PS (16-08-11).- El presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, promulgó la mañana del martes, la “Ley de General del Transportes”, oportunidad en la que destacó el rol de las organizaciones sociales en la implementación de profundas transformaciones en el país.
"En Bolivia mandan las fuerzas sociales, como actores centrales de las profundas transformaciones sociales iniciadas en 2006. (…)Tenemos que aprovechar esta coyuntura para que el pueblo apruebe normas que sean un blindaje que beneficie a todos los ciudadanos, y no como en el pasado con la acción de grupos neoliberales que solamente aprobaban leyes para su propio beneficio”, manifestó el Jefe de Estado en instalaciones de Palacio Quemado.
Morales recordó que desde que asumió el mando de la nación se acabaron los tiempos en los que las leyes eran elaboradas por sectores burocráticos sin consultar al pueblo boliviano, y que se inició la era de redacción de proyectos de ley desde los movimientos sociales para su aprobación en la Asamblea Legislativa previo consenso con las bancadas de mayoría y minoría, así como la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo y otras.
Insistió en que las nuevas leyes ahora están por encima de las razones y no los caprichos, ni imposiciones sectoriales sino por los intereses de la Patria.
La nueva Carta Magna fue avalada con el voto del 67 por ciento del pueblo en un referéndum Constituyente en enero de 2009 y promulgada un mes después por el Presidente del Estado.
Morales expresó su convencimiento de que Bolivia "va por buen camino y, si se cumplen las metas como está previsto, nunca más será vista como una nación mendiga".
Desde que asumió el mando de la nación, en enero de 2006, el Gobierno ha iniciado la nacionalización del patrimonio estatal que estaba en poder de grupos económicos trasnacionales que usufructuaban con los recursos naturales del país como, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).
En ese marco el Jefe de Estado expresó la apertura del Órgano Ejecutivo para que el reglamento de la Ley General del Trabajo sea redactado con la dirigencia del sector para su plena vigencia.
Fuente: Prensa Senado
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