Gaia (18-04-12).- El Presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza, señaló que con las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio Público y el informe oral del Comandante General de la institución del orden, Jorge Santiesteban, se espera clarificar la situación para dar con los responsables de los cobros anormales y la alteración de las nóminas.
“La autoridad competente tiene que llegar hasta el último detalle en la investigación de ese hecho para buscar que, de comprobarse, las sanciones sean rápidas y oportunas. No es posible que esto suceda justo en un momento en el que estamos apostando por el fortalecimiento y el cambio de mentalidad al interior de la Policía Boliviana (…) Lo informes y las investigaciones legales esclarecerán los hechos”, aseguró.
Cabe señalar que la primera semana de febrero fue publicada, en un matutino de circulación nacional, la nomina de los postulantes aprobados. Listado que consta de 456 nombres, pese a que en los registros oficiales de la UNIPOL existe una lista de 499 inscritos, entre los cuales estarían incluidos los 54 jóvenes observados.
Resolución arbitraria
El 9 de febrero el Comando General de la Policía Boliviana emite la resolución administrativa 010/2012, que da vía libre a la admisión, en primera instancia, de 38 postulantes y, posterior a ello, de otro grupo de 16 postulantes, haciendo el grupo de 54 cadetes observados que ingresaron a través de procedimientos irregulares.
La orden es emitida por la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza Universidad Policial “Mariscal Antonio José de Sucre” y determina la implementación del programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres enmarcados en los principios de interculturalidad.
Reglamento inconcluso
A inicios de 2011 se presento el nuevo reglamento de convocatoria, selección y admisión de nuevos postulantes tanto a la Academia Nacional de Policía (ANAPOL) como a las escuelas básicas policiales.
Este nuevo texto solo fue formulado por los Ministerio de Gobierno y Transparencia, pese a que se tenía que vincular a las carteras de Estado de Educación y Salud, además de la fiscalización de la Defensoría del Pueblo.
Fuente: Gaia