Por primera vez en la historia de Bolivia existirá la Procuraduría General del Estado, una instancia judicial que se encargará de la defensa legal de los intereses del país, en reemplazo del Ministerio de Defensa Legal.
“Bolivia, a partir de ahora, ya tiene dos defensores, uno social y otro legal”, dijo el Mandatario boliviano en el acto realizado en el Palacio de Gobierno y aseguró que tanto los movimientos sociales como la Procuraduría trabajarán como “una yunta” para evitar el “saqueo”.
En homenaje a El Alto, la principal oficina de la nueva entidad funcionará en esa ciudad, al igual que la Escuela de Abogados.
La Procuraduría también tendrá las funciones de producir doctrina jurídica en materia técnica legal del Estado, a través de un centro de reflexión jurídica, y agrupar a los abogados que trabajen en entidades jurídicas del sector público.
“Bolivia nunca tuvo una Procuraduría que defienda los intereses del Estado, por eso estaba como estaba. Quienes pasaron como autoridades nunca se interesaron por el desarrollo del pueblo boliviano, lo que les interesaba era cómo aprovechar sus intereses”, dijo Morales.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Zaconeta, se trata de una ley fundamental. “(Es) una ley orgánica que marca una tarea, una función trascendental para la estructura de cualquier Estado, de cualquier sociedad política y jurídicamente organizada, la función de defenderse a sí mismo”.
El Procurador General será nombrado por el Presidente del Estado y cumplirá funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación. La nueva autoridad debe ser designada en un plazo máximo de dos meses. Los subprocuradores también serán nombrados por el Mandatario.
Todos los contratos de importancia que sean suscritos por el Estado, la administración central, la administración autonómica y la municipal deberán ser consultados con el Procurador.
La Procuraduría General del Estado goza de las autonomías administrativa, presupuestaria y financiera y es independiente en el ejercicio de sus funciones, según el artículo 5 de la ley.
Para la senadora Carmen Eva Gonzales, del opositor PPB-CN, “esta ley ha sido promulgada hace días, cuando llegó al pleno de la Cámara de Senadores. Es lamentable, los senadores electos de la oposición fuimos con la esperanza de querer aportar al país... pero existe un mandato coercitivo del Gobierno de que las leyes se aprueben tal cual llegan ahí... No hubo modificaciones, ninguna consideración por los aportes que quisimos hacer. Pero el oficialismo tiene más de dos tercios en la Asamblea y debe responder a un mandato coercitivo de parte del Gobierno”.
La ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, informó que en 60 días se hará el traspaso de funciones de ese despacho a la Procuraduría. Todos los procesos judiciales en curso pasarán a la nueva instancia. “La ley determina una reglamentación y seguramente eso se va a ir trabajando para que se ponga en vigencia la Procuraduría”, explicó. “La norma está determinando funciones a cada una de las procuradurías y de las direcciones, pero eso tiene que estar debidamente reglamentado para que puedan funcionar. La designación de los representantes será una decisión del Presidente de acuerdo con la ley”, resaltó.
$us 2 millones para infraestructura
Además del presupuesto anual otorgado por el Tesoro General de la Nación, la Procuraduría General del Estado contará con ingresos propios y de la Escuela de Abogados del Estado. El presidente Evo Morales, al concluir su intervención en el acto de promulgación, ratificó a los alteños que el Gobierno cuenta con dos millones de dólares para garantizar la infraestructura de la nueva institución.
La Ley 064 instruye que todos los activos y el presupuesto del actual Ministerio de Defensa Legal del Estado pasen a la Procuraduría. Esa cartera desaparecerá y sus atribuciones y funciones serán desarrolladas por la recién creada.
La disposición transitoria tercera dispone que, “puestos en vigencia los decretos supremos reglamentarios de la presente ley, se transferirá a la Procuraduría General del Estado todos los activos fijos, bienes inmuebles, así como el presupuesto asignado por el Tesoro General de la Nación al Ministerio de Defensa Legal de Estado, subrogándose todas las competencias y atribuciones otorgadas al mencionado Ministerio”.
El mencionado Ministerio tiene el segundo presupuesto más bajo del Órgano Ejecutivo, pues percibe 6,83 millones de bolivianos.
El proceso de transferencia y reglamentación de la ley demandará dos meses, conforme al documento, tiempo en el que el Ejecutivo redactará y aprobará los decretos reglamentarios que definirán la estructura y el funcionamiento de la Procuraduría.
La norma establece el principio de gratuidad, lo que significa que toda persona que realice gestiones ante esta entidad no deberá efectuar pagos.
Fuente: La Prensa
