Abogados constitucionalistas, también asambleístas de diferente ideología política aprueban la decisión adoptada por el Gobierno de separar identificaciones del régimen institucional de la Policía Boliviana, pero no así la entrega de licencias al Ministerio de Obras Públicas y Servicios, que debería quedar -dicen- en manos de Tránsito.
Cuestionan y critican con preocupación que el Ministerio de Gobierno, el más cuestionado en todas las gestiones, tenga tuición en el sistema de identificaciones, poniendo en riesgo la seguridad de la identidad y cualquier proceso electoral o de consulta.
La Ley fue promulgada ayer, luego de ser sancionada en la Asamblea Legislativa, con amplio apoyo.
El objetivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, según el senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza, es, entre otras cosas, resguardar los derechos ciudadanos de identidad con una administración civil “que no esté relacionada con el aparato represivo del Estado (Policía Bolivia)”.
Sin embargo, en los hechos, el Ministerio de Gobierno es el “jefe” de la Policía Boliviana acusada por partidos políticos, incluso la misma sociedad, de mala administración y fama de corrupción.
Independientemente de la tuición, la ley garantiza una institución descentralizada con autonomía de gestión y patrimonio propio en la que el Ministerio de Gobierno, aparentemente, no tiene decisión, afirma Mendoza. “Algo similar al Banco Central o a la Universidad”, añadió.
Seguridad
Para el senador de PPB-Convergencia Nacional, Bernardo Gutiérrez, el objetivo del MAS es “controlar la identidad de los bolivianos, mediante el Ministerio de Gobierno. Una cartera que se ha caracterizado históricamente por ser el brazo represor de todos los gobiernos”
Por el contrario, dijo Mendoza, la protección de la identidad está conectada con la criminalidad. “Los criminales tienen una identidad, con todo el derecho,, pero hay un fondo de investigación que se debe ejecutar, entonces la conexión es coherente, es un asunto de seguridad del Estado”.
Por su parte, el abogado constitucionalista, César Cabrera señaló que no es correcto que el Ministerio de Gobierno tenga tuición de las descentralizadas.
Cabrera explicó que el Tribunal Supremo Electoral es un “verdadero cuarto órgano de poder” y, con raras excepciones el mundo, es el que administra el registro de los ciudadanos
“Los Organismos Departamentales Electorales, mediante el registro cívico, manejan toda la base de datos de la persona, desde que nace hasta que muere”, dijo Cabrera. En consecuencia, tienen facultad de administrar el sistema de identificaciones.
Según el abogado, no debió delegarse el sistema de identificación a una institución descentralizada como es el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) porque podría producirse un manejo discrecional en desfavor del bien común.
En cambio, el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Rivera, aseguró que es pertinente la creación del SEGIP y Segelic, pero que el Ministerio de Gobierno no debería tener tución.
Rivera también teme que se pueda manipular la información con fines estrictamente políticos.
Por su lado, Cabrera afirmó que los Ministerios de Gobierno tienen una tarea represiva y política, y no debería ser cabeza del servicio de identificación.
“Esta situación nos invita a pensar que habrá un manejo discrecional de los datos de identidad, con graves riesgos en el orden civil y político”, insinúa.
El abogado dijo que es evidente que la Policía Boliviana fue un mal administrador del servicio de identificaciones, porque no es esa su tarea.
Pero no se trata de un problema de mala administración, señaló Cabrera, si el SEGIP habilita una sola oficina para la obtención del carnet de identidad, y no varias como la Policía Boliviana debió hacer, no habrá reestructuración y modernización, continuarán las largas filas, molestias y, en consecuencia, pagos y cobros indebidos para agilizar el proceso.
El mismo senador Mendoza dijo que la nueva institución descentralizada no resolverá el problema de corrupción.
“No es un asunto de corrupción, el objetivo de la ley es la modernización y reestructuración, migrar la administración de una institución estatal a una civil con mayor transparencia, que garantice la seguridad de las personas”, concluyó.
Fuente: Opinión
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