“Este convenio fue suscrito en marzo del año 2001, y hasta la actualidad el pueblo colombiano y el boliviano enfrentan el problema del narcotráfico, no tanto de consumo sino de tráfico ilícito que hace daño a las economías y al desarrollo de ambos países” explicó la presidenta de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante, Ingrid Zabala.
A su juicio, la ratificación de este acuerdo permitirá que se vaya borrando “el estigma” que pesa tanto sobre Bolivia como sobre Colombia respecto a este flagelo.
Según establece el documento, se firmó el convenio con la finalidad de prevenir, reducir y reprimir las actividades de producción, fabricación, tráfico, distribución, venta ilícita, consumo indebido, el lavado de activos derivados de actividades ilícitas, acordando prestarse asistencia técnica para programas de capacitación.
En ese marco, este acuerdo permitirá intercambiar información sobre la sospecha de la presencia de bandas delictivas que tengan que ver con la actividad del narcotráfico; el intercambio de información sobre lavado de dinero; la inclusión de información sobre proyectos para la rehabilitación de personas que consumen drogas; y el intercambio de estrategias para la lucha contra el narcotráfico.
Asimismo, determina que en lo referente a desarrollo alternativo, todas las medidas y estratégicas que ha tomado Colombia van a ser compartidas con las instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico en el país.
Una vez aprobada esta norma, fue remitida al Senado para su análisis y posterior aprobación.
Fuente: Prensa Diputados
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