A tiempo de la aprobación, la presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, destaco el trabajo de socialización que realizo la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías.
“Quiero felicitar a la Comisión de Autonomías, por el intenso trabajo de socialización, y más que eso, por el recojo de propuestas que derivaron en una segunda fase de modificaciones que benefician aun mas al pueblo, porque si hemos modificado una Constitución después de 180 años, por qué no vamos hacer una ley que sea beneficiosa para quienes necesitan regularizar su derecho propietario”, manifestó.
Por su parte, Betty Tejada, presidenta de dicha Comisión, agradeció a todos los asambleístas de oposición y oficialismo que participaron en la construcción de este proyecto de ley que fue socializado con todos los sectores.
“Nos preocupamos de atender todas las peticiones de audiencias públicas, para hacer una ley para el pueblo, para poder hacer una ley social, y eso demuestra la legitimidad de esta norma construida entre todos”, argumentó Tejada.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, afirmo que este proyecto fue trabajado por su ministerio, conjuntamente con CONALJUVE, y que es parte de los acuerdos que se tomaron en la Cumbre Social de Cochabamba, ademas que el mismo nace para resolver un problema que no solo se da en Bolivia, sino también en Latinoamérica.
“Este fenómeno al que pretendemos darle solución no es un fenómeno particular del Estado Plurinacional, sino de Latinoamérica que emerge del desarrollo desigual del capitalismo”, explicó el Ministro al pleno camaral.
Según la autoridad gubernamental, son varios los factores que han contribuido a que las personas de escasos recursos migren a las ciudades, y que “se vean imposibilitados de acceder al suelo urbano, y también a la construcción de una vivienda, debido a que son sujetos de la inseguridad jurídica”.
El documento también determina que no entrarán dentro el proceso de regularización, bienes e inmuebles que están en calidad de prenda, que han sido arrendadas, en alquiler o anticrético; tampoco aquellas que se hayan dejado a personas de guardias o vigilantes.
Según la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifique la vida familiar y comunitaria, recociendo también el derecho a la propiedad privada individual y colectiva, siempre que ésta cumpla una función social.
El pleno ingresó en un cuarto intermedio, para retomar mañana, a partir de las 8.00, el tratamiento de esta norma en su estación en detalle.
Fuente: Prensa Diputados