PS (14-04-14).- El senador Adolfo Mendoza afirmó hoy día, que el conflicto institucional interno que atraviesa el Tribunal Agroambiental debe ser evaluado y resuelto a partir de cada instancia estatal.
“Insisto que estos temas tienen que evaluarse y resolverse a partir de cada instancia estatal, las decisiones que tome el Tribunal Agroambiental y en general el Órgano Judicial, son decisiones que primero ameritan una evaluación interna”, dijo el senador.
Mendoza demandó del Órgano Judicial, específicamente del Tribunal Agroambiental certeza, de que las cosas van a mejorar; certeza, de que hay una autoevaluación y que se puede ofrecer alternativas y que no necesariamente pasa por el cambio de una autoridad u otras, sino propuestas de corte estructural.
En ese marco el asambleísta cochabambino, reiteró que por ahora es esperar mejores y mayores explicaciones de una autoevaluación en el Tribunal Agroambiental.
Ante la necesidad de una probable auditoría jurídica y legal, el legislador consideró, que es un asunto específico del Órgano de Justicia, “Ahí el Consejo de la Magistratura tiene una función específica y tiene atribuciones, lo mismo el Tribunal Agroambiental. Primero en ese plano”, sostuvo.
Si después es necesario realizar algunas modificaciones y esto pasa al ámbito legislativo, es ahí cuando la Asamblea entra a trabajar institucionalmente, finalizó Mendoza.
El magistrado Bernardo Huarachi Tola presentó un amparo constitucional en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para ser restituido en el cargo de Presidente del Tribunal Agroambiental de Bolivia, después que cuatro vocales desconocieran su mandato.
Fuente: Prensa Senado
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lunes, 14 de abril de 2014
jueves, 14 de julio de 2011
Asamblea selecciona a 28 candidatos al Tribunal Agroambiental
PS (14-07-11).- El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a las 04:00 horas de este jueves, seleccionó por más de dos tercios de votos a 28 postulantes al Tribunal Agroambiental de las cuales, 14 mujeres (nueve indígenas) y 14 varones (siete indígenas), quienes se someterán al voto popular en los comicios del 16 de octubre.
“Habían 153 votos, el mínimo de dos tercios de votos requeridos era de 102 votos, 14 personas han rebasado esos dos tercios... Tenemos los 14 candidatos varones y 14 candidatas mujeres para el Tribunal Agroambiental y en términos de indígena originario campesinos han sido elegidos siete varones y nueve mujeres. Cumplimos por demás los requisitos”, resumió el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera.
La elección de los 28 candidatos en carrera se procedió por votación conjunta para varones y mujeres de una lista de 44 preseleccionados por la Comisión de Constitución, resultado que se obtuvo en la primera votación.
Hasta hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional seleccionó a 56 postulantes; 28 para el Tribunal Constitucional Plurinacional y 28 para el Tribunal Agroambiental. Se tiene previsto continuar desde las 15:00 horas de hoy con la selección de 56 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y 15 para el Consejo de la magistratura.
Fuente: Prensa Senado
“Habían 153 votos, el mínimo de dos tercios de votos requeridos era de 102 votos, 14 personas han rebasado esos dos tercios... Tenemos los 14 candidatos varones y 14 candidatas mujeres para el Tribunal Agroambiental y en términos de indígena originario campesinos han sido elegidos siete varones y nueve mujeres. Cumplimos por demás los requisitos”, resumió el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera.
La elección de los 28 candidatos en carrera se procedió por votación conjunta para varones y mujeres de una lista de 44 preseleccionados por la Comisión de Constitución, resultado que se obtuvo en la primera votación.
Hasta hoy la Asamblea Legislativa Plurinacional seleccionó a 56 postulantes; 28 para el Tribunal Constitucional Plurinacional y 28 para el Tribunal Agroambiental. Se tiene previsto continuar desde las 15:00 horas de hoy con la selección de 56 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y 15 para el Consejo de la magistratura.
Fuente: Prensa Senado
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Tribunal Agroambiental
miércoles, 4 de mayo de 2011
ALP inicia debate sobre reglamento interno de preselección de postulantes a autoridades judiciales
Abi (4-05-11).- La Asamblea Legislativa Plurinacional inició el martes y prosiguió la madrugada del miércoles un prolongado debate para analizar el Reglamento de pre selección de candidatos a autoridades de cuatro mecanismos del Órgano Judicial.
El acto electoral de elección de magistrados, previsto para octubre, será inédito en Bolivia, Latinoamérica y el mundo, por lo que se requieren de normas adecuadas que posibiliten un exitoso proceso que se iniciará en mayo con la convocatoria a candidatos y la apertura del padrón biométrico para los potenciales electores.
El vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera, destacó el proceso. "Estamos ingresando a un proceso histórico para Bolivia en el marco de la Carta Magna. Vamos a dar pasos gigantescos de lo que significa el ejercicio y la ampliación de derechos democráticos de la población", dijo.
Al destacar que es un acto democrático que no se ha producido en ningún lugar del planeta, una vez que en Estados Unidos solamente se eligen a autoridades judiciales a nivel local, pero nunca a nivel nacional.
Los bolivianos elegirán en octubre próximo a 52 magistrados de un total de 158 candidatos a conducir los Tribunales Supremo de Justicia, Jurisdiccional Agroambiental y Constitucional y el Consejo de la Magistratura.
El Vicepresidente, quien es presidente nato del Órgano Legislativo, anotó que por ello es importante que los asambleístas aprueben un Reglamento consensuado que garantice la transparencia y una preselección idónea de candidatos para que se sometan al voto del Soberano.
Con el fin de avanzar en la búsqueda de consensos, la sesión Plenaria fue declarada en cuarto intermedio para conformar una comisión multipartidaria.
"Son algunos puntos que quedan y que serán analizados en una Comisión plural de trabajo en la perspectiva de articularlos a fin de que la tarde del miércoles se comiencen a viabilizar muchas iniciativas", indicó.
Reiteró que el objetivo es incorporar al Reglamento aprobado en grande y en detalle por la Comisión Mixta de Constitución que sean importantes y "racionalmente argumentadas".
La comisión estará integrada por los presidentes de la Cámaras de Senadores y de Diputados, René Martínez y Héctor Arce, respectivamente; el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Eugenio Rojas; los jefes de bancada en la Cámara Baja del MAS, Edwin Tupa; de PPB-CN, Osney Martínez; de AS, Wilman Cardozo; de UN, Jaime Navarro; los jefes de bancada del MAS y CN en el Senado, Isaac Ávalos y Bernard Gutiérrez; además de los diputados del MAS-MSM, Fabián Yaksic y Javier Zavaleta, y el senador Adolfo Mendoza del MAS.
De acuerdo con Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, la conformación y elección de las autoridades judiciales se dará en dos etapas, la primera es la pre selección de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa en un período de dos meses.
La segunda parte del proceso será administrada por el Tribunal Supremo Electoral en tres meses.
La Comisión de Constitución se hará cargo de todo el proceso del Tribunal Constitucional y del Tribunal Agroambiental; y la Comisión Mixta de Justicia Plural participará en la preselección del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
Fuente: ABI
El acto electoral de elección de magistrados, previsto para octubre, será inédito en Bolivia, Latinoamérica y el mundo, por lo que se requieren de normas adecuadas que posibiliten un exitoso proceso que se iniciará en mayo con la convocatoria a candidatos y la apertura del padrón biométrico para los potenciales electores.
El vicepresidente del Estado, Alvaro García Linera, destacó el proceso. "Estamos ingresando a un proceso histórico para Bolivia en el marco de la Carta Magna. Vamos a dar pasos gigantescos de lo que significa el ejercicio y la ampliación de derechos democráticos de la población", dijo.
Al destacar que es un acto democrático que no se ha producido en ningún lugar del planeta, una vez que en Estados Unidos solamente se eligen a autoridades judiciales a nivel local, pero nunca a nivel nacional.
Los bolivianos elegirán en octubre próximo a 52 magistrados de un total de 158 candidatos a conducir los Tribunales Supremo de Justicia, Jurisdiccional Agroambiental y Constitucional y el Consejo de la Magistratura.
El Vicepresidente, quien es presidente nato del Órgano Legislativo, anotó que por ello es importante que los asambleístas aprueben un Reglamento consensuado que garantice la transparencia y una preselección idónea de candidatos para que se sometan al voto del Soberano.
Con el fin de avanzar en la búsqueda de consensos, la sesión Plenaria fue declarada en cuarto intermedio para conformar una comisión multipartidaria.
"Son algunos puntos que quedan y que serán analizados en una Comisión plural de trabajo en la perspectiva de articularlos a fin de que la tarde del miércoles se comiencen a viabilizar muchas iniciativas", indicó.
Reiteró que el objetivo es incorporar al Reglamento aprobado en grande y en detalle por la Comisión Mixta de Constitución que sean importantes y "racionalmente argumentadas".
La comisión estará integrada por los presidentes de la Cámaras de Senadores y de Diputados, René Martínez y Héctor Arce, respectivamente; el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Eugenio Rojas; los jefes de bancada en la Cámara Baja del MAS, Edwin Tupa; de PPB-CN, Osney Martínez; de AS, Wilman Cardozo; de UN, Jaime Navarro; los jefes de bancada del MAS y CN en el Senado, Isaac Ávalos y Bernard Gutiérrez; además de los diputados del MAS-MSM, Fabián Yaksic y Javier Zavaleta, y el senador Adolfo Mendoza del MAS.
De acuerdo con Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral, la conformación y elección de las autoridades judiciales se dará en dos etapas, la primera es la pre selección de candidatos a cargo de la Asamblea Legislativa en un período de dos meses.
La segunda parte del proceso será administrada por el Tribunal Supremo Electoral en tres meses.
La Comisión de Constitución se hará cargo de todo el proceso del Tribunal Constitucional y del Tribunal Agroambiental; y la Comisión Mixta de Justicia Plural participará en la preselección del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
Fuente: ABI
jueves, 23 de septiembre de 2010
Senado remite a Diputados Ley de Juzgamiento a Presidente, Vicepresidente y altas autoridades judiciales
Prensa Senado (22-09-10).- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó la noche del miércoles, en detalle y con modificaciones de fondo, el Proyecto de Ley para Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o Vicepresidenta, Vicepresidente y altas autoridades del Órgano Judicial. El presidente de esa instancia legislativa, René Martínez (MAS), ordenó su remisión a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior sanción, en caso de no existir observaciones.
“Habiéndose establecido modificaciones en el Proyecto de Ley, devuélvase a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, el Proyecto con modificaciones”, manifestó Martínez, después que la mayoría camaral rechazó la solicitud de reconsideración del proyecto realizada por el legislador Fidel Surco.
El Proyecto de Ley, que consta de tres títulos, 51 artículos, tres disposiciones transitorias y una abrogatoria derogatoria, tiene el objetivo de regular la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra la Presidenta, Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Judicatura y del Ministerio Público o Fiscal General del Estado.
Entre sus partes salientes señala que los delitos de genocidio, lesa humanidad, traición a la patria y crímenes de guerra son imprescriptibles, similar condición tienen los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio y causen daño económico. Además, no se admite régimen de impunidad.
A parte de la sanción penal y la inhabilitación o prohibición de cualquier función pública, los condenados deberán resarcir al Estado el daño civil que derive del hecho delictivo.
El título primero está referido al marco constitucional y bases generales para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente por el Tribunal Supremo de Justicia a denuncia documentada de cualquier ciudadano o institución ante Fiscal General del Estado por los delitos de traición a la patria y sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, previstos en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y el Código Penal vigente.
Por violación a los derechos y de las garantías individuales consagradas en el Título II y Título IV de la Constitución Política del Estado, por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, anticipación o prolongación de funciones, concusión, exacciones, genocidio, soborno, cohecho y cualquier otro delito propio cometido en el ejercicio de sus funciones.
De existir materia justiciable, el Fiscal General requerirá el enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia, instancia que remitirá la solicitud a la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa consulta a su Sala Plena, pidiendo autorización para el juzgamiento en el marco de la atribución séptima del artículo 161 de la Constitución, la misma que será autorizada con el voto afirmativo de dos tercios del total de los miembros presentes.
Fuente: Prensa Senado
“Habiéndose establecido modificaciones en el Proyecto de Ley, devuélvase a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, el Proyecto con modificaciones”, manifestó Martínez, después que la mayoría camaral rechazó la solicitud de reconsideración del proyecto realizada por el legislador Fidel Surco.
El Proyecto de Ley, que consta de tres títulos, 51 artículos, tres disposiciones transitorias y una abrogatoria derogatoria, tiene el objetivo de regular la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones contra la Presidenta, Presidente y/o la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional y los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Judicatura y del Ministerio Público o Fiscal General del Estado.
Entre sus partes salientes señala que los delitos de genocidio, lesa humanidad, traición a la patria y crímenes de guerra son imprescriptibles, similar condición tienen los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio y causen daño económico. Además, no se admite régimen de impunidad.
A parte de la sanción penal y la inhabilitación o prohibición de cualquier función pública, los condenados deberán resarcir al Estado el daño civil que derive del hecho delictivo.
El título primero está referido al marco constitucional y bases generales para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente por el Tribunal Supremo de Justicia a denuncia documentada de cualquier ciudadano o institución ante Fiscal General del Estado por los delitos de traición a la patria y sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, previstos en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y el Código Penal vigente.
Por violación a los derechos y de las garantías individuales consagradas en el Título II y Título IV de la Constitución Política del Estado, por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, anticipación o prolongación de funciones, concusión, exacciones, genocidio, soborno, cohecho y cualquier otro delito propio cometido en el ejercicio de sus funciones.
De existir materia justiciable, el Fiscal General requerirá el enjuiciamiento ante el Tribunal Supremo de Justicia, instancia que remitirá la solicitud a la Asamblea Legislativa Plurinacional, previa consulta a su Sala Plena, pidiendo autorización para el juzgamiento en el marco de la atribución séptima del artículo 161 de la Constitución, la misma que será autorizada con el voto afirmativo de dos tercios del total de los miembros presentes.
Fuente: Prensa Senado
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