La Ministra desvirtuó los anuncios de asesores de algunos de los acusados, en sentido de que el Tribunal Militar iniciará acciones penales contra los miembros del Senado por la aprobación de esa resolución.
“No constituyen una posición oficial de las Fuerzas Armadas o del Tribunal de Justicia Militar. Nosotros somos respetuosos de las disposiciones legales, mucho más si tienen rango constitucional, por lo que el Tribunal Militar debe elevar un informe sobre el cumplimiento de la resolución camaral a efectos de que el proceso continúe en la vía ordinaria”, precisó Chacón.
Dijo que la determinación legislativa fue remitida por el Ministerio de Defensa al Tribunal Militar a efectos de su cumplimiento.
En respuesta a los anuncios de posibles acciones contra los senadores, el presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza, instó ayer al Tribunal Militar que se atenga a la Constitución Política y las leyes en el caso de la muerte del subteniente Grover Poma.
"Lo que sugerimos en este caso es que hay que atenerse a la Constitución y a las leyes, de lo contrario esta Comisión y los senadores proponentes de la Resolución llevaremos el asunto hasta las últimas consecuencias, en cumplimiento de nuestra atribución de fiscalización sobre el tema", dijo, al manifestar que no van a admitir amenazas.
"Una cosa es la opinión de un abogado que actúa como defensa de un imputado y otra es la opinión de un miembro del Tribunal Permanente de Justicia Militar", sostuvo Mendoza.
Ante el conflicto de competencias que se presentó sobre la jurisdicción ordinaria y militar, el Senado emitió la Resolución Camaral N° 044/2011-2012 el 21 de julio pasado, en la que solicita al Tribunal Permanente de Justicia Militar que se “inhiba” de conocer el caso de la muerte del subteniente Grover Poma, por la existencia de un conflicto de competencias con la justicia ordinaria. La resolución fue apoyada por la Defensoría del Pueblo, pero rechazada por los militares imputados.
Según su argumento ninguna resolución camaral puede modificar el Código Penal Militar que en su primer artículo señala que todo incidente registrado en instalaciones militares debe ser juzgado en la justicia militar.
La resolución fue enviada el 27 de julio pasado al Tribunal, horas antes de que se reanude el proceso en esa instancia jurisdiccional contra los subtenientes Rudy Gerardo Flores, Franz Eduardo García y Jorge Castro Ureña, quienes son acusados de ser responsables de la muerte del subteniente.
El abogado Moisés Ponce de León, defensor de Rudy Flores, ratificó ayer que procesará a los senadores que firmaron dicha disposición. "Se ha presentado una denuncia por el delito resoluciones contrarias a la constitución política del estado y las leyes", precisó.
El senador del MAS David Sánchez manifestó que si la institución Militar quiere abordar a través de las leyes alguna demanda, está en su derecho. “Estamos para legislar, para fiscalizar a todas las instituciones del Estado, incluso sean militares autárquicas".
"No estamos interpretando la Constitución, sino solicitando que se cumplan las Leyes en base a una sentencia constitucional emitida el 2004 que señala el procedimiento que debe seguirse en estos casos", anotó el senador Mendoza.
Anotó que cuando se producen este tipo de conflictos, es la justicia ordinaria, y no una jurisdicción especial, la que debe atender estos casos.
Fuente: Los Tiempos
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