Este documento define la rúbrica digital como “la firma electrónica que identifica únicamente a su titular, creada por métodos que se encuentren bajo el absoluto y exclusivo control de su titular”, además de ser “susceptible de verificación”.
El proyecto reconoce el valor lícito y “probatorio” de todas las acciones legales efectuadas a través de “documentos y firmas digitales” por “medios electrónicos”, que no necesariamente requieran la presencia física de una persona natural o jurídica.
Marcelo Elío, presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas de Diputados, que trata el documento actualmente, destaca la introducción de la firma y el documento digital porque ayudará a “ganar tiempos, ahorrar procedimientos, tener información al instante del Estado”; además generará celeridad en los trámites al permitir que “lo que daba vueltas un mes, ahora va a ser casi instantáneo”.
No es la firma convencional
Según análisis, la firma digital ayudará a certificar la autenticidad de un documento que lleva una firma electrónica y a identificar si alguien lo modificó después de que fue firmado.
Manuel Mercado, director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, aclara que este recurso no es la digitalización de la firma manuscrita, sino un código electrónico e irrepetible que “tiene por detrás todo un mecanismo de certificación estandarizada a nivel internacional”, lo que permite que los documentos y las comunicaciones vía internet se den de “manera segura”.
Sin embargo, no es solamente un tipo de firma digital, sino que existen diferentes categorías y niveles y que se utilizan en distintos ámbitos.
Mercado explicó que este recurso se usa generalmente en lo público-estatal, el gobierno electrónico y el sector comercial. En el primer caso se da, por ejemplo, a través del otorgamiento de una firma digital al cargo de un funcionario, que puede ser un ministro, a quien le sirve para enviar a otro Estado un convenio o documento oficial ya firmado digitalmente.
En la esfera del “gobierno electrónico” se utiliza en el mejoramiento de las relaciones Estado – ciudadano. Mario Durán, especialista en la materia, resume que la firma digital “es como una llavecita” que identifica a la persona y que “permite que cualquier ciudadano pueda hacer trámites y transacciones vía internet”.
En el tercer ámbito, el abogado en telecomunicaciones Jorge Auza sostiene que se trata de una ventaja para el comercio electrónico, porque “agiliza trámites y negociaciones”, además que posibilita que cualquier contrato que se haga vía internet tenga respaldo legal para ser válido en instancias judiciales, si así se lo requiere.
Un avance y mucho por hacer
Los especialistas y autoridades coinciden en que la puesta en vigencia de la firma digital -una vez aprobada la Ley de Telecomunicaciones- será un avance importante, pues permitirá una nueva forma de relacionamiento entre el Estado y la sociedad o de los ciudadanos entre sí.
Hay países que aún no legislan sobre la firma digital
Bolivia es uno de los pocos países que no tienen legislación sobre la firma digital, una institución que permite un nuevo relacionamiento en actos jurídicos y transacciones entre el Estado y la sociedad, así como de los ciudadanos entre sí, e incluso de otras sociedades y Estados con el país.
Según una nota de AeTecno -el espacio de la revista América Economía para temas tecnológicos-, Bolivia está entre los cinco países, de los 23 de la región, que no legislan sobre la firma digital.
El avance comenzó en 1998, cuando Puerto Rico y Uruguay reformaron sus legislaciones para introducir la firma digital. Un año después le siguieron Bermuda y Colombia. Para el año 2000 se sumaron Islas Caimán, Perú y México.
En 2001, Venezuela, Argentina, Panamá y Brasil se alinearon en ese sentido. Un año después lo hicieron Chile y Ecuador. En 2003 ingresó en ese espacio Belice y Costa Rica en 2006, Guatemala en 2008, Trinidad y Tobago en 2009.
Cuba, Paraguay, El Salvador y Santa Lucía no poseen legislación al respecto. Bolivia tampoco, aunque actualmente se trata el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que legisla sobre la firma digital.
Manuel Mercado, director de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, asegura que a ese paso le sigue la reglamentación y una serie de etapas sobre la estructuración de la institucionalidad.
Fuente: FmBolivia
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