La senadora pandina Mirtha Da Costa (MAS), afirmó que “el día de hoy es una fecha histórica, porque por primera vez en la historia de Bolivia, cuatro contratos de exploración y explotación están siendo analizados y aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, lo que no se ha hecho en el antiguo Congreso Nacional.
La senadora chuquisaqueña Nélida Sifuentes (MAS), agradeció por la aprobación de la Ley, específicamente referente a la exploración y explotación del área Itacaray, ubicada en su región, señalando que ese contrato “significa un regalo más para el aniversario del departamento de Chuquisaca, por parte del Gobierno y presidente Evo Morales, porque habrá más recursos económicos para todos los municipios y va a haber mayor desarrollo”.
La senadora cruceña Gabriela Montaño (MAS) afirmó que “las críticas que se han hecho a la falta de exploración y explotación de nuevos campos en nuestro país queda atrás con la aprobación de estos cuatro contratos e impulsa que departamentos Beni, Pando y norte de La Paz tengan la oportunidad que Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz que han tenido desde los años 50 y 60".
Sin embargo, los senadores de la oposición rechazaron la aprobación de las leyes. El jefe de bancada de PPB Convergencia, Bernard Gutiérrez, señaló que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Asamblea Legislativa no necesita autorizar a YPFB la suscripción de contratos petroleros, “porque ya está dada por la” propia Constitución y que el Legislativo solo debe autorizar cuando se “lo hace para el caso de los contratos en sí mismos”.
Este argumento fue refutado por el oficialismo. El presidente de la Comisión de Economía Plural, Fidel Surco, que trató el proyecto, afirmó que la misma Constitución indica que todas “las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos deberán contar con previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, caso contrario serán nulos de pleno derecho”.
La asamblea de senadores de hoy fue continuidad del día de ayer (en la que se declaró cuarto intermedio), cuando participó el ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, y el presidente de YPFB Corporación, Carlos Villegas Quiroga, quienes explicaron al pleno de la Cámara Alta los detalles técnicos de los contratos petroleros.
El presidente de la YPFB, Carlos Villegas, informó que la empresa GTLI tiene un capital autorizado de siete millones seiscientos mil bolivianos, capital suscrito de tres millones ochocientos mil bolivianos y capital pagado de tres millones ochocientos mil bolivianos, lo que habilita un trabajo legal.
Villegas explicó que en total la inversión por parte de GTLI, en la primera fase (en la búsqueda), en las cuatro áreas, asciende a setenta y dos millones doscientos treinta mil cuatrocientos treinta y ocho dólares. Para la zona no tradicional, área de Rio Beni, que consta de 400 parcelas, la inversión comprometida para su primera fase (de uno a cinco años) es de once millones seiscientos veinte mil cuatrocientos treinta y ocho dólares.
Mientras para las otras tres zonas tradicionales, área de Almendro, que consta de 39 parcelas (para uno a tres años), se invertirá doce millones cuatrocientos ochenta y cinco mil dólares. Para el área de Cupecito, que consta de 38 parcelas, se invertirá once millones trescientos sesenta y cinco mil dólares. Y para el área de Itacaray, que consta de 23.5 parcelas, se invertirá treinta y seis millones setecientos sesenta mil dólares.
El ministro de Hidrocarburos, Luis Gutiérrez, informó que el objetivo inicial del trabajo es encontrar petróleo en el zonas no tradicionales (Rio Beni) y gas en las zonas tradicionales (áreas que se encuentran en Santa Cruz y Chuquisaca). Con este propósito, en Almendro se tiene previsto perforar tres mil metros de profundidad; en Cupecito, dos mil; en Rio Beni, dos; y en Itacaray, dos mil ochocientos.
La autoridad del Órgano Ejecutivo agregó que la empresa trabajará “con riesgo propio” de su capital, por lo que “no está exponiendo el Estado un (solo) centavo”; además YPFB, para asegurarse en todos estos contratos, tiene las boletas de garantía: para Almendro, ocho millones; para Cupecito, seis millones; para Rio Beni, seis millones y medio; y para Itacaray, seis millones.
En ese sentido, la empresa cubrirá todos los costos y proveerá todo la tecnología, instalaciones, bienes y capital necesarios para la realización de operaciones petroleras, y por su parte, YPFB “no asumirá ningún riesgo ni responsabilidad respecto a las operaciones petroleras o los resultados de las mismas”, señala el informe de la Comisión de Economía Plural del Senado.
Fuente: Prensa Senado
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