Mediante D.S. 22836 (14, junio, 1991), cinco empresas de Cordeco son sometidas al proceso de privatización.
Cuatro empresas fueron privatizadas: 1) la Fábrica de Boliviana de Cerámica en 1992; 2) el Criadero de Truchas Piusilla en 1992; 3) la Planta de Tarhui en 1995, y 4) la Planta Industrializadora de Leche en 1995.
En la instalación de la Fábrica Boliviana de Cerámica, el Estado invirtió 3 millones 150 mil dólares. En consultorías y bonos extralegales, gastó 231.694 dólares. La fábrica fue vendida en 1 millón 287 mil dólares. Se perdió el 62% de las inversiones estatales. Bajo la consigna gubernamental de que la privatización era para “democratizar el capital”, los trabajadores de la fábrica quisieron comprarla con sus beneficios sociales, bonos y aportes personales, sin embargo, los privatizadores la vendieron a un grupo privado.
En el Criadero de Truchas Piusilla, el Estado invirtió 414.849 dólares; en consultorías y bonos extralegales, 23.295 dólares. El Criadero fue vendido en apenas 28.750 dólares.
En la Planta de Tarhui se invirtió 274.720 dólares, en consultorías y bonos extralegales se gastó 13.500 dólares; se la vendió en apenas 11 mil dólares, vale decir, que su venta no alcanzó a cubrir ni los gastos de consultoría. No se recuperó ni el 4% de las inversiones estatales.
La Planta Industrializadora de Leche fue vendida a la transnacional Gloria S.A. en aproximadamente 6 millones de dólares, pese a la oposición de las organizaciones sociales y cívicas del departamento de Cochabamba. Los trabajadores de la PIL y los productores de leche plantearon hacerse cargo de la administración, pero no fueron atendidos por el gobierno de entonces.
Posteriormente, a los planes privatizadores se incorporaron Elfec y Semapa.
La privatización de Semapa, además de entregar la entidad municipal en concesión por 40 años, otorgaba a la transnacional Bechtel exclusividad de operaciones para la explotación de fuentes agua y prestación de servicios.
Esto implicaba dos cosas: uno, afectar directamente a los usos y costumbres de las organizaciones campesinas y barriales, cuyas fuentes de aprovisionamiento de agua estaban siendo expropiados en favor de la transnacional Bechtel, que tenía por socios a Soboce y otros grupos nacionales y, dos, autorizar el incremento de tarifas del agua de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor en los EE.UU.
La concesión de Semapa estaba amarrada al Proyecto Múltiple Misicuni (dotación de agua potable, riego e hidroeléctrica), cuyo financiamiento en parte pretendía ser cargado a los consumidores de agua potable de la ciudad de Cochabamba.
La entrega de Semapa en concesión a Aguas del Tunari S. A. y su posterior reversión para que el agua potable y alcantarillado vuelva a la administración municipal de Semapa, señala un antes y un después en las luchas sociales en Bolivia.
A partir de abril del 2000, el pueblo retoma la iniciativa para luchar por sus derechos y frenar el afanado plan globalizador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario