El expresidente del Senado, el oficialista René Martínez, destacó la importancia de la nueva disposición interna porque permitirá afianzar el trabajo de fiscalización a nivel de las diferentes comisiones senatoriales.
El artículo 154 del Reglamento prevé que ante la negativa de los personeros de entidades y empresas públicas de otorgar información a las comisiones de la Cámara Alta, “se remitirá al Pleno un proyecto de resolución camaral disponiendo la suspensión temporal del funcionario responsable. De no remediarse la situación de incumplimiento, procederá la destitución del infractor y su procesamiento por incumplimiento de deberes y obligaciones”.
La senadora del oficialismo Sandra Soriano explicó que la disposición interna evitará que los funcionarios obstaculicen labores legislativas con hechos como el no devolver documentos que son requeridos al Senado.
“Algunos senadores se quejaron de que muchos proyectos de ley no son devueltos en los plazos fijados (por funcionarios de las instituciones públicas), lo que provocó demoras en la gestión”, sostuvo la legisladora sin facilitar mayores detalles.
El Senado tiene las comisiones de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral; Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado; de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana; de Organización Territorial del Estado y Autonomías; de Planificación, Política Económica y Finanzas; de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización; de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos e Interculturalidad; de Política Social, Educación y Salud; de Política Internacional, y la Comisión de Tierra y Territorio y Recursos Naturales.
Soriano mencionó que con las sanciones a funcionarios lo que se busca es reforzar la potestad fiscalizadora que la Constitución Política del Estado (CPE) otorga a la Asamblea Legislativa y a cada una de sus cámaras.
El nuevo Reglamento de Debates fue aprobado ayer, tras un proceso de concertación y debate. Además de las sanciones y juicos penales, la norma senatorial establece que aquellos funcionarios que vulneren la declaratoria de reserva de una sesión serán sometidos a procesos administrativos.
La senadora opositora Jeanine Áñez dijo que es importante fijar sanciones para que no ocurra lo mismo que con ministros de Estado que, a pesar de la insistencia, no responden —dijo— a informes que se les pide.
La comisión para tratar denuncias
El Reglamento prevé la constitución de la Comisión de Ética que, entre otros aspectos, definirá la pérdida de mandato de los senadores que incurran en hechos como la inasistencia injustificada a sesiones por más de seis días de trabajo continuos y 11 discontinuos al año.
Fuente: La Razón