Adital (15-02-11).- "El desafío de las mujeres indígenas es vencer las estructuras patriarcales en el interior de sus familias, de sus comunidades, y del modelo neoliberal, que hace que el acceso y la distribución de recursos no lleguen a ellas”. Esa es una de las conclusiones presentadas en el informe alternativo de Bolivia a la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Cerd).
El informe, elaborado por el Comité de América Latina y Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), evalúa los compromisos asumidos por el Estado boliviano con relación a la Cerd, enfocados en la situación de la mujer indígena en Bolivia. De acuerdo con la publicación, el país aun tiene una estructura colonialista, que organiza la sociedad en torno de cuestiones como etnia, cultura y poder.
El documento destaca también algunos avances, como el aumento de la participación de las mujeres en el trabajo, pero, destaca que tales conquistas todavía son insuficientes. Según el informe, los salarios no son equivalentes para hombres y mujeres. Además, la pobreza persiste entre indígenas y principalmente, entre mujeres indígenas.
Según el informe, datos de 2006 del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que, de cada 100 mujeres que viven en el área urbana, 51 son pobres. La cifra aún es peor entre las indígenas: de 100, 77 viven en esa condición. El documento también revela que las mujeres que van a las ciudades en busca de una vida mejor, no siempre lo consiguen: además de la pobreza, son víctimas de la violencia y de la violación de sus derechos.
En referencia a derechos políticos, el informe llama la atención que estos están "formalmente garantizados” para todas las mujeres de Bolivia por medio de legislación que establece la participación igualitaria de mujeres y hombres en todos las esferas. Sin embargo, este derecho no es respetado cuando los sujetos son las mujeres indígenas. En este caso, nuevamente la cultura patriarcal habla más alto.
"Ellas son limitadas en su acción por el asedio político, usos y costumbres, tradiciones y la cultura patriarcal que constituyen barreras que no permiten el acceso y el gozo de sus derechos políticos, manteniendo una clase inferior en cuanto a la participación política, afectando en los espacios públicos como, por ejemplo, el ‘Derecho a la consulta previa, libre e informada’ a los pueblos indígenas en cuanto a la disposición y redistribución de los recursos en hidrocarburos”, destaca.
Fuente: Adital
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