La Razon (10-03-11).- La Procuraduría General del Estado se hará cargo de al menos seis procesos de arbitraje internacional y otros 50 casos referentes a temas como Derechos Humanos (DDHH). La nueva entidad reemplaza al Ministerio de Defensa Legal del Estado.
La información la proporcionó el procurador Hugo Montero, quien añadió que también están en curso de negociación cuatro demandas presentadas por las empresas Sinchi Wayra, por la fundidora de Vinto; LAB; Elfec, caso eléctricas; y con la empresa Fancesa, por la cementera de Sucre.
Las demandas de arbitraje son con las empresas AIR-BP, filial de la británica British Petroleum; Guaracachi y Corani vinculadas al sector eléctrico; y Quiborax, a quien se le anuló su licencia para explotar ulexita.
También llegaron a arbitrajes el caso de la empresa Atlas, encargada del complejo metalúrgico de Karachipampa, y de Pan American Energy (PAE), por la nacionalización de sus acciones en la empresa petrolera Chaco.
“Son varios los procesos. Se pueden sintetizar en seis procesos de arbitraje internacional, al margen de otros casos que están a nivel de negociación para lograr acuerdos transaccionales”, resumió la autoridad, quien fue nombrado y posesionado en el cargo, el 7 de febrero, por el presidente del Estado Evo Morales.
La Procuraduría General fue creada mediante ley para asumir, precisamente, la defensa legal del Estado. Montero informó de que también se harán cargo de otros procesos planteados.
“Se tomará conocimiento directo de alrededor de 50 casos que actualmente están siendo atendidos y tramitados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, referentes a temas de Derechos Humanos y otros”, explicó consultado sobre cuántos procesos contra el Estado atenderá la nueva institución.
El Estado erogó hasta septiembre del 2010 al menos 12 millones de dólares para enfrentar los arbitrajes internacionales; según reveló en ese entonces la ex ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi.
Según Montero, hasta el momento tres procesos finalizaron con soluciones satisfactorias para el Estado, entre ellos están —dijo— los referidos a Euro Telecom Internacional (ETI); Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) y el vinculado a la eléctrica de Valle Hermoso.
La administración de Morales sacó a Bolivia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es una instancia de arbitraje. El Gobierno boliviano reivindica el derecho de resolver diferencias en función a normas internas.
Uno de los primeros casos que tramita la nueva autoridad es el de la cementera Fancesa. La Procuraduría, a partir de un estudio técnico especializado, establecerá el monto que la Gobernación de Chuquisaca deberá cancelar por las acciones de la cementera Soboce.
Primeros pasos de la institución
La Procuraduría del Estado cumplió el 7 de marzo el primer mes de funcionamiento. El procurador Hugo Montero señaló que la fortaleza de la institución es la experiencia acumulada por los funcionarios del ex Ministerio de Defensa Legal. En cambio, identificó como debilidad la carencia de una estructura orgánica definitiva.
El defensor legal del estado
La noche del 7 de febrero del 2011, el presidente Evo Morales, en el Palacio de Gobierno, posesionó a Hugo Montero como el primer procurador en la historia de Bolivia. Esa noche, Morales afirmó que la posesión de esta primera autoridad marca un hecho histórico en la implementación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde el 7 de febrero del 2009.
De acuerdo con la Ley 064, promulgada el 5 de diciembre del 2010, la Procuraduría General del Estado es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses estatales.
Entre las 16 funciones que tiene, está la de tener a su cargo el registro de procesos judiciales en los que sea parte el Estado; además de interponer recursos ordinarios y acciones de defensa del Estado y otros. La norma también establece la creación de tres subprocuradurías cuyas atribuciones serán establecidas por Decreto Supremo (DS).
Su complemento es la Escuela de Abogados que, según la Ley 064, será una entidad desconcentrada, con la función de formar a los abogados que prestan y desean prestar sus servicios en áreas jurídicas de toda la administración pública.
Fuente: La Razon
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