Los oficiales que serán investigados por el Ministerio Público de Oruro, según la agencia ANF, son el teniente coronel Roberto Quiroz, el teniente Gustavo Cardoso y los subtenientes José Luis Copa Flores y John Henry Rosas Catacora, quienes ahora están a disposición de la justicia ordinaria para que asuman su defensa por la acusación de tortura que pesa sobre ellos.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, acompañado de su Estado Mayor leyó el informe que es el resultado de las investigaciones realizadas a raíz de la denuncia publicada la anterior semana por la Red Unitel y que fue difundida por varios medios de prensa nacionales e internacionales que mostraron cómo el soldado era sometido al castigo denominado "el té de sopar" y sumergido durante varios segundos en un recipiente lleno de agua, con las manos atadas y colgado de los pies por haber cometido una falta.
Esta situación causó conmoción en diversos ámbitos de la sociedad y el presidente Evo Morales ordenó investigar el hecho y derivar el caso a la justicia ordinaria. El caso no llegó al Tribunal Militar y ahora los oficiales en cuestión están a disposición en el proceso que será ventilado en la jurisdicción de Oruro, departamento donde está acantonado el regimiento Méndez Arcos.
El lunes último, la fiscal Mirna Arancibia dijo que el juez de Challapata levantó el 1 de octubre el secreto militar para que el Ministerio Público investigue la tortura contra el soldado. Detalló que el Ministerio Público pidió al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas datos sobre el orden de destinos y la nómina de conscriptos del escalón 1 y 2 de la gestión 2009.
Pese a que el Comando tenía un plazo de ocho días para responder, fuentes militares explicaron que se trataba de un plazo máximo, por lo que la respuesta podía surgir antes, como al final sí ocurrió.
En días pasados, el presidente Evo Morales, quien también funge como capitán general del país, se ratificó una vez más en la necesidad de que los militares identificados en el video sean sometidos a justicia ordinaria.
Servicio militar
En tanto, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró ayer que los “hechos aislados” de violencia contra conscriptos no justifican abolir el servicio militar obligatorio y el establecimiento de un régimen voluntario como sugirió la Defensoría del Pueblo.
A su juicio, tres o cuatro casos de vejámenes contra reclutas son "totalmente aislados" con relación a los 50 mil jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio y el servicio premilitar. Saavedra dio esta respuesta después de que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, propusiera un referéndum, la semana pasada, para decidir sobre la obligatoriedad del servicio.
Fuente: Los Tiempos
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