“En esta oportunidad, debo informar al pueblo boliviano que esta instancia legislativa trabajó en coordinación con el Ministerio de Autonomías, la socialización y construcción del proyecto de delimitación de unidades territoriales”, sostuvo la senadora Da Costa.
La asambleísta detalló que en este proyecto también trabajaron los Órganos Electoral y Judicial, la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM), que asocia a los 339 municipios del país, las nueve gobernaciones y organizaciones sociales del país.
Por su parte, la ministra de Autonomías Claudia Peña sostuvo que es un proyecto bastante coherente en su lógica interna, que rescata de manera muy creativa el principio de la participación, estipulado en la Constitución, que se manifiesta en la representación y la legitimidad de los acuerdos a los que se llegue en los diferentes conflictos territoriales, dijo.
La primera instancia de resolución de conflictos será un proceso conciliatorio, donde participen las autoridades ejecutivas de los gobiernos involucrados y las comunidades que vivan en la zona en conflicto.
“Estos procesos de conciliación cuando se lleve adelante entre municipios serán gestionados por los gobiernos departamentales, mientras que en los conflictos interdepartamentales, por el Ministerio de Autonomías”, detalló la autoridad.
Añadió que si se agotan los procesos de conciliación, para resolver los conflictos entre departamentos o municipios, entonces se acudirá al referéndum, en conflictos intermunicipales, y a la resolución del Tribunal Supremo de Justicia para los conflictos interdepartamentales.
Peña aseguró que el procedimiento que plantea la nueva norma es ágil y eficiente para poder encontrar soluciones legítimas y participativas a este tipo de conflictos.
“Las soluciones deben venir del pueblo, de las personas que viven en la zona de conflicto, de su participación, de su conocimiento y de su decisión”, aseguró la Ministra.
Con este proyecto de ley, se ejecuta una nueva lógica que deviene del espíritu constituyente, que confía en la experiencia y la capacidad política de la gente para llegar a acuerdos y consensos en la resolución de sus propios problemas.
Fuente: Prensa Senado
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