“Lo importante y rescatable es que esta ley ha sido trabajada de manera conjunta, porque se han realizado eventos de socialización, con organizaciones sociales, con movimientos sociales y también con operadores de justicia, y se ha llegado a consensos importantes con la policía y la fiscalía” aseveró la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.
La legisladora sostuvo que hay un sentimiento “colectivo” para que esta ley ayude a mejorar la justicia, y pidió a todos los asambleístas, denunciar los hechos de corrupción que pudieran conocer para no ser cómplices del estancamiento de la justicia.
“Estuve escuchando varias intervenciones que denuncian corrupción, manipulación, y estos son males que se han estado viviendo desde hace muchos años, y creo que la mejor forma para avanzar en ese proceso de transformación, es denunciar estos hechos, porque si no serán cómplices, del estancamiento del poder judicial” agregó.
Por su parte, el diputado Juan Carlos Cejas, presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, sostuvo que esta normativa no es para beneficio de ninguno de los partidos políticos, sino para la población nacional.
“Esta ley no es para los del MAS, no es para los de Podemos, no es para los del UN, no es para los de AS, sino es para todos los hombres y mujeres que vivimos y radicamos en nuestro país, Bolivia” puntualizó el legislador.
La presente normativa incorpora el principio de celeridad, para que esta institución pueda ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones; la gratuidad ya que no se harán pagos de valores judiciales, policiales o de timbres; y la transparencia, porque deberá proporcionar la información investigativa, para las partes que intervienen en cada proceso penal.
Asimismo, se destaca la creación de una Escuela de Fiscales donde se dotará de capacitación a los investigadores y se implementará un sistema de evaluación y los mecanismos de un sistema disciplinario, con la creación de la autoridad sumariante.
Este proyecto de ley prevé también la protección a las víctimas, y para tal efecto, dispondrá de programas permanentes que brindarán protección, en especial cuando se trate de delitos vinculados al crimen organizado, corrupción, narcotráfico, trata y tráfico de personas, violación de derechos fundamentales.
En esa misma línea, también determina que las víctimas que no cuenten con recursos económicos, puedan acceder a un abogado estatal, cuando así lo soliciten.
Según los establece el artículo 225 la Constitución Política del Estado, corresponde al Ministerio Público, la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad.
El pleno declaro cuarto intermedio hasta el viernes, cuando se retomará el tratamiento en su estación en detalle.
Fuente: Prensa Diputados