"Dime en qué gastas y te diré cuál es tu prioridad", dijo a IPS la pobladora Juana Quispe desde lo alto de un cerro populoso lleno de migrantes de los Andes peruanos, en Lima.
Ella está convencida que solo si el Estado invierte recursos en reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, se puede avanzar en enfrentar el problema, así como ella prioriza en su presupuesto diario la alimentación para sus dos hijos.
Bolivia, Ecuador y Perú dieron pasos distintos para que en sus presupuestos se reconozcan las diferentes necesidades, intereses y realidades que tienen los hombres y las mujeres en la sociedad, se registren las inequidades que existen en esta convivencia y se asignen recursos para reducirlas.
ONU Mujeres estableció los presupuestos sensibles al género (PSG) como especial herramienta para reducir la desigualdad.
Quispe habla desde su experiencia de vida en un cerro súperpoblado y grisáceo de Lima, pero coincide con lo que plantea a IPS Mónica Novillo, responsable de Incidencia de la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, que agrupa a 26 organizaciones de ese país.
"La reducción de las brechas de género solo es posible si se implementan políticas públicas para este objetivo específico, que a la vez requieren recursos para su ejecución", afirmó en La Paz.
Para ONU Mujeres el destino de recursos para acortar las brechas exige aterrizar el tema, pero ello no es suficiente. Igual de importante es medir su eficacia, en los recursos propios que invierte el Estado y en los que recibe de la cooperación internacional para el desarrollo.
Precisamente, la reunión de alto nivel que se desarrolla desde este martes 29 y el 1de diciembre en Busan se busca cómo mejorar la eficacia en la ayuda al desarrollo, bajo la premisa de que para ello se debe priorizar el enfoque de género. Al respecto, los países andinos tienen mucho que aportar por sus avances y retos pendientes.
Perú, por ejemplo, muestra avances en su legislación. Desde 2007 está vigente la Ley de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que obliga entre otras cosas a que las 25 regiones del país establezcan y ejecuten un plan para recudir las inequidades de género.
Ese mismo año, se reformó la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que ahora obliga a las instancias del Estado a que evalúen sus políticas y programas para que sean formuladas con criterios de género.
"Ningún país tiene una ley con este mandato. Esto es un gran avance porque el Estado está obligado a cumplir", aseguró a IPS Karen Suárez, coordinadora de los PSG de ONU Mujeres Perú.
Pero la implementación aún está en proceso. Hasta ahora 17 regiones elaboraron un plan de igualdad de oportunidades y solo cinco tienen conocimiento de la norma que exige la evaluación de la inversión de género, planteó a IPS Cecilia Beltrán, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
"La realidad es diferente en cada región y aún no se está viendo esas diferencias y priorizando el presupuesto y su implementación en reducir las brechas", apuntó Beltrán.
Dentro del gobierno central, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsa la ejecución de presupuestos que registren resultados. Para ONU Mujeres eso puede ayudar a conseguir mayor eficacia en la reducción de las inequidades.
Bajo ese enfoque, se trabaja en cuatro programas pilotos a nivel nacional relacionados a programas productivos para diversificar la tradicional intervención de programas contra la violencia.
"Trabajamos para que no se considere cualquier actividad relacionada con la mujer como inversión para reducir estas desigualdades. Eso implica un trabajo más fuerte, un cambio de mentalidades", aseguró Suárez.
ONU Mujeres estima que en 2011 Perú ha destinado 151 millones de dólares, 0,7 por ciento del presupuesto público, para visibilizar y disminuir las brechas de género, en un monto que solo suma los programas contra la violencia familiar y de atención a niños de los gobiernos regionales y central.
Aún no hay cifras completas de cuánto se invierte en género en el país.
Suárez considera que primero debe trabajarse en establecer criterios claros y específicos de lo que significan los PSG, tanto a nivel del gobierno peruano como de la cooperación internacional. "Por ello es muy difícil hacerle seguimiento presupuestal y de resultados", agregó Suárez.
Ecuador tiene su propio camino y avances. Cuenta con una inusual Dirección de Equidad de Género en el Ministerio de Finanzas, después que la Constitución de 2008 obliga a incorporar el enfoque de género en la planificación y presupuesto nacional.
Para cumplir ese mandato, el ministerio incorporó en el presupuesto de 2010 la equidad de género entre sus funciones, bajo la letra K. Ese mismo año se estableció un nuevo Código de Planificación y Finanzas que incluye los enfoques de igualdad y ordena al sector a incorporar gastos para cerrar las brechas.
"La plata para la equidad de género estaba por todos lados y así encontramos la forma transparente de identificar dónde están y dónde orientar los recursos", explicó a IPS Soraya Arévalo, directora de Equidad de Género del ministerio.
La llamada Función K obtuvo en 2010 un premio internacional en Alemania, entre otras razones por su transparencia, fácil uso y disponibilidad para ser replicada por cualquier otro país en sus sistemas informáticos.
Para el presupuesto de 2012, Ecuador mejoró esa función con el Clasificador Orientador del Gasto, un código contable informático que permite registrar y agrupar todos los egresos del gobierno nacional a favor de las mujeres.
"Además facilita el vincular el presupuesto con la política pública y la planificación nacional", subrayó Arévalo, quien detalló que el sector público en las siete regiones del país ya fue capacitado para su manejo, mientras en una reunión nacional con representantes de organizaciones de mujeres estas lo consideraron fácil de usar y muy útil para su veeduría.
Con este nuevo clasificador, en el presupuesto nacional para 2012 se proyectaron ya egresos por 1.245 millones de dólares para acortar la brecha de género, 7,5 por ciento del total. La cifra incluye solo gastos corrientes del gobierno central, puntualizó.
Con la Función K en 2011 se registraron apenas 31 millones "porque la visibilización era más complicada", dijo.
Para Arévalo, el clasificador también facilitará el informar a la cooperación internacional qué se necesita para reducir las brechas de género y a los donadores verificar el manejo de la ayuda.
En Ecuador, el impulso en los PSG crece desde el ámbito nacional porque la incorporación del enfoque de género es un mandato constitucional para todos los poderes, pero las normas presupuestarias con enfoque de género son obligatorias para el gobierno central y de observancia para municipios y provincias.
En contraste, en Bolivia estos esfuerzos nacieron desde lo local.
Desde 2006, los gobiernos municipales deben asignar recursos al programa de políticas de género. Y desde julio de 2010, la Ley marco de Autonomías y Descentralización establece a la equidad de género como obligatoria y demanda que se creen instancias de planificación con participación de la sociedad civil.
Debido al proceso autonómico en Bolivia, la promoción de estos temas "en los niveles local e indígena adquiere especial importancia para garantizar que las políticas públicas reflejen las realidades diversas de las mujeres", aseguró a IPS Novillo, de la Coordinadora.
Novillo considera que "es un momento histórico para el posicionamiento de la agenda de las mujeres a nivel local y nacional". Y también para que se piense la equidad de género como un paso para el desarrollo de las personas y la disminución de la pobreza.
Fuente: IPS