Mendoza asesorará 2ª comisión legislativa que investiga privatización en Bolivia

Abi (18-2-15).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, anunció el miércoles que como ex miembro de la primera comisión legislativa que investigó el proceso de privatización y capitalización en Bolivia, asesorará el trabajo de la nueva comisión que se formará el viernes y trabajará esta gestión.

"Yo como ciudadano tengo la obligación de continuar con esta línea de investigación y por supuesto que voy a contribuir en todo lo que sea necesario, porque finalmente la comisión a mi cargo terminó la fase objetiva, científica de la investigación", dijo.

Mendoza detalló que la próxima comisión investigadora tiene la tarea fundamental de dar seguimiento y retomar las conclusiones a las que se llegó en 2014.

"Y hacer el análisis jurídico y financiero para ver las pérdidas que tuvo el país", agregó.

En 2013 la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó una comisión investigadora del proceso de privatización, que presentó los primeros resultados al final del período legislativo 2010-2014, el 13 de enero, con dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades, por los casos ENFE y FOCAS.

En esa ocasión, los ex parlamentarios recomendaron dar continuidad a las investigaciones que involucran a otras empresas estatales que fueron privatizadas o capitalizadas.

Según los legisladores, la nueva comisión tendrá dos tareas fundamentales: dar continuidad a la proposición acusatoria en el caso de la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y del proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS), y continuar con la investigación de las privatizaciones.

Fuente: ABI

Ex asambleístas declaran en caso privatizaciones

CS (28-01-15).- Cinco ex parlamentarios del oficialismo se presentaron ayer en la Fiscalía General para declarar dentro de la proposición acusatoria por la supuesta comisión de delitos en el proceso de privatización y capitalización que involucra a ex dignatarios de Estado como Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y otros.

Los ex asambleístas formaron parte de la comisión mixta que investigó los procesos de privatización y capitalización de ENFE Andina y la denominada Formación de Capital de Áreas Secundarias (FOCAS) y ayer se ratificaron en el contenido de las proposiciones acusatorias presentadas en diciembre de 2014. La próxima semana el turno será de los denunciados.

El ex senador del MAS Adolfo Mendoza explicó que en el caso de ENFE Andina, además de subvaluar el costo de la inversión del Estado para venderla, no tomaron en cuenta los intangibles, como el derecho de tránsito exclusivo en el país, la cantidad y equipamiento en estaciones de ferrocarriles y vendieron la empresa por menos del 50% de su valor en libros.

“Le bajaron al mínimo el precio, luego la venden por menos del 50%; el valor en libros estaba establecido en $us 50 millones y se la vendieron en 13 millones, contrario a la propia ley de privatización y capitalización y las reglas establecidas para la transferencia de empresas”, señaló Mendoza.

Su colega Tania Melgar, ex senadora por el Beni, dijo que se ratifica en el contenido de las proposiciones acusatorias sobre dos casos que abren la posibilidad de ingresar en varias de las “páginas oscuras” del proceso de privatizaciones y capitalizaciones entre los años 1989 hasta 2000.

Por su parte, el ex presidente de Diputados Marcelo Elío sostuvo que su declaración enfatizó en el supuesto tráfico de influencias entre los políticos de ese tiempo. Aseguró que Samuel Doria Medina favoreció a Gonzalo Sánchez de Lozada con yacimientos mineros en COMSUR y la mina Bolívar en Oruro, y cuando éste salió del Gobierno, benefició al primero con las cementeras de El Puente de Tarija y FANCESA en Chuquisaca.

En esa misma línea, el diputado Javier Zabaleta dijo que su declaración pretende respaldar al Ministerio Público con la mayor información para la investigación sobre este tema.

Plazo

De acuerdo a procedimiento, la Fiscalía General tiene diez días para emitir un pronunciamiento de imputación o rechazo de investigación en el caso de dos proposiciones acusatorias.

Fuente: Correo del Sur

Adolfo Mendoza: proceso por capitalización y privatización podrá extenderse a otras ex autoridades

Abi (18-01-15).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, anunció el domingo que la Fiscalía podrá ampliar el proceso por capitalización y privatización a otras ex autoridades, si lo considera necesario.

"Si es que la Fiscalía ve por conveniente ampliar la investigación e incluir a otras personas ya es parte de su atribución, pero queda claro que no es que se excluyó a alguien, sino que el trabajo de la Comisión fue tan responsable que no se puede levantar nombres de personas sobre las cuales no pesa documentación legalizada", dijo.

Mendoza aclaró que la proposición acusatoria que presentó, el martes pasado, la Comisión Investigadora de la Privatización y la Capitalización tiene todas las pruebas certificadas de que las 13 ex autoridades acusadas fueron responsables de vender las empresas estratégicas del Estado "a precio de gallina muerta".

"La decisión de la Asamblea ha sido verdaderamente responsable, no se puede levantar el nombre de otras personas, mientras no exista documentación probatoria, entonces no se está actuando aquí con supuestos y en esa documentación aparecen los nombres de las proposiciones acusatorias", sostuvo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el martes dos proposiciones acusatorias contra 13 ex autoridades de Gobierno, la primera contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes, Reinado Peter, Samuel Doria Medina, Arturo Beltrán Caballero y Flavio Escobar.

La segunda proposición acusatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha, Reinaldo Peters, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Fernando Candia, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.

Las dos proposiciones acusatorias, que presentó la Comisión investigadora de la privatización, se refieren estrictamente a dos casos, la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) y el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

Fuente: Abi

Mendoza: gobiernos neoliberales se prestaron $us 450 millones para privatizar empresas estratégicas

Abi (30-12-14).- El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS) y director de la Comisión Investigadora de la Privatización, Adolfo Mendoza, informó el martes que los gobiernos neoliberales se prestaron más de 450 millones de dólares para financiar la privatización de las empresas estratégicas.

"Poco más de 450 millones de dólares fueron los recursos que el país se prestó de afuera solamente para financiar la privatización, entonces una cosa es el financiamiento de la privatización, con lo cual ya teníamos una deuda de poco más de 450 millones de dólares y otra muy distinta es cuánto el país perdió por no percibir las utilidades que se generaban en esas empresas", puntualizó.

Mendoza detalló que los 450 millones de dólares fueron destinados a estudios para la privatización, pago de consultores para poner precio a las empresas que se estaban privatizando y pago de honorarios al personal que se dedicaba a esa tarea.

En esa línea, Mendoza aseguró que ese dinero "se fue al aire", porque la privatización no generó los ingresos que en teoría prometieron "los privatizadores", al contrario, sirvieron para solventar el gasto corriente.

Mendoza agregó que los recursos de la privatización fueron a parar a manos de los propios acreedores, "vía pago de deuda externa contraída por los distintos gobiernos privatizadores".

A su juicio, con la privatización de las empresas, Bolivia perdió fuentes de empleo, utilidades de sus empresas estratégicas y empresas de las ex corporaciones, además de soberanía, dignidad, y "ganó una deuda".

Fuente: ABI

Comisión: Fortuna de Doria Medina creció con los dólares preferenciales

PC (29-12-14).- Samuel Doria Medina y su familia obtuvo su fortuna a partir de la venta de los dólares preferenciales que circularon durante el gobierno de Hernán Siles Suazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP) y cuya venta estuvo a cargo de Jaime Navarro Tardío, actual compadre y amigo del exempresario del cemento, señala el informe de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la Investigación de la Privatización y la Capitalización (1989-2000).

Según las cifras reveladas por la comisión investigadora, la fortuna de la familia Doria Medina creció 23 veces en solamente un año (1984-1985) y con ello se hicieron con el paquete accionario de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce).

En 1984, siete miembros de la Familia Doria Medina tenían 279.012 acciones en Soboce y para 1985, la cifra se incrementa a 6.566.359 acciones, según el periodista investigador, Edgar Ramos este incremento se debe a que Samuel Doria Medina Arana (padre) aprovechó la puesta en vigencia de los dólares empresariales.

“Samuel Doria Medina padre comenzó a acumular dólares preferenciales a partir de la desdolarización y eso –dicen las primeras investigaciones le sirvió para comenzar a comprar las acciones de los otros accionistas y convertirse en accionista mayoritario y al ser accionistas mayoritario en presidente del directorio de Soboce”, dijo Ramos.

El 3 de noviembre de 1982, se emitió el decreto supremo 19249, mediante el cual el gobierno de Siles intentó controlar la crisis financieras, fue conocido como el decreto de desdolarización, pero que tuvo como efecto negativo la creación del “mercado negro de dólares”, que consistía en la venta de la moneda extranjera de manera clandestina, “muchos empresarios lo hicieron al vender los dólares adquiridos a mitad de precio del Banco Central”, precisó Ramos.

Entre los miembros de la familia Doria Medina que se favorecieron con la compra de acciones de Soboce se encuentran Samuel Doria Medina Arana (padre) que incrementó su participación accionaria en 23 veces, Samuel Doria Medina Auza (hijo), Yolanda Doria Medina Auza, Susana Doria Medina Auza y Lourdes Doria Medina de Urriolagoitia lo hicieron en 20 veces, Teresa Doria Medina de Quisbert y Silvia Doria Medina de Rengel lo hicieron en 21 veces, todo en menos de un año.

En el momento de la emisión del decreto supremo de desdolarización estaba como ministro de Economía, Ernesto Aranibar Quiroga, hermano de Antonio Aranibar, excanciller durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) que llevó adelante la capitalización de las empresas estratégicas del Estado.

A partir de la participación mayoritaria de la familia Doria Medina en Soboce, ésta comenzó a expandirse y convertirse en un monopolio en la producción y comercialización del cemento, sobre todo teniendo a su presidente, Samuel Doria Medina como ministro del gobierno de Jaime Paz.

El asesor de la comisión legislativa, Adolfo Mendoza señaló que la adquisición de Fancesa y Facep por parte de Soboce se realizó “gracias a las políticas privatizadoras de los gobierno neoliberales” y en especial del ministro de Planeamiento de Jaime Paz, que “se reservó” las cementeras para sí, una vez que dejó el gobierno en 1993 y ya tenía las normas legales aprobadas a su favor y en desmedro del Estado.

Fuente: Cambio

Privatización: Comisión identifica a 20 personas en red de poder de Doria Medina

PC (21-12-14).- La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para Investigar la Privatización y la Capitalización (1989-2000) identificó a por lo menos 20 personas que fueron parte de la denominada red de poder de Samuel Doria Medina y que participaron en los procesos de entrega de las fábricas de cemento El Puente de Tarija y Fancesa de Chuquisaca.

“Dos empresas de las excorporaciones no fueron privatizadas cuando él (Doria Medina) era ministro, El Puente y Fancesa. Esas dos nada más se postergaron para el otro período gubernamental, del 93 al 97 y extrañamente, en ese periodo ya el 97, por ejemplo, la fábrica de cemento El Puente se privatiza, ¿Quién se beneficia? Samuel Doria Medina, ¿cuál el interés en estas dos cementeras?, si es que alguien en ese momento controlaba Fancesa, El Puente y además tenía bajo su dominio Viacha y Warnes, controlaba a partir del monopolio la comercialización y producción del cemento”, relató el expresidente de la Comisión, el exsenador Adolfo Mendoza.

Según la investigación de la Comisión, durante el proceso de privatización de la Fábrica de Cemento El Puente (Facep), ejecutada el 30 de enero de 1997, las autoridades que impulsaron el proceso privatizador entre 1991 y 1993 se hicieron de la empresa, una gestión de gobierno después. Samuel Doria Medina fue el ministro de Planeamiento y Coordinación, Flavio Escóbar secretario de dicho Ministerio, Hernán Paredes tenía un contrato de consultor y Geovanni Pacheco era coordinador del Ministerio.

Tres años después, una vez que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ejecutó la privatización, Doria Medina es el adjudicatario de la fábrica, Escóbar se convierte en el representante legal, Paredes es el negociador de la empresa y Pacheco ocupa el cargo de gerente general de Facep, devela el informe de la Comisión Legislativa.

En la indagación también se identifica como parte de la red de poder en el proceso privatizador a Mario Cossío Cejas, quien fue el valuador de la empresa y luego como prefecto de Tarija entregó Facep a Doria Medina.

Están en la lista Jorge Quiroga, ministro de Finanzas; Mario Requena Pinto, subsecretario de Desarrollo Socioeconómico, Juan Carlos Requena Pinto, representante legal de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce); Federico Ruck Uriburi, asesor legal del Ministerio de Planeamiento y a la vez accionista de Soboce; Fernando Romero, accionista de Soboce y ministro de Desarrollo Humano; Ramiro Cabezas, superintendente de Bancos; Ernesto Araníbar, canciller y vinculado con Soboce.

También figuran en la lista Carlos Calvo Galindo, Eduardo Quintanilla, Tomás Guillermo Elío, Óscar Bonifaz, Fernando Bedoya, Roberto Saavedra Bruno y Rolando Kempff.

Este mismo grupo participó en la privatización de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), en 1999, cuando exautoridades de gobierno se adjudicaron las empresas “que se reservaron” del primer lote de unidades productivas transferidas.

“Uno de los gestores del modelo de privatización genera las condiciones para convertirse en un beneficiario directo de dicho modelo económico”, señala una de las conclusiones a las que llegó la comisión en su informe.

“Así funcionaron las redes de poder” concluyó el expresidente de la Comisión, quien ahora funge como asesor hasta la entrega oficial del informe.

Como Ministro aprobó leyes y decretos

Samuel Doria Medina, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, fue ministro de Planeamiento y presidente de la Comisión Evaluadora de la Empresa Pública, que definía precios y modalidades de venta de las empresas.

Impulsó la promulgación de la Ley 1330 de Privatización (14 de abril de 1992), el Decreto Supremo 22836 (14 de junio de 1991), que determina la privatización de 60 empresas de propiedad de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (Cordes).

Como Empresario se adjudicó empresas

Una vez que dejó la función pública, Doria Medina se adjudicó —con varias irregularidades y preferencias de por medio— las dos fábricas cementeras del Estado, Fancesa y El Puente. También fue propietario del periódico Hoy y tiene varias franquicias de empresas alimenticias extranjeras.

Socio de Aguas del Tunari privatizó el agua

El empresario del cemento tuvo el 5% de las acciones de la empresa Aguas del Tunari, grupo transnacional que se adjudicó —en el gobierno de Hugo Banzer Suárez— el servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Cochabamba, el hecho derivó en la llamada Guerra del Agua (2000).

Fuente: Cambio

Comisión de Investigación socializa detalle de privatización de FACEP

CEMIPyC (1-07-14).- Este lunes 30 de junio, en el salón principal del Municipio El Puente, departamento de Tarija, ante la presencia de más de 200 representantes de las comunidades de la Provincia Méndez, un equipo de profesionales de la Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización dio a conocer los resultados de la investigación sobre la privatización de la Fábrica de Cemento El Puente (FACEP), que tuvo lugar en 1996 y fue adjudicada a SOBOCE S.A.

Privatización sin consideraciones sociales

Además de adjudicarse FACEP, Samuel Doria Medina, presidente y accionista mayor de SOBOCE, logró que le cedieran en perpetuidad la explotación de caliza de La Tablada, violando la Constitución Política vigente en ese entonces. Por otra parte, se apropió de las acciones correspondientes a los trabajadores de la fábrica al amedrentarlos con el quiebre y cierre de la cementera, pagándoles sólo el 50% del valor real y dejándolos fuera de la constitución de la nueva sociedad mixta que estipulaba la propia Ley de Privatización Nº 1330.

Nuevas denuncias

La exposición se complementó con el informe de una Comisión Interinstitucional que realizó la inspección a las canteras La Tablada, Solución, Tierra, La Torre, Constancia y El Salto dando a conocer varias irregularidades en las operaciones de explotación de la piedra caliza. La Comisión Interinstitucional tiene por objeto verificar las cantidades de material explotado así como el cumplimiento de las normas ambientales.

Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización

Adolfo Mendoza expone sobre privatización en Federación Bartolina Sisa

(30-06-14).- Ante una audiencia de dirigentas de la Federación Sindical Única de Mujeres Campesinas Originarias e Indígenas de Cochabamba - Bartolina Sisa, provenientes de todas las centrales y subcentrales del departamento, el presidente de la Comisión especial mixta para la investigación de la privatización y capitalización, 1989–2000, Adolfo Mendoza Leigue, explicó el proceso de privatización que sufrió el país en los años 90.

En el marco de un taller departamental sobre el tema de la tierra, el senador Mendoza fue invitado a exponer sobre el saqueo que tuvo lugar con la venta de las empresas estatales en un proceso plagado de irregularidades. Mendoza expuso en detalle, departamento por departamento, los montos que el Estado invirtió en cada empresa y los precios irrisorios en los que fueron vendidas; en cifras totales, el Estado no recuperó ni el 10% de su inversión.

La exposición fue seguida atentamente por las participantes, que luego de exponer sus dudas e inquietudes, expresaron su deseo de continuar socializando una temática de gran importancia para el movimiento campesino y de las mujeres.

Fuente: Prensa Mendoza

Presentacion de resultados de investigación: bonos extralegales

(25-06-14).- La privatización en Bolivia tuvo resistencia social sobre todo de parte de los trabajadores de las empresas que sufrieron el proceso, una de las estrategias para quebrar la oposición laboral consistió en ofrecer bonos extralegales a los obreros con la condición que se sometan a la privatización y al despido.

En esta presentación presentamos el detalle de lo erogado por el Estado, desglosado por empresa y departamento:

Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización

Resultados de investigación: privatización en el Beni

CEMIPyC (24-06-14).- Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se inició la privatización de las empresas que pertenecían a la entonces Corporación de Desarrollo de Beni (Cordebeni).

En el marco del D.S. 22836 (14, junio, 1991), ocho empresas de Cordebeni son sometidas al proceso de privatización. Cinco empresas son cerradas y/o trasnferidas a otras entidades públicas: 1) Empresa Productora de Semilla Mejorada, 2) Hacienda Santa Martha, 3) Aserradero Chimanes San Borja, 4) Planta Silos Sachojere y 5) Cabaña de Bovinos del Beni – Cabobe.

Tres empresas fueron privatizadas: 1) Fábrica de Cerámica Roja Trinidad en 1993, 2) Laminadora de Goma S.A.M. en 1996, y 3) Empresa Nacional de Castaña (Enaca) en 1996.

En la Fábrica de Cerámica Roja, el Estado invirtió $us 1.201.942 y en consultorías gastó $us 21.694. La Fábrica fue vendida en apenas $us 13.000, vale decir, en el 1% de su costo inicial de inversión.

En la Laminadora de Goma, el Estado invirtió $us 660.000 y en consultorías gastó $us 31.869. Fue vendida en $us 245.817, perdiendo el 65% de sus inversiones.

En la Empresa Nacional de Castaña, el Estado invirtió $us 115.686, en consultorías gastó $us 2.500 y en bonos extralegales $us 10.000. ENACA fue vendida en $us 50.400, perdiendo más del 60% de sus inversiones.

El gobierno del MNR, presidido por Víctor Paz (1985-1989) boicoteó la gestión empresarial de Enaca para cerrarla y facilitar su desmantelamiento. El gobierno del MNR, presidido por Goni Sánchez de Lozada (1993-1997) ejecutó la venta de sus activos, por debajo de su valuación inicial.

La venta de Enaca se hizo sin autorización expresa de Cordebeni y sin ley de la República.

Enaca era una empresa importante para la región y empleaba a más de 100 trabajadores permanentes y más de 800 eventuales.

El proyecto de castaña de la ex CBF fue fundamental para la exportación de castaña boliviana, evitando su salida como castaña «brasileña». En 1996, Bolivia era el principal exportador mundial de castaña.

Fuente: CEMIPyC

La privatización en Potosí

CEMIPyC (24-06-14).- Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se inició la privatización de las empresas que pertenecían a la entonces Corporación de Desarrollo de Potosí (Cordepo).

En el marco del D.S. 22836 (14, junio, 1991), una empresa de Cordepo es sometida al proceso de privatización: Línea Aérea Imperial (LAI). En esta empresa, el Estado invirtió $us.6.062.844 y gastó en consultorías $us.44.855. LAI fue vendida en $us.600.500.
La privatización de LAI fracasó en un primer intento promovido por el gobierno de Jaime Paz, porque el Directorio de Cordepo no aprobó la venta de los activos de LAI; por el contrario, buscó reiniciar operaciones, aunque finalmente terminó alquilando a un privado que no cumplió con el pago de alquileres.

El gobierno de Jaime Paz tomó represalias contra el Directorio de Cordepo remitiendo antecedentes a la Contraloría y pidiendo se determinen responsabilidades.

El Plan de Privatización de LAI y su Pliego de Condiciones fueron aprobados en base al estudio de una persona que no se presentó al proceso de contratación de consultoría.

La adjudicataria SS Telecom Bolivia SRL no se presentó a la licitación púbica; en su representación se apersonó Emmy Chase, quien en realidad era «palo blanco» Mario Añez, Erwin Greminger y Carlos Delfín Ameller.

Los compradores nunca cumplieron con la cláusula del contrato referida a efectuar vuelos desde y hasta la ciudad de Potosí tres veces por semana; por el contrario aprovecharon de ese compromiso para lograr autorizaciones que les permitieron hacer servicio en otras rutas.

Los activos de LAI fueron vendidos a un tercio de la valuación que inicialmente hiciera la consultora Le Groupé S.M., y en una décima parte de su costo inicial de inversión.

Fuente: CEMIPyC

Presentación sobre las empresas privatizadas en Santa Cruz

CEMIPyC (24-06-14).- Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se inició la privatización de las empresas que pertenecían a la entonces Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz).

Mediante D.S. 22836 (14, junio, 1991), trece empresas de Cordecruz son sometidas al proceso de privatización.

Cinco empresas fueron cerradas y/o transferidas a otras entidades públicas: Fábrica de Cerámica Roja Camiri S.A.M., Fábrica de Cerámica Roja Roboré S.A.M., Fábrica de Losetas Montero, Cabaña Lechera Todos Santos – Hirtner y Finanzas de Desarrollo de Santa Cruz (FINDESA).

Ocho empresas fueron privatizadas: 1) el Ingenio Azucarero Guabirá en 1993, 2) la Cabaña Lechera Todos Santos-Paz en 1993, 3) la Planta Industrializadora de Leche (PIL) en 1995, 4) Productos Alimenticios de Maíz MAIRANA en 1995, 5) la Fábrica de Alimentos Balanceados Portachuelo (ALBAPOR) en 1995, 6) el Hotel Asahi en 1995, 7) la Planta Elaboradora de Quesos San Javier en 1996 y 8) la Hilandería Santa Cruz (HILANCRUZ) en 1996.

En el Ingenio Azucarero Guabirá, el Estado invirtió más de 19 millones de dólares. En consultorías gastó 196.120 dólares y en bonos extralegales repartió 2 millones de dólares. El Ingenio fue vendido en 10 millones de dólares, vale decir, perdió más de 11 millones de dólares.

En la PIL, el Estado invirtió 15.361.881 dólares. En consultorías gastó 120.028 y en bonos extralegales entregó 334.000 dólares. La PIL fue vendida en 5.363.000 dólares, perdiéndose el 67% de las inversiones estatales.

En Productos de Maíz Mairana, se invirtió 2.542.881 dólares; en bonos extralegales se gastó 26.000 dólares, y se vendió en 720.000. Se perdió más del 70% de las inversiones estatales.

En Albapor se invirtió 1.087.995 dólares; en consultorías se gastó 19.295 dólares, y se vendió en 168.300. Se perdió el 85% de las inversiones estatales.

En el Hotel Asahí se invirtió 315.780 dólares; en consultorías se gastó 23.755; en bonos extralegales se repartió 4.000 dólares, y se vendió 102.000 dólares. Se perdió más del 70% de las inversiones estatales.

En Quesos San Javier se invirtió 1.133.190 dólares; en consultorías se gastó 81.404 dólares, y se vendió en 205.100 dólares, perdiéndose el 83% de las inversiones estatales.

El caso más escandaloso es la venta de HILANCRUZ; en esta fábrica el Estado invirtió más de 77 millones de dólares; en consultorías gastó 249.710 dólares y en bonos extralegales repartió 352.000 dólares. HILANCRUZ fue vendida en 4.005.686 dólares, perdiéndose el 95% de las inversiones estatales.

La empresa beneficiada con la compra fue Santa Mónica Cotton S.A., empresa constituida por la familia Garáfulic el mismo día que se publicó la tercera convocatoria a la licitación pública. La prensa cruceña de entonces reportó que Raúl Garáfulic (ADN) era “palo blanco” de Andrés Petricevic (MNR), quien después aparece como el verdadero dueño de Santa Mónica Cotton S.A.

Posteriormente, Santa Mónica Cotton se benefició con los programas de reactivación económica de empresas, durante los gobiernos de “Tuto” Quiroga y “Goni” Sánchez de Lozada, recibiendo ayudas millonarias para su reactivación, pero que no tuvieron ningún efecto.

En el año 2010, Santa Mónica entra en quiebra. Más de 300 trabajadores fueron despedidos y actualmente adeuda aportes laborales a las AFP´s.

El sector privado ha demostrado no ser un buen administrador, Santa Mónica Cotton compró Hilancruz barata y libre de deudas, y recibió dineros de gobiernos neoliberales para su reactivación, pero finalmente la quebró el 2010.

Lo más grave para el país y la región es que se perdió una industria que se creó para impulsar un polo de desarrollo industrial y manufacturero. Actualmente no hay otra empresa pública que produzca hilos en el país.

El neoliberalismo privatizó una empresa que era estratégica para la agroindustria nacional que, con una buena administración, podía prestar enormes servicios a la sociedad.

Fuente: CEMIPyC

Privatización de las empresas de Pando

CEMIPyC (24-06-14).- Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se inició la privatización de las empresas que pertenecían a la entonces Corporación de Desarrollo de Pando (Cordepando).

En el marco del D.S. 22836 (14, junio, 1991), cinco empresas de Cordepando son sometidas al proceso de transferencia.

Cinco empresas fueron cerradas o transferidas a otras entidades públicas: 1) Sistema de Agua Potable Cobija (APC), transferida al Municipio ; 2) Teléfonos Automáticos de Cobija, transferido a la Cooperativa de Teléfonos Cobija; 3) Servicio de Energía Eléctrica de Cobija, transferido a ENDE y a una cooperativa a conformarse; 4) Planta Beneficiadora de Castaña, transferida al Municipio de Cobija para el funcionamento del Mercado Público de Cobija, y 5) Hacienda Ganadera Blanca Flor, cerrada.

Una empresa fue privatizada: la Fábrica de Cerámica Roja Cobija en 1993. En esta fábrica, el Estado invirtió 1.356.000 dólares, en consultorías gastó 23.791 dólares y en bonos extralegales repartió 22.000 dólares; fue vendida en 110.000 dólares, vale decir, en el 7% de su costo de inversión.

Además, fue vendida con reservas de arcilla que alcanzaban a 1,5 millones de toneladas brutas. Al ritmo de producción proyectado, éstas alcanzarían para varias decenas de años.

El objetivo de creación de esta fábrica era mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, minimizando la construcción de viviendas con madera y especies vegetales, que exponían a sus habitantes a posibles incendios así como a contraer enfermedades relacionadas con la inadecuada construcción de viviendas (mal de Chagas, dengue y otros). Empero, con su privatización, este objetivo quedó trunco principalmente en cuanto a facilitar la construcción de viviendas saludables.

Las fábricas de cerámica roja que se implementaron en el país, todas fueron cerradas o privatizadas, lo que impidió el cumplimiento de los objetivos sociales y de vivienda que impulsaron su creación.

Fuente: CEMIPyC

Resumen de la privatización en Chuquisaca

CEMIPyC (23-06-14).- Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se inició la privatización de las empresas que pertenecían a la entonces Corporación de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH).

Mediante D.S. 22836 (14, junio, 1991), 5 de las empresas de CORDECH debían ser privatizadas; una fue cerrada (la Planta de Ají) y cuatro fueron transferidas a grupos privados (la Planta de Pollos BB y el Taller de Cerámica en 1992, la PIL en 1995, y FANCESA en 1999).

La Planta de Pollos le costó al Estado 413 mil dólares y fue vendida en 16 mil dólares.

El Taller de Cerámica fue vendido en apenas 6.100 dólares. La consultora española ADARO, que fue contratada para evaluar la transferencia de esta empresa y otras 8 en el país, estableció 50 dólares como precio de referencia para la venta del Taller de Cerámica. Ante el reclamo de las organizaciones sociales de Sucre, la consultora ADARO dijo que fue “un error de dedo” y que el precio de referencia era 500 dólares. Para establecer este precio de referencia con esos errores, la consultora española cobró aproximadamente 21 mil dólares.

La instalación de la PIL le costó al Estado más de 6 millones de dólares; para su privatización, los neoliberales gastaron cerca de 130 mil dólares en consultorías, y la vendieron en menos de medio millón de dólares ($us.421.150); es decir, no recuperaron ni el 7% del total de inversiones estatales.

FANCESA fue diseñada para su privatización durante el gobierno de MIR-ADN (1989-1993), cuando Samuel Doria Medina era ministro, y fue vendida por el gobierno de ADN-MIR (1997-2001) a Samuel Doria Medina, Presidente de SOBOCE. En la venta de FANCESA, tanto los vendedores como los compradores, cometieron varias irregularidades.

a) Los estatutos de FANCESA prohibían la venta de sus acciones a competidores locales.

b) Se infringieron los plazos: SOBOCE presentó su propuesta de adjudicación fuera del plazo establecido y depositó dinero en el Banco Central por concepto de compra de la fábrica más allá del plazo establecido, violando el propio Código de Comercio. Los propios privatizadores emitieron actos administrativos fuera de los plazos.

c) El Pliego de Condiciones establecía la participación accionaria de los trabajadores. “…El adjudicatario de la licitación deberá conformar una sociedad con los trabajadores que manifiesten su voluntad de participar…“. Empero, a la fecha no se tiene evidencia de la conformación de la sociedad con los trabajadores para la compra de las acciones de FANCESA.

En una actitud antipatriótica, en diciembre de 1999, las autoridades de la Universidad San Francisco de Chuquisaca cedieron en favor de SOBOCE la administración de su paquete accionario (33,3%), con lo que SOBOCE logró el dominio y administración del 67% de las acciones de FANCESA.

Antes de su privatización FANCESA era la principal competencia de SOBOCE. A partir de su venta, FANCESA baja su producción y SOBOCE acapara el mercado nacional de cemento. Antes, en 1995, se compró la Fábrica de Cemento Tarija (FACEP), a pesar de la oposición regional tarijeña.

El 1 de septiembre de 2010, después de 4.105 días de injusticia, Evo Morales Ayma devuelve a Chuquisaca uno de sus más preciados bienes y clave para su desarrollo regional: FANCESA

Fuente: CEMIPyC

Como fue la privatización en Tarija

CEMIPyC (23-06-14).- Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se inició la privatización de las empresas que pertenecían a la entonces Corporación de Desarrollo de Tarija (CODETAR).

Mediante D.S. 22836 (14, junio, 1991), trece empresas de CODETAR son sometidas al proceso de privatización y cierre.

Cinco fueron cerradas: 1) Cristales Oscar Alfaro, 2) Sal Yodada Entrerriana, 3) Industria de Papel Tarija S.A., 4) Programa Agrícola de Oleaginosas y Maíz, 5) Industria Avícola de Tarija.

El Centro Vitivinícola Tarija fue transferida a otra entidad pública.

La Empresa Tarijeña de Gas (EMTAGAS) no pudo ser privatizada por la oposición del pueblo y de las entidades regionales.

Cinco empresas de CODETAR, de las más importantes y rentables, fueron privatizadas: 1) Fábrica de Aceites Villamontes, en 1992 (fue la primera en el país en ser privatizada); 2) Alimentos Balanceados de Tarija, en 1995; 3) Planta Industrializadora de Leche, en 1995; 4) Fábrica de Cemento El Puente, en 1996, y 5) Ingenio Azucarero de Bermejo, en 1998. 6) La Empresa Forestal y Pecuaria Tariquia, fue vendida en 1992, aunque ésta ya estaba cerrada. En la venta de estas 6 empresas, el Estado perdió más 50 millones de dólares.

La instalación de la Fábrica de Aceites Villamontes le costó al Estado más de 19 millones de dólares, además gastó más de 400 mil dólares en consultorías y pago de bonos extralegales. Fue vendida en 5 millones de dólares.

La Empresa Forestal y Pecuaria Tariquia fue subastada en menos de 5 mil dólares. Para venderla, el Estado gastó en consultorías más de 30 mil dólares.

En la empresa de Alimentos Balanceados de Tarija, el Estado invirtió más de 2 millones de dólares, además gastó 73.438 dólares en consultorías y pago de bonos extralegales. Fue vendida en 300 mil dólares.

La instalación de la PIL le costó al Estado más de 6 millones de dólares; para su privatización, los neoliberales gastaron cerca de 190 mil dólares en consultorías y pago de bonos extralegales. Fue vendida en 300 mil dólares; es decir, por debajo del 5% de las inversiones estatales.

En la instalación de la Fábrica de Cemento El Puente, el Estado invirtió más de 28 millones de dólares. Además, invirtió cerca de 20 millones de dólares en la apertura de caminos y la instalación de un gasoducto, y más de 200 mil dólares en consultoría y bonos extralegales. Fue vendida en menos de 15 millones dólares.

En la venta de la Fábrica de Cemento El Puente destaca lo siguiente:

• La Ley de Privatización y el Pliego de Condiciones establecían la participación accionaria de los trabajadores en una sociedad anónima (S.A.) con la adjudicataria. La adjudicataria SOBOCE incumple esta obligación al constituir una S.A. sin los trabajadores, sino únicamente con su Presidente, Samuel Doria Medina, y la hermana de éste.
• Goni enajena las concesiones de caliza de propiedad del Estado boliviano en favor de SOBOCE, infringiendo los artículos 136-138 de la CPE vigente esa época.
• En los últimos seis años, la Planta de Cemento El Puente de SOBOCE generó un ingreso neto promedio anual de 167 millones de bolivianos. De este monto, el Municipio El Puente recibió un promedio anual de 16 mil bolivianos por regalías de explotación de piedra caliza. La Planta El Puente de SOBOCE S.A. paga al Departamento de Tarija por concepto de regalías el 0.06% de sus ingresos netos. Y al Municipio El Puente el 0,009%.

La privatización de la Fábrica de Cemento El Puente cierra un círculo protagonizado por los mismos actores políticos: uno de los gestores del modelo de privatización, Samuel Doria Medina, genera las condiciones para convertirse en un beneficiario directo de dicho modelo económico. El poder político que le otorga su autoridad pública (capital político) es transferido y utilizado para enriquecer su poder económico privado (capital económico).

Fuente: CEMIPyC

La privatización en Oruro

CEMIPyC (23-06-14).- Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) se inició la privatización de las empresas que pertenecían a la entonces Corporación de Desarrollo de Oruro (CORDEOR).

Mediante D.S. 22836 (14, junio, 1991), seis empresas de CORDEOR son sometidas al proceso de privatización y cierre.

El Centro Agropecuario de Desarrollo del Altiplano fue transferido a la Prefectura.

Cinco empresas fueron privatizadas: 1) la Fábrica de Cerámica Roja en 1992; 2) la Terminal de Buses en 1995; 3) la Fábrica de Objetos de Peltre en 1995; 4) el Hotel Terminal en 1996, y 5) Cadenas Andinas S.A.M. en 1996.

En la venta de estas 5 empresas el Estado perdió 3.938.186 dólares.

La instalación de la Fábrica de Cerámica Roja de Oruro costó aproximadamente 1 millón y medio de dólares; en la consultoría para su venta se gastó más de 21 mil dólares, y fue vendida en 173 mil dólares; vale decir, se recuperó apenas el 12% de su costo inicial de inversión.

La Fábrica de Objetos de Peltre le costó al Estado 429.596 dólares, además de 40.000 dólares en bonos extralegales, y fue vendida en 36.178, lo que significa que su venta no llegó a cubrir ni los montos gastados en el pago de los bonos extralegales.

En la instalación de la fábrica de Cadenas Andinas S.A.M., el Estado invirtió 830.585 dólares, la fábrica fue vendida en 43.800 dólares; vale decir, en el 5% de su costo de inversión.

En el Hotel y la Terminal de Buses el Estado invirtió más de 3 millones de dólares; en consultorías y bonos extralegales gastó 211.028 dólares. Fueron vendidos en forma separada y en dos tiempos por un monto total de 1 millón 870 mil dólares. El Estado perdió 1.417.513 dólares.

En el caso del Hotel, el consorcio CONSA/CONICOM/IMBURSA estableció precios para su venta, siendo máximo $us.2.105.737 y mínimo $us.1.684.590. Sin embargo, el gobierno de Goni contrató nuevamente a consultores que trabajaron en dicho consorcio con la finalidad de reevaluar el Hotel, fijando nuevos precios: $us.838.177 (máximo) y $us.364.689 (mínimo).
El Hotel y la Terminal se privatizaron a pesar de la oposición de entidades cívicas y organizaciones sociales de Oruro.

A principios del año de 2012 surgen denuncias contra la administración de la Terminal y del Hotel de Oruro por despidos injustificados y no pago de beneficios sociales a trabajadores. Éstos iniciaron una huelga de hambre que recibió el apoyo movilizado del Comité Cívico, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE), la Brigada Parlamentaria de Oruro, la Asamblea Legislativa Departamental y la COD Oruro.

El 20 de julio de 2012, el Presidente Evo Morales, mediante D.S. 1297, dispone la recuperación del derecho propietario, tanto del Hotel como de la Terminal, a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.

Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización

Comisión de Constitución aprueba en detalle el Código Niña, Niño y Adolescente con cinco nuevos artículos

PS (20-06-14).- La Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, aprobó hoy, en su estación en detalle el nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, introduciendo 5 nuevos artículos y 34 modificaciones.

El presidente de esta instancia legislativa, senador Adolfo Mendoza, informó que de acuerdo al artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y de las Convenciones 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se establece la fragmentación de la edad, es así que el primer nuevo artículo hace referencia a la primera infancia, es decir niñas y niños comprendidos entre las edades de cero (0) a cinco (5) años cumplidos, y a la infancia escolar, niñas y niños comprendidos entre las edades de seis (6) a doce (12) años cumplidos.

El segundo artículo establece obligaciones en el proceso de adopción, que vela por los intereses y el bienestar de los menores de edad.

El tercero hace referencia a que los menores de edad comprendidos entre los 10 y 18 años pueden y deben expresar y asentir libremente su voluntad de realizar cualquier actividad laboral o trabajo.

Mientas tanto, el cuarto indica las disposiciones protectivas para niñas, niños y adolescentes que asumen actividades laborales por cuenta propia.

El último, describe que si un informe es favorable para la adopción de un menor de edad, se señalará audiencia para el periodo pre-adoptivo a realizarse dentro los cinco días, en caso de ser desfavorable se dará por concluido el proceso, aunque la decisión podrá ser apelada.

El informe de la comisión legislativa será considerado por el pleno camaral del Senado, para su respectiva revisión y aprobación, la próxima semana.

Fuente: Prensa Senado

Continúa trabajo informativo de la comisión investigadora de la privatización

(20-06-14).- La Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización (CEMIPyC) de la Asamblea Legislativa Plurinacional sigue informando a la ciudadanía, a las organizaciones y colectivos varios, acerca de los resultados de su trabajo.

Hoy viernes en la tarde, en ambientes de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, el senador Adolfo Mendoza, presidente de la comisión junto a miembros del equipo técnico de investigadores, brindaron información muy detallada sobre este proceso.

El senador Mendoza dijo, en parte saliente de su alocución, que la pesquisa no tiene por fin perjudicar a nadie de manera personal, sino establecer la verdad histórica sobre una actuación política contraria a los intereses nacionales y populares.

Posteriormente se expusieron los pormenores de la privatización o cierre de 60 empresas pertenecientes a las ex corporaciones de desarrollo de los 9 departamentos y también sobre el costo financiero directo (gasto + deuda externa) que le significó al país ese proceso.

Finalmente se dio a conocer un caso muy sensible e importante para los cochabambinos, el LAB, privatización de las más irregulares y que derivó en la quiebra y desaparición de la empresa emblemática de la región.

Fuente: CEMIPyC

Presentación power point: privatización y capitalizacion costaron US$ 300 millones

(20-06-14).- La privatización de los 90 no sólo significó la enajenación de patrimonio estatal, sino que tuvo costos importantes que fueron pagados por el Estado mediante el incremento de la deuda externa y por transferencias del Tesoro General. Casi 300 millones de dólares costó el proceso a los bolivianos.

Les invitamos a leer la presentación donde exponemos los resultados que sobre el tema ha logrado la comisión especial mixta que investiga la cuestión:



Fuente: CEMIPyC

Presentamos la privatización de 60 empresas de las Cordes en detalle

(20-06-14).- Ponemos a consideración de nuestros lectores una presentación acerca del proceso de privatización que sufrió el país en los años 90.

Luego de una necesaria contextualización histórica y política, se pasa a describir en detalle la privatización de las empresas de las excorporaciones de desarrollo, explicando que la mayor parte se trataba de empresas productivas; luego se hace un análisis empresa por empresa, acerca de las inversiones estatales vs. el precio de venta, departamento por departamento; finalmente se hace un balance, resaltando los perjuicios para el Estado y el pueblo bolivianos:

Fuente: Comisión Especial Mixta de Investigación de Privatización y Capitalización