“Después de largo debate —la presencia y justificación del titular del Ministerio de Hacienda, ministro Arce, y las consultas en muchos de los casos equivocadas, con conceptos no apropiados por parte de la oposición— ha logrado agotarse todo el procedimiento, estaríamos con esta norma modificatoria de artículos del Código Penal, remiendo al Ejecutivo para efectos de su promulgación”, informó el presidente de la Cámara Alta, René Martínez.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, en la sesión plenaria de la Cámara Alta, explicó que el objetivo es cumplir con los compromisos internacionales como la Convención de Palermo que el Estado boliviano ha ratificado para la lucha contra terrorismo y la delincuencia transnacional.
El delito del separatismo será sancionado con privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto al “que en forma individual u organizada resolviere inconstitucionalmente, agrediere, atacare, violentare o asaltare teniendo la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado”, señala la Ley sancionada y enviada al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
En relación al delito de terrorismo, la norma sancionará con presidio de 15 a 20 años, al que forme parte, colabore de cualquier forma con una organización armada contra la seguridad común y la vida, “con la finalidad de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente, mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella”. El financiamiento del terrorismo también será sancionado con presidio de 15 a 20 años y la confiscación de los bienes utilizados para tal delito.
Los senadores de la opositora PPB-C rechazaron la aprobación de la ley. Su jefe de bancada Bernard Gutiérrez consideró que el oficialismo intentará usar la norma para criminalizar las acciones que han asumido en el oriente boliviano, especialmente el caso denominado Rozsa II.
Por su parte, el titular de Senado, René Martínez, dijo que las leyes sobre terrorismo y separatismo en otros países son más drásticos de lo que se está aprobando en Bolivia, por lo que pidió a la oposición política “no rasgarse las vestiduras” y no entrar en una suerte de defensa de los que están siendo procesados por el caso separatismo del grupo Eduardo Rozsa Flores.
La senadora oficialista Gabriela Montaño afirmó que el pueblo boliviano ha demostrado que no está dispuesto a soportar el separatismo como el ocurrido el 2008, y agregó que en el proceso de investigación, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) “no va a panfletear información privada” como cree la oposición; sino solo “recibirá, solicitará y, cuando corresponda, transmitir a las autoridades competentes la información debidamente procesada, vinculada con el financiamiento del terrorismo”, como manda la Ley.
Fuente: Prensa Senado
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