Adolfo Mendoza, senador del Movimiento al Socialismo (MAS), en contacto telefónico con Los Tiempos desde Caranavi, indicó que la propuesta de la “consulta previa, libre e informada” a los pueblos indígenas del Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) se basa en normas de acuerdo a la Constitución Política del Estado y a la declaración de las Naciones Unidas que preserva los derechos de los pueblos indígenas.
“Creemos que con esta propuesta vamos a dar solución práctica a las demandas porque se ha trabajado en el documento que han presentado los indígenas que prohíbe el asentamiento de nuevos colonos y la consulta se hace directamente a los pueblos indígenas que pueblan el Tipnis”, indicó Mendoza.
Horas antes, la senadora oficialista Gabriela Montaño indicó a la Red Erbol que el Gobierno deberá obedecer el resultado de la consulta.
“Lo que proponemos es la suspensión de la construcción de la carretera para realizar la consulta a las comunidades indígenas del Tipnis. El Gobierno obedecerá el resultado de la consulta”, sostuvo la senadora a la Red Erbol.
Montaño fue consultada si el Gobierno respetará, por ejemplo, una posible decisión de los indígenas en sentido de construir la carretera por otro sector que no sea el Tipnis, la asambleísta contestó que el Estado respetará la decisión que tomen los indígenas en la consulta.
Desconfianza
En tanto, el presidente de la Confederación de Pueblos indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, expresó también a Erbol su desconfianza con la propuesta de la senadora oficialista, porque el Gobierno durante todo el proceso de la marcha ignoró las leyes internacionales suscritas por el propio Estado boliviano.
“Dice el convenio 169 de la OIT, que es también Ley y ratificada por Bolivia, que cualquier medida legislativa o resolución que afectara a los pueblos indígenas es necesario que los gobiernos conversen con la dirigencia de los pueblos indígenas, cosa que no respetó el Gobierno”, sostuvo Chávez.
Además existe desconfianza y cuestionamientos por el trabajo que está desarrollan el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
“Hay una gran desconfianza también porque el INRA bajo la dirección de la ministra Achacollo entrega títulos y sobre títulos (sobre un mismo predio) en el lado del Chaco boliviano y la Chiquitanía situación que crea problemas al propio Gobierno (…) y por esta situación 34 comunidades está relegadas de la no participación (del INRA)”, dijo.
Fuente: Los Tiempos