El presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, Mario Choque, informó que además, la Ley tiene como objeto el fortalecimiento de las capacidades institucionales para lograr un mejor dominio estatal del territorio de frontera, promover el control efectivo de actividades ilícitas y establecer mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e ilícitos en frontera.
Choque indicó que la finalidad de la norma es la de proteger el territorio nacional en zonas de frontera, evitar el saqueo de los recursos naturales, promover el desarrollo de las actividades económicas lícitas e implementar medidas y acciones dirigidas a lograr la seguridad alimentaria y energética, y la lucha contra el tráfico ilegal de mercancías en el Estado boliviano.
Asimismo, con nueva normativa se crea el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad (CDFS), conformado por los ministerios de Presidencia, Defensa, Gobierno, Planificación del Desarrollo, y Economía y Finanzas Públicas, que tienen la función de elaborar y coordinar estrategias, aprobar ejecución de planes de acción y coordinar con los diferentes entidades territoriales autónomas. Identificar y priorizar zonas fronterizas para la transformación e industrialización de recursos naturales y otros para el cumplimiento del objeto de esta norma.
Por otra parte, la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF), es la instancia responsable de articular la ejecución de las decisiones del CDFS, además de proponer estrategias y mecanismos para el desarrollo integral en fronteras.
La senadora por el MAS, Nélida Sifuentes, informó que Bolivia contará por vez primera con este tipo de Ley de Seguridad Fronteriza, y uno de los objetivos de es coadyuvar en la lucha contra el contrabando de combustibles, para lo cual se establece que “las estaciones de servicio que se encuentren dentro del radio de cincuenta kilómetros de la frontera, se declaran de necesidad pública, estando sujetas al régimen de expropiación municipal, previo pago de justa indemnización, y el gobierno municipal transferirá a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la titularidad.
Además, “cuando se verifique la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de gasolinas, diesel oíl y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento”, informó Sifuentes.
Fuente: Prensa Senado
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