El presidente de la Cámara de Senadores, René Martínez Callahuanca, informó que el Proyecto Ley fue aprobado en grande y detalle, y remitida a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción en caso de que no haya observaciones.
En ese marco, Martínez expresó su complacencia por el trabajo realizado en la Asamblea Legislativa para transparentar y hacer gratuita la justicia.
“La demanda de gratuidad y celeridad en la Ley de Transición de Autoridades Judiciales, es una demanda de la ciudadanía, del soberano que reclamó y reclama el acceso a la justicia boliviana sin que el factor económico sea el impedimento para ejercer y gozar este derecho: Una justicia sin ningún impedimento económico, social y cultural, es lo que se plantea en este nuevo Estado Plurinacional”, manifestó.
“Con esta norma rompemos el impedimento económico y permitimos que personas con escasos recursos que antes fueron negados, tengan ahora el acceso a una justicia con igualdad, una justicia al servicio de las clases sociales; de esa mayoría que estuvieron discriminados y negados eternamente a la justicia por el factor económico que estuvo centrado en esa cúpula de poder de los partidos tradicionales”, precisó.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Sandra Soriano Bascopé, informó que la instancia legislativa que dirige ha visto por conveniente eliminar todo pago adicional fuera de la ley como los bonos: Pantaleón Dalence y el Complementario II que los funcionarios judiciales perciban fuera de los salarios.
“Tenemos un dato referencia del Bono Pantaleón Dalence que alcanzaba un monto cerca a 31 millones de bolivianos (Bs.30.986.591), extremo que no justifica, porque no queremos que el nuevo Órgano Judicial recoja esta práctica, que no tiene base legal, por tanto se está eliminando en disposiciones transitorias este pago”, afirmó.
El proyecto consta de 23 artículos y dos disposiciones finales y dispone la conclusión de funciones y extinción institucional de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Agrario Nacional, Consejo de la Judicatura y Tribunal Constitucional hasta el 31 de diciembre de 2011.
Asimismo, dispone la inauguración del año judicial, fecha de posesión oficial e inicio de actividades de las nuevas autoridades electas el 3 de enero de 2012, a cargo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en la ciudad de Sucre Capital Constitucional y sede de las máximas instancias Judiciales.
La norma señala que las Direcciones y Unidades que actualmente tienen a su cargo el manejo administrativo y financiero bajo tuición del Consejo de la Judicatura, pasarán de manera transitoria, hasta que se apruebe la nueva estructura de la Dirección Administrativa Financiera, a depender de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, bajo tuición del Tribunal Supremo de Justicia.
Fuente: Prensa Senado