La presente norma toma en cuenta como principales actores en la participación y control social, a representaciones colectivas u organizaciones sociales orgánicamente conformadas, actores comunitarios que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, por otra parte a actores circunstanciales que se organizan para un fin determinado y, finalmente, a actores individuales, es decir, toda persona tendrá el derecho a ejercer la participación y control social de manera circunstancial.
“Es una democracia más participativa y abierta, la sociedad tiene derecho de participar organizadamente, puede adscribirse incluso a alguna instancia, pueden participar los profesionales. Esta ley es más abierta, más participativa”, señaló el senador Eugenio Rojas.
El control social se aplica a los cuatro órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, empresas e instituciones públicas, entidades privadas que prestan servicios públicos y entidades territoriales autónomas.
“La promulgación de la Ley que nos permita ejecutar correctamente ese mandato: gobernar obedeciendo al pueblo; nos marca la línea política, nos permite hacer efectivo un derecho del pueblo, pero un derecho que no está librado al entender de cada organización, de cada interés, sino de los intereses colectivos”, afirmó la senadora tarijeña Rhina Aguirre.
De acuerdo al mandato de la Constitución Política del Estado, los actores deberán denunciar los actos irregulares, exigir el cumplimiento de resoluciones, proponer proyectos normativos, promover políticas públicas nacionales, departamentales, regionales, municipales y de entidades territoriales autónomas, orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción, fortalecer el desarrollo de la ciudadanía intercultural, articular a la sociedad civil con las entidades del Estado Plurinacional, gestionar las demandas de la sociedad civil ante los diferentes niveles del Estado, entre otros.
“Es lo que nos faltaba como mecanismo de control, en todas nuestras entidades en nuestro país, en nuestras regiones. Con esta herramienta, con este instrumento, nosotros vamos a poder fiscalizar y corregir esas irregularidades que existían”, afirmó el senador Demetrio García, luego de la aprobación, sin modificación, de la norma.
El Proyecto de Ley de Participación y Control Social es el resultado de un largo proceso de construcción colectiva que se inició el año 2008, con el apoyo del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La Constitución Política del Estado, en su artículo 242, señala las facultades de la participación y control social de la sociedad civil en la vida pública del Estado Plurinacional de Bolivia.
Al finalizar la sesión plenaria, la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño realizó un brindis deseando “un buen año, una buena gestión, fuerza para el próximo año”, a tiempo de cerrar la gestión 2012 con la aprobación del Proyecto de Ley de Participación y Control Social.
Fuente: Prensa Senado
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