Este tratado de extradición se suscribió en la ciudad de México, el 25 de octubre de 2007 y, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional, se lo ratificó en el Senado.
Entre sus cláusulas, el documento establece que: “La Extradición será procedente cuando se refiera a conductas delictivas dolosas o culposas que se encuentren previstas en las legislaciones que son parte y constituyan un delito sancionado con pena privativa de libertad, cuyo término no sea menor de un año”.
Por otra parte, señala que: “La Extradición se denegará si el delito por el cual se solicita es considerado por la parte como un delito político o conducta conexa a tal delito, y por motivos de raza, religión, nacionalidad, o creencias políticas, o si la acción penal ha prescrito conforme las legislaciones de ambos países”.
Fuente: Prensa Senado
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