Op (1-04-12).- El proyecto de Ley de Unidades Territoriales (LUT), que espera su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluye varios cambios respeto a la Ley de Unidades Político Administrativas (UPAs), entre ellos la desjudicialización de los procesos por conflictos limítrofes. Esto quiere decir que ya no será necesario que los procesos lleguen hasta el Tribunal Supremo de Justicia, sino que estos podrán ser remitidos directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional, luego de una conciliación entre las partes.
El referendo como una última instancia en el proceso de conciliación también generará un cambio en relación a la anterior normativa, que solamente preveía una consulta.
El sector en conflicto podrá optar por un referendo dirigido por el Tribunal Supremo Electoral.
El viceministro de Organización Territorial, Gregorio Aro, indicó que la solución para los conflictos continuará siendo el consenso, pero que ahora los municipios y departamentos tendrán un mejor procedimiento para poder llevar a cabo esta tarea, pues tendrán instancias específicas que se harán cargo de los problemas a nivel municipal y departamental.
Tres instancias
La propuesta de ley hace referencia a la existencia de tres instancias autorizadas para tratar el tema de delimitación.
Es así que propone la creación del Consejo de Coordinación de Organización Territorial a la cabeza del Ministro de Autonomías y los gobernadores de cada departamento, con el objetivo de coordinar con las otras instancias el trabajo de organización territorial.
La otra instancia es la Dirección General de Límites y Organización Territorial que será la encargada de atender los procedimientos de creación y delimitación de unidades territoriales, además de prevenir y atender los conflictos que se presenten sobre los procedimientos.
Por su parte, las Instancias Técnicas de Límites y Organización Territorial de los Gobiernos Autónomos Departamentales son las que atenderán los procedimientos de creación y modificación de unidades departamentales e intradepartamentales, es decir a nivel municipal y de territorio indígena en primera instancia.
“Los límites intradepartamentales van a ser resueltos por los mismos Gobiernos Departamentales Autónomos. Sólo en caso de apelación será el Gobernador quien conozca el caso. Los límites departamentales serán conocidos por el Ministerio de Autonomías y Descentralización”.
Clasificación y Requisitos
Otro de los avances en la norma y que está prevista en las disposiciones transitorias, es la clasificación de las Unidades Territoriales en precisas e imprecisas, esto quiere decir que todos aquellos municipios y departamentos que no cuenten con su delimitación deben someterse a la LUT.
Entre los requisitos que la norma menciona se indica que la unidad territorial no podrá definir su jurisdicción territorial sobre cuerpos de agua y salares, si estos están en la zona donde se quiere hacer la delimitación.
Los municipios que quieran crearse también deberán cumplir con ciertos requisitos. Para hacer estas modificaciones deben contar con una población de 10.000 habitantes como mínimo, de acuerdo a lo que establece la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
En el caso de las provincias se deberá contar con una población mínima de 50.000 habitantes, y en el caso de los departamentos con 500.000 habitantes como mínimo.
También se establece como requisito que el municipio cuente con una superficie mayor a 2.000 kilómetros cuadrados; la provincia mayor a 10.000 kilómetros cuadrados y el departamento mayor a 100.000 kilómetros cuadrados.
Declaraciones de Adolfo Mendoza
Respecto a estos cambios en la normativa para definir los límites, el senador del Movimiento Al Socialismo y presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Adolfo Mendoza, mencionó que todavía se puede enriquecer mucho más el proyecto de ley con ayuda de los alcaldes y gobernadores de todo el país.
Es por este motivo que a nivel nacional se están realizando talleres para recoger las propuestas de las autoridades y así poder elaborar un mejor documento que permita resolver los conflictos de una manera más pacífica.
“La ley tiene muchos elementos positivos, pero necesitamos que sea una normativa consensuada para que haya resultado. Muchos de los alcaldes ni siquiera conocen el contenido de la propuesta que está en la Asamblea y ésta debe ser socializada”, dijo.
Por estos motivos, aseguró que la normativa no será aprobada de manera inmediata, tal como lo demandan algunos alcaldes, sino que debe seguir siendo construida para obtener mejores resultados.
“Si aprobamos la ley ahora no servirá de nada porque no habrá consensos, por lo que debemos construirlos”, mencionó.
Fuente: Opinion
