El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza explicó que los legisladores harán uso de este mecanismo de fiscalización para esclarecer el caso que derivó en que el director de la Anapol, coronel Marco Ortuño, y el rector de la Universidad Policial (Unipol), coronel José Piérola, se encuentren en detención domiciliaria por orden del juez tercero de Instrucción en lo Penal, Alberto Chaca.
“La investigación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y se aclare todo lo denunciado con el más mínimo detalle posible. Por esa razón, la Comisión de Seguridad del Estado convocará, calculo en el transcurso de la próxima semana, a las autoridades policiales para que rindan un informe oral. Además, habrá un plan de fiscalización”, dijo Mendoza.
El legislador explicó que el procedimiento establece que se presente la petición a la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, y que se exponga el caso ante el pleno de la Cámara Alta. Así “se autoriza citar a la persona, en este caso al comandante de la Policía, para rendir este informe. Después de evaluar en la comisión las respuestas del comandante de la Policía, se entra en la fase de debate y discusión”, añadió.
Además, Santiesteban deberá declarar ante el Ministerio Público posiblemente la próxima semana. El fiscal Aldo Ortiz además citó a otras 11 personas, entre jefes policiales y civiles. El proceso comienza hoy.
Página Siete informó la semana pasada que la Anapol había aceptado, presuntamente de forma irregular, la inscripción de 54 cadetes cuyos nombres estaban en una lista que fue enviada por el comandante Santiesteban al coronel Piérola, pero que no había sido aprobada por la Comisión de Máxima Instancia (CMI) formada por los ministerios de Gobierno, Educación, Salud y Transparencia. Esta instancia fue creada en 2010 para evitar inscripciones irregulares y pagos de los postulantes a las autoridades policiales.
El comandante general de la Policía indicó que los jóvenes formaban parte de un programa piloto de bachilleres interculturales. El domingo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, decidió dejar sin efecto la inscripción de los jóvenes “para evitar cualquier tipo de susceptibilidades”.
Determinaciones
La Comisión de Seguridad del Estado puede asumir varias decisiones. Entre éstas, una solicitud de fiscalización mayor que, al mismo tiempo permita observar de manera más detallada lo que está haciendo la autoridad competente en el caso de la denuncia. “Vamos a aplicar todos los mecanismos de fiscalización a nuestro alcance para que esto se aclare de una manera oportuna, justa y rápida”, dijo el senador Adolfo Mendoza.
Castigo
“La idea que tenemos en este caso es que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación y sancionar de manera rápida y oportuna a todos los que estén implicados en este supuesto hecho de corrupción”, acotó el legislador del Movimiento Al Socialismo.
Fuente: Pagina 7