Luego de un amplio debate de las cuatro normas y su aprobación en grande y en detalle, el presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación, las siguientes normas:
Primero: El Proyecto de Ley que ratifica el “Acuerdo de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia para la Producción de Tecnologías Agrícolas”, a fin de garantizar la seguridad alimentaria, desarrollando actividades como la creación de una escuela Binacional Bolivariana de Granos y Cereales para el fortalecimiento de los programas de formación e intercambio de conocimientos del programa maíz, trigo y quinua.
Así como programas para la innovación y producción de tecnologías agrícolas de Bolivia y Venezuela, encaminadas a la producción de semilla de papa, insumos y fertilizantes a través de biotecnología y el desarrollo de alternativas para la producción animal y piscícola en ambos países.
Segundo: El Proyecto de Ley que ratifica el “Convenio General de Cooperación al Desarrollo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Reino de Bélgica” que tiene por objeto definir el marco político, institucional y jurídico de la cooperación bilateral directa entre ambos países centrados en varios sectores transversales de desarrollo, como cuidados básicos de salud, enseñanza, formación y otros.
Tercero: Por unanimidad del pleno, se sancionó el Proyecto de Ley que declara el 23 septiembre “Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana”, con el propósito de reafirmar la identidad y valor, la cultura de quienes en Bolivia son descendientes de africanos.
Cuarto: Finalmente se sancionó la “Ley de Creación del Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo – PROLECHE”, que establecen los alcances de los programas y proyectos orientados a apoyar a los actores productivos del sector lácteo, aplicando criterios técnicos y económicos, estableciendo una escala de operaciones, priorizando a los pequeños productores de leche, así como para las industrias lácteas se establece la certificación de un precio justo; establecer sus fuentes de financiamiento en el marco de la política de seguridad alimentaria con soberanía del Estado Plurinacional.
Fuente: Prensa Senado