Renta Dignidad es el beneficio de más impacto en la población adulta mayor

PC (25-08-14).- Las personas adultas mayores de nuestro país cuentan con al menos seis leyes que garantizan el cumplimiento y respeto de sus derechos y posibilitan que esta población pueda “Vivir Bien”, afirma el director de Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor del Ministerio de Justicia, Sandro Delgado.

Las principales normas en beneficio de esta población son la Ley 369 General De Las Personas Adultas Mayores, la Ley 3791 de la Renta Universal de Vejez, la Ley 1886 que crea un régimen de descuentos y privilegios en su beneficio, y la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral.

Complementan a éstas, la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica y la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, entre otras.

Consultados sobre la aplicación de estas normas, los adultos mayores coinciden en afirmar que la Renta Dignidad es el beneficio de mayor impacto tiene en su población.

“La Renta Dignidad siempre ha alivianado nuestros gastos. Yo veo cómo muchos de mis hermanos adultos mayores recogen el Bono Dignidad llorando. Por eso estamos agradecidos”, expresó el secretario ejecutivo de la Federación de la ciudad de El Alto, Policarpio Mamani.

La Asociación Nacional del Adulto Mayor (ANAMBO), a través de una declaración emitida ayer, también manifestó su reconocimiento a las normas que garantizan los derechos de las personas adultas mayores, tanto en la Constitución Política del Estado, como en las normas mencionadas.

Destacó de manera particular el cumplimiento de la Renta Universal de Vejez dentro el Régimen No contributivo del Sistema Integral de Pensiones.

Acerca de las demás normas

La segunda norma en ser reconocida por ANAMBO es la Ley 369 y su Reglamento. “Si bien (la Ley 369) es una norma general que da las líneas para que las gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales implementen políticas públicas en favor de las personas adultas mayores. Consideramos que el escenario está abierto para que los adultos mayores seamos los protagonistas de nuestros derechos y así lograr una vejez digna”, afirma su declaración.

Si bien el nivel central, a través del Ministerio de Justicia, presentó una propuesta base de las políticas públicas para las personas adultas mayores falta socializar y reforzar algunos aspectos, expone ANAMBO.

“Aplaudimos a nuestro presidente Evo. Gracias a él tenemos leyes que nos benefician y que garantizan nuestros derechos. Ahora lo que falta es que todas se apliquen”, coincide el secretario del Tribunal de Honor de la Federación Departamental de Personas Adultas Mayores de La Paz, Eusebio Salazar.

El dirigente lamentó que pese a las buenas intenciones del Gobierno de favorecer a la población adulta mayor, ellos encuentran trabas en el nivel operativo para la aplicación de algunos de los beneficios.

Según los representantes del sector, la aplicación deficiente se debe a la falta de conocimiento de las instituciones estatales, entidades privadas, y los propios beneficiados.

El avance también fue reconocido por HelpAge Bolivia, entidad dedicada a los adultos mayores. Su director, Javier Castro, dijo que los Adultos Mayores en Bolivia “están mejor que antes, como resultado de la acción de un Estado más proteccionista que emitió varias leyes favorables para el sector”. Sugirió, no obstante, incidir en la aplicación de las normas.

Dato

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2012, en Bolivia existen 893.696 personas mayores de 60 años. Todos ellos celebran hoy el Día de la Dignidad de las Persona Adultas Mayores, en cumplimiento de la disposición final segunda de la Ley General de las Personas Adultas Mayores.

Conforman consejo: “Por una Vejez Digna”

Conforman consejo: “Por una Vejez Digna “El Ministerio de Justicia y representantes de las entidades territoriales autónomas firmaron ayer el acta de conformación del Consejo de Coordinación Sectorial “Por una Vejez Digna”.

El consejo fue conformado con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas que protegen los derechos de las personas adultas mayores, conforme a lo establecido en la Ley 369 y su Decreto Supremo Reglamentario 1807.

“De acuerdo a lo que establece la Ley se debe conformar un Consejo de Coordinación Sectorial”, afirmó ayer la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quien explicó que para la efectividad del consejo, éste está conformado por los gobiernos departamentales y municipales.

Gutiérrez indicó que con la constitución del consejo, se tiene la facultad de aprobar políticas públicas, además de otras herramientas, para dar cumplimiento a las normas que benefician a este sector.

“Ahora sí nuestras personas adultas mayores van a tener todas las normativas que van a garantizar los derechos de este sector”, aseguró.

El evento, que tuvo lugar en el Salón Paitití de la Cancillería del Estado, contó con la participación de representantes de gobiernos departamentales, municipales, ministerios e instituciones que intervienen en temas relacionados con la protección de este sector.

Fuente: Cambio

Cobertura de pensiones evita que personas de más de 65 años caigan en la pobreza

Pieb (18-03-14).- En los últimos diez años y mediante innovadoras reformas en sus sistemas de pensiones, América Latina amplió la cobertura previsional a 11 millones de personas mayores de 65 años que previamente estaban excluidas. En Bolivia el sistema contributivo de pensiones ha tenido un buen desempeño, se logró ampliar la cobertura (aunque muy lentamente en el caso de los trabajadores independientes), y acumular recursos en los fondos de capitalización individual, dice el informe “Más allá de las pensiones contributivas: catorce experiencias en América Latina”, recientemente difundido por el Banco Mundial.

El documento plantea que las reformas a los sistemas previsionales adoptadas por 14 países latinoamericanos en la última década ayudaron a reducir la proporción de la población sin cobertura de más de 65 años de edad en casi un 33%, un cambio que representa el mayor aumento de la cobertura en décadas.

Durante las décadas del 80 y 90, la mayoría de los sistemas de pensiones de América Latina fueron objeto de reformas destinadas a mejorar su sustentabilidad financiera, aunque desde hace algunos años los esfuerzos han estado dirigidos a lograr una mayor inclusión, a partir de programas tales como la expansión de las pensiones no contributivas o la flexibilización de los requisitos de acceso a los sistemas tradicionales de pensiones contributivas.

Situación de los mayores en Bolivia

Una mirada a las fuentes de ingreso de los mayores de 60 años en Bolivia, de acuerdo a la
Encuesta de Hogares, ofrece un panorama de las dificultades que enfrenta ese grupo para sobrevivir de manera independiente.

De los 870 mil mayores de 60 que detectó la encuesta, menos del 16% contaba con ingresos de jubilación, con un promedio de poco más de 300 dólares al mes. Las pensiones de invalidez, de guerra y de viudez apenas alcanzaban al 0,5% de las personas mayores. Un porcentaje extremadamente bajo recibe ingresos por dividendos o utilidades, o por intereses, lo que denota la fragilidad del sistema económico para permitir la participación de las personas en la formación de capital productivo. Sí tienen alguna relevancia las remesas del exterior, que son recibidas por el 7% de los mayores de 60 años y los alquileres, que alcanzan al 5,1%. Estos últimos datos muestran que la propiedad de bienes inmuebles es mucho más utilizada como estrategia de protección en la vejez que la inversión en actividades económicas o en capitales monetarios. En este contexto, resalta también la extraordinaria importancia que posee la Renta Dignidad, que es fuente de ingresos para más del 90% de los mayores de 60 años.

Estos datos muestran con bastante claridad que la necesidad de establecer sistemas eficaces de protección de los adultos mayores, y de mejorar los existentes, ha venido creciendo y exige perfeccionar la normativa y adecuar los mecanismos de financiamiento a las nuevas condiciones de la economía y de la estructura del empleo.

En este contexto, la pensión no contributiva denominada Renta Universal de la Vejez, o Renta Dignidad está institucionalizada en la nueva Constitución Política, cuyo artículo 67 señala: “Todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. El Estado proveerá de una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley”.

Bajo esta modalidad, la pensión no contributiva es financiada mediante el Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV), con recursos provenientes del impuesto a hidrocar-buros (30% del total) y dividendos de las empresas públicas capitalizadas. En 2011 el valor total de ingresos del FRUV fue de US$ 382,7 millones, equivalente al 1,6% del PIB nacional.

Como parte de las modificaciones a la pensión no contributiva Renta Dignidad, el gobierno bajó la edad de elegibilidad a los 60 años, aumentando así la cobertura por más del 50% sobre la población beneficiaria con los términos de elegibilidad establecidos para el Bonosol.

La transferencia promedio aumentó a aproximadamente US$ 300 anuales, diferenciado por la tenencia o no de pensión de jubilación. Los beneficiarios de la Renta Dignidad deben estar registrados en la base de datos de beneficiarios del programa, la cual fue conformada a partir de la base de datos de beneficiarios del Bonosol e información proporcionada por el Órgano Electoral, que tiene a cargo el registro civil y el Servicio General de Identificación.

La base utiliza un número único de beneficiario y a partir de 2009 se introduce un sistema de identificación biométrico en base a las huellas digitales de beneficiarios, con el propósito de reducir cobros indebidos y fallas de identidad. Sin embargo, con el súbito aumento en el número de beneficiarios y en la cantidad de transacciones, aumentaron los riesgos de fraude y algunos casos fueron detectados y denunciados, señala el informe.

Hacia una prosperidad compartida

“No existe una receta única para proteger a los adultos mayores excluidos del sistema tradicional de jubilación. Cada país parte de niveles de cobertura y limitaciones fiscales diferentes y se enfrenta a desafíos y características que requieren de políticas flexibles”, aseguró Rafael Rofman, especialista líder en protección social del Banco Mundial para América Latina y coautor del estudio. “No obstante, lo que sí se puede afirmar es que a pesar de estas diferencias, todos los países de la región están en un camino de inclusión”, agregó.

Actualmente, los países de la región llevan a cabo diferentes estrategias para alcanzar este objetivo, que podrían clasificarse en tres grupos:

• Beneficios para todos: Países como Bolivia y Trinidad y Tobago, que otorgaron una pensión a la totalidad de sus adultos mayores, independientemente de su vinculación previa con el mercado de trabajo, que no les podrá ser quitada.
• Inclusión de excluidos: Los nuevos programas de inclusión en Argentina, Brasil, Chile, Panamá y Uruguay apuntan a cerrar la brecha en la cobertura, otorgando una pensión a aquellos que carecían de una en el pasado.
• Focalización en los vulnerables: Países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú otorgan pensiones sociales como parte de sus mecanismos de reducción de la pobreza y asistencia social, focalizándose en la población más vulnerable a través de un modelo que emula el enfoque para la pobreza entre las familias con niños pequeños.

Fuente: Prensa PIEB

Bolivia, donde los jubilados están más protegidos

Bbc (28-10-13).- Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cobertura previsional de Bolivia abarca a un 97% de su población, por encima de países como Argentina, Brasil o Chile, todos con un Producto Interno Bruto (PIB) muy superior.

El dato es igualmente llamativo si se lo compara con la cobertura promedio de América Latina, que se sitúa en un 62,5% y que tiene a Bolivia como uno de los polos más firmes a la hora de proteger a sus ciudadanos de tercera edad.

En el exhaustivo análisis que hace un libro publicado este mes por el BID, "Mejores pensiones, mejores trabajos. Hacia la cobertura universal en América Latina", Bolivia es presentado como un ejemplo a nivel regional.

"Es uno de los países de menores ingresos y con un porcentaje muy bajo de trabajadores que cotizan a la seguridad social. La solución a este doble problema ha sido instaurar un muy efectivo pilar universal para todos los ciudadanos a través del programa Renta Dignidad", le explica a BBC Mundo Mariano Bosch, coautor del libro.

Jubilación y pobreza

Un informe de 2007 estimaba que había un 60% de bolivianos en condiciones de pobreza y un 37,7% en pobreza extrema.

A esto se sumaba un alto grado de informalidad laboral, que tiene como contrapartida la escasa o nula contribución jubilatoria.

A fines de 2007 el gobierno del presidente Evo Morales introdujo el programa "Renta Dignidad" para evitar la pobreza extrema en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de la vida: la vejez.

Este programa otorga a los ciudadanos de más de 60 años una Renta Universal de la Vejez de carácter no contributivo (derecho ciudadano que no depende de los aportes que se hayan hecho).

Con el último aumento en mayo de 50 bolivianos, el monto básico que cobran todos los mayores de 60 años es de 200 bolivianos mensuales (unos US$29), que se estira a 250 bolivianos (unos US$36) para los que no tengan otra cobertura social (como jubilación privada).

Si se lo compara con otros países de la región como Argentina, Chile y Uruguay que tienen pensiones de entre US$4 y US$8 diarios, el monto que reciben los bolivianos es ínfimo. En el mejor de los casos apenas supera el dólar diario.

Sin embargo, su impacto es muy importante, según el BID.

"En Bolivia la red de protección era la capacidad de trabajo o la familia. Si no había capacidad de trabajo, la familia tenía que hacerse cargo, tarea que recaía en las mujeres. Este programa ofrece una seguridad de ingresos tal que hemos notado que hay una disminución de la oferta de trabajo de este sector poblacional que antes tenía que seguir hasta los 80 años para poder sobrevivir", le explica Bosch a BBC Mundo.

El talón de Aquiles

El sistema de pensiones boliviano ofrece una segunda paradoja.

Si por un lado es el que tiene mayor cobertura de América Latina, por el otro es el que menos contribuciones hace a la seguridad social.

Hoy solo el 15,5% de los que tienen empleo hacen aportes jubilatorios.

Los críticos del sistema señalan que se está incentivando a esperar que el estado –y el contribuyente– hagan todo sin poner nada a cambio.

El BID hace una distinción entre la pensión contributiva (que beneficia a quienes hacen aportes a lo largo de su vida) y la no contributiva, como la Renta Dignidad.

"La pensión no contributiva del programa Renta Dignidad es parte de una estrategia de lucha contra la pobreza. El costo es de alrededor de un 1% del PIB, de manera que, siempre que haya continuidad institucional es un sistema sostenible. Pero para dar un salto de calidad en los ingresos se necesita un mayor aporte contributivo", afirma Bosch.

Pobreza e informalidad laboral

La bajísima contribución jubilatoria obedece a dos factores. Por un lado, en un país con altos porcentajes de pobreza, una importante franja de la población apenas tiene para la subsistencia diaria.

Al mismo tiempo, el alto nivel de informalidad laboral, sea por cuenta propia o empleo en negro, lleva a que una amplia franja de la población no contribuya al sistema.

En junio el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia estimaba que 65 de cada 100 personas ocupadas tenían trabajos informales.

Y la tendencia es al alza. En 2011 la proporción era 60 de cada 100.

Si a esto se le agrega que Bolivia está experimentando una explosión demográfica como el resto de la región, que pasará de tener un 7% de mayores de 65 años a un 20% en 2050, se ve que el problema exige una estrategia de largo aliento.

"La solución a largo plazo no es aumentar el monto de las pensiones no contributivas. A largo plazo hay que aumentar las contributivas y esto solo se puede lograr por una mayor formalización a nivel laboral para garantizar que se hagan los aportes correspondientes", dice Bosch.

En este sentido, la cobertura previsional no sólo parece una estrategia social, si no también -y de manera fundamental- una estrategia económica.

Foto: Matt Wootton

Fuente: BBC Mundo

Gobierno promulga ley que sube en Bs 50 mensuales la Renta Dignidad

Abi (16-05-13).- El presidente Evo Morales promulgó el jueves la Ley 378 que sube en 50 bolivianos mensuales la Renta Universal de Vejez o Renta Dignidad, que hasta 2015 se prevé beneficiará a casi un millón de personas mayores de 60 años.

Antes de esa Ley, la renta Dignidad otorgaba una prestación mensual de 200 bolivianos a los hombres y mujeres mayores de 60 años que no perciben ningún tipo de renta, y de 150 bolivianos a los adultos mayores que perciben una renta de jubilación.

'Desde mayo se paga más 50 bolivianos a los rentistas (y) no rentistas, eso saldrá en la papeleta de junio', dijo Morales en un acto que se realizó en Palacio Quemado.

En su intervención, el Jefe de Estado recordó que ese bono de vejez se paga con los beneficios de la nacionalización de los hidrocarburos y las utilidades de las empresas estratégicas del Estado.

'Felizmente nuestros petroleros, trabajadores, a la cabeza de los dirigentes, son los soldados de la economía nacional y gracias al gas y otras empresas que tenemos ahora hay estos beneficios sociales', sustentó.

En ese acto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, dijo que el año 2008, cuando comenzó a pagarse ese bono, el número de beneficiarios fue de 753.704, entre rentistas y no rentistas; mientras que en 2012 se pagó a 831.833 personas.

'La proyección que tenemos hacia el año 2015 es que vamos a beneficiar a 943.639 bolivianos con esta renta, es decir, nos aproximamos paulatinamente al millón de personas que se han de beneficiar con nuestra Renta Universal de Vejez', mencionó.

Arce explicó que los efectos de ese beneficio se hicieron más visibles en el área rural, donde el índice de pobreza extrema cayó del 64% (en 2005) a menos del 40%.

'Quiere decir que más del 20% ha caído este indicador de pobreza en menos de cinco años de ejecución de nuestra política de la Renta Dignidad', enfatizó.

Según el Ministro de Economía, el pago de ese bono representa para el Estado una erogación de más de 430 millones de dólares anuales.

Fuente: ABI

Senado sanciona, sin apoyo de la oposición, ley que incrementa Renta Dignidad

PS (7-05-13).- La Cámara de Senadores sancionó hoy la Ley de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), que incrementa en 50 bolivianos por mes a la Renta Dignidad en beneficio de las personas mayores de 60 años de edad. La norma está lista para su promulgación por el presidente Evo Morales.

El proyecto de ley fue aprobado, en grande y en detalle, por más de dos tercios de votos, en la Cámara de Senadores por “dispensación de reglamento”, porque la cámara de origen, Diputados aprobó la tarde de este martes.

Senadores de Convergencia Nacional (CN), sorprendieron al no apoyar el incremento a la renta dignidad en la votación para aprobación del proyecto de ley, y no mostraron argumentos técnicos.

La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, lamentó que el proyecto de Ley no haya sido apoyado por la oposición y aprobado por unanimidad: “pero está bien, que se saquen la careta, porque cuando la gente necesita que se les apoye aquí para una buena ley, la oposición no está ni va a estar nunca”, pronunció.

La senadora por el Movimiento al Socialismo (MAS), Rosario Apaza, explicó, en idioma quechua, que el incremento a la Renta Dignidad para personas adultas mayores que no reciben ningún tipo de renta sube de 200 bolivianos al mes a 250 y anualmente de 2.400 bolivianos a 3.000. Y para quienes perciben una renta de jubilación sube de 150 a 200 bolivianos cada mes, y al cada año de 1.800 a 2.400.

El jefe de bancada del MAS, Eugenio Rojas, afirmó que el pago de la renta a todas las personas mayores de 60 años “no es ninguna acción política”, sino es una mejor redistribución de los recursos económicos generados por la nacionalización de los recursos naturales. Destacó lo que significa los 50 bolivianos para las personas adultas mayores.

“Para la gente que tiene plata, los 50 bolivianos no es nada, pero para nuestra gente, un boliviano es un boliviano. Es saludable el incremento del 25 por ciento”, afirmó Rojas.

La senadora María Elena Méndez desvalorizó los 50 bolivianos al incremento a la Renta Dignidad.

“Al beneficiario le va a alcanzar para un kilito de carne que cuesta 45 bolivianos”. La senadora fue más allá, calificó al total de la Renta Dignidad como “200 cochinos bolivianos”.

La senadora por CN, María Elva Pinkert, manifestó que en los últimos años, las gobernaciones perdieron millones de bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para pagar la Renta Dignidad.

“Una política nacional, hoy están pagando nuestras regiones”, opinó y agregó que “en el tema de las finanzas hay que ir nomás con mucho cuidado, no es meterle la manito al Estado cuando no hay sostenibilidad”.

A su turno, la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, desmintió las versiones de los parlamentarios de la oposición, quienes manifestaron que los recursos destinados a la Renta Dignidad afectarían a los Gobiernos Departamentales. Afirmó que es “mentira que el Gobierno esté quitando recursos”.

“Los abuelitos y abuelitas no están en el planeta Marte o Júpiter, están en los departamentos. El segundo departamento donde se acumula mayor cantidad de beneficiarios es Santa Cruz”, puntualizó.

“Oposición se opone a la Renta Dignidad. “¿A qué se oponen? ¿Se oponen a que puedan recibir 50 bolivianos más, 3.000 bolivianos en vez de 2.400? ¿Por eso no votan la Ley? ¿Por qué somos tan mezquinos, de negarle a la gente mejores condiciones de vida?”, cuestionó Montaño a Convergencia Nacional.

Por su parte, el senador del MAS, Julio Salazar, destacó el carácter vitalicio de la Renta Dignidad para personas mayores de 60 años: “lo que se trata es cómo contribuir al sacrificio que han hecho nuestros adulos mayores para Bolivia”, expresó.

Asimismo, Salazar también reprochó la actitud de la oposición: “Solo faltaba que la oposición diga no hay que dar más a ese sector (personas mayores de 60 años), ¡Qué egoísmo!”, protestó.

Por momentos, el debate salió del tema de la Renta Dignidad. La senadora Centa Rek (CN) criticó a los senadores del MAS. “Está en el Senado, no en el campo”, le dijo al senador Isaac Ávalos, en pleno debate.

Pero, en relación al tema de fondo, las senadoras por el MAS, Martha Poma y Rhina Aguirre, afirmaron que las personas mayores adultas recibirán con alegría el incremento a la Renta Dignidad, porque es un reconocimiento al trabajo de toda su vida.

Fuente: Prensa Senado

Defensor demanda mejorar trato preferencial para adultos mayores

Anf (1-10-12).- El defensor del Pueblo, Rolando Villena demandó hoy a las autoridades gubernamentales a garantizar a las personas adultas mayores el ejercicio pleno de sus derechos a la salud, vivienda, agua, vestimenta y particularmente un trato preferencial con políticas públicas que les permitan acceso a un seguro de salud, renta dignidad, lucha contra la discriminación y contra el maltrato familiar, social y estatal.

Cada 1 de octubre se conmemora el día Internacional de las Personas Adultas Mayores, de acuerdo a una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

"Pese a los logros en materia de políticas públicas, se observan problemas en su implementación sobre todo en las área rurales y en los pueblos indígena originario campesinos por falta de información o por situaciones de discriminación en razón de edad, resistencia en el cumplimiento de normas a favor de esta población, impidiendo de esta forma a las personas adultas mayores el desarrollo de una vida con calidez y calidad humana", manifestó Villena.

Además, el representante defensorial demandó de la población mayor reconocimiento y respeto para este grupo poblacional valorando la sabiduría y la experiencia adquirida durante sus años de vida, así como lo hacen los pueblos y naciones indígenas que profesan respeto para los ancianos.

Según datos de la defensoría, la población de personas adultas mayores en Bolivia asciende a 740.269 y la proyección hacia el 2025 es de 1.191.00; alrededor de 700 mil son beneficiarios de la renta Dignidad, aunque más de 100.000 adultos mayores del área rural y de los pueblos indígenas no puede acceder a este bono porque no cuentan con documentos de identidad.

Fuente: Los Tiempos

Senado remite a Diputados Ley que autoriza pago a personas suplantadas en el cobro del Bonosol y la Renta Dignidad

Prensa Senado (8-12-10).- El pleno de la Cámara de Senadores, por unanimidad, aprobó la noche del miércoles el “Proyecto de Ley de Reposición Económica, por única vez, a las víctimas de suplantación de identidad en el cobro del ex Bono Solidario (Bonosol) y de la Renta Dignidad”.

Aceptada la norma, la presidenta interina de esa instancia legislativa, Martha Poma (MAS), ordenó su remisión a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción, en caso de que no haya observaciones.

El objeto de la Ley es reponer económicamente, y por única vez, a las víctimas de suplantación de identidad en el cobro de este beneficio, comprendidos en el periodo de entre el 01 de enero del 2003 al 30 de septiembre del 2010, y cuyas denuncias hayan sido cursadas en ese periodo ante el Viceministerio de Pensiones.

Los montos de reposición, según la norma, consisten en un pago de 1800 bolivianos para cada persona que haya sido suplantado en el cobro del ex Bonosol y una suma de 2400 bolivianos para quienes hayan sido suplantados en el cobro de la Renta Dignidad.

La Ley establece que la reposición económica será con recursos del Fondo de la Renta Universal de Vejez (FRUV).

La disposición transitoria única, señala que: El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones, y en aplicación del artículo 25 numeral 4 de la Ley del Órgano Electoral, podrá suscribir un convenio interinstitucional con el Tribunal Supremo Electoral a objeto de contar con la información biométrica actualizada y depurada de los beneficiarios de la Renta Dignidad.

Fuente: Prensa Senado