El proyecto, que se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados, tiene el objetivo de establecer el marco general para realizar fiscalizaciones, definiendo los fines y atribuciones, derechos y obligaciones para su ejercicio.
El ámbito de aplicación también incluye a las instituciones públicas descentralizadas, así como empresas públicas y privadas que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales o naturales del Estado Plurinacional.
El diputado de la Comisión de Constitución Evaristo Peñaloza (MAS) dijo que el proyecto de ley fue diseñado en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado a fin de fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el principio de soberanía popular.
Peñaloza indicó que con el nuevo instrumento legal se busca transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado.
Para el proceso de fiscalización y participación, el proyecto de ley identifica a los actores que tendrán atribuciones para la participación y control social, entre ellos los orgánicos, personas que corresponden a sectores sociales o sindicales organizados, reconocidos legalmente.
También están los comunarios, representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y los circunstanciales, que son las personas que se organizan para un fin determinado.
Según Peñaloza, las instancias de control social y participación estarán conformados por representantes de la sociedad civil, según el tipo de actor que incorpora la ley. Estas personas no percibirán sueldo y, en caso de que la institución disponga de alguna partida para transparencia, estos recursos pasarán a la nueva instancia de control social.
Espacios y representación
En el proyecto se prevé la creación de espacios permanentes de participación y control social conformado por los actores sociales indicados.
En el Órgano Legislativo, por ejemplo, estas representaciones tendrán la tarea de garantizar el control social a través del acceso a la información, la rendición pública de cuentas, la construcción colectiva de normativas y evaluación a su gestión. Situación similar se realizará en los ministerios y entidades públicas descentralizadas que dependen del Órgano Ejecutivo.
En el Órgano Judicial, la instancia que garantizará la participación y control social será el Consejo de la Magistratura, al igual que el Tribunal Constitucional. Mientras que en el Órgano Electoral se conformará una instancia de control.
En el caso de las Fuerzas Armadas también se creará el espacio de control, donde se deberá promover la rendición pública de cuentas y el acceso de la información en la entidad castrense.
Mientras que en la Policía Nacional también se realizarán rendiciones públicas de cuentas, además de evaluaciones de las políticas y acciones desarrolladas en seguridad ciudadana.
Adolfo Mendoza: Faltan reglas de control social
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, señaló que se requiere de una entidad específica que aplique el control social en las entidades estatales, como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Mendoza dijo que la norma que se trata en la Cámara de Diputados (Proyecto de Ley de Control Social) sólo es un avance preliminar que requiere una mayor difusión porque los sujetos del control y la participación son los ciudadanos, “es la propia sociedad civil”.
Recordó que en 1994 nació la Ley de Participación Popular, que involucra un modelo de control social. “Esto cambió porque dicha ley fue abrogada, por lo tanto se requiere un nuevo mecanismo para la fiscalización”, apuntó.
Según Mendoza, no basta una ley, sino los mecanismos operativos para su cumplimiento, y se debe trabajar a partir de la sociedad civil.
Fuente: Cambio
No hay comentarios:
Publicar un comentario