Al encuentro asistieron representaciones al más alto nivel de los Órganos del Estado, de las Gobernaciones, Municipios, del Ministerio Público, organizaciones sociales y de la Policía y Fuerzas Armadas de la Nación.
El evento fue inaugurado por el presidente Evo Morales el jueves, quien recomendó “despolitizar el tema de seguridad ciudadana y adoptar decisiones que beneficien a todos los bolivianos”.
Uno de los objetivos del encuentro fue crear condiciones que brinden mayor seguridad a la población y garanticen el libre ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, en busca de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.
El Acta de Compromiso señala que las instituciones desarrollarán acciones conjuntas para apoyar y efectivizar el fortalecimiento de la seguridad Ciudadana en el ámbito de sus competencias, pero bajo una estricta coordinación.
Se han fijado líneas de acción en el coro plazo que se refieren al fortalecimiento del sistema normativo con la presentación a la Asamblea Legislativa de anteproyectos de Ley de Seguridad Ciudadana, de Armas, explosivos y municiones, contra el Consumo y expendio de Bebidas Alcohólicas y el Robo de vehículos y autopartes.
Igualmente se estableció enviar al Legislativo anteproyectos de Ley de faltas y contravenciones, de reformas al Código de Ley de Niño, niña Adolescente, de justicia penal juvenil, imprescriptibilidad de los delitos de narcotráfico y de Seguridad de Carreteras.
Otra de las medidas es la implementación de Observatorios Nacionales, departamentales y municipales de Seguridad Ciudadana.
Entre las medidas puntuales se destacan las sanciones al consumo de alcohol a conductores, con la suspensión definitiva de la licencia conducir, de acuerdo al porcentaje de alcohol en el organismo establecido en estándares nacionales y sancionar penalmente la venta de alcohol a menores de edad.
También se decidió crear sanciones de trabajo comunitario al consumidor infractor y la restricción de horarios en la venta de bebidas alcohólicas en lugares de expendio.
Se ha definido igualmente realizar Cumbres Nacionales de Seguridad Ciudadana cada seis meses para evaluar la marcha de las medidas adoptadas y asumir nuevos compromisos.
La próxima Cumbre se realizará durante la primera quincena de diciembre en la ciudad de Tarija.
Entre los asuntos administrativos se dispuso la elaboración de un Presupuesto Operativo para las instituciones que trabajan en el tema, al igual que activar los consejos de seguridad ciudadana.
De esa manera se asignará un mínimo del 10 por ciento de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la seguridad ciudadana.
Otro de los acuerdos a ser encaminados es el Incremento de impuestos a las bebidas alcohólicas para que los recursos sean destinados a la ejecución de los programas de seguridad ciudadana.
Los participaron también acordaron sumar esfuerzos para posibilitar la construcción de centros penitenciarios modelo e incorporar en la currícula educativa el tema de seguridad ciudadana para que el tema sea de permanente preocupación en la formación de las nuevas generaciones.
Respecto a la Policía, se definió adoptar medidas para un fortalecimiento institucional con la dotación de herramientas y equipos que le permitan cumplir a cabalidad sus servicios de resguardo de la seguridad.
Uno de los puntos de consenso fue convocar a los medios de comunicación a sumarse a la consecución del objetivo con la difusión de mensajes educativos y de orientación, junto a la supresión de contenidos que promuevan la violencia u otras acciones nocivas.
La propia Policía propuso la iniciativa de someterse a la rendición de cuentas públicas a la sociedad y también de su desempeño operativo en las tareas en resguardo.
Los jefes policiales también dijeron que es necesario impulsar una Policía Comunitaria que trabaje en permanente contacto con la población a fin de recuperar su credibilidad y garantizar un trabajo más eficiente.
Otra de las propuestas fue la desconcentración de la Policía Boliviana en Estaciones Policiales Integrales, al igual que el fortalecimiento de la administración de justicia para superar la retardación de los casos existentes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Von Borries, manifestó que en la actualidad existen solamente de 754 jueces para abordar nada menos que 591.000 causas.
Entre las propuestas se ha destacado también la dotación de helicópteros para Seguridad Ciudadana y la construcción de modernos centros penitenciarios que incorporen tareas de rehabilitación y reinserción social.
El fortalecimiento del control social con la participación de la comunidad y sus representaciones en este tema será vital para transparentar el uso de los recursos.
Fuente: ABI
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