LT (21-08-13).- La Brigada Parlamentaria de Cochabamba presentó el proyecto de ley “Delitos contra los Derechos de la Madre Tierra y la Soberanía y Seguridad Alimentaria”, trabajado con el objetivo de preservar la tierra con fines productivos y evitar el tráfico y asentamiento ilegal.
Según la presidenta de la Brigada de Asambleístas, Carmen Peredo, el documento propone la creación de cuatro nuevos tipos penales y establece sancionar con hasta 10 años de cárcel a los loteadores.
El senador Adolfo Mendoza informó que el proyecto ha sido trabajado por la Comisión Tierra de la Brigada, que ha solicitado a la presidenta de Senadores, Gabriela Montaño, el tratamiento urgente del proyecto.
Según la senadora Carmen Peredo, la Brigada de Asambleístas de Cochabamba, en coordinación con la Comisión de Tierra, ha elaborado este proyecto de ley, que tiene como principal fin precautelar los derechos de la Madre Tierra.
“Hemos elaborado este proyecto para establecer un régimen legal que permita proteger las zonas de recarga hídrica, franjas de seguridad y zonas de alto riesgo, como las tierras colectivas o individuales, públicas y de dominio municipal”, afirmó Peredo.
Este proyecto de ley surge por las constantes quejas que ha recibido la Brigada. El proyecto estipula cuatro nuevos tipos penales: tráfico de tierras; ocupación de hecho de la tierra; autoridades o servidores públicos en contra de los derechos de la Madre Tierra; y contribuciones y ventajas ilegítimas en contra de los derechos de la Madre Tierra.
Se entiende como “tráfico de tierras”, el engaño o promesa de venta o transferencia de tierras. Pero, también a toda aquella acción en la que se disponga a título gratuito u oneroso tierras privadas o públicas. El hecho se penalizará con privación de libertad de cuatro a 10 años.
El segundo tipo penal, ocupación de hecho de la tierra, enuncia que la persona que perturbe el ejercicio del derecho propietario, será sancionada con cárcel de cuatro a 10 años.
El tercer tipo penal, servidores o autoridades públicas en contra de los derechos de la Madre Tierra, establece que el servidor público o autoridad que se aproveche de su cargo para el tráfico de tierras y que no respete los planes de ordenamiento irá a la cárcel.
El cuarto, referido a las “contribuciones y ventajas ilegítimas en contra de los derechos de la Madre Tierra”, prevé que cualquier dirigente que obtenga dinero en beneficio propio o de terceros por tráfico de tierras u ocupaciones de hecho será sancionado de cuatro a ocho años de cárcel.
El presidente de la comisión de Tierra y Territorio, Recursos y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, Julio Salazar, manifestó que este proyecto de ley debe estar acorde a la Constitución Política del Estado para evitar loteamientos, por lo que tiene que ser dirigido a los traficantes y avasalladores de tierras, pero sin dar cobertura al latifundio.
Peredo manifestó que se realizó una alianza con la Gobernación, la Asamblea Departamental y la Asociación de Municipios de Cochabamba para proteger las tierras productivas.
Fuente: Los Tiempos
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