El presidente del órgano, Héctor Arce, indicó que la prioridad será el tratamiento del nuevo proyecto de Ley contra la mencionada actividad ilegal.
Las autoridades bolivianas han dicho que en caso de aprobarse la norma, recompensarán a los denunciantes afectados hasta con 40 por ciento del valor de alguna mercancía decomisada, sin ningún trámite.
Además, el proyecto precisa que se creará el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad.
Por su parte, el ministro boliviano de economía, Luis Arce Catacora, explicó que la iniciativa pretende tipificar como un delito el "contrabando de exportación agravada", que no es considerado por las actuales leyes.
Arce señaló que antes de la presentación del proyecto, por parte del Gobierno, sólo se penalizaba la mercadería ilegal que ingresaba al país andino.
El titular de economía realizó las declaraciones durante una rueda de prensa en el Palacio Quemado (Casa de Gobierno).
Informes de organismos especializados en el área, el contrabando mueve en Bolivia unos mil 200 millones de dólares anuales, además del efecto negativo que provoca por el desinterés al desarrollo de las industrias.
También con la medida se pretende paralizar el flagelo contra carburantes subvencionados, que le cuestan al Estado un promedio anual de 380 millones de dólares, cantidad que estaría rondando hasta los 600 millones de dólares, si sube el precio del barril de crudo.
Del mismo modo, se intenta evitar la salida ilegal de alimentos, especialmente de harinas y aceites, también financiados por el Ejecutivo, con la finalidad de impedir el alza de sus precios.
El ministro de Economía afirmó que en el caso del comercio ilícito de productos, el ente coordinador deberá ser la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Fronteras (Ademaf).
La Ademaf operará bajo el Consejo de los Ministerios de Defensa Nacional, Presidencia, Gobierno, Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas.
Asimismo, Arce explicó que, la Agencia también articulará las acciones con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Púbico.
El programa será financiado con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) incluye además la participación de las comunidades aledañas a las zonas limítrofes, para que puedan beneficiarse con incentivos cuando denuncien esas actividades ilícitas, agregó.
"Hemos incluido incentivos para los denunciantes, porque es la única manera de poder convocar a la población a ser parte de la lucha contra el contrabando", aseveró el titular de Economía.
Bolivia cuenta con extensas fronteras como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay.
Entre las nuevas figuras jurídicas establecidas en el proyecto de Ley son la sanciones al contrabando de exportación, indicó Arce, al tiempo que explicó que actualmente el Código de Comercio solamente incluye el delito de importación de productos en forma ilegal.
“El delito del contrabando se agrava cuando se incurre en la salida de alimentos e hidrocarburos que son subvencionados por el Estado”, aclaró.
En agosto de 2010, el Gobierno boliviano aprobó la Ley de Lucha contra el Contrabando y dispuso el ingreso de las Fuerzas Armadas para reforzar esas tareas que estaban a cargo del Control Operativo Aduanero (COA), integrado por oficiales de élite de la Policía.
La nueva iniciativa fue remitida, este miércoles, al Congreso boliviano donde será debatida desde este jueves.
Fuente: telesurtv.net
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