En una conferencia de prensa, Llorenti explicó los alcances de esta Ley que tiene entre sus objetivos "recuperar el prestigio de una institución que vela por la seguridad de los bolivianos".
Agregó que la Ley permitirá "depurar las faltas graves y reducirá al mínimo los procesos, respetando el derecho a la defensa de los imputados", dijo.
Señaló que en el pasado los procesos demoraban tiempos largos que en los hechos restaban autoridad a los niveles superiores para sancionar a los involucrados o acusados.
"Cuando se traten de delitos flagrantes se dispondrá la suspensión del pago de haberes tras la conclusión de la investigación y del proceso", indicó el Ministro.
Manifestó que, para el efecto, se creará una Oficina de Control Interno de la Policía que será dependiente del Ministerio de Gobierno y que estará conformado por policías y civiles.
Agregó que la Ley autoriza la creación de la figura legal de agentes encubiertos para detectar acciones ilegales en lo que puedan incurrir algunos miembros de la institución verde-olivo.
"Esta Ley es fundamental para la reestructuración de la Policía Boliviana", aseveró.
Llorenti recalcó que los agentes encubiertos dependerán del Ministerio de Gobierno y su designación se producirá en sujeción a todas las exigencias de la Administración Pública y su condición será de permanentes o de eventuales para el cumplimiento de esas funciones.
"El objetivo es que la Ley posibilite acciones transparentes en las investigaciones sobre los casos con el correspondiente levantamiento de pruebas, no sólo de palabras, sino con el recojo de filmaciones, grabaciones, documentos y testimonios", puntualizó.
Agregó que la Ley establece que las faltas más graves sean sancionadas con la baja automática de la institución y sin derecho a la reincorporación, además de la degradación.
Señaló que, ante la ausencia de una Ley como la promulgada, hubo casos en los que algunos policías acusados de delitos y declarados culpables aún conservaban sus grados, como es el caso de Blas Valencia, involucrado en actos delictivos, por lo que cumple una condena en la cárcel de Chonchocoro.
Valencia fue sentenciado en 2003 a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el asalto a la empresa distribuidora de valores PROSEGUR.
Aclaró que la aplicación de esta Ley no es retroactiva, por lo que los procesos que existen en la actualidad proseguirán en los actuales tribunales, aunque éstos tienen plazo para la conclusión de los mismos.
Manifestó que fue informado que en la actualidad hay entre 700 y 800 procesos a miembros de la Policía que marchan en esos tribunales.
Fuente: ABI
No hay comentarios:
Publicar un comentario