Es la historia la que acusa a quienes saquearon Bolivia

Fiscalía pide la detención preventiva de Samuel Doria Medina

El Tribunal Supremo de Justicia fijó la fecha para las audiencias de medidas cautelares de los implicados en los casos Focas y Ende, entre los que se encuentra el empresario y jefe de la oposición. El líder de Unidad Nacional (UN) calificó el proceso de político.

El empresario Samuel Doria Medina fue imputado en el caso Focas.

La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz
18:38 / 24 de octubre de 2016

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijó para el 3 de noviembre la audiencia de medidas cautelares del empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y otros nueve exautoridades por el caso de desvío de recursos del proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), y para el 9 del mismo mes por el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

La Fiscalía solicitó la detención preventiva del empresario, quien hace poco más de una semana invirtió 39 millones de dólares en la compra del 80% de las acciones del hotel Los Tajibos.

La información la dio a conocer la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura, quien informó que se fijó la audiencia para las 15.30 del 3 de noviembre en el caso Focas y para las 15.30 del 9 de noviembre por el caso ENFE, según un boletín institucional.

Ambas audiencias, en las que se definirá si los acusados se defenderán en libertad o desde la cárcel, serán en el Salón de Debates del Órgano Judicial con sede en Sucre. La Fiscalía solicitó la detención de Doria Medina y de otros implicados.

"En este caso el Ministerio Público solicitó detención preventiva para Samuel Jorge Doria Medina, situación jurídica que se analizará en la audiencia pública del día jueves 3 de noviembre”, explicó Suntura.

El líder de Unidad Nacional (UN) calificó de político el proceso. "Informamos a nivel nacional e internacional persecución política judicial por el régimen; para eternizarse en el poder sin nadie al frente", escribió en su cuenta de Twitter.

El 13 de octubre, la Fiscalía General presentó la imputación formal en contra de 10 exautoridades –entre ellas–  Doria Medina por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por el caso Focas.

Además están imputados: Fernando Illanes de la Riva, German Reynaldo Peters Arzabe, Arturo José Beltrán Caballero, Raúl España Smith, Juan Demeure Vander, Antonio Cespedes Toro, Domingo Enrique Ipiña Melgar, Jesús Hernán Antelo Laughlin y German Quiroga Gómez.

En el caso ENFE, por la denominada capitalización de la empresa estatal en 1995, fueron acusados: Germán Reynaldo Peters Arzabe, Jaime Eduardo Villalobos Sanjinés, Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovic Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaráz del Castillo, Cristóbal Alfonzo Revollo Thenier, Edgar Ramiro Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano, Jorge Fernando Harriague Urriolagoitia, José Isaac Ardaya Calderón, Adolfo Arturo Dávalos Yoshida, Ramiro Salinas Romero, Julio Cesar Oropeza Bleichner y Franklin Mejía Ríos, por la presunta comisión de los delitos como contratos lesivos al Estado.

Las exautoridades, según la denuncia, avalaron la capitalización con la firma del Decreto Supremo 24186 que adjudicó la empresa estatal a la firma chilena Cruz Blanca por un precio menor al 50% al referencial.

“Asimismo, en relación a los imputados Cristóbal Alfonso Revollo Thenier y Édgar Ramiro Saravia, declarados rebeldes, se dispuso su notificación con la resolución de Imputación Formal, mediante edictos publicados en los medios de comunicación, conforme establece la norma procesal”, añadió la magistrada.

Fuente: La Razón, 24/10/2016

 http://la-razon.com/nacional/TSJ-Samuel-Doria-Medina-Focas_0_2588141226.html

Juicio a los privatizadores en Bolivia

El saqueo que Bolivia no perdona:

Fiscalía imputa formalmente a Doria Medina y a otras 24 exautoridades de Gobierno por varios delitos

La Fiscalía presentó este jueves una imputación formal por los casos de la Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) y la capitalización de la Empresa Nacional Ferrocarriles (ENFE)

El opositor Samuel Doria Medina

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz
20:12 / 13 de octubre de 2016

La Fiscalía General del Estado presentó este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia la imputación formal en contra de 10 exautoridades por desvíos de recursos del proyecto Focas, entre ellas contra el empresario Samuel Doria Medina. Además, imputó a otras 15 exautoridades por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).

“En el caso Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), fue imputado el ciudadano Samuel Doria Medina, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica”, reseña una nota institucional.

Según datos de la Fiscalía, se trata del contrato de préstamo del 8 de octubre de 1992 y la adenda de 21 de junio de 1993 -autorizadas por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación- para la creación de microempresas y que habrían sido desviados a usos privados. Además se adjunta la resolución del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento Nº 138/93 de 7 de julio de 1993.

A Doria Medina -jefe de la opositora Unidad Nacional (UN)- se suman, Arturo Beltrán por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica; Germán Quiroga Gómez, Antonio Céspedes Toro, Enrique Ipiña Melgar, Jesús Herman Antelo Laughlin, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters Arzabe por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por la firma del Decreto Supremo 23632 que homologó el préstamo y la adenda.

La Fiscalía, en el boletín institucional, precisó que también está imputado Raúl España y Juan Demeure Vander por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado. Se emitió resolución de rechazo para Flavio Escóbar por Conducta Antieconómica.

Mientras que en el caso Enfe, referido a la capitalización de la estatal en 1995, se presentó imputación formal en contra de Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier y Jaime Villalobos Sanjinez por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antiecónomica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

Las exautoridades avalaron la transacción con la firma del Decreto Supremo 24186 que adjudicó la empresa estatal a firma chilena Cruz Blanca por un precio menor al 50% del precio referencial.

Por este caso, también están imputados Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo por los tipos penales de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica, por ese mismo decreto.

Revollo, quien fue responsable de la capitalización, también está imputado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes por recomendar a la Comisión de calificación de la licitación la firma del contrato.

Édgar Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano y Jorge Harriague Urriolagoitia se suman a los imputados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica, como miembros de la comisión de Calificación y por el informe de recomendación para adjudicar a Cruz Blanca.

José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida y Ramiro Salinas Romero están imputados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica, como miembros del Directorio de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA SAM), y su participación en la reducción de capital sociedad en más de 50%.

Julio César Oropeza Bleichner, como representante del Sector Público y su participación en la reducción de capital de la FCA SAM en más de 50%, por los tipos penales de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

El Ministerio Público además imputó a Franklin Mejía Ríos, por conducta antieconómica; Santiago Atsuro Nishizawa y José Isaac Ardaya Calderón por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica; además de Jaime Villalobos Sanjinés por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinez y Juan Fernando Candia Castillo, Antonio Araníbar Quiroga, Jorge Otasevic Toledo, René Oswald Blattmann Bauer, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya, fueron apartados en el caso de un decreto, pero se mantienen en el proceso seguido en este caso.

La denuncia emergió de la Asamblea Legislativa Plurinacional que designó una comisión especial mixta para la indagación del proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas entre 1989 y 2000.

Fuente: La Razón, La Paz, 13 de octubre de 2016

Mendoza asesorará 2ª comisión legislativa que investiga privatización en Bolivia

Abi (18-2-15).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, anunció el miércoles que como ex miembro de la primera comisión legislativa que investigó el proceso de privatización y capitalización en Bolivia, asesorará el trabajo de la nueva comisión que se formará el viernes y trabajará esta gestión.

"Yo como ciudadano tengo la obligación de continuar con esta línea de investigación y por supuesto que voy a contribuir en todo lo que sea necesario, porque finalmente la comisión a mi cargo terminó la fase objetiva, científica de la investigación", dijo.

Mendoza detalló que la próxima comisión investigadora tiene la tarea fundamental de dar seguimiento y retomar las conclusiones a las que se llegó en 2014.

"Y hacer el análisis jurídico y financiero para ver las pérdidas que tuvo el país", agregó.

En 2013 la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó una comisión investigadora del proceso de privatización, que presentó los primeros resultados al final del período legislativo 2010-2014, el 13 de enero, con dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades, por los casos ENFE y FOCAS.

En esa ocasión, los ex parlamentarios recomendaron dar continuidad a las investigaciones que involucran a otras empresas estatales que fueron privatizadas o capitalizadas.

Según los legisladores, la nueva comisión tendrá dos tareas fundamentales: dar continuidad a la proposición acusatoria en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y del proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS), y continuar con la investigación de las privatizaciones.

Fuente: ABI

Ex asambleístas declaran en caso privatizaciones

CS (28-01-15).- Cinco ex parlamentarios del oficialismo se presentaron ayer en la Fiscalía General para declarar dentro de la proposición acusatoria por la supuesta comisión de delitos en el proceso de privatización y capitalización que involucra a ex dignatarios de Estado como Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y otros.

Los ex asambleístas formaron parte de la comisión mixta que investigó los procesos de privatización y capitalización de ENFE Andina y la denominada Formación de Capital de Áreas Secundarias (FOCAS) y ayer se ratificaron en el contenido de las proposiciones acusatorias presentadas en diciembre de 2014. La próxima semana el turno será de los denunciados.

El ex senador del MAS Adolfo Mendoza explicó que en el caso de ENFE Andina, además de subvaluar el costo de la inversión del Estado para venderla, no tomaron en cuenta los intangibles, como el derecho de tránsito exclusivo en el país, la cantidad y equipamiento en estaciones de ferrocarriles y vendieron la empresa por menos del 50% de su valor en libros.

“Le bajaron al mínimo el precio, luego la venden por menos del 50%; el valor en libros estaba establecido en $us 50 millones y se la vendieron en 13 millones, contrario a la propia ley de privatización y capitalización y las reglas establecidas para la transferencia de empresas”, señaló Mendoza.

Su colega Tania Melgar, ex senadora por el Beni, dijo que se ratifica en el contenido de las proposiciones acusatorias sobre dos casos que abren la posibilidad de ingresar en varias de las “páginas oscuras” del proceso de privatizaciones y capitalizaciones entre los años 1989 hasta 2000.

Por su parte, el ex presidente de Diputados Marcelo Elío sostuvo que su declaración enfatizó en el supuesto tráfico de influencias entre los políticos de ese tiempo. Aseguró que Samuel Doria Medina favoreció a Gonzalo Sánchez de Lozada con yacimientos mineros en COMSUR y la mina Bolívar en Oruro, y cuando éste salió del Gobierno, benefició al primero con las cementeras de El Puente de Tarija y FANCESA en Chuquisaca.

En esa misma línea, el diputado Javier Zabaleta dijo que su declaración pretende respaldar al Ministerio Público con la mayor información para la investigación sobre este tema.

Plazo

De acuerdo a procedimiento, la Fiscalía General tiene diez días para emitir un pronunciamiento de imputación o rechazo de investigación en el caso de dos proposiciones acusatorias.

Fuente: Correo del Sur

Adolfo Mendoza: proceso por capitalización y privatización podrá extenderse a otras ex autoridades

Abi (18-01-15).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, anunció el domingo que la Fiscalía podrá ampliar el proceso por capitalización y privatización a otras ex autoridades, si lo considera necesario.

"Si es que la Fiscalía ve por conveniente ampliar la investigación e incluir a otras personas ya es parte de su atribución, pero queda claro que no es que se excluyó a alguien, sino que el trabajo de la Comisión fue tan responsable que no se puede levantar nombres de personas sobre las cuales no pesa documentación legalizada", dijo.

Mendoza aclaró que la proposición acusatoria que presentó, el martes pasado, la Comisión Investigadora de la Privatización y la Capitalización tiene todas las pruebas certificadas de que las 13 ex autoridades acusadas fueron responsables de vender las empresas estratégicas del Estado "a precio de gallina muerta".

"La decisión de la Asamblea ha sido verdaderamente responsable, no se puede levantar el nombre de otras personas, mientras no exista documentación probatoria, entonces no se está actuando aquí con supuestos y en esa documentación aparecen los nombres de las proposiciones acusatorias", sostuvo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el martes dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades de Gobierno, la primera contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reinado Peter, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar.

La segunda proposición acusatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reinaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.

Las dos proposiciones acusatorias, que presentó la Comisión investigadora de la privatización, se refieren estrictamente a dos casos, la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

Fuente: Abi

Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba dos proposiciones acusatorias por delitos en la privatización

PV (13-01-15).- La Asamblea Legislativa Plurinacional, por más de dos tercios de votos, aprobó, esta tarde, las proposiciones acusatorias de los casos Funda-Pro y Enfe-Andina, como producto de la investigación realizada por la comisión especial mixta encargada de revisar el proceso de privatización en Bolivia.

La comisión realizó un relevamiento de la información, análisis del daño económico y preparó dos proposiciones acusatorias, la primera, en el caso de Enfe-Red Andina por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; los imputados son: Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Carlos Sánchez Berzain, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Fernando Candia Castillo, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya.

La segunda proposición acusatoria se refiere al caso Funda-Pro, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes; los imputados son: Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Carlos Sánchez Berzain, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Doria Medina Auza, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar Llanos.

Las proposiciones fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, la cual tiene 30 días para rechazar, complementar o aceptar las mismas. En caso de ser complementadas y/o aceptadas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por más de dos tercios de votos, autorizará el juicio de responsabilidades que deberá desarrollarse hasta obtenerse una sentencia en la justicia ordinaria.

El informe emitido por la comisión mixta, que se leyó inextenso, indica que se realizaron 16 investigaciones de caso, y por ello se determinó que el proceso de privatización se inició en 1985 y concluyó en 2002.

Los integrantes de la comisión especial mixta, por el MAS, fueron Adolfo Mendoza, Tania Melgar, Marcelo Elío, Javier Zabaleta, Héctor Arce y Emiliana Aiza; la oposición no designó a nadie para integrar la misma.

El presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, afirmó que este trabajo de investigación se ampliará en la próxima legislatura con la conformación de una comisión especial mixta para revisar los casos del LAB, Entel, Ende, entre otros.

“Cuando hablamos de la Patria, hablamos de cosas comunes, es un conjunto de bienes comunes y recursos comunes”, entre los que se encuentran las empresas públicas y los recursos naturales, explicó la autoridad.

“Pero cuando un gobierno toca las empresas públicas o los recursos naturales y los usa para entregarlos a manos extranjeras o privadas es un ataque a la patria, no es un tema de ideología, está afectando lo que es de todos, lo que es patrimonio de todos, y protegerlos es nuestra obligación”, señaló. La autoridad dijo que por eso se llama “vende patrias” a quienes se dedicaron a privatizar los recursos públicos.

“Hay cosas que no deben hacer nunca, no renunciar a su sentido de pertenencia a un país, a una nación y quienes renuncian a ese precepto de hermandad, de identidad común, son antipatrias, son traidores a la patria”, enfatizó.

Asimismo, recordó a los asambleístas que no se trataba de un debate político ni ideológico, sino de hacer justicia por daño económico al Estado, que es un delito que no prescribe, así lo señala la Constitución Política del Estado.

Fuente: Prensa Vicepresidencia

La Asamblea Legislativa cierra labor mañana con informe sobre proceso de privatización y capitalización

LR (12-01-15).- El vicepresidente Álvaro García convocó para las 09.00 de mañana (martes) a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para conocer el informe en conclusiones de la comisión mixta sobre el proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas, entre 1989 y 2000. García anticipó que ese trabajo terminará con una acusación formal contra los responsables.

La comisión especial fue conformada en julio de 2013 para investigar el proceso de privatización en Bolivia en el período: 1990–1993, 1993–1997 y 1997–2001, que incluye los gobiernos de Jaime Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Bánzer, quien dimitió un año antes de concluir su mandato viabilizando la sucesión constitucional de Jorge Quiroga.

“Informe de conclusiones de la Comisión especial mixta de investigación sobre el proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas entre 1989 y 2000”, refiere la agenda de la convocatoria legislativa publicada hoy en medios de comunicación impresos.

García explicó el 7 de enero que el informe concluirá con una acusación formal en la Fiscalía contra los presuntos responsables por daños económicos al Estado porque –advirtió- los delitos de corrupción no prescriben. Añadió que los vinculados con ese proceso no quedarán en la impunidad.

“Ningún privatizador aunque hayan pasado 20 año se salva, quien ha hecho daño al Estado -lo haya hecho hace cinco años, hace diez, hace 20 años- no se salva, la mano de la justicia habrá de llegar hasta donde estén ellos”, advirtió en esa oportunidad.

Tras la presentación el informe, será clausurado el período 2010-2015 y se da paso al trabajo de las sesiones preparatorias en vista a la instalación del período 2015-2020.

Fuente: La Razon

Mendoza: gobiernos neoliberales se prestaron $us 450 millones para privatizar empresas estratégicas

Abi (30-12-14).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS) y director de la Comisión Investigadora de la Privatización, Adolfo Mendoza, informó el martes que los gobiernos neoliberales se prestaron más de 450 millones de dólares para financiar la privatización de las empresas estratégicas.

"Poco más de 450 millones de dólares fueron los recursos que el país se prestó de afuera solamente para financiar la privatización, entonces una cosa es el financiamiento de la privatización, con lo cual ya teníamos una deuda de poco más de 450 millones de dólares y otra muy distinta es cuánto el país perdió por no percibir las utilidades que se generaban en esas empresas", puntualizó.

Mendoza detalló que los 450 millones de dólares fueron destinados a estudios para la privatización, pago de consultores para poner precio a las empresas que se estaban privatizando y pago de honorarios al personal que se dedicaba a esa tarea.

En esa línea, Mendoza aseguró que ese dinero "se fue al aire", porque la privatización no generó los ingresos que en teoría prometieron "los privatizadores", al contrario, sirvieron para solventar el gasto corriente.

Mendoza agregó que los recursos de la privatización fueron a parar a manos de los propios acreedores, "vía pago de deuda externa contraída por los distintos gobiernos privatizadores".

A su juicio, con la privatización de las empresas, Bolivia perdió fuentes de empleo, utilidades de sus empresas estratégicas y empresas de las ex corporaciones, además de soberanía, dignidad, y "ganó una deuda".

Fuente: ABI

Comisión: Fortuna de Doria Medina creció con los dólares preferenciales

PC (29-12-14).- Samuel Doria Medina y su familia obtuvo su fortuna a partir de la venta de los dólares preferenciales que circularon durante el gobierno de Hernán Siles Suazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP) y cuya venta estuvo a cargo de Jaime Navarro Tardío, actual compadre y amigo del exempresario del cemento, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la Investigación de la Privatización y la Capitalización (1989-2000).

Según las cifras reveladas por la comisión investigadora, la fortuna de la familia Doria Medina creció 23 veces en solamente un año (1984-1985) y con ello se hicieron con el paquete accionario de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce).

En 1984, siete miembros de la Familia Doria Medina tenían 279.012 acciones en Soboce y para 1985, la cifra se incrementa a 6.566.359 acciones, según el periodista investigador, Edgar Ramos este incremento se debe a que Samuel Doria Medina Arana (padre) aprovechó la puesta en vigencia de los dólares empresariales.

“Samuel Doria Medina padre comenzó a acumular dólares preferenciales a partir de la desdolarización y eso –dicen las primeras investigaciones le sirvió para comenzar a comprar las acciones de los otros accionistas y convertirse en accionista mayoritario y al ser accionistas mayoritario en presidente del directorio de Soboce”, dijo Ramos.

El 3 de noviembre de 1982, se emitió el decreto supremo 19249, mediante el cual el gobierno de Siles intentó controlar la crisis financieras, fue conocido como el decreto de desdolarización, pero que tuvo como efecto negativo la creación del “mercado negro de dólares”, que consistía en la venta de la moneda extranjera de manera clandestina, “muchos empresarios lo hicieron al vender los dólares adquiridos a mitad de precio del Banco Central”, precisó Ramos.

Entre los miembros de la familia Doria Medina que se favorecieron con la compra de acciones de Soboce se encuentran Samuel Doria Medina Arana (padre) que incrementó su participación accionaria en 23 veces, Samuel Doria Medina Auza (hijo), Yolanda Doria Medina Auza, Susana Doria Medina Auza y Lourdes Doria Medina de Urriolagoitia lo hicieron en 20 veces, Teresa Doria Medina de Quisbert y Silvia Doria Medina de Rengel lo hicieron en 21 veces, todo en menos de un año.

En el momento de la emisión del decreto supremo de desdolarización estaba como ministro de Economía, Ernesto Aranibar Quiroga, hermano de Antonio Aranibar, excanciller durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) que llevó adelante la capitalización de las empresas estratégicas del Estado.

A partir de la participación mayoritaria de la familia Doria Medina en Soboce, ésta comenzó a expandirse y convertirse en un monopolio en la producción y comercialización del cemento, sobre todo teniendo a su presidente, Samuel Doria Medina como ministro del gobierno de Jaime Paz.

El asesor de la comisión legislativa, Adolfo Mendoza señaló que la adquisición de Fancesa y Facep por parte de Soboce se realizó “gracias a las políticas privatizadoras de los gobierno neoliberales” y en especial del ministro de Planeamiento de Jaime Paz, que “se reservó” las cementeras para sí, una vez que dejó el gobierno en 1993 y ya tenía las normas legales aprobadas a su favor y en desmedro del Estado.

Fuente: Cambio

Privatización: Comisión identifica a 20 personas en red de poder de Doria Medina

PC (21-12-14).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para Investigar la Privatización y la Capitalización (1989-2000) identificó a por lo menos 20 personas que fueron parte de la denominada red de poder de Samuel Doria Medina y que participaron en los procesos de entrega de las fábricas de cemento El Puente de Tarija y Fancesa de Chuquisaca.

“Dos empresas de las excorporaciones no fueron privatizadas cuando él (Doria Medina) era ministro, El Puente y Fancesa. Esas dos nada más se postergaron para el otro período gubernamental, del 93 al 97 y extrañamente, en ese periodo ya el 97, por ejemplo, la fábrica de cemento El Puente se privatiza, ¿Quién se beneficia? Samuel Doria Medina, ¿cuál el interés en estas dos cementeras?, si es que alguien en ese momento controlaba Fancesa, El Puente y además tenía bajo su dominio Viacha y Warnes, controlaba a partir del monopolio la comercialización y producción del cemento”, relató el expresidente de la Comisión, el exsenador Adolfo Mendoza.

Según la investigación de la Comisión, durante el proceso de privatización de la Fábrica de Cemento El Puente (Facep), ejecutada el 30 de enero de 1997, las autoridades que impulsaron el proceso privatizador entre 1991 y 1993 se hicieron de la empresa, una gestión de gobierno después. Samuel Doria Medina fue el ministro de Planeamiento y Coordinación, Flavio Escóbar secretario de dicho Ministerio, Hernán Paredes tenía un contrato de consultor y Geovanni Pacheco era coordinador del Ministerio.

Tres años después, una vez que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ejecutó la privatización, Doria Medina es el adjudicatario de la fábrica, Escóbar se convierte en el representante legal, Paredes es el negociador de la empresa y Pacheco ocupa el cargo de gerente general de Facep, devela el informe de la Comisión Legislativa.

En la indagación también se identifica como parte de la red de poder en el proceso privatizador a Mario Cossío Cejas, quien fue el valuador de la empresa y luego como prefecto de Tarija entregó Facep a Doria Medina.

Están en la lista Jorge Quiroga, ministro de Finanzas; Mario Requena Pinto, subsecretario de Desarrollo Socioeconómico, Juan Carlos Requena Pinto, representante legal de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce); Federico Ruck Uriburi, asesor legal del Ministerio de Planeamiento y a la vez accionista de Soboce; Fernando Romero, accionista de Soboce y ministro de Desarrollo Humano; Ramiro Cabezas, superintendente de Bancos; Ernesto Araníbar, canciller y vinculado con Soboce.

También figuran en la lista Carlos Calvo Galindo, Eduardo Quintanilla, Tomás Guillermo Elío, Óscar Bonifaz, Fernando Bedoya, Roberto Saavedra Bruno y Rolando Kempff.

Este mismo grupo participó en la privatización de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), en 1999, cuando exautoridades de gobierno se adjudicaron las empresas “que se reservaron” del primer lote de unidades productivas transferidas.

“Uno de los gestores del modelo de privatización genera las condiciones para convertirse en un beneficiario directo de dicho modelo económico”, señala una de las conclusiones a las que llegó la comisión en su informe.

“Así funcionaron las redes de poder” concluyó el expresidente de la Comisión, quien ahora funge como asesor hasta la entrega oficial del informe.

Como Ministro aprobó leyes y decretos

Samuel Doria Medina, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, fue ministro de Planeamiento y presidente de la Comisión Evaluadora de la Empresa Pública, que definía precios y modalidades de venta de las empresas.

Impulsó la promulgación de la Ley 1330 de Privatización (14 de abril de 1992), el Decreto Supremo 22836 (14 de junio de 1991), que determina la privatización de 60 empresas de propiedad de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (Cordes).

Como Empresario se adjudicó empresas

Una vez que dejó la función pública, Doria Medina se adjudicó —con varias irregularidades y preferencias de por medio— las dos fábricas cementeras del Estado, Fancesa y El Puente. También fue propietario del periódico Hoy y tiene varias franquicias de empresas alimenticias extranjeras.

Socio de Aguas del Tunari privatizó el agua

El empresario del cemento tuvo el 5% de las acciones de la empresa Aguas del Tunari, grupo transnacional que se adjudicó —en el gobierno de Hugo Banzer Suárez— el servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Cochabamba, el hecho derivó en la llamada Guerra del Agua (2000).

Fuente: Cambio

Senadora Melgar: ALD’s deben continuar investigación sobre privatización

PC (9-12-14).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la Investigación de la Privatización y Capitalización (1989-2000) recomendará que las asambleas legislativas departamentales (ALD’s) continúen con las pesquisas sobre la entrega de empresas del Estado a capitales privados y extranjeros.

“No se sabe qué paso con algunas empresas, por lo tanto este trabajo de investigación debe continuar en las Asambleas Departamentales, creo que hay mucho que hacer, no sólo por saber qué paso sino porque parece importante tomar algunas decisiones para recuperar algunas (empresas), otras fueron desmanteladas”, declaró la presidenta de la Comisión, la senadora Tania Melgar.

Indicó que el informe es amplio y que por lo menos abarca unos 20 volúmenes que a la fecha son editados e impresos para su presentación al pleno de la Asamblea. “Antes del 20 de enero será entregado”, precisó la legisladora.

“Tenemos identificados un montón de delitos, los cuales pueden transformarse en una acusación”, pero que las mismas deben ser evaluadas por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, dijo Melgar.

El documento contemplará una explicación sobre lo ocurrido con las cinco empresas estratégicas capitalizadas, las compañías de las Corporaciones de Desarrollo y la evaluación general de proceso.

El informe será editado en un libro de distribución masiva, además de separatas que se entregarán con los diarios del país, “para que la población conozca cómo se desmanteló al Estado”, apuntó la senadora.

Fuente: Cambio

Doria Medina nombró a sus exfuncionarios como ejecutivos en cementera privatizada

PC (8-08-14).- Un informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Investigación a las privatizaciones y capitalizaciones revela que el exministro de Planeamiento, Samuel Doria Medina (1991-1993), nombró ejecutivos de la empresa cementera El Puente a sus exfuncionarios que participaron en la privatización de dicha empresa.

El documento da cuenta que entre 1991 y 1993, Doria Medina fue ministro de Planeamiento, Flavio Escobar secretario, Hernán Paredes consultor y Giovanni Pacheco coordinador de dicho ministerio, todos ellos trabajaron en la privatización de las empresas propiedad de las Corporaciones de Fomento, entre ellas la cementera tarijeña El Puente.

Tres años después, en 1996, el ya exministro de Planeamiento se adjudica la cementera y nombra a Escobar como su representante legal, a Paredes como negociador de la empresa y a Pacheco como el Gerente General.

Para el expresidente de dicha comisión legislativa, el ex senador Adolfo Mendoza esta es una muestra de cómo “se vulneró la antigua Constitución Política del Estado, la propia Ley de privatización y los decretos que viabilizaron la venta de las empresas”.

Fuente: Cambio

Ex senador Adolfo Mendoza critica guerra sucia de oposición

Cepra (7-08-14).- El ex senador por el Movimiento Al Socialismo, Adolfo Mendoza cuestionó la forma de hacer política por parte de los líderes de la oposición, asegurando que no tienen una propuesta sólida para el país y que las críticas negativas que emitieron luego del mensaje presidencial son parte de una guerra sucia.

“Ya basta a la guerra sucia, no se puede hacer política ni proponer estrategias”, dijo el ex senador a tiempo de cuestionar al líder de Unidad Democrática Samuel Doria Media, quien durante los gobiernos antecesores al de Morales no hizo más que apoyar a la privatización de las empresas nacionales.

En la oportunidad, Mendoza señaló que varias de las empresas que pertenecían a la nación ahora están bajo la propiedad de Doria Medina y que él formó parte del intento de privatización del agua, a través de la empresa Aguas del Tunari en Cochabamba.

“Doria Medina tuvo la posibilidad y el descaro de apropiarse de empresas que fueron del Estado”, afirmó Mendoza.

Fuente: Cepra

Aparicio critica campaña de la oposición porque no tiene ideología

Abi (21-07-14).- El primer secretario de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio, criticó el lunes a la oposición criolla por carecer de una propuesta sólida, de ideología específica y por instrumentar una guerra sucia a menos de 3 meses de las elecciones del 12 de octubre.

"De parte de la oposición no vemos una propuesta consistente, sólida, bien trabajada, que pueda convencer al electorado; son simplemente ideas sueltas las que se manejan e inmediatamente son rechazadas por el pueblo; por ejemplo la de Samuel Doria Medina que entre sus propuestas más brillantes que hizo al país está de vender los bienes del Estado, comenzando por los coches de seguridad del Presidente", explicó.

Asimismo, calificó de "incoherente" la propuesta del líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, porque "quiere una república plurinacional y no explica en qué consiste esa propuesta".

Por su parte, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Quiroga, propuso que Bolivia vuelva a ser un Estado republicano, pensamiento que según Aparicio implica "que los indígenas perderían su condición de ciudadanía plena que tienen actualmente, de poder elegir y de poder ser elegidos".

Fuente: ABI

Vicepresidente pide preservar árbol de la nacionalización y oponerse a vende patrias

Abi (8-07-14).- El vicepresidente Álvaro García Linera pidió el martes en los valles de Cochabamba preservar el "árbol de la nacionalización" frente a la amenaza del neoliberalismo y los "vende patrias" que buscan retornar al gobierno.

De frente a los comicios generales del 12 de octubre próximo, García Linera señaló que la pelea será entre "los que entregan las cosas a los extranjeros" y "los que entregamos la riqueza al pueblo".

"Patriotas contra vende patrias, así se divide Bolivia hoy y ustedes van a tener que decidir cuál camino (tomar)", dijo ante autoridades y dirigentes de sectores sociales de los municipios de la provincia Campero de Cochabamba, que celebra su 115 aniversario de fundación.

"Hay que tener la suficiente conciencia de proteger, de cuidar y de garantizar que este árbol de la nacionalización, ese árbol que nos da bienestar, igualdad, crecimiento y mejora de la vida de nuestras familias se mantenga y crezca", agregó García Linera.

El Gobierno de Evo Morales ejecutó desde 2006 un proceso de nacionalización de los recursos naturales y de las empresas estratégicas de Bolivia en los sectores de hidrocarburos, minería, energía y telecomunicaciones, entre otros.

La nacionalización fue la semilla que concibió un "árbol de plata", pero "hay gente que quiere arrancar ese árbol que ahora protege al pueblo y que hace caer frutos para beneficiar a todo el pueblo", alertó el segundo mandatario de la nación.

En su intervención, García Linera puso de relieve que Aiquile, uno de los municipios de la provincia Campero de Cochabamba, recibió apenas 8 millones de bolivianos en más de cien años " y viene Evo y en ocho años (de Gobierno) de 8 millones lo multiplica hasta 39 millones", gracias a la nacionalización.

"Los enemigos del pueblos son los que privatizan (...), esos no quieren la igualdad, esos no quieren que el campo surjan, esos no quieren que los barrios se levanten, porque ellos quieren agarrar la plata del gas, de la electricidad, de las telecomunicaciones y llevárselo", constató.

Fuente: ABI

El Puente definirá en un cabildo si recobra recursos para producción de cemento

Abi (7-07-14).- La población de El Puente definirá en un cabildo convocado para el próximo 9 de julio si recupera los recursos naturales que hay en ese municipio de Tarija para la producción de cemento, informó el lunes el asambleísta departamental, Bartolomé López.

"En el municipio de El Puente se acordó llamar a un cabildo para el 9 de julio en la mañana, donde se definirá la situación de la fábrica de cemento El Puente y la recuperación de los recursos naturales", dijo.

La planta de Cemento El Puente está situada a 100 kilómetros de la ciudad de Tarija y está a cargo de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), cuyo principal accionista es el empresario y político Samuel Doria Medina.

"Este cabildo es ha pedido de las comunidades, dirigentes y bases, por estrategia no podemos adelantar las posibles determinaciones que se tomarán con la participación de representantes de todas las comunidades", añadió Bartolomé.

Sin embargo, el asambleísta aseguró que todas las decisiones que se vayan a tomar en este cabildo estarán enmarcadas en la Constitución Política del Estado y las leyes del país.

Fuente: ABI

Vicepresidente pide vigilancia y atención revolucionaria para cuidar lo que le pertenece al país

PV (5-07-14).- El vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, la mañana de este sábado, exhortó a las juntas vecinales de la ciudad de El Alto a mantener la “vigilancia y atención revolucionaria” ante la derecha que quiere volver al gobierno para revertir los logros del Presidente Evo Morales, esto en la entrega de alcantarillado, en el distrito 8, de la ciudad de El Alto.

El mandatario afirmó que es necesario que el pueblo impida que las conquistas del Estado alcanzadas por la lucha de “nuestros mártires, nuestras organizaciones y nuestros muertos” sean en vano. “Esta es la tierra de la nacionalización, es la tierra de valientes, es la tierra de luchadores ningún ‘vende patria’ nos quitará lo que es nuestro”, dijo, al referirse a candidatos de la derecha, que participarán en las elecciones de octubre.

García Linera señaló que es importante proteger la nacionalización y nuestros recursos porque así se resguardará la herencia para cada uno de sus hijos, ya que la ciudad de El Alto vive un proceso de cambio, pues pasó de ser una ciudad sin luz y de mechero a una ciudad con luz eléctrica, con alcantarillado y con teleférico. “La nacionalización representa la lucha del pueblo, si los privatizadores estarían gobernando, la plata del Estado estaría en sus bolsillos y los recursos de los bolivianos se los darían a los extranjeros”, complementó.

“Les decimos a los ‘vende patria’: ‘no pasarán’, porque el pueblo está de pie para defender la nacionalización, para defender sus recursos. ‘El Alto de pie, nunca de rodillas’ esa es la consigna de los hombres y mujeres trabajadores, no dejar que toquen lo que es de toda Bolivia”, aseveró ante una masiva concentración.

El Vicepresidente entregó, con la ampliación del sistema del alcantarillado sanitario del Distrito 8 en su fase uno y dos, un moderno sistema de alcantarillado sanitario que beneficia a más del 80 % de los habitantes de ese distrito, con una inversión de 127 millones de bolivianos, y afirmó que esta obra contribuirá a mejorar las condiciones de vida de los vecinos de este sector y permitirá la disminución de los índices de mortalidad por enfermedades de origen hídrico.

Finalmente, García Linera dijo que el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma tiene previsto invertir 25 millones de dólares para la instalación de gas domiciliario, como el siguiente proyecto a realizarse en el distrito 8.

En el acto también participaron el ministro de Medio Ambiente y Agua, José Antonio Zamora Gutiérrez; el alcalde de la ciudad de El Alto, Édgar Patana; el dirigente del distrito 8 y presidente de la Fejuve de la ciudad de El Alto, Javier Aono y el director ejecutivo de EMAGUA, James Ávila.

Fuente: Prensa Vicepresidencia

Funcionarios de U.N. condenan cortes de agua en Detroit

WW (4-07-14).- El corte de agua para miles de hogares de Detroit se ha convertido en noticia nacional e internacional. Un llamamiento a las Naciones Unidas por los activistas sobre los cortes inhumanos, con fines de lucro, ha dado lugar a la condena de estas acciones por parte de funcionarios de la ONU involucrados en temas de agua y saneamiento.

"La desconexión de los servicios de agua a causa de la falta de pago debido a la falta de medios constituye una violación del derecho humano al agua y otros derechos humanos internacionales", dijeron los expertos. (U.N. Centro de Noticias, 25 de junio)

"Las desconexiones debidas a la falta de pago sólo son admisibles si se puede demostrar que el residente es capaz de pagar, pero no está pagando. En otras palabras, cuando hay incapacidad real de pagar, los derechos humanos simplemente prohíben desconexiones ", explicó Catarina de Albuquerque, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento. Fue nombrada por el Consejo de Derechos Humanos en 2008.

Los puntos de corte de agua en masa se han acelerado en Detroit. El Departamento de Agua ha contratado a contratistas especiales, bajo la dirección del Director de Emergencia Kevyn Orr, como parte de la reestructuración de la ciudad en los procedimientos de quiebra en curso. Hasta a 3.000 familias a la semana se les niega el agua por falta de pago de sus facturas. Algunas cuentas son a menudo sólo de 125 dólares o menos.

Muchas de las víctimas de los cortes ya están en un plan de pago acordado. Se cree que el objetivo es hacer del Departamento de Agua más atractivo como una inversión para la privatización. Esto fue confirmado por Bill Nowling, portavoz de Orr, cuando afirmó que "la política de corte es una parte necesaria de la reestructuración de Detroit." (Detroit Free Press, 27 de junio)

El Ayuntamiento de Detroit contribuyó a la crisis con aumento del 8 por ciento a las tarifas de agua y alcantarillado a mediados de junio. Los manifestantes se han reunido fuera del edificio de la Dirección de Aguas en el centro de Detroit, cada viernes durante los últimos dos meses. Anunciado como "Viernes de Libertad", los manifestantes han marchado en todo el distrito centro de la ciudad después de un piquete en la Junta de Aguas.

Los manifestantes ocuparon la oficina del Banco de América el 13 de junio, exigiendo que las corporaciones y los bancos dejen sus ataques contra la gente pobre y trabajadora de Detroit.

El 27 de junio, Viernes de Libertad terminó con una marcha y mitin. Los manifestantes por cortes de agua se unieron con los jubilados de Detroit que enfrentan enormes recortes de pensiones y otras personas interesadas en el futuro de la gente de Detroit.

Especialmente irritante para muchos son los informes de que enormes facturas de agua corporativas e institucionales no se pagan, pero los servicios de esas instituciones no están siendo cortados. Palmer Park Golf Club y el Hospital de la Administración de Veteranos se dice que deben más de 200.000 dólares cada uno. El sistema de Escuelas Públicas de Detroit se supone que debe $ 2.200.000. La Red Wings, Pista de Hockey Detroit, Mercado Oriental y el Estadio Ford Field , deberían más de $ 55.000 cada uno.

El Departamento de Agua informa que más de la mitad de los clientes residenciales están en mora. La alta tasa de desempleo de Detroit, que es oficialmente un 14,5 por ciento y la alta tasa de pobreza hacen que muchas familias tengan que elegir entre pagar por la comida, la medicina, la vivienda o el agua.

Esta es una crisis de derechos humanos.

Fuente: Workers World (traduccion propia)

García Linera: Las empresas del Estado son las gallinas de los huevos de oro del país

PV (1-07-14).- El Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, hoy, en la plaza Murillo, afirmó que las empresas del Estado boliviano son las “gallinas de los huevos de oro” que permiten el desarrollo económico del país, esto en el acto de entrega de tres volquetas más a la empresa minera Huanuni, en cumplimiento al compromiso hecho por el Presidente Evo Morales, el pasado 25 de junio, ante los trabajadores mineros.

“Las empresas del Estado son las gallinas de los huevos de oro, de eso comemos. Huanuni, Ende, Entel, Mi teleférico, BOA y YPFB son las empresas que generan empleo y servicios, pero ante todo, generan dinero para los bolivianos”, afirmó el mandatario.

Explicó que el aporte económico que hacen estas empresas es utilizado para la construcción de carreteras, escuelas, hospitales, la entrega de bonos a niños, ancianos y embarazadas y que esa es la razón para que estén dotadas de equipamiento y del transporte necesario.

Por otro lado, el mandatario solicitó defender la dignidad y soberanía de Bolivia de los “vende patrias” que advirtieron que venderían los vehículos que utiliza el Presidente Evo Morales, al referirse a las intensiones de la derecha, si llegara al gobierno.

“Han dicho que van a vender las movilidades del presidente. Mañana van a vender tus volquetas, hermano Pedro, el Teleférico, YPFB, después Entel; es decir, vende patrias que venden la patria y dependen de los extranjeros. Quiero pedirles defender la dignidad de Bolivia y su soberanía, defender lo que hoy producen, no es del presidente, ni siquiera de ustedes, es del pueblo boliviano”, complementó la autoridad.

Posteriormente, se realizó la entrega de las llaves y la “ch’alla” de las tres volquetas, cuyo costo asciende a un millón 400 mil bolivianos.

Fuente: Prensa Vicepresidencia

Comisión de Investigación socializa detalle de privatización de FACEP

CEMIPyC (1-07-14).- Este lunes 30 de junio, en el salón principal del Municipio El Puente, departamento de Tarija, ante la presencia de más de 200 representantes de las comunidades de la Provincia Méndez, un equipo de profesionales de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización dio a conocer los resultados de la investigación sobre la privatización de la Fábrica de Cemento El Puente (FACEP), que tuvo lugar en 1996 y fue adjudicada a SOBOCE S.A.

Privatización sin consideraciones sociales

Además de adjudicarse FACEP, Samuel Doria Medina, presidente y accionista mayor de SOBOCE, logró que le cedieran en perpetuidad la explotación de caliza de La Tablada, violando la Constitución Política vigente en ese entonces. Por otra parte, se apropió de las acciones correspondientes a los trabajadores de la fábrica al amedrentarlos con el quiebre y cierre de la cementera, pagándoles sólo el 50% del valor real y dejándolos fuera de la constitución de la nueva sociedad mixta que estipulaba la propia Ley de Privatización Nº 1330.

Nuevas denuncias

La exposición se complementó con el informe de una Comisión Interinstitucional que realizó la inspección a las canteras La Tablada, Solución, Tierra, La Torre, Constancia y El Salto dando a conocer varias irregularidades en las operaciones de explotación de la piedra caliza. La Comisión Interinstitucional tiene por objeto verificar las cantidades de material explotado así como el cumplimiento de las normas ambientales.

Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización