El Senado aceptó el jueves las modificaciones hechas por la Cámara revisora, Diputados, quien ha devuelto el proyecto a la Cámara de origen, Senadores, cumpliendo con el Reglamento General de ambas instancias legislativas.
El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez, informó que “el objetivo de la ley es regular la transición y traspaso ordenado y transparente, de las causas de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agrario Nacional al Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Judicatura al Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional al Tribunal Constitucional Plurinacional”.
El 31 de diciembre del presente año quedará extinguido el Poder Judicial y Tribunal Constitucional; y el 3 de enero de 2012 se inaugurará el año judicial para el nuevo Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, a cargo del presidente del Estado Plurinacional, en la ciudad de Sucre, sede de las máximas instancias judiciales.
Gratuidad de la justicia
La norma dispone que a partir del 3 de enero de 2012, se suprimirán y se eliminarán todo pago por concepto de timbres, en todo tipo y clase de proceso; y a partir del 3 de enero de 2013, se suprimirán y se eliminarán pagos por formularios de notificación y papeletas de apelación.
La ley señala que la Presidenta o el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en el plazo máximo de siete días a partir de su posesión, dispondrá la conformación de Salas Liquidadoras con las Magistradas y Magistrados suplentes, quienes resolverán todas las causas pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2011, en el plazo de treinta y seis meses, pudiendo la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de manera excepcional, ampliar este plazo hasta un máximo de doce meses adicionales. Mientras las causas ingresadas a partir del 3 de enero de 2012, serán conocidas y resueltas por las autoridades electas titulares.
El Tribunal Supremo de Justicia contratará los servicios de una firma de auditoría externa para la realización de auditorías especiales y de cierre institucional. En caso de establecerse responsabilidades, las máximas autoridades deberán iniciar los procesos correspondientes.
Salas Liquidadoras del Tribunal Agroambiental conformadas por las Magistradas y los Magistrados suplentes serán responsables de la liquidación de hasta la última demanda ingresada hasta el 31 de diciembre de 2011, en el plazo no mayor de doce meses.
Los procesos disciplinarios que se encuentran en estado de apelación en el Consejo de la Judicatura, serán resueltos hasta su conclusión por la instancia de liquidación a ser instaurada por el Pleno del Consejo de la Magistratura, en un plazo máximo de doce meses.
La Escuela de Jueces del Estado tendrá su sede en la ciudad de Sucre, funcionará sobre la base de los bienes muebles, inmuebles, activos, pasivos, presupuesto y documentación que correspondían al Instituto de la Judicatura.
El Tribunal Constitucional Plurinacional constituirá una Sala Liquidadora Transitoria conformada por cinco Magistrados Suplentes, quienes serán responsables de la liquidación de hasta la última acción tutelar ingresada al 31 de diciembre de 2011, cuyo plazo no deberá exceder de veinticuatro meses.
Fuente: Prensa Senado