Prensa Senado (13-10-10).- El presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Seguridad del Estado del Senado, Adolfo Mendoza, declaró hoy que existe la necesidad de modificar la relación entre las Fuerzas Armadas (FFAA), Estado y Sociedad Civil.
“Habría que diferenciar a las personas que juran para pertenecer a las Fuerzas Armadas, en términos de formación, es decir, quienes entran al Colegio Militar y por tanto seguirán Carrera Militar del tipo de instrucción que se hace a los civiles que realizan en algún momento su Servicio Militar”.
El senador aclaró que en cualquier caso no se puede admitir ningún tipo de violación de los derechos humanos ni tampoco fuero especial, ni con los militares ni tampoco con la prensa, “para todos los fines la vara tiene que ser exactamente la misma”, contextualizó.
“Esto amerita, más allá de la profunda evaluación de esta situación actual, la consideración de la necesidad de modificar estructuralmente la relación de las Fuerzas Armadas con el Estado y la sociedad civil; pero no nos olvidemos de lo siguiente, si bien Bolivia rechaza la guerra, eso no quiere decir que no nos debamos defender en caso de conflicto bélico, una cosa es no tener un ejército y otra cosa es tenerlo para defender la patria y esa es la precisión constitucional”, concluyó.
Fuente: Prensa Senado
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jueves, 14 de octubre de 2010
miércoles, 6 de octubre de 2010
Por tortura, 4 militares van a juicio ordinario
Los Tiempos (06-10-10).- El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas informó ayer que cuatro oficiales irán a la justicia ordinaria por el caso de la tortura al soldado Guido Álvaro López Cortés durante su servicio militar en 2009 en el regimiento Ranger de Challapata.
Los oficiales que serán investigados por el Ministerio Público de Oruro, según la agencia ANF, son el teniente coronel Roberto Quiroz, el teniente Gustavo Cardoso y los subtenientes José Luis Copa Flores y John Henry Rosas Catacora, quienes ahora están a disposición de la justicia ordinaria para que asuman su defensa por la acusación de tortura que pesa sobre ellos.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, acompañado de su Estado Mayor leyó el informe que es el resultado de las investigaciones realizadas a raíz de la denuncia publicada la anterior semana por la Red Unitel y que fue difundida por varios medios de prensa nacionales e internacionales que mostraron cómo el soldado era sometido al castigo denominado "el té de sopar" y sumergido durante varios segundos en un recipiente lleno de agua, con las manos atadas y colgado de los pies por haber cometido una falta.
Esta situación causó conmoción en diversos ámbitos de la sociedad y el presidente Evo Morales ordenó investigar el hecho y derivar el caso a la justicia ordinaria. El caso no llegó al Tribunal Militar y ahora los oficiales en cuestión están a disposición en el proceso que será ventilado en la jurisdicción de Oruro, departamento donde está acantonado el regimiento Méndez Arcos.
El lunes último, la fiscal Mirna Arancibia dijo que el juez de Challapata levantó el 1 de octubre el secreto militar para que el Ministerio Público investigue la tortura contra el soldado. Detalló que el Ministerio Público pidió al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas datos sobre el orden de destinos y la nómina de conscriptos del escalón 1 y 2 de la gestión 2009.
Pese a que el Comando tenía un plazo de ocho días para responder, fuentes militares explicaron que se trataba de un plazo máximo, por lo que la respuesta podía surgir antes, como al final sí ocurrió.
En días pasados, el presidente Evo Morales, quien también funge como capitán general del país, se ratificó una vez más en la necesidad de que los militares identificados en el video sean sometidos a justicia ordinaria.
Servicio militar
En tanto, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró ayer que los “hechos aislados” de violencia contra conscriptos no justifican abolir el servicio militar obligatorio y el establecimiento de un régimen voluntario como sugirió la Defensoría del Pueblo.
A su juicio, tres o cuatro casos de vejámenes contra reclutas son "totalmente aislados" con relación a los 50 mil jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio y el servicio premilitar. Saavedra dio esta respuesta después de que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, propusiera un referéndum, la semana pasada, para decidir sobre la obligatoriedad del servicio.
Fuente: Los Tiempos
Los oficiales que serán investigados por el Ministerio Público de Oruro, según la agencia ANF, son el teniente coronel Roberto Quiroz, el teniente Gustavo Cardoso y los subtenientes José Luis Copa Flores y John Henry Rosas Catacora, quienes ahora están a disposición de la justicia ordinaria para que asuman su defensa por la acusación de tortura que pesa sobre ellos.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ramiro de la Fuente, acompañado de su Estado Mayor leyó el informe que es el resultado de las investigaciones realizadas a raíz de la denuncia publicada la anterior semana por la Red Unitel y que fue difundida por varios medios de prensa nacionales e internacionales que mostraron cómo el soldado era sometido al castigo denominado "el té de sopar" y sumergido durante varios segundos en un recipiente lleno de agua, con las manos atadas y colgado de los pies por haber cometido una falta.
Esta situación causó conmoción en diversos ámbitos de la sociedad y el presidente Evo Morales ordenó investigar el hecho y derivar el caso a la justicia ordinaria. El caso no llegó al Tribunal Militar y ahora los oficiales en cuestión están a disposición en el proceso que será ventilado en la jurisdicción de Oruro, departamento donde está acantonado el regimiento Méndez Arcos.
El lunes último, la fiscal Mirna Arancibia dijo que el juez de Challapata levantó el 1 de octubre el secreto militar para que el Ministerio Público investigue la tortura contra el soldado. Detalló que el Ministerio Público pidió al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas datos sobre el orden de destinos y la nómina de conscriptos del escalón 1 y 2 de la gestión 2009.
Pese a que el Comando tenía un plazo de ocho días para responder, fuentes militares explicaron que se trataba de un plazo máximo, por lo que la respuesta podía surgir antes, como al final sí ocurrió.
En días pasados, el presidente Evo Morales, quien también funge como capitán general del país, se ratificó una vez más en la necesidad de que los militares identificados en el video sean sometidos a justicia ordinaria.
Servicio militar
En tanto, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, aseguró ayer que los “hechos aislados” de violencia contra conscriptos no justifican abolir el servicio militar obligatorio y el establecimiento de un régimen voluntario como sugirió la Defensoría del Pueblo.
A su juicio, tres o cuatro casos de vejámenes contra reclutas son "totalmente aislados" con relación a los 50 mil jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio y el servicio premilitar. Saavedra dio esta respuesta después de que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, propusiera un referéndum, la semana pasada, para decidir sobre la obligatoriedad del servicio.
Fuente: Los Tiempos
viernes, 1 de octubre de 2010
Senador Mendoza: Caso de tortura a conscripto debe ser tratado por la Justicia Ordinaria
Prensa Senado (30-09-10).- El senador oficialista por Cochabamba, Adolfo Mendoza, calificó como un delito de lesa humanidad lo acontecido con el conscripto torturado en la Unidad Militar de Challapata, afirmando que no debe existir fuero especial con los involucrados y que el Ministerio Público debe actuar de oficio sobre el tema.
“Las Fuerzas Armadas tienen por norma interna, de manera obligatoria, hacer un sumario informativo, además están obligados por Ley a hacerlo. Sin embargo, eso no inhabilita la acción del Ministerio Público, por eso es que el Ministerio Público está actuando en este caso de oficio, se ha instruido la investigación de oficio. No es un asunto de Justicia Militar, es un asunto que tiene que ver con la Justicia Ordinaria, es un delito de lesa humanidad y no es parte de ningún fuero especial”, aseguró.
El también presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Seguridad del Estado en la Cámara Alta, dijo que no necesariamente tiene que ver con el Servicio Militar Obligatorio, puede acontecer incluso en términos de un servicio civil voluntario.
“La gravedad de lo que hemos visto con el conscripto, da en cierto sentido pistas en torno a la discriminación. Ninguna institución, por más que sean las Fuerzas Armadas, puede gozar de un fuero especial, de una jurisdicción especial en este tipo de temas que tienen que ver con los Derechos Humanos. Lo mismo vale para la Ley de Lucha Contra el Racismo y Discriminación; ningún medio de comunicación puede tener un fuero especial, sino tendríamos que reconocerles a los militares la posibilidad de ejecutar las salidas por la vía del Tribunal Militar”, explicó.
Por su parte el senador opositor por Convergencia Nacional (CN), Marcelo Antezana, dijo que pedirá un informe sobre lo sucedido en la institución castrense de Challapata y afirma que el Servicio Militar debe ser obligatorio, en apego a la Constitución Política del Estado.
“La condeno, desde todo punto de vista, porque ha traspasado toda línea del abuso de autoridad, ha entrado en lo que se puede conocer como tortura. Hace quedar mal a una institución fundamental del país. Estos ciudadanos militares, sean Sargentos u Oficiales deben ser dados de baja con ignominia, desde mi punto de vista y pasados a la justicia que corresponda”.
Fuente: Prensa Senado
“Las Fuerzas Armadas tienen por norma interna, de manera obligatoria, hacer un sumario informativo, además están obligados por Ley a hacerlo. Sin embargo, eso no inhabilita la acción del Ministerio Público, por eso es que el Ministerio Público está actuando en este caso de oficio, se ha instruido la investigación de oficio. No es un asunto de Justicia Militar, es un asunto que tiene que ver con la Justicia Ordinaria, es un delito de lesa humanidad y no es parte de ningún fuero especial”, aseguró.
El también presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Seguridad del Estado en la Cámara Alta, dijo que no necesariamente tiene que ver con el Servicio Militar Obligatorio, puede acontecer incluso en términos de un servicio civil voluntario.
“La gravedad de lo que hemos visto con el conscripto, da en cierto sentido pistas en torno a la discriminación. Ninguna institución, por más que sean las Fuerzas Armadas, puede gozar de un fuero especial, de una jurisdicción especial en este tipo de temas que tienen que ver con los Derechos Humanos. Lo mismo vale para la Ley de Lucha Contra el Racismo y Discriminación; ningún medio de comunicación puede tener un fuero especial, sino tendríamos que reconocerles a los militares la posibilidad de ejecutar las salidas por la vía del Tribunal Militar”, explicó.
Por su parte el senador opositor por Convergencia Nacional (CN), Marcelo Antezana, dijo que pedirá un informe sobre lo sucedido en la institución castrense de Challapata y afirma que el Servicio Militar debe ser obligatorio, en apego a la Constitución Política del Estado.
“La condeno, desde todo punto de vista, porque ha traspasado toda línea del abuso de autoridad, ha entrado en lo que se puede conocer como tortura. Hace quedar mal a una institución fundamental del país. Estos ciudadanos militares, sean Sargentos u Oficiales deben ser dados de baja con ignominia, desde mi punto de vista y pasados a la justicia que corresponda”.
Fuente: Prensa Senado
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