Los generales de las Fuerzas Armadas Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron condenados a 15 años y seis meses de reclusión; José Osvaldo Quiroga Mendoza y Luis Alberto Aranda Granados a 11 años; y Gonzalo Alberto Rocabado a 10 años.
Estos cinco militares fueron condenados por ser autores mediatos por el delito de genocidio. Mientras, los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara fueron sentenciados a tres años de cárcel, considerando su conducta en grado de complicidad en el genocidio.
Los sentenciados deben cumplir su pena en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre, según el fallo judicial.
El ahora abogado de los familiares y exfiscal de este caso, Milton Mendoza, en comunicación con Erbol desde la capital del Estado, dijo que el Tribunal del juicio de responsabilidades hizo justicia con las víctimas de septiembre y octubre de 2003.
“Todos han sido condenados a distintas penas, se los considera autores y cómplices de (la masacre), son genocidas a partir de ahora, eso dice la sentencia, como muestra de que la Fiscalía tenía razón cuando los hemos imputado”, celebró.
Agregó que están satisfechos como Ministerio Público, porque es el corolario de un arduo trabajo y persistencia en búsqueda de justicia.
El otro jurista de los familiares , Rogelio Mayta, manifestó que se encuentran satisfechos sólo en parte con el fallo contra los autores del genocidio, porque les hubiera agradado que la sentencia sea más severa con los exministros y los militares.
Familiares Celebran
Los familiares de las víctimas, pese a que por medio de su defensa pidieron 25 años de cárcel para los involucrados en el genocidio, celebraron con lágrimas en los ojos el fallo judicial, tanto en puertas de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Sucre, como en inmediaciones de la Corte Superior de Distrito de La Paz.
Varias de estas personas se abrazaron al escuchar la sentencia por diferentes medios de comunicación. Incluso en Sucre se armó una fiesta improvisada llena de algarabía, acompañada de música y cantos de alegría.
Antecedentes
- El 14 de octubre de 2004 el Congreso autorizó el juicio por dos tercios de votos del total de miembros.
- Finalmente este juicio se instaló el 18 de mayo de 2009.
- Sólo siete de los 17 acusados por la masacre asistieron al proceso. Es decir, cinco del Alto Mando Militar de entonces y dos exministros de Estado.
- Diez acusados fugaron del país pese a que la parte acusadora y el fiscal solicitaron su detención preventiva. Uno de estos prófugos murió en junio pasado en Miami (Yerko Kukoc, exministro de Gobierno).
- El principal acusado Gonzalo “Goni” Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos. Ahora se busca su extradición.
- La masacre se desató después de que la población alteña y paceña en general se opuso a la venta de gas a Estados Unidos por Chile.
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