Aceptada la norma, la presidenta interina de esa instancia legislativa, Martha Poma (MAS), ordenó su remisión a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción, en caso de que no haya observaciones.
El objeto de la Ley es reponer económicamente, y por única vez, a las víctimas de suplantación de identidad en el cobro de este beneficio, comprendidos en el periodo de entre el 01 de enero del 2003 al 30 de septiembre del 2010, y cuyas denuncias hayan sido cursadas en ese periodo ante el Viceministerio de Pensiones.
Los montos de reposición, según la norma, consisten en un pago de 1800 bolivianos para cada persona que haya sido suplantado en el cobro del ex Bonosol y una suma de 2400 bolivianos para quienes hayan sido suplantados en el cobro de la Renta Dignidad.
La Ley establece que la reposición económica será con recursos del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV).
La disposición transitoria única, señala que: El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, y en aplicación del artículo 25 numeral 4 de la Ley del Órgano Electoral, podrá suscribir un convenio interinstitucional con el Tribunal Supremo Electoral a objeto de contar con la información biométrica actualizada y depurada de los beneficiarios de la Renta Dignidad.
Fuente: Prensa Senado
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