La presentación de la Rendición Inicial de Cuentas 2011 del Ministerio de Autonomía fue el marco donde se dieron a conocer éstos y otros aspectos referidos al avance del proceso autonómico en el país.
“En los últimos seis años, los departamentos y los municipios han incrementado sus ingresos fiscales en un 277 por ciento, es decir, han triplicado por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la renta petrolera”, señaló Romero.
La autoridad recordó que, según el informe de gestión 2010 del presidente Evo Morales, el 22 de enero, las nueve gobernaciones (antes prefecturas) y los 337 municipios del país tenían “más de mil millones de dólares de saldo en caja y bancos, que son los recursos no ejecutados”.
Romero señaló que en el mismo periodo los presupuestos de las universidades también tuvieron un importante incremento, prueba de ello son las nuevas infraestructuras que se construyen. Aunque la autoridad preguntó si también se invierte en laboratorios e institutos de investigación.
Redistribución
El Ministro de Autonomía consideró que el proceso de redistribución de recursos fiscales hacia el nivel subnacional (gobernaciones) y la reasignación de responsabilidades competenciales dificultaron la capacidad de ejecución presupuestaria.
En ese marco, Romero desvirtuó las versiones que dan cuenta de una supuesta carencia de recursos para el funcionamiento de la autonomía departamental desde junio de 2010.
“Resulta que las gobernaciones tienen 92 responsabilidades competenciales y se cambia de discurso; ahora se dice que hay muchas competencias, pero no hay recursos”, sostuvo.
En cuanto a los recursos de coparticipación tributaria, la autoridad aclaró que el 57% —de un total de 75% de recursos que maneja el Gobierno central— vuelve a los municipios y regiones en proyectos sociales de salud, educación y otros.
Estos recursos “no son para gastos de administración central”, dijo.
En ese marco, criticó la publicación de un diario cruceño que planteó aumentar de 20 a 25% estos recursos a los municipios y de 5 a 10% a las universidades.
Estos datos evidencian que “tenemos una buena situación económica que hace viable la implementación del Estado autonómico; si hubiéramos ido al revés, es decir, primero las autonomías y luego la nacionalización de los hidrocarburos, no se hubiera podido implementar”, expresó Romero.
Pacto Fiscal
Por otro lado, Romero apuntó que la concreción de un pacto fiscal pasa por los resultados del Censo de Población y Vivienda de fin de año y la aprobación de los estatutos autonómicos y cartas orgánicas.
Dijo que el Censo es fundamental para la asignación de recursos, y el segundo elemento es que “necesitamos una clarificación de las competencias”, y esto será a través de los estatutos, sostuvo.
Algunos Indicadores del Régimen Autonómico
Autoridades de las autonomías: En abril de 2010, por primera vez y en el marco de las autonomías departamental, municipal, regional del chaco e indígena, se eligieron nueve gobernadores, cerca de 300 asambleístas departamentales, 1.800 concejales municipales en listas separadas, y ejecutivos seccionales.
Leyes y resoluciones: Entre mayo de 2010 y mayo de 2011, el primer año de las autonomías, las asambleas departamentales aprobaron más de 300 leyes y más de 400 resoluciones administrativas.
Dinamizar los estatutos y las cartas orgánicas
La aprobación de los estatutos autonómicos departamentales y las cartas orgánicas es de entera responsabilidad de las gobernaciones y municipios, recordó ayer el ministro de Autonomía, Carlos Romero.
“La principal dinámica de los estatutos y cartas orgánicas está en la responsabilidad de gobernaciones y municipios, y eso tiene su dinámica importante, compleja, pero dinámica al fin; no está estático el proceso”, señaló.
En la Rendición de Cuentas de ayer se informó que, excepto Santa Cruz y Beni, donde por pugnas políticas la adecuación de los estatutos a la Carta Magna está paralizada, en el resto la redacción de esos documentos tiene avances.
En el nivel municipal, 140 de los 337 municipios también encaminaron ese proceso. Asimismo, siete de las once autonomías indígenas originarias campesinas ya construyen sus estatutos.
El nivel nacional (el Gobierno) estableció el marco constitucional, la Ley Marco de Autonomías, los recursos, viabilizó de las elecciones (de gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales) y elabora las leyes sectoriales (impositiva, telecomunicaciones y de transportes)”, aseguró Romero.
Destacó los niveles de coordinación que se implementan, como el Servicio Estatal de Autonomía, los comités sectoriales y lo que será el Consejo Nacional de Autonomías.
Fuente: Cambio
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