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martes, 11 de febrero de 2014

Lucha mundial por derecho a la tierra en punto de inflexión

Ips (6-02-14).- Las tendencias mundiales hacia el fortalecimiento de los derechos legales sobre la tierra para comunidades locales e indígenas parecen haberse enlentecido de modo significativo en los últimos años. Analistas advierten que la lucha por el control local de los bosques ha llegado a un punto de inflexión, con el peligro de dar marcha atrás en los avances.

En los últimos cinco años, menos de 20 por ciento de las tierras forestales mundiales quedaron bajo control comunitario, según una investigación divulgada el miércoles 5 en Londres por la Rights and Resources Initiative (RRI), una coalición de 140 organizaciones internacionales con sede en Washington.

Además, la organización señaló que en este último período se implementaron muchas menos salvaguardas legales, mientras que las leyes que se aprobaron son más débiles.

“Si las empresas privadas y los gobiernos de los países en desarrollo no intervienen, todo este avance se puede perder”, dijo Andy White, coordinador de RRI, en diálogo con IPS.

“Aunque ahora se habla mucho sobre este asunto, nadie está invirtiendo realmente, ni los donantes, ni las grandes empresas, ni los gobiernos de países industrializados. Nadie está poniendo dinero detrás de las palabras para ayudar a los países en desarrollo a hacer el mapeo, los registros, las consultas que se requerirán para que esto se haga”, añadió.

El enlentecimiento tiene lugar pese a un significativo aumento en el debate público sobre la tierra y los derechos indígenas, con corporaciones multinacionales, tribunales nacionales y donantes de Occidente, reconociendo cada vez más la importancia del asunto y comprometiéndose a fortalecer las salvaguardas para la gestión forestal.

“El panorama predominante en 2013 fue de continua apropiación de recursos por parte de elites locales y corporaciones, asistidas por gobiernos ansiosos de entregar tierra a inversores bajo prácticamente cualquier término”, señala RRI en su informe anual.

“Esto tiene que cambiar, y puede hacerlo. Si la presión política dentro de los países en desarrollo se conjuga con nuevos compromisos de los gobiernos y de empresas iluminadas con visión de futuro, las perspectivas de clarificar y respetar los derechos sobre la tierra pueden mejorar en 2014”, agrega.

Sin embargo, por ahora RRI dice que los últimos sucesos mundiales en esta materia han sido “funestos”.

Sesenta por ciento es propiedad del gobierno

Hasta el año pasado, comunidades indígenas y locales tenían cierto control sobre alrededor de 513 millones de hectáreas de bosques. Pero, particularmente en países de ingresos bajos y medianos, los gobiernos continúan administrando o atribuyéndose la propiedad sobre aproximadamente 60 por ciento de esas tierras.

Aunque el dominio gubernamental sobre los bosques comunitarios se redujo alrededor de 10 por ciento desde 2002, este avance está en gran medida limitado a ciertas regiones y a apenas unos pocos países.

En América Latina, por ejemplo, las comunidades controlan actualmente alrededor de 39 por ciento de los bosques, en comparación con solo seis por ciento en África subsahariana, y menos de uno por ciento en la cuenca del Congo.

Según RRI, entre 2002 y 2013 se implementaron 24 nuevas disposiciones para fortalecer alguna forma de control comunitario sobre los bosques. Seis de estas se aprobaron desde 2008, y las que entraron en vigor en los últimos tiempos han sido relativamente más débiles; ninguna es lo suficientemente fuerte para reconocer los derechos de propiedad.

Activistas sostienen que esto se debe en parte a que la tendencias mundiales obligaron a los países en desarrollo a explotar agresivamente sus recursos naturales disponibles.

“No es ninguna coincidencia que el enlentecimiento mundial en la reforma ocurriera en el preciso momento en que se disparó el valor de la tierra, el agua y el carbono”, dijo Raúl Silva Telles do Valle, coordinador del programa de políticas y derechos del Instituto Socioambiental, una organización no gubernamental brasileña.

“A consecuencia, las ‘apropiaciones de tierras’ han aumentado, y países pobres y desesperados por un impulso económico ven los bosques como una materia prima, no como el hogar de sus ciudadanos. Estos gobiernos necesitan ver al bosque como más que apenas tierra para la explotación y una colección de árboles”, añadió.

En los últimos años, empresas multinacionales como Nestlé y Unilever e instituciones multilaterales asumieron una serie de importantes nuevos compromisos para cumplir y fortalecer los derechos comunitarios e indígenas sobre la tierra. Pero estos compromisos no parecen haber marcado una gran diferencia, por lo menos por ahora.

De hecho, los nuevos datos sugieren que uno de los más significativos programas multilaterales contra la deforestación, el de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+), administrado por el Banco Mundial, todavía no ha logrado un impacto importante, pese a los objetivos declarados.

Estos compromisos van en línea con una creciente comprensión internacional sobre la importancia de la tenencia de la tierra para atender un amplio espectro de problemas en materia de desarrollo.

Sin embargo, en 2007 se dispararon repentinamente los precios de la tierra y de los alimentos, y esto, según analistas, parece haber frenado el proceso reformas agrarias que estaba en curso.

“En 2002, América Latina continuaba atravesando una serie de reformas democráticas que incluían el reconocimiento de los derechos indígenas como derechos humanos, pero la tragedia es que este relámpago democrático no ha ocurrido en África o Asia sudoriental”, dijo White, de RRI.

“En una coincidencia verdaderamente desafortunada, justo cuando estas regiones empezaban a asumir compromisos en materia de reformas, los precios de la tierra se fueron al techo. Varios gobiernos que habían implementado planes para promover reformas repentinamente lo reconsideraron, entre ellos Laos, Liberia y Camerún”, agregó.

Tensión versus inversiones

Media década después, los nuevos datos deberían preocupar a expertos en desarrollo y pobreza.

Ahora RRI considera que la situación de los derechos sobre la tierra se encuentra en un punto de inflexión mundial, varada entre la creciente comprensión sobre la importancia de la tenencia comunitaria, por un lado, y el estancamiento en la consagración legal y plena de estos derechos, por el otro.

Garantizar la tenencia de la tierra no es algo demasiado caro, particularmente si se compara con los costos de la violencia que ha crecido en torno a las disputas agrarias de los últimos años.

De hecho, esto podría servir de potente motivación económica para que los gobiernos de países industrializados vuelvan a priorizar las reformas a favor del control local de las tierras forestales.

“Aquí hay una oportunidad clara de aumentar las inversiones extranjeras y de fortalecer los ingresos y el alivio de la pobreza”, dijo White.

“Todos sabemos que los inversores con conciencia no ingresan a países donde las disputas por la tierra son un problema, y sabemos que hay billones de dólares chapoteando en el mundo en busca de un lugar al que ir, particularmente cuando se espera que la demanda mundial de alimentos se duplique para 2050. Este conflicto nos está saltando en el rostro, y no va a disminuir, pero uno puede atraer buenos capitales y buenos modelos empresariales si promueve estas reformas”, añadió.

Foto: Christian Defferrard

Fuente: Ips

viernes, 27 de diciembre de 2013

García Linera: El único horizonte para Bolivia es el Estado Plurinacional

PV (27-12-13).- “En Bolivia existen una izquierda y una derecha distantes, la primera se caracteriza por ser progresista, humanista, igualitaria y revolucionaria, mientras que la segunda es un retroceso hacia el pasado que no tiene otra alternativa distinta al Estado Plurinacional, la economía plural y la autonomía constitucional”, afirmó hoy el vicepresidente Álvaro García Linera en el municipio La Guardia del departamento de Santa Cruz.

“La izquierda tiene a la Constitución Política del Estado (CPE) como núcleo y a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 como horizonte, y la derecha es el regreso al pasado de las privatizaciones, las discriminaciones y las divisiones internas, pero no lo dicen porque tienen vergüenza y saben que el pueblo no lo toleraría”, aseguró en conferencia de prensa realizada a la vera de la carretera Doble Vía a La Guardia.

Para la autoridad, el único horizonte al que Bolivia debe apuntar en economía, Estado y sociedad es el Estado Plurinacional y la CPE, que se traduce en mayor industrialización, mayor crecimiento económico, más autonomía e igualdad entre pueblos, y eso es lo que la izquierda viene haciendo durante los últimos años.

El Vicepresidente manifestó que la derecha no tiene otra opción, “por ello esconde sus verdaderas ideas y se dedica a recalentar las cosas que dice el oficialismo. Revisen la Agenda 2025 y verán que lo que han hecho todos los partidos políticos es fotocopiarse y colocar palabras más o palabras menos y así va a ser, pero no por falta de capacidad intelectual sino porque Bolivia no tiene otro horizonte posible”.

En este marco, García Linera pronosticó que para las elecciones generales del próximo año la derecha sólo postulará candidatos pero no así un programa político ni contenidos programáticos.

Ley de Avasallamientos

El Vicepresidente también hizo referencia a la Ley de Avasallamientos, ya aprobada en la Asamblea Plurinacional y será promulgada sin ninguna modificación ya que “es una ley equilibrada que protege al indígena, al campesino y al empresario”.

Informó que el pasado jueves 26, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se reunió en Santa Cruz con la Federación Campesina y en anteriores días lo hizo con los indígenas, y una vez que se explicaron las características de la ley, los sectores quedaron conformes. “Hubo un acuerdo general con la ley, no se va a cambiar y va a ser promulgada tal y como fue elaborada en la Asamblea, que consultó previamente tanto al sector empresarial como al campesino e indígena”, explicó.

La Ley de Avasallamientos consta de tres componentes: el primero es que no se permite que personas de cualquier origen realicen acciones de avasallamiento y ocupen propiedad legalmente establecida; el segundo es la protección y respeto a todo productor legalmente establecido, sea indígena, campesino o empresario; y el tercero se centra en la distribución de las tierras fiscales del Estado a las cuales pueden acceder las familias que no tengan posesiones.

“El Estado tiene cerca de 4 millones de tierras fiscales para productores y comunidades agrarias que el Gobierno está dispuesto a entregar a familias humildes que no tienen tierra; las federaciones y confederaciones tienen que elaborar planes de ocupación para acceder a éstas de manera legal y planificada”, recalcó la autoridad.

Fuente: Prensa Vicepresidencia

lunes, 23 de diciembre de 2013

Ley castiga con 8 años de cárcel el avasallamiento y tráfico de tierras

PS (20-12-13).- La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley contra Avasallamiento y Tráfico de Tierras, que permite al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales, y castiga a los infractores con hasta 8 años de cárcel.

La ley precautela el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evita asentamientos irregulares de poblaciones.

Los juzgados agroambientales y en material penal son instancias competentes para conocer y resolver los casos de avasallamiento.

El desalojo se realizará vía jurisdicción agroambiental de acuerdo a un procedimiento, en el que se promocionará, primero, el desalojo voluntario en un plazo no mayor de 96 horas sin acción penal y de no resultar este, el desalojo se hará con auxilio de la fuerza pública de ser necesario y con la sanción a los responsables del avasallamiento y tráfico de tierras.

Los responsables de los avasallamientos y de tráfico de tierras no podrán ser beneficiarios de la distribución de tierras por 10 años.

Además, la norma señala que ningún extranjero podrá adquirir tierras del Estado, los predios “que no tuvieran antecedentes agrarios” no serán reconocidas, pero las que sí y cumplan la función económica social serán reconocidas.

En el ámbito penal, el proyecto de ley incorpora al Código Penal los delitos de Tráfico de Tierras y Avasallamiento con pena de cárcel de 3 a 8 años, con la agravante en un tercio de pena cuando el que cometa los delitos sea servidor público o reincidente.

Fuente: Prensa Senado

viernes, 13 de diciembre de 2013

Avasalladores y traficantes de tierras irán a la cárcel

PS (12-12-13).- La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, dijo que aquellos que incurran en el avasallamiento y el tráfico de tierras estarán penados hasta con cuatro años de cárcel, aunque habrán agravantes. Además, la ley contra avasallamientos prevé brindar garantías al sector productivo que tenga sus tierras saneadas.

“Esta ley genera procedimientos ágiles si se produce un avasallamiento en una tierra productiva y que tiene título de propiedad saneado, se podrá desalojar inmediatamente al avasallador, habrá garantías para quien tiene una propiedad saneada y esté produciendo, que no se le paralice su producción por meses o semanas, por eso queremos procedimientos más agiles y eso es lo que está proponiendo esta norma”, anunció.

Asimismo, quienes infrinjan esta norma no podrán tener acceso por diez años a tierras que distribuya el Estado y se privará con cuatro años de cárcel a los traficantes y avasalladores de tierras.

“Aquella persona que haya avasallado tierras y se le haya comprobado el tráfico, no va a poder acceder al menos por 10 años a tierras que distribuya el Estado. No puede ser que aquel que entra a una propiedad privada, después pueda recibir tierras fiscales, eso no es correcto. Son temas que estamos terminado de trabajar y esperamos inmediatamente meter de manera formal a las Asamblea”, dijo.

Montaño indicó que esta ley prevé dar garantías y acabar con la preocupación de los productores, indicando que el castigo se aplicará de forma igualitaria sin distinción, para aquellos que pretenden esconder sus actos detrás una bandera o color político.

“Es una ley que va a solucionar la preocupación de los productores, sea quien sea el avasallador, será sancionado (…) vamos a castigar de manera ejemplarizadora a quien asuma estas actitudes”, enfatizó.

Fuente: Prensa Senado

lunes, 24 de junio de 2013

Cuestionan ampliación de la mancha urbana

LT (20-06-13).- Un grupo de legisladores plurinacionales y departamentales manifestó que la Ordenanza Municipal 28/13, mediante la cual se aprobó la ampliación de la mancha urbana, carece de validez, debido a que se aprobó vulnerando la Ley 3194, que protege la serranía de Cota, en el Calvario de Urkupiña.

“Pueden declarar que sea zona urbanizable, sin embargo, eso no es válido mientras no se consiga la aceptación expresa del Ministerio de Planificación”, dijo el senador por Cochabamba Adolfo Mendoza (MAS), al momento de explicar que “en la nueva ley de Regularización del Derecho Propietario se establece que después de la redacción de las ordenanzas, que contemplan la ampliación de la mancha urbana, se tiene que tramitar una ratificación del Ministerio de Planificación”.

Explicó que en la Ley de Regularización del Derecho Propietario se puso esta especie de candado para evitar precisamente que los municipios empiecen a actuar al margen de las leyes vigentes.

La asambleísta departamental Soledad Delgadillo (MAS) aseguró que la Ordenanza 28/13, emitida el martes por el Concejo Municipal de Quillacollo, “es un mal ejemplo, porque una ordenanza no se puede sobreponer a la jerarquía de una ley nacional, porque no es a través de una ordenanza que se van a contradecir los planteamientos de la normativa vigente”.

Delgadillo aclaró que se deben respetar los derechos de los propietarios, que merecen la búsqueda de soluciones a su situación, pero “siempre en el marco de la ley, porque el cerro de Cota es un patrimonio cultural de Bolivia”.

Fuente: Los Tiempos

miércoles, 23 de febrero de 2011

El INRA asegura que hay tierra para producir más

Cambio (23-02-11).- El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) identificó cinco millones de hectáreas (ha) de tierra fiscal para ser entregadas.

El director de esta entidad, Juan Carlos Rojas, comentó que “5 millones de ha están disponibles para dotación”, en tanto que 15 millones de ha tienen alguna restricción legal para entregarlas, porque son concesiones forestales o áreas protegidas, pero que están bajo el dominio del Estado.

Rojas anticipó para este año la entrega de al menos 200 mil ha para 400 mil familias que conformarán nuevas comunidades en diferentes puntos del país. Asimismo, anunció el saneamiento de 15 millones de hectáreas para este año, con lo que se sumarían 70 millones de ha legalizadas en el país de un total de 160 millones.

Hasta diciembre del año pasado el proceso de saneamiento llegó a 55 millones de ha, de los cuales, entre 10 y 15 millones de ha, tienen potencial para la actividad productiva. De acuerdo con el informe del director del INRA, hay zonas en las que los productores se dedican a sembrar y cosechar, en tanto que en otras sólo se recoge el producto.

En opinión de Rojas, el consolidar la seguridad alimentaria del país y evitar la falta de algunos alimentos, como el azúcar, el arroz y el maíz, no sólo se hará con la potencialidad de las zonas productivas, sino también elevando los índices de rendimiento, los sistemas de riego para aprovechar mejor las zonas de cultivo, recuperar las semillas nacionales, adecuar la tecnología para el sector agrícola y pecuario, y crear mecanismos para fomentar el sector con créditos, capacitación y premios a los que producen bien.

“Es un conjunto de acciones que se deben ejecutar para resolver de manera estructural (el sector productivo)”, afirmó el director del INRA.

Fuente: Cambio