoridad dijo que por eso se llama “vende patrias” a quienes se dedicaron a privatizar los recursos públicos.

“Hay cosas que no deben hacer nunca, no renunciar a su sentido de pertenencia a un país, a una nación y quienes renuncian a ese precepto de hermandad, de identidad común, son antipatrias, son traidores a la patria”, enfatizó.

Asimismo, recordó a los asambleístas que no se trataba de un debate político ni ideológico, sino de hacer justicia por daño económico al Estado, que es un delito que no prescribe, así lo señala la Constitución Política del Estado.

Fuente: Prensa Vicepresidencia

lunes, 12 de enero de 2015

La Asamblea Legislativa cierra labor mañana con informe sobre proceso de privatización y capitalización

LR (12-01-15).- El vicepresidente Álvaro García convocó para las 09.00 de mañana (martes) a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para conocer el informe en conclusiones de la comisión mixta sobre el proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas, entre 1989 y 2000. García anticipó que ese trabajo terminará con una acusación formal contra los responsables.

La comisión especial fue conformada en julio de 2013 para investigar el proceso de privatización en Bolivia en el período: 1990–1993, 1993–1997 y 1997–2001, que incluye los gobiernos de Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Bánzer, quien dimitió un año antes de concluir su mandato viabilizando la sucesión constitucional de Jorge Quiroga.

“Informe de conclusiones de la Comisión especial mixta de investigación sobre el proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas entre 1989 y 2000”, refiere la agenda de la convocatoria legislativa publicada hoy en medios de comunicación impresos.

García explicó el 7 de enero que el informe concluirá con una acusación formal en la Fiscalía contra los presuntos responsables por daños económicos al Estado porque –advirtió- los delitos de corrupción no prescriben. Añadió que los vinculados con ese proceso no quedarán en la impunidad.

“Ningún privatizador aunque hayan pasado 20 año se salva, quien ha hecho daño al Estado -lo haya hecho hace cinco años, hace diez, hace 20 años- no se salva, la mano de la justicia habrá de llegar hasta donde estén ellos”, advirtió en esa oportunidad.

Tras la presentación el informe, será clausurado el período 2010-2015 y se da paso al trabajo de las sesiones preparatorias en vista a la instalación del período 2015-2020.

Fuente: La Razon

miércoles, 31 de diciembre de 2014

Mendoza: gobiernos neoliberales se prestaron $us 450 millones para privatizar empresas estratégicas

Abi (30-12-14).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS) y director de la Comisión Investigadora de la Privatización, Adolfo Mendoza, informó el martes que los gobiernos neoliberales se prestaron más de 450 millones de dólares para financiar la privatización de las empresas estratégicas.

"Poco más de 450 millones de dólares fueron los recursos que el país se prestó de afuera solamente para financiar la privatización, entonces una cosa es el financiamiento de la privatización, con lo cual ya teníamos una deuda de poco más de 450 millones de dólares y otra muy distinta es cuánto el país perdió por no percibir las utilidades que se generaban en esas empresas", puntualizó.

Mendoza detalló que los 450 millones de dólares fueron destinados a estudios para la privatización, pago de consultores para poner precio a las empresas que se estaban privatizando y pago de honorarios al personal que se dedicaba a esa tarea.

En esa línea, Mendoza aseguró que ese dinero "se fue al aire", porque la privatización no generó los ingresos que en teoría prometieron "los privatizadores", al contrario, sirvieron para solventar el gasto corriente.

Mendoza agregó que los recursos de la privatización fueron a parar a manos de los propios acreedores, "vía pago de deuda externa contraída por los distintos gobiernos privatizadores".

A su juicio, con la privatización de las empresas, Bolivia perdió fuentes de empleo, utilidades de sus empresas estratégicas y empresas de las ex corporaciones, además de soberanía, dignidad, y "ganó una deuda".

Fuente: ABI

lunes, 29 de diciembre de 2014

Comisión: Fortuna de Doria Medina creció con los dólares preferenciales

PC (29-12-14).- Samuel Doria Medina y su familia obtuvo su fortuna a partir de la venta de los dólares preferenciales que circularon durante el gobierno de Hernán Siles Suazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP) y cuya venta estuvo a cargo de Jaime Navarro Tardío, actual compadre y amigo del exempresario del cemento, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la Investigación de la Privatización y la Capitalización (1989-2000).

Según las cifras reveladas por la comisión investigadora, la fortuna de la familia Doria Medina creció 23 veces en solamente un año (1984-1985) y con ello se hicieron con el paquete accionario de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce).

En 1984, siete miembros de la Familia Doria Medina tenían 279.012 acciones en Soboce y para 1985, la cifra se incrementa a 6.566.359 acciones, según el periodista investigador, Edgar Ramos este incremento se debe a que Samuel Doria Medina Arana (padre) aprovechó la puesta en vigencia de los dólares empresariales.

“Samuel Doria Medina padre comenzó a acumular dólares preferenciales a partir de la desdolarización y eso –dicen las primeras investigaciones le sirvió para comenzar a comprar las acciones de los otros accionistas y convertirse en accionista mayoritario y al ser accionistas mayoritario en presidente del directorio de Soboce”, dijo Ramos.

El 3 de noviembre de 1982, se emitió el decreto supremo 19249, mediante el cual el gobierno de Siles intentó controlar la crisis financieras, fue conocido como el decreto de desdolarización, pero que tuvo como efecto negativo la creación del “mercado negro de dólares”, que consistía en la venta de la moneda extranjera de manera clandestina, “muchos empresarios lo hicieron al vender los dólares adquiridos a mitad de precio del Banco Central”, precisó Ramos.

Entre los miembros de la familia Doria Medina que se favorecieron con la compra de acciones de Soboce se encuentran Samuel Doria Medina Arana (padre) que incrementó su participación accionaria en 23 veces, Samuel Doria Medina Auza (hijo), Yolanda Doria Medina Auza, Susana Doria Medina Auza y Lourdes Doria Medina de Urriolagoitia lo hicieron en 20 veces, Teresa Doria Medina de Quisbert y Silvia Doria Medina de Rengel lo hicieron en 21 veces, todo en menos de un año.

En el momento de la emisión del decreto supremo de desdolarización estaba como ministro de Economía, Ernesto Aranibar Quiroga, hermano de Antonio Aranibar, excanciller durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) que llevó adelante la capitalización de las empresas estratégicas del Estado.

A partir de la participación mayoritaria de la familia Doria Medina en Soboce, ésta comenzó a expandirse y convertirse en un monopolio en la producción y comercialización del cemento, sobre todo teniendo a su presidente, Samuel Doria Medina como ministro del gobierno de Jaime Paz.

El asesor de la comisión legislativa, Adolfo Mendoza señaló que la adquisición de Fancesa y Facep por parte de Soboce se realizó “gracias a las políticas privatizadoras de los gobierno neoliberales” y en especial del ministro de Planeamiento de Jaime Paz, que “se reservó” las cementeras para sí, una vez que dejó el gobierno en 1993 y ya tenía las normas legales aprobadas a su favor y en desmedro del Estado.

Fuente: Cambio

lunes, 22 de diciembre de 2014

Privatización: Comisión identifica a 20 personas en red de poder de Doria Medina

PC (21-12-14).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para Investigar la Privatización y la Capitalización (1989-2000) identificó a por lo menos 20 personas que fueron parte de la denominada red de poder de Samuel Doria Medina y que participaron en los procesos de entrega de las fábricas de cemento El Puente de Tarija y Fancesa de Chuquisaca.

“Dos empresas de las excorporaciones no fueron privatizadas cuando él (Doria Medina) era ministro, El Puente y Fancesa. Esas dos nada más se postergaron para el otro período gubernamental, del 93 al 97 y extrañamente, en ese periodo ya el 97, por ejemplo, la fábrica de cemento El Puente se privatiza, ¿Quién se beneficia? Samuel Doria Medina, ¿cuál el interés en estas dos cementeras?, si es que alguien en ese momento controlaba Fancesa, El Puente y además tenía bajo su dominio Viacha y Warnes, controlaba a partir del monopolio la comercialización y producción del cemento”, relató el expresidente de la Comisión, el exsenador Adolfo Mendoza.

Según la investigación de la Comisión, durante el proceso de privatización de la Fábrica de Cemento El Puente (Facep), ejecutada el 30 de enero de 1997, las autoridades que impulsaron el proceso privatizador entre 1991 y 1993 se hicieron de la empresa, una gestión de gobierno después. Samuel Doria Medina fue el ministro de Planeamiento y Coordinación, Flavio Escóbar secretario de dicho Ministerio, Hernán Paredes tenía un contrato de consultor y Geovanni Pacheco era coordinador del Ministerio.

Tres años después, una vez que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ejecutó la privatización, Doria Medina es el adjudicatario de la fábrica, Escóbar se convierte en el representante legal, Paredes es el negociador de la empresa y Pacheco ocupa el cargo de gerente general de Facep, devela el informe de la Comisión Legislativa.

En la indagación también se identifica como parte de la red de poder en el proceso privatizador a Mario Cossío Cejas, quien fue el valuador de la empresa y luego como prefecto de Tarija entregó Facep a Doria Medina.

Están en la lista Jorge Quiroga, ministro de Finanzas; Mario Requena Pinto, subsecretario de Desarrollo Socioeconómico, Juan Carlos Requena Pinto, representante legal de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce); Federico Ruck Uriburi, asesor legal del Ministerio de Planeamiento y a la vez accionista de Soboce; Fernando Romero, accionista de Soboce y ministro de Desarrollo Humano; Ramiro Cabezas, superintendente de Bancos; Ernesto Araníbar, canciller y vinculado con Soboce.

También figuran en la lista Carlos Calvo Galindo, Eduardo Quintanilla, Tomás Guillermo Elío, Óscar Bonifaz, Fernando Bedoya, Roberto Saavedra Bruno y Rolando Kempff.

Este mismo grupo participó en la privatización de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), en 1999, cuando exautoridades de gobierno se adjudicaron las empresas “que se reservaron” del primer lote de unidades productivas transferidas.

“Uno de los gestores del modelo de privatización genera las condiciones para convertirse en un beneficiario directo de dicho modelo económico”, señala una de las conclusiones a las que llegó la comisión en su informe.

“Así funcionaron las redes de poder” concluyó el expresidente de la Comisión, quien ahora funge como asesor hasta la entrega oficial del informe.

Como Ministro aprobó leyes y decretos

Samuel Doria Medina, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, fue ministro de Planeamiento y presidente de la Comisión Evaluadora de la Empresa Pública, que definía precios y modalidades de venta de las empresas.

Impulsó la promulgación de la Ley 1330 de Privatización (14 de abril de 1992), el Decreto Supremo 22836 (14 de junio de 1991), que determina la privatización de 60 empresas de propiedad de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (Cordes).

Como Empresario se adjudicó empresas

Una vez que dejó la función pública, Doria Medina se adjudicó —con varias irregularidades y preferencias de por medio— las dos fábricas cementeras del Estado, Fancesa y El Puente. También fue propietario del periódico Hoy y tiene varias franquicias de empresas alimenticias extranjeras.

Socio de Aguas del Tunari privatizó el agua

El empresario del cemento tuvo el 5% de las acciones de la empresa Aguas del Tunari, grupo transnacional que se adjudicó —en el gobierno de Hugo Banzer Suárez— el servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Cochabamba, el hecho derivó en la llamada Guerra del Agua (2000).

Fuente: Cambio

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Senadora Melgar: ALD’s deben continuar investigación sobre privatización

PC (9-12-14).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la Investigación de la Privatización y Capitalización (1989-2000) recomendará que las asambleas legislativas departamentales (ALD’s) continúen con las pesquisas sobre la entrega de empresas del Estado a capitales privados y extranjeros.

“No se sabe qué paso con algunas empresas, por lo tanto este trabajo de investigación debe continuar en las Asambleas Departamentales, creo que hay mucho que hacer, no sólo por saber qué paso sino porque parece importante tomar algunas decisiones para recuperar algunas (empresas), otras fueron desmanteladas”, declaró la presidenta de la Comisión, la senadora Tania Melgar.

Indicó que el informe es amplio y que por lo menos abarca unos 20 volúmenes que a la fecha son editados e impresos para su presentación al pleno de la Asamblea. “Antes del 20 de enero será entregado”, precisó la legisladora.

“Tenemos identificados un montón de delitos, los cuales pueden transformarse en una acusación”, pero que las mismas deben ser evaluadas por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dijo Melgar.

El documento contemplará una explicación sobre lo ocurrido con las cinco empresas estratégicas capitalizadas, las compañías de las Corporaciones de Desarrollo y la evaluación general de proceso.

El informe será editado en un libro de distribución masiva, además de separatas que se entregarán con los diarios del país, “para que la población conozca cómo se desmanteló al Estado”, apuntó la senadora.

Fuente: Cambio

lunes, 24 de noviembre de 2014

Hackean cuenta de correo del ex senador Adolfo Mendoza

(24-11-14).- Este fin de semana la cuenta de correo electrónico de Adolfo Mendoza fue intervenida de manera dañina, de alguna manera los delincuentes cibernéticos lograron acceder al correo y borraron su contenido.

Afortunadamente se logró acceder nuevamente al e-mail y retomar el control de la cuenta, por lo que pedimos a los amigos, colegas y contactos de Adolfo puedan enviar mensajes de contacto a la dirección habitual, para ir reconstruyendo la lista.

Si bien desconocemos el origen del ataque, pueden estar seguros que continuaremos invariable muestra línea de conducta, personal y política, en defensa del proceso de cambio revolucionario que estamos construyendo.