El pedido a los uniformados fue aprobado a través de una resolución del pleno de la Cámara Alta promovida desde la bancada oficialista. Es la primera vez que el Órgano Legislativo se pronuncia para que un incidente que sucedió en un recinto castrense pase de los tribunales militares al Ministerio Público.
La senadora Gabriela Montaño (MAS) afirmó a Página Siete que la decisión fue tomada a partir de un informe realizado por una de las comisiones parlamentarias sobre la muerte de Poma.
“Después de una investigación que hizo la Comisión de Fuerzas Armadas se ha planteado al pleno de la Cámara de Senadores una resolución que tiene como centro la solicitud de que el Tribunal Permanente de Justicia Militar se inhiba de conocer esta causa. Sabemos que la justicia ordinaria sigue el caso y ésta debería ser la que asuma la investigación y la resolución del caso”.
El 7 de febrero, el subteniente Poma participó de un ejercicio de combate “cuerpo a cuerpo”, como parte de los ejercicios rutinarios que se practican en la Escuela de Cóndores de Sanandita. Dos días después falleció por un traumatismo encefalocraneano severo.
El Ejército explicó, inicialmente, que el deceso se debió al cruce de golpes de aquel entrenamiento, sin embargo, la versión no fue aceptada por la familia. La Defensoría del Pueblo, que se trasladó a Sanandita a investigar lo sucedido, concluyó que al menos siete militares castigaron a Poma hasta provocarle los daños en la cabeza.
Un sumario informativo castrense dispuso que tres oficiales pasen a la justicia militar para ser juzgados por el deceso.
El proceso fue abierto hace más de cuatro meses y todavía no hubo avances significativos en la investigación. Uno de los uniformados enviados al Tribunal es un compañero de curso y amigo personal de Gróver Poma.
Desde el principio del proceso, las FFAA sostuvieron que el caso debía ventilarse bajo su jurisdicción especial. Una reconstrucción de lo sucedido, hecha por los uniformados, hace un mes, concluyó que el deceso ocurrió “de manera fortuita”.
La senadora Montaño explicó que la resolución deberá servir como un precedente en las Fuerzas Armadas. “No queremos que sucedan más episodios de este tipo. La segunda parte de la resolución solicita que las FFAA, a través del Ministerio de Defensa, disponga los mecanismos para que no vuelvan a pasar esta clase de situaciones”.
La solicitud del Senado coincide con los pedidos que se han realizado desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Defensoría del Pueblo y la familia del oficial fallecido. Existe un caso abierto en la Fiscalía de Tarija, cuya denuncia precisa que Poma fue asesinado; sin embargo, los uniformados trabaron el avance de la investigación.
El abogado de uno de los militares investigados, Moisés Ponce de León, sostiene que el caso Poma debe ser atendido bajo jurisdicción castrense.
Fuente: Página Siete
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