Pieb (5-06-13).- Bolivia es uno de los pocos países del continente sudamericano que continúa con un proceso de reforma agraria a nivel normativo y constitucional a favor de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y originarias, afirma el abogado e investigador Esteban Sanjinés de la Fundación TIERRA.A convocatoria del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), el investigador asistió recientemente a un encuentro internacional realizado en Asunción, al que asistieron la Fundación TIERRA de Bolivia, Agrosolidaria de Colombia, el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) de Perú, la Red Social de Brasil, y Base de Investigaciones Sociales de Paraguay, con el propósito de encarar el proyecto “1.000 estudios de caso de acceso a la tierra”.
“Como ningún otro país, Bolivia ha generado una Constitución Política del Estado que reconoce de manera inequívoca los derechos de los pueblos indígenas, su derecho a la consulta previa, a la gestión del territorio, al acceso preferente a los recursos naturales, al reconocimiento como parte de la estructura política administrativa a partir de constituirse autonomías indígenas, y con una normativa que está promoviendo un proceso de reforma agraria”, dijo.
Según el investigador jurídico Bolivia quizás sea el único país en el hemisferio Sur que continúa con un proceso de reforma agraria, ya que después de 60 años de la Reforma Agraria de 1953, la agenda en torno a la reforma agraria está vigente en las organizaciones sociales, “por eso el debate en torno a tierras latifundistas, la reversión de propiedades que no cumplen una función social, y la extranjerización de la tierra son parte del diálogo en Bolivia”, dijo al Periódico Digital PIEB.
En los últimos años se aprobó la Ley de Modificación de la Ley Instituto de Reforma Agraria (INRA), la Ley Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, entre otras.
Esta permanente reforma agraria según Sanjinés, enfrenta hoy en día varios problemas y dificultades, así como la intromisión de varios factores que no permiten un proceso fluido. “Cuando se lo muestra en Paraguay ante los diferentes países es algo totalmente novedoso y difícil de creer, por tanto Bolivia se constituye en ese paradigma a seguir en la implementación del derecho de acceso a la tierra”, señaló.
En la línea del proyecto del IPDRS de generar 1.000 estudios de caso de tipo descriptivo sobre experiencias exitosas de campesinos, indígenas y originarios en el acceso y tenencia de la tierra, la Fundación Tierra compartió su análisis y evaluaciones de estudios sobre varios procesos largos de conquistas.
“Lo ideal es tener una mirada positiva del proceso, entiendo que la idea del IPDRS es tener esas miradas positivas con el fin de que otros países aprendan y entiendan que se puede aprender y replicar”, dijo.
Bolivia como pocos países de Sudamérica logró redefinir los derechos de propiedad a favor de las comunidades indígenas, destacó el investigador jurídico. De acuerdo a datos oficiales del INRA, la estructura de la tenencia de la tierra en Bolivia en el periodo 2006-2012 dio un importante giro, pues las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de tierras altas y bajas llegaron a concentrar un 16.90 por ciento (%) de toda la superficie; el 23% es tierra fiscal, el 12.40% es tierra para campesinos e interculturales, y sólo el 3,20% se encuentra en manos de los empresarios.
"Como en ningún otro país existe la apropiación de grandes extensiones de territorios a favor de indígenas, es indudable. Todo el altiplano y valles están en manos de campesinos, que organizados en comunidades accedieron a los títulos agrarios. Es imposible pensar que en el altiplano retorne el latifundio”, afirmó.
Por los aspectos mencionados además de la composición social fuertemente organizada, dijo Sanjinés, se logró posicionar al país en el contexto internacional, como el caso más emblemático a nivel regional en cuanto avances normativos, constitucionales y prácticos a favor del acceso a la tierra por poblaciones indígenas y campesinas.
A la Fundación TIERRA le compete contribuir durante cinco años con 40 estudios de caso, identificar las políticas públicas en torno a las normativas agrarias, y elaborar documentos cortos que ayuden a mirar la problemática tierra desde la visión positiva, además de generar sinergias con otras instituciones vinculadas en la temática.
"Bolivia cuenta con una normativa muy progresista que privilegia los derechos indígenas, Brasil presenta problemáticas muy profundas relacionadas con la población indígena, Paraguay tiene problemas serios en torno a la extranjerización de la tierra y la ausencia de políticas a favor de los derechos indígenas, Colombia enfrenta problemas relacionados a la guerrilla, paramilitares y narcotráfico. Con todas esas problemáticas tan dispersas se deberá pensar en procesos exitosos", explicó.
Fuente: PIEB
