La principal atribución de la primera autoridad del Órgano Ejecutivo, establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), es precisamente la Ejecutiva por la cual debe ejecutar y hacer cumplir las leyes del Estado, expedir los decretos y órdenes que sean convenientes. Esto no significa la privación de derechos, la alternación de los definidos por ley o la contradicción a las disposiciones legales vigentes.
Pese a esto, ha habido la resistencia de diferentes sectores de la sociedad a las normas legales que han avanzado hasta lograr su promulgación y puesta en vigencia legal sin la debida socialización o consideración de las observaciones planteadas.
Desde el 6 de agosto del 2010 hasta ahora, se tienen 123 leyes promulgadas, de las cuales 13 son de carácter nacional y son consideradas las más debatidas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sólo en la gestión 2011 se aprobaron y promulgaron 88 leyes.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró que se cumplió con el 99,7 por ciento de la agenda prevista hasta medio año, además de la selección de candidatos para las elecciones judiciales de octubre próximo. Aún queda pendiente de promulgación la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación y la Ley General de Transporte. Por otro lado, están en la mesa de análisis la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas, ley para mejorar el acceso laboral a los jóvenes, ley para sancionar el acoso laboral a mujeres del servicio público, ley para la defensa del consumidor y otras.
Las leyes que fueron aprobadas en este periodo son la Ley de la Lotería y juegos de azar, Ley de la Procuraduría General del Estado, Ley de Deslinde Jurisdiccional y Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.
Las más recientes son la Ley del Servicio General de Identificación Personal y Servicio General de Licencias para Conducir y la ley que establece por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diésel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques.
Las leyes buscan atender las demandas del pueblo boliviano que pasan principalmente por lograr mejores condiciones de vida, fuentes de empleo, industrialización del país, mejor uso de los recursos naturales y respeto a las libertades de expresión, de opinión, de información.
El rechazo y las movilizaciones de sectores
Las movilizaciones, pronunciamientos de diferentes sectores, argumentos y la presentación de propuestas, de diferentes sectores no fueron tomados en cuenta al momento de la aprobación y promulgación de las leyes.
Uno de los pronunciamientos fue de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia que hizo referencia a las leyes que se promulgan cada día en el país y que son la muestra de que el Gobierno “se empodera de las instituciones violentando la democracia y la seguridad del Estado boliviano”.
Observaron el artículo 16 de la ”Ley antirracismo” por cercenar la libertad de expresión y el artículo 23 que penaliza la labor de la prensa. Otra de las leyes observadas es la Ley de Educación Avelino Siñani, Elizardo Pérez, la Ley de Pensiones, Ley de los Derechos de la Madre Tierra, Ley de Revolución Productiva Agropecuaria y otras. Las observaciones en estos casos fueron sectoriales y con movilizaciones.
En este proceso el oficialismo y la oposición se lanzaron acusaciones e incluso exhortos para construir una normativa boliviana consensuada y con propuestas. La oposición advirtió que no hay diferencia con el viejo Congreso que “legislaba entre cuatro paredes, sin la participación de la gente”. Entre tanto el oficialismo habla de un boicot al “proceso de cambio”.
Ante esta situación se propuso un reglamento de participación y deliberación ciudadana para que las leyes, una vez que ingresen a la agenda, sean discutidas en el seno de la sociedad civil y se encaren los consensos y luego se procesen en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Las autoridades nacionales destacaron el consenso con las organizaciones sociales y las representativas del país. Hablaron de alianzas estrategias para temas específicos como en el caso del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) con quienes se comprometieron a trabajar para la aprobación de la ley de la madre tierra, la ley sobre consulta y consentimiento previo y la ley de bosques.
El vicepresidente, Álvaro García Linera, destacó la Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, que promueve mejores condiciones de vida para los productores campesinos y garantiza la soberanía alimentaria en el país.
Asimismo, enfatizó en la construcción colectiva del proyecto de Ley General de Transporte, que será promulgada en los próximos días.
Consolidan el Estado Plurinacional
El Estado Plurinacional se consolidó con la aprobación de cinco leyes orgánicas que fueron fundamentales para modificar el sistema de leyes que regía desde el Estado republicano. Con la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el año pasado, se completó las cinco leyes orgánicas fundamentales. Las otras cuatro leyes son de los órganos Electoral y Judicial, del Régimen Electoral y del Tribunal Constitucional.
Fue la Asamblea Legislativa Plurinacional que tuvo la tarea de debatir leyes para dar vida al tan combatido, pero a la vez anhelado Estado Plurinacional, que tiene como objetivo una auténtica convivencia intercultural entre indígenas, mestizos y criollos.
Uno de sus esfuerzos recientes fue la postergación de su receso de medio año para concluir con el debate de la Ley de Telecomunicaciones, Ley de Transporte y la selección de los candidatos al Órgano Judicial.
Pero, también hubieron contratiempos, el 2009 aproximadamente unas 160 leyes lograron promulgarse, es decir, entre un 15 a 20 por ciento de los proyectos que fueron presentados.
La Asamblea Legislativa inició su primera gestión con 800 proyectos de leyes. Uno de los problemas que se presentó fue la falta de recursos para su aplicación.
Entre los esfuerzos está el de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia que con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) mediante el programa de Fortalecimiento a la Concertación y Estado de derecho llevó a cabo el “Programa de Saneamiento Legislativo”, que tuvo como objetivo la depuración de las leyes del Estado desde 1825 hasta 2009 para contribuir a la seguridad jurídica del país.
Este programa fue concebido con el propósito de contribuir a la seguridad jurídica del país.
Mayorga destaca dos aspectos de los cambios legales en el país
El marco normativo más importante de Bolivia es la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que obliga a modificar la fisonomía de las leyes. En ello radica la importancia de la promulgación de las nuevas normas, según la valoración del director del Centro de Estudios Superiores Universitarios, Fernando Mayorga. Después de la nueva CPE, para Mayorga, el Estado boliviano cambió en dos aspectos: en el reconocimiento de los derechos colectivos y de los indígenas que expresan al carácter plurinacional y la descentralización de un régimen de autonomías regional e indígena.
“Tenemos por eso un Estado Plurinacional con autonomías con las características institucionales más importantes. A partir de esta nueva fisonomía se han aprobado las cinco leyes orgánicas”, dijo.
Respecto de los medios de comunicación explicó que aún no fue promulgada ninguna ley por lo cual sigue vigente la Ley de Imprenta y algunas leyes que, directa o indirectamente, van con la labor de los periodistas como la Ley Contra el Racismo y del Régimen Electoral que regulan la labor periodística. Para Mayorga, esta ley logra penar la discriminación y racismo, pero no necesariamente frenó los actos. Respecto a la Ley de Revolución Productiva es una norma que apunta al desarrollo económico productivo, pero “como toda ley” no hay un punto de equilibrio por ello genera controversia y críticas.
Las leyes apuestan por la inversión productiva y social
De las 123 leyes, una mayoría hacen referencia a la aprobación de contratos o creación de municipios y ratificación de acuerdos, préstamos bancarios, dotación de infraestructuras, además de declaración de varios sitios turísticos y danzas nacionales como patrimonio, entre otros. La primera ley del 6 de agosto del 2010 que aprueba el contrato modificatorio al contrato de riesgo compartido del mutún. Dos días después se aprueba la ley para la creación del municipio de Huatajata en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz y del municipio de Chua Cocani en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz. Por otro lado, el 9 de agosto, donde se ratifica el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y Brasil para la construcción de un puente internacional sobre el río Rapirran entre las ciudades de Plácido de Castro y Montevideo. En el mes de noviembre una ley de carácter social fue la de protección legal de niños, niñas y adolescentes para proteger la vida, integridad física, psicológica y sexual, la salud y seguridad de niños niñas y adolescentes.
Fuente: Opinion
No hay comentarios:
Publicar un comentario