La comisión realizó un relevamiento de la información, análisis del daño económico y preparó dos proposiciones acusatorias, la primera, en el caso de Enfe-Red Andina por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; los imputados son: Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Carlos Sánchez Berzain, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Fernando Candia Castillo, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya.
La segunda proposición acusatoria se refiere al caso Funda-Pro, por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes; los imputados son: Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante, Carlos Sánchez Berzain, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Samuel Doria Medina Auza, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escóbar Llanos.
Las proposiciones fueron remitidas a la Fiscalía General del Estado, la cual tiene 30 días para rechazar, complementar o aceptar las mismas. En caso de ser complementadas y/o aceptadas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por más de dos tercios de votos, autorizará el juicio de responsabilidades que deberá desarrollarse hasta obtenerse una sentencia en la justicia ordinaria.
El informe emitido por la comisión mixta, que se leyó inextenso, indica que se realizaron 16 investigaciones de caso, y por ello se determinó que el proceso de privatización se inició en 1985 y concluyó en 2002.
Los integrantes de la comisión especial mixta, por el MAS, fueron Adolfo Mendoza, Tania Melgar, Marcelo Elío, Javier Zabaleta, Héctor Arce y Emiliana Aiza; la oposición no designó a nadie para integrar la misma.
El presidente nato de la ALP, Álvaro García Linera, afirmó que este trabajo de investigación se ampliará en la próxima legislatura con la conformación de una comisión especial mixta para revisar los casos del LAB, Entel, Ende, entre otros.
“Cuando hablamos de la Patria, hablamos de cosas comunes, es un conjunto de bienes comunes y recursos comunes”, entre los que se encuentran las empresas públicas y los recursos naturales, explicó la autoridad.
“Pero cuando un gobierno toca las empresas públicas o los recursos naturales y los usa para entregarlos a manos extranjeras o privadas es un ataque a la patria, no es un tema de ideología, está afectando lo que es de todos, lo que es patrimonio de todos, y protegerlos es nuestra obligación”, señaló. La autoridad dijo que por eso se llama “vende patrias” a quienes se dedicaron a privatizar los recursos públicos.
“Hay cosas que no deben hacer nunca, no renunciar a su sentido de pertenencia a un país, a una nación y quienes renuncian a ese precepto de hermandad, de identidad común, son antipatrias, son traidores a la patria”, enfatizó.
Asimismo, recordó a los asambleístas que no se trataba de un debate político ni ideológico, sino de hacer justicia por daño económico al Estado, que es un delito que no prescribe, así lo señala la Constitución Política del Estado.
Fuente: Prensa Vicepresidencia
