miércoles, 17 de mayo de 2017

Carta Abierta a Eduardo Rodríguez Veltzé sobre reforma de la justicia y elección de autoridades del órgano judicial



Carta Abierta

Señor
Eduardo Rodríguez Veltzé

Estimado ciudadano:

El 9 de junio de 2005 usted asumió la Presidencia del Estado boliviano con el mandato expreso de convocar a las elecciones anticipadas de diciembre de 2005, en las que nuestro actual Presidente, Evo Morales Ayma, ganó con una histórica mayoría absoluta de votos. Según registran fuentes de información, usted “consideraba excepcional su paso por la Presidencia, y aseguró que no le animaba ningún propósito de orden político, partidario o personal, ya que era un miembro de la Corte Suprema y pretendía "seguir siéndolo"[1]. Lo cual era evidente por el impulso que le dedicó a abrir el camino de la reforma judicial, mientras fue Presidente de la Corte Suprema. El 22 de enero de 2006, posesionó al Presidente Morales y se abrió una intensa y esperanzadora etapa para la transformación del Estado y, con la realización de la Asamblea Constituyente, entre 2006 y 2007, para la reforma del órgano de justicia, entre otras tareas constituyentes que continuaron luego de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado por voto ciudadano, en 2009. El mandato expreso de convocar a elecciones anticipadas fue un servicio al país que interrumpió su labor para encarar la reforma judicial, pero no cerró su posibilidad.

El 3 de abril de 2013, usted fue nombrado agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con otro mandato expreso: representarnos en la demanda contra Chile, para que el diálogo sea la vía que permita nuestro acceso soberano al mar. Bajo la política de Estado definida por nuestro presidente, luego de reuniones con expresidentes bolivianos y acompañado de un equipo internacional, usted desarrolló una estrategia que hoy está consolidada. Este mandato expreso con seguridad nos llevará a buen puerto. Los mandatos, a diferencia de otras decisiones de representación política, son mecanismos democráticos más apegados a la ciudadanía y a las decisiones soberanas. En este caso, el mandato del equipo boliviano ante La Haya es colectivo, aunque las responsabilidades no dejan de ser personales. Pero la responsabilidad por la Patria es un bien mayor que debemos precautelar ante cualquier circunstancia, y el equipo boliviano tiene una solidez que a la contraparte chilena le resulta insoportable por varias razones, entre ellas porque sus representantes se debaten en los rincones de la política con minúscula, convocando a oscuros oráculos para posibles candidaturas en las elecciones de su país. Por el contrario, nuestro equipo ante La Haya no tiene pretensiones mezquinas y le cobija el espíritu de servicio a políticas de Estado. Ustedes ya cumplieron con ese mandato expreso, y sin duda lo seguirán haciendo en los terrenos de La Haya o donde Bolivia les convoque.

Ese espíritu de servicio al bien común hoy tiene otro nombre y se llama reforma de la justicia. De allí emerge otro mandato expreso, imperativo: la elección de máximas autoridades del órgano judicial. Es el momento de contar con las mejores mujeres y hombres, por su formación y los méritos necesarios para asumir un gran desafío. Pero de nada sirven la formación y los méritos sin cualidades idóneas, ética profesional y capacidad de liderazgo en la reforma del órgano de justicia. La elección por voto ciudadano es el otro factor decisivo para que esos rasgos cuenten con legitimidad. El voto garantiza la confianza, el apoyo ciudadano para una auténtica coordinación y cooperación entre órganos de poder; clave para la igualdad jerárquica entre órganos del Estado que no pueden subordinarse entre sí.

Por estas razones, estimado ciudadano, lo sabe al igual que yo, ese otro mandato expreso  emergerá del proceso electoral para autoridades del órgano de justicia. Usted tiene la posibilidad de retornar fortalecido por las transformaciones que vive Bolivia, a su anhelo personal, profesional y ciudadano de encarar la reforma en la administración de justicia. Mi experiencia como partícipe del proceso constituyente y como senador de la primera Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional me indica que es un camino correcto. Como hijo de quienes nos dieron el orgullo de nacer en Bolivia, como padre de familia y ciudadano hijo de esta Patria, le solicito que se presente a las elecciones judiciales de octubre próximo. Le convoco a que acepte éste desafío que es, en realidad, el desafío de todas las bolivianas y bolivianos.

Un atento saludo,

Adolfo Mendoza Leigue

Cochabamba, mayo de 2017.


[1] https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/bolivia/eduardo_rodriguez_veltze.

miércoles, 15 de marzo de 2017

Defender la vida es despenalizar el aborto

Despenalizar el aborto

 Por Lourdes Montero

Un avance en la despenalización del aborto en Bolivia es agenda pendiente  de salud pública.
La Razón (Edición Impresa) /
06:49 / 13 de marzo de 2017
 
Me espanta el doble discurso y la hipocresía con que se tratan los derechos de las mujeres. Recientemente, el 8 de marzo, todas las bocas se llenaban de felicidades, rosas y celebración en torno a la vida de las damas; y hoy, tan solo unos días después, muchos levantan la voz para condenar el derecho de las mujeres a recurrir a un aborto. Todos expresan su indignación frente a la muerte de las mujeres por hechos de violencia, pero tuercen la cara para no ver a las 650 mujeres muertas cada año por un aborto clandestino. ¿No es este el mayor crimen de la violencia machista?
La propuesta de Ley del Código Penal no legaliza el aborto, solo introduce algunas condiciones en las que las mujeres pueden acudir a esta medida extrema. A las causas de salud de la mujer, casos de violación o estupro, ya contempladas en nuestra legislación, se agregan causales socioeconómicas, absolutamente comprensibles en un contexto como el boliviano donde miles de mujeres se encuentran en situaciones de pobreza extrema.
Dejemos claro de una vez: ninguna mujer quiere un aborto. O bien quiere tener un hijo, o bien quiere evitar el embarazo. Y el Estado tiene la obligación de acompañarla en ambas decisiones. Recurrir a un aborto es una decisión difícil y dolorosa y, por tanto, si se despenaliza, no tendremos filas de mujeres abortando como nos quieren hacer creer los fundamentalistas. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos mujeres muertas. Por ello, quiero compartir tres ideas en torno al tema.
1. La despenalización del aborto no te obliga ni te incita a abortar. Si por tus creencias religiosas o morales estás en contra del aborto, ¡no abortes! Pero tampoco quieras imponer una maternidad obligatoria a las mujeres que, en circunstancias determinadas, optan por no ser madres.
2. Penalizar el aborto no impide a las mujeres abortar. Tipificar como delito el aborto en la legislación nacional no ha tenido ningún efecto en evitar la realización de abortos consentidos. Los datos de recientes investigaciones nos hablan de 185 abortos por día, que reflejan que, de cada 100 embarazos, al menos 19 son interrumpidos. Lo que hace la penalización es generar que las mujeres acudan a clínicas clandestinas de pésimas condiciones sanitarias, que se constituyen en un lucrativo negocio. Además, siendo el aborto un delito, desincentiva a que las mujeres que se han practicado abortos y sufren complicaciones acudan a centros de salud, lo que muchas veces les cuesta la vida.
3. El aborto ilegal y clandestino castiga sobre todo a las mujeres pobres. En Bolivia, la tercera causa de muerte materna es producida por las complicaciones de un aborto realizado en condiciones precarias. Si tomas la decisión de abortar y cuentas con los medios económicos para hacerlo, seguro acudes a una clínica. Ahora, si eres una mujer pobre, tendrás que acudir a yerbas, infligirte golpes o caídas e incluso introducirte palillos de tejer (como lo han relatado muchas mujeres) provocando muchas veces infecciones, perforaciones uterinas y hemorragias que conllevan la muerte. Así, la libertad sobre nuestro cuerpo es un tema de clase social ya que son las mujeres pobres quienes mueren.
Por todo esto, un avance en la despenalización del aborto en Bolivia es una agenda pendiente de salud pública y debe sobreponerse a los criterios religiosos y conservadores de algunas personas que pretenden imponer al conjunto de la sociedad sus convicciones morales. Es hora de que Bolivia actúe frente a la violencia contra las mujeres y un adelanto en la despenalización del aborto es un avance.
Fuente: La Razón (Edición Impresa) / 13 de marzo de 2017.

domingo, 13 de noviembre de 2016

La historia no absuelve a quienes saquearon Bolivia

Sobre juicio a los privatizadores:

“Es un juicio a los que humillaron y vendieron el patrimonio del país”











Por: ELIZABETH RIVA ÁLVAREZ elpais@opinion.com.bo | 13/11/2016 | Ed. Imp.

ADOLFO MENDOZA, EXSENADOR DEL MAS.
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN.
Foto: MARTÍN NUMBELA

El impulsor de las investigaciones niega que se trate de un “juicio político”, el que se abrió contra Doria Medina.

El ministro de Planeamiento y Coordinación, en 1992, Samuel Doria Medina, está en el banquillo de los acusados en un proceso que le sigue el Estado boliviano, por varios delitos económicos, que él niega, en el caso FOCAS, (Formación de Capital en Áreas Secundarias).

El origen de este juicio está en las funciones de decisión sobre la economía boliviana que tuvo Doria Medina y en su presunto aprovechamiento ilícito para hacerse de una fortuna.

Adolfo Mendoza, exsenador del MAS, fue presidente de la Comisión de Investigación sobre la Privatización, entre 2013-2014. El resultado de este trabajo es, precisamente, la base del juicio que algunos opositores llaman “político”. Mendoza explica, en esta entrevista, en qué consistió ese trabajo y cómo los resultados implican a Doria Medina.



PREGUNTA: ¿Cómo se decide realizar la investigación sobre las privatizaciones en el país?

RESPUESTA: La decisión debió tomarse en anteriores gobiernos o, incluso, en los primeros años del gobierno de nuestro presidente Evo Morales. Y no se lo hizo, pese a ser una demanda del pueblo boliviano frente a gobiernos que permitieron el saqueo de nuestro patrimonio y la venta de empresas que, en su mayoría, eran productivas y no estaban en quiebra.

Nosotros asumimos ese difícil reto, incluso a costa de nuestra seguridad y de la guerra sucia desatada, para cerrar una fase oscura de la historia boliviana. Y para ello nos propusimos hacer una investigación académica, científica, sobre las consecuencias nefastas que tuvo la privatización para Bolivia. Esta decisión fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

P.: ¿Cuánto tiempo duró y cómo fue el proceso?

R.: La investigación científica duró un año y medio. Se dividió en dos partes: Estudio de la privatización de empresas del Estado y estudio de la mal llamada “capitalización” que, en realidad, fue otra manera de privatizar empresas estratégicas para el país.

De allí surgieron las siguientes conclusiones generales:

I. Se privatizaron, por debajo de su valor, empresas que eran productivas y generaban ganancias para Bolivia (ej. LAB, ENFE, PIL, Cementeras El Puente y Fancesa, Hilandera Santa Cruz, Fábrica de Aceites de Villamontes … la lista es larga);

II. Se perdió soberanía (ej. YPFB, LAB, ENFE, ENDE);

III. Se trasladó recursos naturales no renovables a manos privadas y transnacionales sin ningún beneficio para el país (ej. Minería, Hidrocarburos, Agua: Es el caso de Cochabamba con la privatización a favor de “Aguas del Tunari”, de la cual era socio Samuel Doria Medina);

IV. Se invirtió capital en las empresas, justo antes de su privatización;

V. El Estado asumió las deudas de las empresas y las dejó “limpias” a los que las compraron;

VI. Se usó al Estado como fuente de enriquecimiento privado.

En suma, se saqueó a Bolivia.

P.: ¿Cómo se llega a las conclusiones que implican a Samuel Doria Medina?

R.: Mediante métodos científicos de investigación. En todo caso, ese señor y muchos otros estuvieron presentes en todo el proceso de privatización desde 1989, unas veces como funcionarios públicos y otras como beneficiarios de la privatización. Esa es una verdad pública incontrastable.

P.: ¿Qué elementos se tomaron en cuenta en la investigación?

R.: 1. Valor de las empresas estatales; 2. Montos recibidos por su venta; 3. Pérdida de patrimonio; 4. Pérdida de utilidades; 5. Impacto negativo para la economía del país; 6. Endeudamiento externo para privatizar empresas estatales; 7. Redes de poder armadas para la privatización; 8. Violaciones a la Constitución y las leyes; 9. Vulneración de los propios procedimientos establecidos para la privatización; entre otros aspectos.

P.: ¿Qué grado de responsabilidad tiene Doria Medina?

R.: 1. En el caso de la privatización tiene una responsabilidad absoluta. No nos olvidemos que ese señor se oponía incluso a la “capitalización” porque era partidario de privatizar radicalmente todo lo estatal. Eso declaró ante acreedores y al Club de París.

En el caso de FOCAS: 1. Conducta antieconómica; 2. Contratos lesivos al Estado; 3. Incumplimiento de deberes. Fue parte de la privatización del sistema financiero boliviano, luego, cerrar la banca de fomento (Banco del Estado, Agrícola, etc.).

P.: ¿Cuál es el punto central en el caso FOCAS?

R.: El 8 de octubre de 1992, el ministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina, y su director en la Unidad de Coordinación del Proyecto Formación de Capitales en Áreas Secundarias (UCP-FOCAS), Arturo Beltrán Caballero, otorgaron en préstamo de más de 21 millones de dólares a una Fundación denominada Funda-Pro, dineros provenientes de la cartera del Proyecto FOCAS y otros recursos que las Unidades Crediticias Financieras, dependientes de las Corporaciones Regionales de Desarrollo, ejecutaban mediante créditos otorgados a productores de las poblaciones rurales y periurbanas del país. Este hecho configura los delitos de Contratos lesivos al Estado y Conducta Antieconómica; en el caso del ministro Doria Medina configura además el de Incumplimiento de Deberes.

P.: ¿A quién pertenecía esos recursos financieros que pasaron a manos privadas?

R.: Esos recursos eran de propiedad del Estado boliviano, de dineros provenientes de un Préstamo y Donación del Crédito Proyecto “FOCAS” (AID 511-T-071/511-0573) suscrito el 23 de julio de 1986 con los Estados Unidos que fue condonado el 23 de agosto de 1991, en el marco del Convenio de Condonación de Deuda Externa bilateral, en el que se condonaron $us 12.003.415, monto que fue desembolsado al 30 de junio de 1991 (de los $us 15.000.000 inicialmente comprometidos).

P.: ¿Por qué ese contrato de préstamo es lesivo para el Estado?

R.: El contrato de préstamo es lesivo al Estado porque transfirió recursos económicos estatales a la Fundación privada, sin normativa legal de respaldo; fue realizado en base a decisiones arbitrarias asumidas por el ministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina y USAID, porque el Contrato de Préstamo Proyecto “FOCAS” en el cual decían enmarcarse jamás fue aprobado como Ley de la República y, por lo tanto, esas decisiones aprobadas no eran de aplicación en el Estado boliviano. Es más, la propia Ley Financial de 1992, en su art. 12 señala que se prohíbe a las entidades del sector público otorgar subsidios, subvenciones, aportes o donaciones en dinero o especie.

P.: ¿Cuáles son los argumentos para señalar que hay conducta antieconómica?

R.: El accionar del exministro de Planeamiento y Coordinación, Samuel Doria Medina, se encuadra en conducta antieconómica porque: 1. La firma de la Carta de Implementación N° 87 del Contrato Proyecto “FOCAS” aprobaba la enajenación de recursos estatales en favor de una entidad privada, la cual –con esos recursos estatales- crearía un Banco privado con fines de lucro (sociedad anónima) de su propiedad; 2. La firma de las Enmiendas N°10 y N°11, más de un año después de la condonación de la deuda, le daba el derecho de elegir a los socios de la Fundación privada sin fines de lucro, a la cual se le entregaría los dineros estatales (más de $us 21 millones de dólares), a darles ese préstamo con un crédito blando con un interés del 1 por ciento , menor al que Bolivia había comprometido pagar al acreedor, y que con esos dineros puedan crear un Banco: entidad financiera con fines de lucro.

P.: ¿Cuántas personas en total estarían implicadas?

R.: En la proposición acusatoria se menciona a siete personas, directamente.

P.: Se habla de apartar a Gonzalo Sánchez de Lozada del proceso por la capitalización ¿Qué opina?

R.: Sería un grave error apartar a uno de los principales saqueadores de la patria.

P.: La oposición dice que se trata de un juicio político, el que se sigue a Doria Medina. ¿Qué dice al respecto?

R.: En realidad es un juicio que hace la historia, que les hace el país a los que humillaron y vendieron por migajas el patrimonio boliviano. Es un juicio ante la historia sobre bases científicas de investigación y pruebas totalmente contundentes. Es una página oscura de la historia que no puede repetirse.

P.: También se cree que el caso FOCAS ya ha prescrito y que no se aplica la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ¿Es así?

R.: No, no prescribió porque los delitos persisten.

Quienes hablan de prescripción, como Carlos Mesa, no conocen el proceso o no tienen memoria; mienten y son personas que en su momento fueron cómplices del saqueo de Bolivia.

P.: ¿Cuál es la sentencia o sanción que busca o ha propuesto la Comisión en este caso?

R.: Eso lo establecerá la justicia. Sin embargo, lo fundamental es la sanción moral e histórica.

P.: ¿Este será el único proceso o habrá otros?

R.: La Asamblea Legislativa Plurinacional debería iniciar otras proposiciones acusatorias sobre el proceso de privatización en Bolivia. La investigación científica y objetiva que hicimos les brinda todos los elementos necesarios.

Comisión

Adolfo Mendoza Leigue fue senador por el MAS, en la primera Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, y presidente de la Comisión de Investigación sobre la Privatización.

martes, 25 de octubre de 2016

Es la historia la que acusa a quienes saquearon Bolivia

Fiscalía pide la detención preventiva de Samuel Doria Medina

El Tribunal Supremo de Justicia fijó la fecha para las audiencias de medidas cautelares de los implicados en los casos Focas y Ende, entre los que se encuentra el empresario y jefe de la oposición. El líder de Unidad Nacional (UN) calificó el proceso de político.
El empresario Samuel Doria Medina fue imputado en el caso Focas.
El empresario Samuel Doria Medina fue imputado en el caso Focas.
La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz
18:38 / 24 de octubre de 2016
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó para el 3 de noviembre la audiencia de medidas cautelares del empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y otros nueve exautoridades por el caso de desvío de recursos del proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), y para el 9 del mismo mes por el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).
La Fiscalía solicitó la detención preventiva del empresario, quien hace poco más de una semana invirtió 39 millones de dólares en la compra del 80% de las acciones del hotel Los Tajibos.
La información la dio a conocer la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura, quien informó que se fijó la audiencia para las 15.30 del 3 de noviembre en el caso Focas y para las 15.30 del 9 de noviembre por el caso ENFE, según un boletín institucional.
Ambas audiencias, en las que se definirá si los acusados se defenderán en libertad o desde la cárcel, serán en el Salón de Debates del Órgano Judicial con sede en Sucre. La Fiscalía solicitó la detención de Doria Medina y de otros implicados.
"En este caso el Ministerio Público solicitó detención preventiva para Samuel Jorge Doria Medina, situación jurídica que se analizará en la audiencia pública del día jueves 3 de noviembre”, explicó Suntura.
El líder de Unidad Nacional (UN) calificó de político el proceso. "Informamos a nivel nacional e internacional persecución política judicial por el régimen; para eternizarse en el poder sin nadie al frente", escribió en su cuenta de Twitter.
El 13 de octubre, la Fiscalía General presentó la imputación formal en contra de 10 exautoridades –entre ellas–  Doria Medina por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por el caso Focas.
Además están imputados: Fernando Illanes de la Riva, German Reynaldo Peters Arzabe, Arturo José Beltrán Caballero, Raúl España Smith, Juan Demeure Vander, Antonio Cespedes Toro, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Jesús Hernán Antelo Laughlin y German Quiroga Gómez.
En el caso ENFE, por la denominada capitalización de la empresa estatal en 1995, fueron acusados: Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovic Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaráz del Castillo, Cristóbal Alfonzo Revollo Thenier, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano, Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio Cesar Oropeza Bleichner y Franklin Mejía Ríos, por la presunta comisión de los delitos como contratos lesivos al Estado.
Las exautoridades, según la denuncia, avalaron la capitalización con la firma del Decreto Supremo 24186 que adjudicó la empresa estatal a la firma chilena Cruz Blanca por un precio menor al 50% al referencial.
“Asimismo, en relación a los imputados Cristóbal Alfonso Revollo Thenier y Édgar Ramiro Saravia, declarados rebeldes, se dispuso su notificación con la resolución de Imputación Formal, mediante edictos publicados en los medios de comunicación, conforme establece la norma procesal”, añadió la magistrada.
Fuente: La Razón, 24/10/2016
 http://la-razon.com/nacional/TSJ-Samuel-Doria-Medina-Focas_0_2588141226.html

jueves, 13 de octubre de 2016

Juicio a los privatizadores en Bolivia

El saqueo que Bolivia no perdona:

Fiscalía imputa formalmente a Doria Medina y a otras 24 exautoridades de Gobierno por varios delitos

La Fiscalía presentó este jueves una imputación formal por los casos de la Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) y la capitalización de la Empresa Nacional Ferrocarriles (ENFE)
El opositor Samuel Doria Medina
El opositor Samuel Doria Medina
La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
20:12 / 13 de octubre de 2016
La Fiscalía General del Estado presentó este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia la imputación formal en contra de 10 exautoridades por desvíos de recursos del proyecto Focas, entre ellas contra el empresario Samuel Doria Medina. Además, imputó a otras 15 exautoridades por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).
“En el caso Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), fue imputado el ciudadano Samuel Doria Medina, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica”, reseña una nota institucional.
Según datos de la Fiscalía, se trata del contrato de préstamo del 8 de octubre de 1992 y la adenda de 21 de junio de 1993 -autorizadas por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación- para la creación de microempresas y que habrían sido desviados a usos privados. Además se adjunta la resolución del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento Nº 138/93 de 7 de julio de 1993.
A Doria Medina -jefe de la opositora Unidad Nacional (UN)- se suman, Arturo Beltrán por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica; Germán Quiroga Gómez, Antonio Céspedes Toro, Enrique Ipiña Melgar, Jesús Herman Antelo Laughlin, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters Arzabe por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por la firma del Decreto Supremo 23632 que homologó el préstamo y la adenda.
La Fiscalía, en el boletín institucional, precisó que también está imputado Raúl España y Juan Demeure Vander por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado. Se emitió resolución de rechazo para Flavio Escóbar por Conducta Antieconómica.
Mientras que en el caso Enfe, referido a la capitalización de la estatal en 1995, se presentó imputación formal en contra de Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier y Jaime Villalobos Sanjinez por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antiecónomica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Las exautoridades avalaron la transacción con la firma del Decreto Supremo 24186 que adjudicó la empresa estatal a firma chilena Cruz Blanca por un precio menor al 50% del precio referencial.
Por este caso, también están imputados Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo por los tipos penales de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica, por ese mismo decreto.
Revollo, quien fue responsable de la capitalización, también está imputado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes por recomendar a la Comisión de calificación de la licitación la firma del contrato.
Édgar Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano y Jorge Harriague Urriolagoitia se suman a los imputados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica, como miembros de la comisión de Calificación y por el informe de recomendación para adjudicar a Cruz Blanca.
José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida y Ramiro Salinas Romero están imputados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica, como miembros del Directorio de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA SAM), y su participación en la reducción de capital sociedad en más de 50%.
Julio César Oropeza Bleichner, como representante del Sector Público y su participación en la reducción de capital de la FCA SAM en más de 50%, por los tipos penales de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El Ministerio Público además imputó a Franklin Mejía Ríos, por conducta antieconómica; Santiago Atsuro Nishizawa y José Isaac Ardaya Calderón por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica; además de Jaime Villalobos Sanjinés por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinez y Juan Fernando Candia Castillo, Antonio Araníbar Quiroga, Jorge Otasevic Toledo, René Oswald Blattmann Bauer, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya, fueron apartados en el caso de un decreto, pero se mantienen en el proceso seguido en este caso.
La denuncia emergió de la Asamblea Legislativa Plurinacional que designó una comisión especial mixta para la indagación del proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas entre 1989 y 2000.

Fuente: La Razón, La Paz, 13 de octubre de 2016

lunes, 3 de octubre de 2016

Acuerdo de Paz y plebiscito en Colombia


Los resultados del plebiscito en Colombia expresan uno de los límites de la democracia liberal. Pese a ellos, y por ello mismo, los Acuerdos de Paz permanecen. Es necesario vislumbrar una salida institucional: Asamblea Constituyente.

 

martes, 20 de septiembre de 2016

Declaración de la XVII Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL)

En el quincuagésimo quinto aniversario del Movimiento, decidieron defender el derecho a la paz, la soberanía y la solidaridad para el de­sa­rrollo de sus pueblos

Foto: MNOAL-VENEZUELA
Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, 17 y 18 de septiembre de 2016

Los Jefes de Estado o de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, reunidos en Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la XVII Conferencia Cumbre, del 17 al 18 de septiembre de 2016, bajo el tema «Paz, soberanía y solidaridad para el Desarrollo», realizaron un examen del estado de la situación internacional.
Conscientes del hecho de que la historia y la realidad del mundo en que vivimos hoy de­muestra que son los países en desarrollo los que sufren más intensamente del desconocimiento del derecho internacional, de invasiones, de los despojos de la guerra y de los conflictos armados motivados fundamentalmente por los intereses geopolíticos de los grandes centros de poder, así como de los prolongados conflictos heredados del colonialismo y el neocolonialismo,
Destacando que muchas de estas crisis se han desatado por la violación de los propósitos y principios plasmados en la Carta de las Na­ciones Unidas y los Principios de Bandung,
Reconociendo que la solidaridad, máxima expresión de respeto, amistad y paz entre los Estados, es un concepto amplio que abarca la sostenibilidad de las relaciones internacionales, la coexistencia pacífica, y los objetivos trans­formadores de equidad y empoderamiento de los países en desarrollo cuyo objetivo final es alcanzar el pleno desarrollo económico y social de sus pueblos,
En el quincuagésimo quinto aniversario del Movimiento, decidieron defender el derecho a la paz, la soberanía y la solidaridad para el de­sa­rrollo de sus pueblos,
• Guiados por el espíritu visionario de sus fundadores y los principios y propósitos del Movimiento de los Países No Alineados consagrados en Bandung (1955) y Belgrado (1961), así como nuestro empeño de alcanzar un mundo de paz, justicia, respeto, amistad fraternal, solidaridad, cooperación y desarrollo,
• Reafirmando los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, las normas y los principios del derecho internacional y de la Declaración relativa a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados,
• Alentados por la vigencia de los principios fundacionales del Movimiento y los logros que han marcado su desarrollo histórico, lo cual ratifica que la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo, el racismo, todas las formas de intervención foránea, agresión, ocupación extranjera, dominación o hegemonía, así como la intención de ser un factor de equilibrio en las relaciones internacionales, fuera de las alianzas militares de los centros de poder, siguen siendo expresiones concretas de la política de no alineación,
• Ratificando su compromiso con los principios fundacionales del Movimiento de Países No Alineados y los principios consagrados en la Declaración sobre los Propósitos y Principios del Papel del Movimiento de Países No Alineados en la actual coyuntura internacional aprobada durante la XIV Cumbre del MNOAL celebrada en La Habana,
• Convencidos de la necesidad de garantizar un impacto significativo del Mo­vimiento en la dinámica de las relaciones internacionales y en el logro de los objetivos que han sustentado su vigencia,
• Expresando su profundo agradecimiento al Presidente de la República Islámica del Irán, Su Excelencia el Sr. Hassan Rouhani, por su valiosa contribución al proceso de consolidación y revitalización del Movimiento de Países No Alineados.
• Habiendo aprobado la Declaración Final de la XVII Cumbre de Jefes Estados o de Gobierno del Movimiento de Países No Ali­neados, celebrada en la Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, el 17 y 18 de septiembre de 2016,

Declaran, que la aplicación efectiva del Documento Final de Isla de Margarita requiere del más alto compromiso y la voluntad de todos los Miembros del Movimiento a fin de abordar de forma decidida los retos que se plantean en materia de paz, desarrollo social y económico, los derechos humanos, y la cooperación internacional, y para lo cual realizarán esfuerzos mancomunados con miras a alcanzar los siguientes objetivos:

1. Consolidar y revitalizar el Mo­vi­mien­to: Reafirmaron su pleno y decisivo apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la revitalización del Movimiento de Países No Ali­neados, como única garantía para preservar su legado y vigencia histórica y, por ende, garantizar su fortaleza, cohesión y capacidad de recuperación sobre la base de la unidad en la diversidad y la solidaridad de sus Estados Miembros.
2. Consolidación del orden internacional: Reiteraron que continuarán promoviendo la solución pacífica de controversias, de conformidad con el Artículo 2 y el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, así como la Re­solución 26/25 de las Naciones Unidas de 24 de octubre de 1970 y el derecho internacional, a fin de contribuir al logro de dicho objetivo y salvar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra y el conflicto militar.  Además, subrayaron que la solución de conflictos y el logro de una paz firme y duradera demanda un enfoque holístico que aborde las causas estructurales de los conflictos, a fin de alcanzar los tres pilares de las Naciones Unidas, a saber, la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos hu­manos.  En este sentido, reafirmaron su compromiso con el respeto a la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial de los Es­tados, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la solución pacífica de controversias y la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza.  Asimismo, rechazaron las políticas ilegales de cambio de régimen encaminadas a derrocar Gobiernos constitucionales, en contravención del derecho internacional.
3. Derecho a la libre determinación: Hi­cieron hincapié en el derecho inalienable a la libre determinación de todos los pueblos, in­cluidos los pueblos de territorios no autónomos, así como los pueblos de territorios bajo ocupación foránea o bajo dominación colonial o extranjera.  En el caso de los pueblos sometidos a ocupación foránea y dominación colonial o extranjera, el ejercicio de la libre determinación sigue siendo válido y esencial para garantizar la erradicación de todas las situaciones antes mencionadas y el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
4. Desarme y Seguridad internacional: Reafirmaron sus intenciones de redoblar esfuerzos para eliminar la amenaza que supone a la especie humana la existencia de armas de destrucción en masa, en particular las armas nucleares. En este sentido, decidieron trabajar en pro de un mundo libre de armas nucleares.  Decidieron además establecer una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio, de conformidad con los compromisos contraídos durante la Conferencia del
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), celebrada en 1995, y sus posteriores reuniones.  Asimismo, instaron a iniciar con apremio las negociaciones sobre desarme nu­clear en la Conferencia de Desarme, en particular, un convenio integral sobre armas nucleares a fin de prohibir su posesión, desarrollo, producción, adquisición, ensayo, almacenamiento, transferencia y uso o amenaza de uso, y facilitar su destrucción en un marco de tiempo específico.  De igual modo, reiteraron el derecho soberano de los estados a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos de acuerdo con su visión de independencia y desarrollo económico.
5. Derechos Humanos: Reafirmaron su compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, mediante un diálogo internacional constructivo y de cooperación, el fomento de las capacidades, la asistencia técnica y el reconocimiento de las buenas prácticas, a la vez que garantiza el ejercicio pleno de todos los derechos humanos, incluido el derecho al de­sa­rrollo como derecho inalienable, fundamental y universal y como parte integral de los derechos humanos universalmente reconocidos, a fin de fomentar una paz y prosperidad colectivas y sostenibles en todo el mundo. Su­bra­yaron la significación histórica de la aprobación de la Declaración del Derecho al Desa­rrollo hace treinta años, promovida por el Movimiento de Países No Alineados, que exige un profundo cambio en la estructura económica internacional, incluida la creación de las condiciones económicas y sociales que son favorables para los países en desarrollo.  Asi­mismo, una vez más expresaron que los derechos humanos deben consolidarse mediante la adhesión a los principios fundamentales de universalidad, transparencia, imparcialidad, no selectividad, no politización, y objetividad a la vez que busque la consecución de los derechos humanos para todos, con arreglo a los principios contenidos en la Declaración de Viena de 1993.
6. Sanciones unilaterales: Expresaron su condena a la promulgación y aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra los países del Movimiento en contravención de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, en particular, los principios de no intervención, libre determinación, e independencia de los Estados sujetos a tales prácticas.  En este sentido, reiteraron su decisión de denunciar y exigir la anulación de dichas medidas que afectan los derechos humanos e impiden el pleno desarrollo económico y social de los pueblos sometidos a las mismas.  De igual forma, reafirmaron que cada Estado tiene plena soberanía sobre la totalidad de su riqueza, recursos naturales y actividad económica, para ejercerlos libremente.
7. Terrorismo: Reiteraron que el terrorismo constituye una de las más graves amenazas a la paz y seguridad internacionales.  Por ende, reafirmaron su enérgica condena a los actos terroristas en todas sus manifestaciones y formas, cualesquiera sean sus motivaciones, donde quiera y por quien quiera los hayan cometido.  Condenaron además la destrucción del patrimonio cultural y de sitios religiosos, así como los crímenes de lesa humanidad por partes de grupos terroristas, entre otros, por motivos de religión o credo.
Asimismo, reconocieron la amenaza que representa actualmente este despreciable flagelo, en particular, las actividades llevadas a ca­bo por grupos terroristas tales como el Ta­libán, Al-Qaeda, EIIL (Daesh) y sus entidades asociadas, Jabhat Al Nusra, Boko Haram, Al Shabab y otras entidades designadas por las Naciones Unidas, incluido el fenómeno de los terroristas extranjeros y la difusión del extremismo violento que puede conducir al terrorismo, lo que hace necesario que los estados prevengan y combatan el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, incluida su financiación y la transferencia ilícita de armas de forma decisiva y coordinada, con la estricta adhesión a las disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas y demás obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.  En este sentido, consideraron que la aprobación de un futuro Convenio Integral para Combatir el Terrorismo Internacional po­dría complementar el conjunto de instrumentos legales internacionales existentes, incluida la aplicación de la Estrategia Mundial de las Naciones contra el Terrorismo.
Además, reafirmaron que el terrorismo y el extremismo violento como vía conducente al terrorismo no puede ni debe asociarse a ninguna religión, nacionalidad, civilización ni grupo étnico, y que tales atribuciones no deben ser utilizadas para justificar el terrorismo ni las medidas de lucha contra el terrorismo que incluyen, entre otras, la elaboración de perfiles de sospechosos terroristas y la intromisión en la vida privada de los individuos.
8. Diálogo entre civilizaciones: Su­bra­yaron la importancia de promover el respeto a la diversidad cultural, social y religiosa, a fin de promover una cultura de paz, tolerancia y respeto entre sociedades y naciones, mediante el diálogo intercultural, interreligioso y entre civilizaciones. Asimismo, reconocieron la importancia del diálogo interreligioso e intercultural y la valiosa contribución que pueden hacer para elevar el nivel de concientización y de entendimiento de los valores comunes compartidos por toda la humanidad, así como al fomento del desarrollo social, económico, la paz y la seguridad.
9. Situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina: Reafirmaron una vez más que la ocupación israelí de los Te­rritorios Palestinos Ocupados, incluido Je­rusalén Oriental, constituye un factor desestabilizador en la región, y como tal, exigieron la retirada de la Potencia Ocupante de dichos territorios ocupados desde junio de 1967, en consonancia con las Resoluciones 242 y 338 y demás Re­soluciones pertinentes del Consejo de Se­gu­ridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Reiteraron que la continuada injusticia contra el pueblo palestino como resultado de la ocupación israelí y sus políticas y prácticas conexas, incluida, entre otras, la construcción y expansión de asentamientos, la demolición de casas, los actos de castigo colectivo contra la población civil, incluido el encarcelamiento y el arresto de miles de civiles y el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza constituyen la fuente principal de violación de los derechos humanos del pueblo palestino, negándoles su legítimo derecho a la libre determinación y la independencia. Exhortaron a las partes a realizar todos los esfuerzos posibles para reanudar y apoyar un proceso de paz convincente basado en los términos de referencia y los parámetros de larga data con miras a lograr una paz duradera justa e integral basada en la solución de dos Estados, con las fronteras internacionalmente reconocidas antes de 1967, teniendo en cuenta la Iniciativa de Paz Árabe.
Procuran una solución integral y justa a la causa de los palestinos refugiados con arreglo a la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Iniciativa de Paz Árabe, que preserve la seguridad, estabilidad y paz de todos los países de la región.
Además, condenaron las medidas tomadas por Israel, la Potencia ocupante, para modificar el estatus legal, territorial y demográfico del Golán sirio ocupado. En este sentido, exigieron una vez más que Israel acate la resolución 497 (1981), y se retire completamente del Golán sirio ocupado a las fronteras del 4 de junio de 1967, en cumplimiento de las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973).
10. Reforma de las Naciones Unidas: Reiteraron la necesidad de recuperar y fortalecer la autoridad de la Asamblea General como órgano más democrático, responsable, universal y representativo de la Organización. En este sentido, exhortaron al establecimiento de una relación armoniosa y equilibrada entre los principales organismos de la Organización, sobre la base de las prerrogativas conferidas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Instaron además a la reforma del Consejo de Seguridad, a fin de transformarlo en un órgano más democrático, eficaz, eficiente, transparente y representativo y en consonancia con las realidades geopolíticas actuales.
11.Selección y nombramiento del Secre­tario General de las Naciones Unidas: Subra­yaron el papel primordial que desempeña la Asamblea General en el proceso de elección y nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas, al tiempo que reafirmaron la necesidad de una mayor transparencia e inclusión en el procedimiento actual de elección y nombramiento del Secretario General de las Naciones Unidas de conformidad con los principios de rotación geográfica y equidad de género.
12. Operaciones para el mantenimiento de la paz: Reafirmaron que las operaciones para el mantenimiento de la paz deben llevarse a cabo en estricto cumplimiento de los principios y propósitos consagrados en la Carta, y recalcaron que el respeto a los principios de soberanía, integridad territorial e independencia de los Estados, así como de no injerencia en los asuntos internos, son elementos fundamentales de los esfuerzos conjuntos de promoción de la paz y la seguridad internacionales. En este sentido, reiteraron que el respeto a los principios básicos de mantenimiento de la paz; a saber, el consentimiento de las partes, imparcialidad, y la no utilización de la fuerza excepto en defensa propia, es esencial para el éxito de las operaciones de mantenimiento de la paz. También tomaron nota de los informes del Grupo In­dependiente de Alto Nivel sobre las Ope­raciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y del Grupo Consultivo de Expertos sobre el Examen de la Estructura de para la Consolidación de la Paz, y en este sentido, recalcaron la importancia de mantener contactos periódicos y una estrecha coordinación en la aplicación de las recomendaciones pertinentes.
13. Metas del Desarrollo Sostenible: Rei­teraron su voluntad de trabajar hacia la plena aplicación del Programa 2030 para el De­sarrollo Sostenible, sin dejar a nadie rezagado, recordando que el Programa se basa en las personas y es universal y transformador.  De igual forma, reafirmaron la necesidad de lograr las 17 Metas del Desarrollo Sostenible del Pro­grama y sus 169 objetivos para todas las naciones y pueblos, y para todos los sectores de la sociedad, de manera integrada e indivisible, teniendo en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la social y la ambiental.  Igualmente, reiteraron que el fin de la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones es el desafío mundial más grande y un requisito indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible y, en este sentido, reafirmaron todos los principios reconocidos en el Programa, en particular el principio de las Responsabilidades Comunes pero Dife­ren­ciadas.
Además, subrayaron la importancia de que los países desarrollados cumplan sus compromisos en relación con el otorgamiento de financiación, la transferencia de tecnología adecuada y el fomento de las capacidades en los países en desarrollo, a fin de garantizar el logro de las Metas del Desarrollo Sostenible.
También reiteraron su apoyo al fortalecimiento del sistema multilateral del comercio con el objetivo de proporcionar un ambiente propicio para el desarrollo, garantizando igualdad de condiciones para los países en desarrollo en el comercio internacional, lo que constituye un instrumento para lograr un crecimiento económico inclusivo y reducir la pobreza, a la vez que contribuye también al fomento del de­sa­rrollo sostenible.  En este sentido, reiteraron su determinación de avanzar en el contexto del Programa de Doha para el Desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades para el desarrollo de los países en desarrollo.  Además, recalcaron la importancia de aumentar la Ayuda al Co­mercio y el fomento de las capacidades, a fin de fortalecer la participación de los países en desa­rrollo en las Cadenas de Valor Mundiales y promover la interconectividad y la integración económica interregional.
14. Promoción de la Educación, la Ciencia y la Tecnología para el Desarrollo: Ra­tificaron su compromiso de combatir contra el analfabetismo como forma de contribuir a erradicar la pobreza y la exclusión social, a la vez que tomaron nota de que la educación es un derecho humano inalienable que debe incluir a todos los sectores de la sociedad.  Al respecto, recalcaron que el uso de la ciencia y la tecnología es esencial para enfrentar los retos de desa­rrollo de los países del Sur.
Por tanto, la transferencia de tecnología desde los países desarrollados, en condiciones favorables, es vital para garantizar el desarrollo sostenible, en beneficio de todos los pueblos del mundo.
15. Cambio climático: Ratificaron que el cambio climático es uno de los desafíos más grandes de estos tiempos y expresaron sentirse muy alarmados con el continuo aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.  Expresaron preocupación acerca del incremento de los efectos adversos del cambio climático, en particular en los países en desarrollo, los cuales están socavando de ma­nera severa sus esfuerzos por erradicar la po­breza y alcanzar el desarrollo sostenible.
En este sentido, reiteraron las preocupaciones y particularidades de todos los países en desarrollo, sobre la base de las disposiciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, particularmente en relación con la aplicación del principio de las Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, y a la luz de las responsabilidades históricas de los países desarrollados.  Por tanto, instaron a los países desarrollados a cumplir sus compromisos de otorgar financiación, transferir tecnología adecuada y fo­mentar las capacidades de los países en de­sarrollo.
Además, esperan con interés la realización de la XXII Conferencia de los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del 7 al 18 de noviembre de 2016, en Marrakech, en el Reino de Marruecos.
16. Gobernanza económica: Reafir­ma­ron que la reforma de la estructura financiera internacional requiere la democratización de las instituciones de Bretton Woods que to­man decisiones (el FMI y el Banco Mundial).  Por eso, es necesario ampliar y fortalecer el nivel de participación de los países en desa­rrollo en los procesos internacionales de toma de decisiones, de elaboración de leyes económicas, y en la gobernanza de un nuevo orden económico mundial. Además, expresaron su preocupación por los efectos negativos que los paraísos fiscales pueden tener en la economía mundial, en particular en los países en desarrollo.
17. Cooperación Sur-Sur: Reiteraron que la Cooperación Sur-Sur es un elemento importante de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible de sus pueblos, como complemento y no como sustituto de la Coo­peración Norte-Sur, la cual permite la transferencia de tecnologías adecuadas, en condiciones favorables y en términos preferenciales.  Al respecto, ratificaron que la Cooperación Sur-Sur es una expresión de solidaridad y cooperación entre los países y pueblos del Sur, que contribuye a su bienestar nacional, guiada por los principios de respeto a la soberanía, a la titularidad e independencia nacionales, la igualdad, la incondicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos, y el beneficio mutuo.
18. Solidaridad Internacional: Recono­cieron que la respuesta de la comunidad internacional a las pandemias que representan una amenaza a la salud pública y en casos de desastres naturales es un ejemplo a seguir en materia de solidaridad y cooperación internacional. En este sentido, destacaron los esfuerzos de la comunidad internacional para contrarrestar y erradicar la propagación de varias pandemias, entre ellas, el Ébola, así como para enfrentar las consecuencias de los desastres naturales alrededor del mundo.
19. Refugiados y migrantes: Acogieron con beneplácito la convocatoria a la Reunión de Alto Nivel para abordar los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes a celebrarse el 19 de septiembre en Nueva York, que constituye una oportunidad para que la comunidad internacional discuta respuestas a este creciente fenómeno mundial que afecta ma­yormente a mujeres y niños.
Reconocieron las agudas emergencias hu­manas que provoca el elevado número de refugiados, sobre todo a causa de los conflictos en los territorios de los distintos Estados Miembro del Movimiento. Recalcaron además la importancia de traducir las declaraciones políticas en apoyo concreto a los países más afectados por este fenómeno, así como de ayudar a los países y las comunidades receptoras.
Asimismo, reconocieron la contribución his­tórica que la migración internacional ha hecho a las naciones desde el punto de vista económico, político, social y cultural y, en este sentido, reafirmaron la responsabilidad de los Gobiernos, a todos los niveles, de salvaguardar y proteger los derechos de los migrantes de conformidad con el derecho internacional y las legislaciones nacionales, incluida la aplicación y, si fuere necesario, el fortalecimiento de las leyes existentes contra todos los actos ilegales o violentos; en particular, de aquellos que inciten a la discriminación étnica, racial, sexual y religiosa, así como contra los crímenes cometidos  contra migrantes por motivos racistas o xenófobos, por individuos o grupos, en particular en el contexto de la crisis económica mundial que acrecienta la vulnerabilidad de los migrantes en los países receptores.
20. Jóvenes, Mujeres, Paz y Seguridad: Reconocieron el importante papel que los jóvenes y las mujeres desempeñan en la prevención y solución de conflictos, así como en los esfuerzos de mantenimiento y consolidación de la paz. En este sentido, subrayaron la necesidad de lograr la plena igualdad y el empoderamiento de la mujer, incluida su participación en esos procesos. Tomaron nota del Informe del Grupo Consultivo de Alto Nivel para el Estudio Mundial sobre la
Aplicación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad sobre la Mujer, la paz y la seguridad y reiteraron su firme compromiso de aunar esfuerzos en la lucha contra todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.
21. Nuevo Orden Mundial de la In­for­mación y de la Comunicación: Hicieron hincapié en la necesidad de que las estrategias de información y comunicación estén profundamente arraigadas en los procesos históricos y culturales y exhortaron a los medios de difusión de los países desarrollados a respetar a los países en desarrollo en la formulación de sus opiniones, modelos y perspectivas con el fin de ampliar el diálogo entre las civilizaciones. Asimismo, reiteraron su profunda preocupación por el uso de los medios como una herramienta de propaganda hostil contra los países en desarrollo con el objetivo de socavar sus gobiernos y resaltaron la necesidad de crear medios y fuentes de comunicación alternativos, libres, plurales y responsables, que reflejen las realidades e intereses de los pueblos del mundo en desarrollo.

Fuente:  http://www.granma.cu/mundo/2016-09-18/declaracion-de-la-xvii-cumbre-de-los-jefes-de-estado-y-de-gobierno-del-movimiento-de-paises-no-alineados-mnoal-18-09-2016-22-09-17

martes, 13 de septiembre de 2016

Democracia y Populismo:



Ernesto Laclau: "El populismo garantiza la democracia"


 Foto: Gustavo Cherro


El reconocido especialista en filosofía política habla de su libro La razón populista, en el que propone una provocativa vuelta de tuerca al rescatar de la marginalidad ese fenómeno clave de la historia latinoamericana
Carolina Arenes 








LA NACION




Habitualmente, cuando se habla de populismo se hace referencia a un tipo de gobierno asistencialista, demagógico, de inspiración nacional, que gasta más de lo que tiene y que pasa por sobre las instituciones y la ley amparado en la fuerza que le da el apoyo de esa entidad supraindividual llamada pueblo. Sin embargo, Ernesto Laclau, doctor en Historia dedicado a la filosofía política, ha propuesto con su libro La razón populista una provocativa vuelta de tuerca sobre el fenómeno del populismo, al proponer "rescatarlo de su lugar marginal dentro de las ciencias sociales" y pensarlo no como una forma degradada de la democracia sino como un tipo de gobierno que permite ampliar las bases democráticas de la sociedad. "El populismo -dice Laclau- no tiene un contenido específico, es una forma de pensar las identidades sociales, un modo de articular demandas dispersas, una manera de construir lo político."
Doctorado en Oxford, adonde llegó con el padrinazgo de Eric Hobsbawn hace casi 30 años, Laclau está en el país para participar en el seminario Psicoanálisis y Ciencias Sociales, organizado por Flacso. En diálogo con LA NACION relativizó el supuesto componente antidemocrático del gobierno de Hugo Chávez, manifestó su optimismo respecto de la situación de nuestro país y explicó la tesis central de su libro: "Cuando las masas populares que habían estado excluidas se incorporan a la arena política, aparecen formas de liderazgo que no son ortodoxas desde el punto de vista liberal democrático, como el populismo. Pero el populismo, lejos de ser un obstáculo, garantiza la democracia, evitando que ésta se convierta en mera administración".


-¿Por qué cree que se ha generalizado lo que Ud. define como una concepción peyorativa del populismo?
-La crítica clásica al populismo está muy ligada a una concepción tecnocrática del poder según la cual sólo los expertos deben determinar las fórmulas que van a organizar la vida de la comunidad. Pongamos el ejemplo de Venezuela. Allí hay masas políticas vírgenes que nunca habían participado en el sistema político excepto a través de formas de extorsión de carácter clientelístico. Entonces, en el momento en que esas masas se lanzan a la arena histórica, lo hacen a través de la identificación con cierto líder, y ése es un liderazgo democrático porque, sin esa forma de identificación con el líder, esas masas no estarían participando dentro del sistema político y el sistema político estaría en manos de elites que reemplazarían la voluntad popular.


-Cuando habla de mayor democratización se refiere a la inclusión de las masas populares en la política. Pero, en general, los reclamos por las actitudes antidemocráticas de Chávez, y en algunas ocasiones también de Kirchner, aluden a la dificultad para tolerar el pluralismo, a la manipulación del Congreso, a los difíciles vínculos con la oposición...
-En primer lugar, liberalismo y democracia no son términos que tiendan naturalmente a coincidir. Fue necesario todo el largo y complejo proceso de las revoluciones y reacciones del siglo XIX para alcanzar un equilibrio en ciertas formas que pasaron a ser llamadas liberal democráticas, como formas más o menos estables. Pero esa integración nunca se logró en la historia latinoamericana. Nosotros teníamos un liberalismo oligárquico que respetaba las formas liberales pero tenía una base clientelística que impedía toda expresión a las aspiraciones democráticas de las masas. Por eso, cuando las aspiraciones democráticas de las masas empiezan a presentarse en los años 30, 40, 50, muchas veces se expresan a través de formas políticas que fueron estrictamente antiliberales, como el varguismo y el Estado Novo, como el peronismo, regímenes formalmente antiliberales y que, sin embargo, fueron profundamente democráticos porque dieron cabida a una serie de aspiraciones de las masas.


-¿En qué medida hoy las condiciones son distintas?
-En los últimos 20 años, por primera vez en la historia latinoamericana, las aspiraciones nacionales y populares de las masas logran coincidir con la afirmación de los derechos humanos, la división de poderes, el pluralismo político.
-¿Cómo se combinan estas dos perspectivas?
-Las dos tienen que estar presentes si queremos tener algo que se pueda llamar una sociedad democrática. Frente a la concepción tecnocrática del poder está la noción de la política como antagonismo, es decir, la emergencia de demandas sociales que se plantean a un cierto sistema. Esas demandas sociales constituyen un pueblo y el pueblo se constituye siempre en su oposición al poder. En la Argentina, por ejemplo, hemos tenido, después de la crisis del 2001, una enorme expansión horizontal de la protesta social y una escasa capacidad del sistema para absorber esas demandas en un sistema vertical institucional estable. De alguna manera, me parece que el actual gobierno está tratando de poner juntas las dos dimensiones, la vertical y la horizontal, y de esa manera crear un sistema ampliado de carácter más democrático.
-¿En qué consiste esa ampliación democrática?
-En el campo social hay grupos corporativos muy atrincherados, grupos económicos, empresarios, también grupos sindicales, muy fuertes. Pero hay sectores de la población que tienen un grado de integración y de identidad corporativa mucho menos consolidada, sectores marginales. Cuando esto ocurre, es necesario que la función de los líderes políticos no sea simplemente expresar intereses que ya están constituidos, sino ayudar a la constitución de esos otros intereses que han estado marginados.
-¿Como los que representa el movimiento piquetero?
-Sí, por ejemplo. En el sistema político argentino hay dos tipos de fuerza que son profundamente negativas. Una es la que dice que a los piqueteros hay que reprimirlos, porque eso sólo llevaría a ahogar las manifestaciones sin darles solución, y por el otro lado, el piqueterismo duro, que también es una forma de la no política, porque no propone ninguna forma de canalización a través del marco institucional existente. Siempre va a haber cierta tensión entre la protesta social y su integración en las instituciones. Pero esa tensión es exactamente lo que llamamos democracia.
-Ud. llega en un momento de extrema dureza en la interna peronista. ¿Cree que esto podría afectar la gobernabilidad?
-No, la Argentina ha mostrado en los últimos dos años una capacidad de gobernabilidad excepcional. Hemos superado una crisis económica de primera magnitud, adoptamos una actitud crítica frente al FMI que ha producido una serie de efectos positivos, tenemos un sistema económico en buena medida controlado. Por otra parte, hay alternativas políticas distintas que pueden presentarse a través de la redefinición dentro de las formaciones políticas existentes, como la de la interna del justicialismo.
-¿Son verdaderas alternativas políticas? ¿No son disputas por intereses personales y espacios de poder?
-Puede ser, pero a través de esos intereses se van expresando algunas otras tendencias más generales. Siempre la política, así, en su minucia cotidiana, tiene esas características a las que Ud. se refiere. Pero las disputas que se dan hoy en día en Francia dentro del movimiento gaullista o dentro del partido socialista no son demasiado diferentes de las que se dan dentro del justicialismo. Y sin embargo, nadie habla de una crisis de gobernabilidad. Yo no veo en estas circunstancias que esa lucha de intereses degenere en camarillas de tipo clientelístico de tipo totalmente apolíticas.
-Condoleezza Rice se refirió al riesgo del populismo en América latina y lo relacionó con un nuevo eje del mal. ¿Cómo ve el mapa político de Amércia latina?
-Bueno, en primer lugar, el mapa que los EE.UU. hacen de América tiene que ver con el mapamundi global que está tratando de establecer la política de Bush, tratar de crear una frontera ético-política que divida al conjunto de la humanidad entre el terrorismo y el no terrorismo cuando, por otra parte, el terrorismo es definidio en forma tal que nunca son claros los actores que entran dentro del campo del terrorismo. Por otro lado, a nivel internacional, la tendencia de toda esta orientación de derecha es crear un mundo unipolar y eso es lo peor que podría pasar para las posibilidades democráticas de países como los nuestros. Si la Comunidad Europea se transformara en un interlocultor político cada vez más activo, si China empezara a participar también en el cuadro de opciones internacionales, entonces realidades como las del Mercosur podrían empezar a jugar estratégicamente. Esta va a ser la gran apuesta de los próximos años en política internacional.
-¿Ud.es optimista respecto a la situación argentina hoy?
-Soy bastante optimista, sí.
-¿En qué sostiene ese optimismo y en qué mantiene cierta reserva?
-Si se deteriora mucho la situación económica, el precario equilibrio político que se ha creado hasta ahora, que ha permitido cierta democratización de las luchas sociales, puede verse afectado. También podría ocurrir que, finalmente, las tendencias más tradicionales de la partidocracia, el duhaldismo y demás consigan bloquear la tentativa de crear una apertura democrática. Pero soy optimista porque yo creo que, desde el punto de vista de sus expectativas democráticas, la Argentina está viviendo su mejor momento desde los últimos 40 o 50 años.
-Sin embargo, desde de la crisis de 2001, ante la perplejidad de no haber sido aquel país que prometíamos ser en el Centenario, suele haber coincidencia en que, si hubo una época dorada en la historia argentina, ésa fue la Argentina del granero del mundo en contraposición a ésta a la que se juzga en decadencia.
-Es que en esa reinvindicación no se atiende al funcionamiento del sistema democrático en sí. Antes del 30, el funcionamiento de la política argentina era muy poco democrático. Había, en primer lugar, un nivel básico que era el nivel de los punteros, que manipulaban votos a cambio de favores. Por encima de ellos estaban los caudillos y, por encima, los diputados y senadores que negociaban con ellos. A través del desarrollo económico, las demandas tendían a ser absorbidas institucionalmente por este sistema clientelístico. Pero cuando el sistema, a partir de la crisis del 30, empieza a restringirse, las demandas ya no pueden ser absorbidas por los canales tradicionales y se empieza a crear una situación prepopulista, es decir, una acumulación de demandas insatisfechas y un sistema que no responde a estas demandas. Hasta que aparece alguien que empieza a convocar por fuera del sistema institucional a estas masas vírgenes que estaban con las raíces a la intemperie, y allí se empieza a producir un nuevo tipo de movilización que culmina con la emergencia del peronismo. A partir de allí ya no se necesitaba del caudillo para tener una cama en el hospital, porque estaba el hospital sindical.
-Bueno, los punteros no han desaparecido.
-No, si uno va al Congreso ve cómo continúan operando, pero no tienen el dominio total que tuvieron en la política tradicional.
-Y la negociación de favores también sobrevive.
-Sí, claro. ¿Y qué es si no el duhaldismo? Ahora lo hace de una forma más institucional, es más un clientelismo de tipo burocrático.
-Su libro puede leerse como un elogio del populismo y, en esa línea, como una defensa del peronismo.
-Yo creo que el peronismo representó un enorme desarrollo en la participación de las masas en el sistema político. Tal vez no fue de las mejores. Uno se imagina que podría haber tenido formas más democráticas, pero fue la que históricamente resultó posible. De modo que yo creo que cualquier elaboración de una política más progresista tiene que partir de ese punto histórico, porque el cauce histórico que abrió el 45 es un dato absolutamente primordial y definitivamente positivo de la historia argentina. El régimen oligárquico que existía antes, basado en el fraude, no me parece mejor.

El perfil

En Inglaterra

Ernesto Laclau tiene 70 años y está radicado en Inglaterra desde hace casi cuatro décadas. Es profesor de Teoría Política y director del doctorado en Ideología y Análisis del Discurso de la Universidad de Essex.

Numerosos ensayos

Es autor de Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Emancipación y diferencia, Contingencia, hegemonía, universalidad (con Judith Butler y Slavoj Zizek) y Hegemonía y estrategia socialista (escrito con Chantal Mouffe), entre otros ensayos

Fuente:  http://www.lanacion.com.ar/719992-ernesto-laclau-el-populismo-garantiza-la-democracia