“Habiéndose agotado el procedimiento legislativo, tanto en la cámara de origen como en la cámara revisora, sancionamos el proyecto de Ley. Remítase el mismo al Órgano Ejecutivo para fines de su promulgación”, declaró el Presidente de la Cámara Alta.
“La sanción es histórica y cambiará la realidad de toda la generación de jubilados que estaba esperando esta Ley que incluye a otros sectores. Hay garantía de sostenibilidad, hay un procedimiento jerárquico en sus distintos niveles tanto en la unidad gestora, administradora y de dirección”, añadió Martínez.
La Ley que, consta de nueve títulos, 26 capítulos y 199 artículos, propone que la Seguridad Social de Largo Plazo esté conformada por un Sistema Integral de Pensiones, tomando en cuenta los principios constitucionales de interculturalidad, integralidad, solidaridad, equidad, unidad de gestión, economía, oportunidad, universalidad y eficacia.
Su campo de aplicación contempla un Sistema Integral de Pensiones y los beneficios y prestaciones, que comprenden los Regímenes Contributivo y Semicontributivo para la otorgación de prestaciones de Vejez, Invalidez, Muerte, Riesgos Laborales y Gastos Funerarios en favor de los asegurados, y cuando corresponda de los Derechohabientes y dentro del Régimen No Contributivo, la Renta Dignidad y los Gastos Funerales para todos los bolivianos y bolivianas.
Contempla también políticas de protección de género a través del reconocimiento de periodos de gestación de las mujeres por hijos nacidos vivos hasta un máximo de tres, para acceder a las prestaciones de vejez, así como el establecimiento de una tabla de sobrevivencia única entre hombres y mujeres para el cálculo equitativo de prestaciones.
Además, crea la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que se constituirá como una Empresa Pública Nacional Estratégica, de derecho público; de duración indefinida; con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuyo domicilio principal estará fijado en la cuidad de La Paz.
OPOSICIÓN
Previa a la aprobación, los asambleístas del opositor Convergencia Nacional (CN), expresaron su preocupación porque supuestamente la Ley no garantiza su sostenibilidad por más de 15 años, poniendo en duda la jubilación de los trabajadores.
Además, que no se garantizaría la seguridad de esos recursos por la administración pública debido a los malos antecedentes en gobiernos pasados.
“Conociendo la seriedad que tenemos los bolivianos a través de la lección de todos los tiempos, siempre en este tema de pensiones ha habido trabas y mucha gente ha sido defraudada, consideramos que la unidad gestora y la unidad fiscalizadora de este tema tendría que tener un mayor control y no una dependencia directa del Ejecutivo dada la realidad de éste momento, si este gobierno no lo ha hecho, lo han hecho otro, es el Órgano Ejecutivo que tiene el dinero de los bolivianos y para eso hay que garantizarlos”, manifestó el senador por Convergencia Nacional, Carlos Sonnenschlin..
Con ese criterio coincidió el senador Roger Pinto y calificó como eficiente la administración privada de esos aportes por 13 años, y que nada garantiza esa eficiencia en el nuevo modelo solidario.
“Lo que se está haciendo hoy lo tendremos que ver, si nos referimos a los 13 años pasados podemos decir que sí fue un modelo, pero de no ir más allá seguramente vamos a ver el desastre que fue la seguridad social en este país, cuando el gobierno o el partido de gobierno administró los fondos de pensiones en la seguridad social, ahí está la diferencia, es esa la visión que tenemos”, aseguró Pinto, ex congresista por Poder Democrático y Social (Podemos), de Jorge Tuto Quiroga.
OFICIALISMO
A su vez, el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, David Sánchez (MAS), explicó que la nueva norma fue consensuada con organizaciones sociales y se recibió observaciones del sector privado, quienes además, propusieron la jubilación a los 75 años porque los profesionales recién empiezan a aportar desde los 35, pero se aclaró que la Ley es solidaria con los sectores sociales vulnerables como los mineros, y otros.
Los privados para garantizar la sostenibilidad de la Ley exigieron ser parte del directorio de la Gestora Pública, así como los obreros.
“La propuesta ha sido rechazada, por ilegal, porque para la conformación del directorio se va a realizar un concurso de méritos, de ser como lo piden cada sector tendría un cupo y ahí estaríamos los bolivianos huérfanos porque no tendríamos una administración transparente. Eso se ha explicado a los empresarios a través de una nota”, manifestó Sánchez.
Fuente: Prensa Senado
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