Casi de manera sistemática el Estado boliviano ha permanecido durante los años de la República en condiciones desventajosas en relación a la defensa de sus intereses, frente a hechos legales coyunturales, y de trascendencia.
Esta especie de prolongada situación desprovista de mecanismos adecuados para enfrentar, en unos casos, procesos judiciales y, en otros, para asumir la representación legal como sujeto de derecho procesal, se ha originado en actos de negligencia de altos funcionarios y en los círculos de corrupción institucionalizada durante los gobiernos denominados neoliberales.
Un paso importante para corregir esa realidad se ha dado, actualmente, con la aprobación de la Ley de Funcionamiento de la Procuraduría General del Estado y con la designación del primer Procurador del Estado, quien tendrá la representación jurídica pública para promover, defender y precautelar los intereses del Estado.
Constitucionalmente, la Procuraduría en nuestro país tiene características especiales en relación a otros donde esta institución representa también a la sociedad y a los ciudadanos, función que en Bolivia está encomendada al Ministerio Público. Sin embargo, la división que se ha dado, en este caso, puede ser considerada beneficiosa en la perspectiva de que la Procuraduría defenderá judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado asumiendo representación jurídica en las acciones judiciales y administrativas. Es decir, que tiene un campo de acción claramente señalado en la defensa exclusiva del Estado y de sus intereses.
La Procuraduría en Bolivia difiere de las funciones del Ministerio Público y, constitucionalmente, insta a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de acciones judiciales a que hubieran lugar por los delitos cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga conocimiento.
Entre otras funciones está la de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones de las unidades jurídicas de la administración pública y en los procesos ante autoridades jurisdiccionales y administrativas.
Lo que se observa, como un vacío entre las atribuciones, es lo que se ejercita en otros países en la prevención de los delitos que se pueden cometer contra el Estado. Sin embargo, por otro lado, es un hecho destacado la formación de abogados especialistas en esta nueva rama, es decir, abogados del Estado.
La Procuraduría es un paso importante en la reorganización institucional del país que, como se ha dicho, siempre ha estado indefenso legalmente y de manera repetida ha perdido los juicios que le instauraban ocasionando al Estado la erogación de enormes sumas de dinero. Los intereses particulares, coaligados mediante consorcios de abogados privados que demandaban al Estado, organizaron verdaderas mafias que se encargaban de llevar adelante juicios digitando a los abogados contratados para defender al Estado aunque, en realidad, estas redes los tenían como a sus propios empleados de los consorcios, así el fallo judicial estaba garantizado a favor de los patrocinantes particulares.
De tal modo que si se levantara una estadística de los casos judiciales en los que ha perdido el Estado, seguro que arrojaría un porcentaje mayúsculo.
El Estado, en los anteriores gobiernos, se constituyó en una fuente de enriquecimiento ilícito de abogados y autoridades corruptas que amasaron fortunas considerables a costa de una sangría de las arcas fiscales. Habría que investigar, además de precisar el número de casos, el monto de dinero.
En hora buena la Procuraduría.
Fuente: Opinion
No hay comentarios:
Publicar un comentario